En medio de una creciente controversia, el representante legal de Coosalud EPS, Julián Quintana, denunció que se estarían adelantando maniobras para impedir la entrega de la entidad a Jaime González, quien según afirma debe ser restituido de inmediato por orden de un tribunal.
En declaraciones a Blu Radio, Quintana sostuvo que acudieron a cumplir el fallo judicial que ordena la devolución de la EPS a su administración anterior, pero se encontraron con una negativa por parte del interventor.
“La orden es clara: entréguele la EPS a Jaime González. Eso no tiene otra interpretación”, aseguró.
De acuerdo con el abogado, aunque inicialmente se les indicó que la entrega se realizaría, posteriormente fue aplazada sin justificación hasta el próximo lunes.
“Están dilatando. Desde la semana pasada vienen evadiendo el cumplimiento del fallo, pese a que el tribunal reiteró que la orden es inmediata”, señaló.
Quintana también cuestionó la presencia de otras autoridades en el proceso y advirtió que se estaría obstruyendo la justicia.
“Aquí están organismos de control y aun así se niegan a entregar. Esto deja a la EPS sin administración y a los usuarios en un limbo”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre afectaciones en la prestación del servicio, incluyendo falta de medicamentos y atención.
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Según explicó, la decisión judicial incluso ordena actualizar los registros en Cámara de Comercio para reinscribir a González como representante legal, lo que, en su criterio, refuerza la obligatoriedad del cumplimiento inmediato.
En ese contexto, el abogado fue más allá y aseguró que detrás de la dilación habría un interés por remover a González.
“Lo que creo es que están dilatando para ver cómo lo tumban. Algo se están inventando y no quieren cumplir el fallo”, dijo.
¿Presunto fraude procesal?
Frente a estos hechos, Quintana anunció que interpondrá nuevas acciones judiciales.
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“Voy a presentar denuncias por fraude procesal y por incumplir la decisión del juez. No puede ser que se burlen de la justicia y no pase nada”, indicó.
Asimismo, cuestionó la actuación de funcionarios que, según él, no tendrían competencia directa en el proceso, y reiteró que cualquier actuación posterior a la orden del tribunal que no respete la restitución sería ilegal.
Finalmente, advirtió que mantendrán presencia en las instalaciones de la EPS hasta que se materialice la entrega.
“Nos vamos a quedar hasta que cumplan. Si no es hoy, será mañana, pero no nos vamos a ir sin que se haga efectiva la orden”, concluyó.
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