Coosalud sería la primera EPS que se quedaría sin licencia de operación tras anuncio de Petro

El presidente Gustavo Petro ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud retirar la licencia a las EPS con peor desempeño, priorizando aquellas con más quejas de usuarios. La decisión se sustenta en el Decreto 780 de 2016, que permite revocar la autorización por fallas reiteradas en atención, finanzas o uso indebido de recursos. De aplicarse, las entidades sancionadas no podrán seguir operando ni administrar recursos del sistema de salud, mientras se reorganiza la atención de sus usuarios.

Lo dicho por el mandatario fue al cierre de la alocución cuando solicitó a la Superintendencia de Salud revocar las autorizaciones de operación a las peores EPS del país.

Hay que decir que esa orden se aplicará a Coosalud. El Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió la intervención que el Gobierno ordenó en noviembre de 2024 y pidió devolver la EPS a sus antiguos directivos. Petro calificó el fallo de aberración y señaló a los magistrados de favorecer intereses ligados a la corrupción.

Según el presidente, la peor EPS en estados financieros es Coosalud, y el juez que ordena devolverla a sus directivos tiene antecedentes de fallos que benefician a quienes desviaron 221.000 millones de pesos de recursos públicos.

Dos principales razones:

1. Desvío de recursos del sistema de salud.
2. Uso indebido del dinero destinado a la atención en salud.

Señala que en la junta directiva de esa EPS hay nombres con conexiones políticas poderosas que no pueden ser investigados por la Fiscalía.

Juan Carlos Pastrana y Rafael Santos y los demás miembros de la junta de Coosalud deben responder por qué permitieron el desfalco de la EPS Coosalud gerenciada por Jaime González.

Las que más quejas acumulan ante Supersalud encabezan una lista que publicó Daniel Quintero desde sus redes sociales. El presidente se apoya en el decreto 780 de 2016 establece las causales para revocar la autorización de funcionamiento de una EPS.

Entre ellas están:

• Fallas repetidas en requisitos técnicos o administrativos que ponen en riesgo la atención y a los afiliados.
• Incumplimiento de las condiciones financieras exigidas por la Supersalud
• Problemas en la habilitación de la red de servicios de salud.
• Desvío de recursos del sistema de salud.
• Uso indebido del dinero destinado a la atención en salud.
• Uso irregular de intermediarios en la red de servicios.
• No pagar a tiempo a clínicas y prestadores de salud.
• Incurrir en conductas que violen el sistema de salud o el derecho a la salud.
• Limitar la libre elección de EPS por parte de los afiliados.

El presidente advierte que habrá intentos de tumbar esas decisiones ante los jueces, pero que la orden está dada y la Superintendencia no tiene margen para no hacer caso. Previo a la alocución, Daniel Quintero publicó en su cuenta de X la lista de las 22 EPS con más quejas:

De aplicarse, las EPS sancionadas pierde totalmente la capacidad de operar en el sistema de salud: no puede administrar recursos públicos ni ofrecer el Plan de Beneficios en Salud. Debe cesar de inmediato la prestación de servicios y el manejo de afiliados. En la práctica, esto implica su salida del sistema y la necesidad de trasladar a los usuarios a otras EPS para garantizar la continuidad de la atención.