Un nuevo informe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) reveló detalles del caso que implica a la marca Lili Pink. Según la entidad, la empresa habría tenido conocimiento anticipado de los operativos en su contra, lo que explicaría que varios de sus locales estuvieran vacíos y que algunos gerentes no se encontraran en los puntos intervenidos, sino trabajando desde casa en los procesos de allanamientos.
La presidenta de la SAE, Amelia Pérez, aseguró que funcionarios de la entidad han recorrido establecimientos en distintas regiones del país, encontrando irregularidades en medio del proceso de incautación.
“Hemos estado revisando lo que hasta ahora se ha encontrado en los locales, algunos vacíos, y estamos a la espera de que se termine esta entrega”, señaló, al tiempo que advirtió que desde semanas atrás los responsables de la empresa ya sabían de las acciones judiciales.
Según la funcionaria, esta situación se evidenció en los lugares donde se adelantaban las diligencias, en los que no estaban presentes los gerentes o habían sido enviados a trabajar desde casa. Esto, a juicio de la SAE, podría haber incidido en el estado en el que se hallaron varios de los establecimientos comerciales intervenidos por las autoridades.
"Hemos conocido que desde semanas atrás ya los miembros de esta entidad tenían conocimiento del operativo", agregó la presidenta de la SAE.
¿Qué pasó con Lili Pink?
Las acciones hacen parte de un amplio operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, que investiga a la compañía por presuntos delitos como lavado de activos y contrabando.
Como resultado de estas investigaciones, las autoridades ocuparon hemos conocido que desde semanas atrás ya los miembros de esta entidad tenían conocimiento del operativobienes que quedaron bajo proceso de extinción de dominio. Las diligencias se llevaron a cabo en 59 municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, debido a la amplia presencia territorial de la cadena.
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En términos económicos, la Fiscalía ha documentado un presunto lavado de activos por 730.000 millones de pesos y un enriquecimiento ilícito superior a los 430.000 millones. Además, se reportan decomisos de mercancía avaluada en más de 54.000 millones de pesos por parte de la DIAN y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones.
En este contexto, la SAE reiteró que, una vez finalice el proceso de incautación, asumirá la administración de los bienes conforme a la ley.
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