La investigación contra Lili Pink ha dado de qué hablar tras revelarse un presunto esquema de contrabando que habría operado por años en el país. Tras lo confirmado por la DIAN, el operativo fue liderado por la Fiscalía General de la Nación, con allanamientos en cientos de establecimientos de la marca.
El caso, que se remonta a 2022, destapó una serie de irregularidades en solicitudes de devolución del IVA. Desde ese momento, las autoridades encontraron inconsistencias en la cadena de proveedores, lo que generó sospechas sobre la existencia de empresas fachada.
Lili Pink vendía ropa china, no colombiana
Uno de los temas que ha generado preocupación entre los colombianos está relacionado con el origen de las prendas. De acuerdo con lo revelado por la Dian, la práctica consistía en contrabando técnico, el cual apunta a que las empresas importan prendas o cualquier artículo, “llega aquí a Colombia y lo reetiquetan como si fuera colombiano, pero realmente es de afuera”, por lo tanto, son prendas de China de muy bajo costo en comparación con la colombiana.
Este mecanismo habría permitido que la mercancía ingresara al país y fuera comercializada como si fuera de producción nacional, afectando la competencia y la trazabilidad de productos.
Así operaba la red de contrabando, según la Fiscalía
Según lo revelado anteriormente por Blu Radio, el caso apunta a una estructura más amplia de lo que se creía inicialmente. “Se trata de una compleja estructura empresarial señalada de mover millonarios recursos ilícitos bajo la fachada de la famosa cadena de venta de ropa conocida como Lili Pink, empresa que habría permitido el ingreso de recursos del contrabando al país”.
El mismo reporte indica que la organización contaría con importadores, comercializadoras y sociedades de papel, con las que se ingresaba mercancía al país como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, los que luego eran distribuidos en el mercado nacional, haciéndolos pasar como actividades lícitas.
Operativos, cifras y el alcance nacional del caso
Las acciones judiciales han sido contundentes. Según Blu Radio, las autoridades identificaron maniobras para evadir controles, fragmentar operaciones y dificultar el seguimiento del dinero dentro del sistema económico. “Por eso fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que quedan bajo proceso de extinción del derecho de dominio”.
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En términos económicos, el impacto es alto. “Está documentado por la Fiscalía el lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dian, avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones”. Las diligencias se desplegaron en 59 municipios y ciudades de 25 departamentos, con apoyo del Ejército.
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