Una queja disciplinaria y una denuncia penal fueron radicadas ante la Procuraduría y la Fiscalía contra el agente interventor suplente de Coosalud EPS, Jorge Orlando Suárez, por presuntamente desconocer una orden judicial que suspendía la intervención de la entidad.
Según estos recursos, Suárez habría incurrido en faltas gravísimas como fraude a resolución judicial, usurpación de funciones públicas y prevaricato, al desconocer la orden proferida el pasado 17 de abril por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que dispuso la suspensión inmediata de la intervención de la EPS.
La acción fue presentada por el abogado Julián Quintana, en representación de Jaime Miguel González, quien sostiene que el funcionario continuó ejerciendo funciones pese a la decisión judicial.
Los hechos más relevantes se habrían registrado el mismo 17 de abril, cuando, según el documento, el interventor insistió en mantenerse en el cargo, impartió órdenes a funcionarios y convocó una asamblea extraordinaria de accionistas, pese a que según la defensa del representante legal de Coosalud, su competencia ya había cesado.
Además, Quintana advierte que la continuidad en el ejercicio de funciones por parte del interventor podría generar riesgos para la estabilidad administrativa y financiera de Coosalud, así como afectar la prestación del servicio de salud a los usuarios.
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