En un nuevo capítulo del pulso entre el Gobierno y la Corte Constitucional por la financiación del sistema de salud, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 rechazó la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Salud sobre el Auto 007 de 2025, en el que se declaró la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024.Según la Corte, la petición ministerial no cumplía con los requisitos legales para una aclaración y, en cambio, intentaba "rebatir y reexaminar asuntos ya decididos" en el fallo, además, el alto tribunal señaló que el Gobierno "no explicó qué frases o palabras le generan confusión", sino que "se limitó a cuestionar las órdenes impartidas" en la providencia.El Ministerio de Salud había solicitado precisar aspectos técnicos sobre el cálculo de la UPC y si la decisión de la Corte implicaba la anulación de la Resolución 2364 de 2023, que fijó el valor de este componente para 2024, sin embargo, la Sala Especial respondió que "el seguimiento no busca interferir en el diseño de políticas públicas, sino garantizar el derecho fundamental a la salud".El auto de la Corte también dejó en claro que las decisiones adoptadas "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", lo que significa que no pueden ser modificadas ni recurridas.¿Qué viene para el MinSalud tras el pronunciamiento de la Corte?Con esto, la declaración de insuficiencia de la UPC se mantiene en firme y el Ministerio deberá acatar las órdenes impartidas sin más dilaciones, a partir del lunes de la próxima semana se deberá comenzar la gestión para las mesas de trabajo, 10 días tendrá nuevamente el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, este pronunciamiento se da en medio de la crisis financiera del sistema de salud y las tensiones entre el Gobierno y los órganos de control sobre la sostenibilidad del modelo actual.
En la ciudad de Medellín refuerzan medidas de prevención y control contra el dengue. De los casos que se cuentan en Medellín, 245, el 62,5 %, no presentan signos de alarma, mientras que los 143 restantes, 36,5 %, sí los evidencian. Solo el 1 % fue reportado como grave y se tiene que los menores de 5 a 9 años son los más vulnerables.Le puede interesar: La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, explicó las acciones de prevención que se deben realizar para evitar la propagación de mosquitos con dengue.“El mosquito pone sus huevos en aguas frescas y limpias, por eso es importante reforzar las medidas de prevención y cuidado; evitando plantas en agua, limpiar los floreros y lavar sus paredes utilizando material abrasivo dos veces por semana, asimismo los recipientes donde se escurren las materas. Tapar aquellos elementos como llantas, botellas y recipientes que pueda recolectar agua y limpiar con frecuencia las canoas de los techos”, explicó la secretaria.Las comunas con más registros de la enfermedad son: San Javier (33), Belén (30), Villa Hermosa (24) y Robledo (23). Según la Secretaría de Salud de Medellín, estos son los síntomas que se deben tener en cuenta para detectar si tiene dengue:“Se debe acudir al médico en caso de presentar dolor abdominal, vómito o diarrea continua, aparición de puntos rojos en el cuerpo, sangrado por la nariz encías o hemorragias en otras partes del cuerpo, ya que son signos de alarma para la enfermedad”, puntualizó la funcionaria.¿Qué acciones se están tomando?El Distrito continúa realizando acciones de vigilancia epidemiológica, control del vector y campañas de sensibilización en las comunidades más afectadas.De parte de la Secretaría de Salud de Antioquia, indicaron que debido a que el incremento se ha visto no solo en Medellín, sino en todo el departamento, el cual ha tenido un aumento del 92 % en los casos de dengue en este 2025, se informó que la Gobernación de Antioquia está evaluando la posibilidad de liberar mosquitos modificados genéticamente con la bacteria Wolbachiaen áreas afectadas. El objetivo de esta estrategia sería reducir la proliferación de la enfermedad, en colaboración con la corporación Cidepro y la Universidad de Antioquia.
El Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que no ha incurrido en desacato ni en incumplimiento de los autos 2049 de 2024 y 007 de 2025 de la Corte Constitucional en cuanto al caso de las UPC, ya que estas disposiciones aún no están en firme. Argumenta la entidad que las órdenes solo serán ejecutorias cuando se resuelvan las solicitudes de aclaración presentadas, de acuerdo con el Código General del Proceso.Solicitudes de aclaración a la Corte ConstitucionalEl Ministerio explicó que el 23 de enero solicitó una aclaración sobre el Auto 2049 de 2024, el cual trata sobre presupuestos máximos. La cartera identificó inconsistencias en el documento, como referencias a considerandos inexistentes y plazos vencidos, lo que genera dudas sobre su aplicación. Hasta que la Corte no aclare estos puntos, el auto no podrá ser ejecutado.Por otro lado, el 2 de febrero se presentó otra solicitud de aclaración sobre el Auto 007 de 2025, relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En este caso, el Ministerio señaló que existen contradicciones en la declaración de insuficiencia de la UPC de 2024 y cuestionó la falta de estudios técnicos que respalden dicha afirmación. También expresó dudas sobre la competencia de la Sala Especial de Seguimiento para modificar la metodología de cálculo de la UPC sin un proceso legislativo previo."Existen ambigüedades sobre la estructura y funcionamiento de la mesa técnica de seguimiento, en especial sobre quién la presidirá, cómo se regulará su operatividad y si se requiere socialización previa de su reglamento. El Ministerio de Salud se pregunta si debe establecer un marco normativo para el funcionamiento de la mesa y si dicho reglamento técnico debe ser objeto de consulta pública conforme a la Ley 1437 de 2011", puntualizaron.El Ministerio de Salud enfatizó que estas solicitudes de aclaración buscan garantizar el debido proceso y evitar interpretaciones erróneas en la ejecución de las órdenes de la Corte."El Ministerio de Salud y Protección Social sigue comprometido por mejorar la salud de todos los colombianos, actuando conforme a la Constitución Política y las leyes, así como respondiendo en Derecho a todas las solicitudes y requerimientos de las autoridades competentes", concluyeron.
En medio del proceso de intervención que atraviesa la Nueva EPS, la Superintendencia de Salud aseguró que la entidad ya pagó cerca de $3,6 billones de pesos a los prestadores del servicio en los últimos dos meses. Según el interventor, Bernardo Camacho Rodríguez, estos recursos fueron girados a la red de prestadores, tanto pública como privada, así como a los proveedores y a las tecnologías en salud.“Los recursos financieros que ha dispuesto la ADRES para la Nueva EPS en los meses de diciembre y enero ascienden a $3,6 billones de pesos. Todos estos fondos fueron destinados a las redes de servicios públicos y privados en todo el territorio nacional y a más de 2.000 prestadores que garantizan la atención a la población”, explicó Camacho.Cabe recordar que la Nueva EPS se encuentra bajo un proceso de intervención desde abril de 2024, cuando el Gobierno Nacional advirtió que las finanzas de la entidad eran preocupantes. Solo en 2023, sus pérdidas alcanzaron los $5 billones, motivo por el cual la Supersalud tomó el control del organismo.Según registros de las autoridades, hasta marzo del año pasado, la Nueva EPS contaba con 10,8 millones de usuarios en todo el país, cifra que representaba el 21% del total de personas dentro del sistema de salud. De hecho, dicha EPS se posiciona como la más grande de Colombia, con un total de 1.991 IPS (clínicas y hospitales) contratadas para prestar servicios a sus afiliados.“Un aspecto importante que hemos trabajado durante estos meses de intervención de la Supersalud en la Nueva EPS ha sido la realización de reuniones con redes departamentales de servicios de salud, así como con distintos proveedores de servicios y tecnologías, con el fin de clarificar cuentas, saldar deudas y garantizar el flujo de recursos a esta importante red de prestadores en nuestro país”, añadió el interventor.En esa línea, Camacho cuestionó los cierres en la atención a los usuarios de la EPS en hospitales sin que antes se consultara con el interventor. También señaló que en ningún momento se determinó la posibilidad de una reunión con el equipo de trabajo del Gobierno para evaluar una priorización de recursos.“Hemos introducido un criterio absolutamente técnico, objetivo y transparente para la priorización y el giro de estos recursos a esta amplia red de prestadores públicos y privados en todo el país”, concluyó el interventor.
Así lo dio a conocer el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, quien aseguró que dichas sesiones para avanzar en la reforma a la salud finalmente no se harán cómo se tenía previsto.En su mensaje, Salamanca aclaró que las actividades legislativas se mantienen centradas en la comisión accidental, designada para hacer seguimiento a la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, región afectada por la crisis.La comisión accidental tiene como tarea principal elaborar un informe sobre la situación de la zona y las medidas del Gobierno, que se espera sea entregado el próximo miércoles. Este tema, que involucra la seguridad y el orden público en el Catatumbo, ha acaparado la atención del Congreso en las últimas semanas, lo que ha dejado en segundo plano otros proyectos clave, como la reforma al sistema de salud, según dicen los Congresistas.Salamanca aseguró que, por el momento, las actividades en la Cámara de Representantes continuarán dentro de las sesiones ordinarias programadas, sin convocatorias extraordinarias. Esto significa que la discusión de la reforma a la salud, uno de los proyectos más esperados del Gobierno del presidente Gustavo Petro, deberá esperar hasta que finalicen las labores en torno a la crisis en el Catatumbo.La decisión de no convocar sesiones extraordinarias se enmarca en un contexto de alta tensión política y social, luego de que el Gobierno nacional se viera envuelto en una polémica hace pocos días luego del consejo de ministros que fue transmitido en televisión nacional y donde según muchos, quedó evidenciada la crisis que se vive en el gabinete.
El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer cuáles son las EPS que recibieron los más de 196.000 usuarios de Compensar en 10 departamentos y los 1.800 de Coosalud en La Guajira, quienes tienen asignada una nueva EPS a partir del 1 de febrero.En días pasados se conoció una resolución de la Superintendencia de Salud en la que indicaba el camino que debía seguir Compensar, que había pedido retirarse del sistema de salud en abril del 2024. En ella, la entidad le permitió dejar de operar en diez departamentos, donde tiene el 10 % de sus afiliados, pero le ordenó quedarse en Bogotá y Cundinamarca, donde está el 90 % de sus usuarios.Por lo tanto, el Ministerio de Salud, la Adres y la Superintendencia de Salud presentaron la distribución de los usuarios de Coosalud, en La Guajira:EPS RECEPTORASContributivoSubsidiadoTotal afiliados asignadosEPS FAMILIAR DE COLOMBIA - 1.558 1.558NUEVA EPS 132 - 132ANAS WAYUU EPSI 6 75 81SALUD TOTAL 43 - 43Total 181 1.633 1.814Y así quedó la asignación de afiliados de Compensar EPS en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca a EPS receptoras:EPS RECEPTORASContributivoSubsidiadoTotal afiliados asignadosCOOSALUD29.79368.64598.438SALUD TOTAL59.260059.260NUEVA EPS3.07114.47917.550COMFAORIENTE015.01315.013EMSSANAR E.S.S05.1045.104EPS FAMILIAR DE COLOMBIA0630630E.P.S. SANITAS2580258ASMET SALUD0140140MALLAMAS EPSI05959EPS S.O.S.10010PIJAOS SALUD EPSI088CAJACOPI011Total92.392104.079196.471El Ministerio de Salud hizo un llamado a las Secretarías de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que supervisen la correcta prestación de los servicios de salud, asegurando que no se impongan barreras de acceso para la atención de los usuarios.En caso de no estar conformes con la EPS asignada, los usuarios podrán solicitar su traslado a otra EPS a partir del 1 de abril de 2025.
En diálogos con Blu Radio, la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, Ana María Vesga, se refirió a la salida de seis EPS del gremio; Nueva EPS, Sanitas, SOS y Famisanar. Por otro lado, Coosalud y Capresoca de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, Gestarsalud, afirmando que respaldan la salida, entiendiendo que se hace por recorte de costos operativos, pero además por visiones del sistema de salud actualmente. Por ese lado, aseguran que las EPS, intervenidas y controladas por el Gobierno, no tienen la misma percepción que el gremio que se basa específicamente con el desfinanciemiento del sistema de salud actual.“La primera es la visión frente al problema estructural del financiamiento del sistema. La Corte Constitucional recoge buena parte de ese trabajo que hemos hecho el gremio, esencialmente con pacientes, con otros gremios de otros actores, evidenciando que el sistema viene acumulando unos déficits presupuestales.Esa ha sido una de las principales banderas de Acemi, y ese es un tema en el cual el Gobierno ha insistido, y es público, eso no es secreto, que los recursos se alcanzan, que la UPC es suficiente. Entendemos que, para las intervenidas, estar en un gremio en esa conversación sobre insuficiencia, pero, por otro lado, tener al Gobierno defendiendo la suficiencia, tiene que ser una posición muy complicada”, aseguró Ana María Vesga.Entre tanto, la decisión de la Corte sobre el Ministerio de Salud fue celebrada por Acemi, asegurando que definitivamente la justicia dejó en evidencia que el sistema de salud está mal financiado desde años atrás y que eso tiene vital importancia en la construcción de la UPC. Es por esto que para las mesas técnicas del Ministerio de Salud es necesario que se haga el cálculo adecuado, así como el seguimiento continuo. Sin embargo, le hace un llamado al ministro para que evite justificar que el dinero faltante es por casos de corrupción que ni la corte pudo verificar.“El argumento del Ministerio de Salud ha sido que la UPC y los dineros de la salud no alcanzan porque han sido mal administrados y habla de corrupción. Le dice la Corte: eso no está aprobado, se han iniciado acciones, actuaciones de responsabilidad fiscal que tampoco han concluido. ¿Dónde están las condenas?, ¿Dónde están las sanciones? Segundo, ha dicho también la Corte, las EPS han terminado durante este periodo en intervención, ocho de ellas, tres que solicitaron su retiro voluntario porque todas han dicho no cumplimos indicadores, es imposible constituir la reserva técnica, es imposible mantener un patrimonio adecuado, es imposible prestar buena atención cuando no me está alcanzando el dinero”, concluye.Por su parte, sobre las convocatorias a marchas y cacerolazos, Acemi aseguró que es una posición que el personal médico, paciente e instituciones adoptaron porque realmente la crisis va dirigida a miles de pacientes que todos los días sufren por cierre de atenciones, demora en entrega de medicamento y por los retrasos en la asignación de citas.“Un sistema desfinanciado y un Gobierno que le ha dado la espalda a ese problema de financiamiento, de manera que es legítima la expresión de los usuarios, de los pacientes, de los prestadores, de los médicos que adicionalmente y con buena razón también dicen nosotros no hemos participado ni en la discusión de la reforma ni en la discusión del cálculo de la UPC. Entonces, pues, sienten que esa participación ciudadana a la que obliga la ley estatutaria y que ha repetido tantas veces la Corte, pues ha sido omitida de parte del Gobierno”.Asimismo, concluye que este escenario es crucial para que el Gobierno de verdad adopte las medidas necesarias, ya que los colombianos quieren una transformación del sistema de salud y defienden a sus EPS. Cierra enfatizando que es necesario que se tome en serio el auto de la Corte y las manifestaciones del personal, pacientes, médicos e instituciones.
La difícil situación financiera del sistema de salud llevó a una nueva convocatoria de protestas a nivel nacional a las que desde la capital antioqueña también han respaldado.Carlos Valdivieso, miembro del comité gubernamental de Sociedades Científicas y vicepresidente financiero de la Federación Médica Colombiana, se refirió al cacerolazo pactado para las 7:00 de la noche de este 29 de enero, donde todo el sector exigirá al Gobierno nacional medidas urgentes."El asunto de la UPC fijado es solo un síntoma de una situación gravísima a lo largo y ancho del país donde faltan medicamentos para los pacientes, donde hay falta de pago de los salarios al talento humano en salud", destacó Valdivieso.Uno de los puntos que más genera preocupación está relacionado con el valor definido en la UPC y la falta de giros oportunos que persiste por parte de las EPS a clínicas y hospitales, especialmente públicos, que solo en Antioquia ascienden a 170.000 millones de pesos.
El Instituto de Cancerología de la Clínica Las Américas Auna, en Medellín, ha marcado un hecho sin precedentes, pues se ha convertido en la primera institución en Latinoamérica en recibir la certificación de calidad que otorga la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología, con la cual se reconoce que el instituto cumple con los más altos estándares de calidad en el manejo de pacientes con cáncer genitourinario, el cual afecta órganos como los riñones, la vejiga, la uretra, entre otros.Este centro fue certificado para patologías de próstata, vejiga, riñón y testículos, con este logro, se avala resultados alcanzados por el equipo multidisciplinario que acompaña a los pacientes con cáncer genitourinario, especialmente en el diagnóstico, tratamiento, evolución y seguimiento del proceso, optimizando así los recursos en salud."Esperamos que esta certificación internacional, la primera en cáncer genitourinario otorgada por la Fundación para la Excelencia y la Calidad en Oncología en Latinoamérica, inspire a más instituciones a elevar la calidad de la atención y mejorar sus resultados", expresó Paula Medina Olaya, directora médica de Servicios Oncológicos y Ambulatorios de la Clínica Las Américas Auna y su Instituto de Cancerología."En Auna estamos comprometidos con prestar una atención, basada en estándares de excelencia, con el mejor equipo humano y la mejor tecnología, poniendo en el centro a nuestros pacientes, familias y acompañantes", completó.La certificación se obtuvo tras superar con éxito la evaluación realizada por la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología, la primera organización formada por oncólogos españoles para analizar globalmente la especialidad y debatir pautas para su mejora, además, es la encargada de acreditar la excelencia del programa para la lucha contra el cáncer genitourinario, integrado por especialidades como la Oncología, Urología, Radioterapia, entre otras.Vale la pena recalcar, que la Clínica Las Américas Auna y su Instituto de Cancerología, brinda servicios a pacientes de distintas EPS con convenio, pólizas de salud, particulares y pacientes internacionales.
La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) comunicó que la falta de pagos se ha agravado en IPS especializadas en la prestación de servicios psiquiátricos y de salud mental, debido a la negación del pago antes de revisar bien el caso, la retención del 20 % del dinero que les adeudan sin decir por qué y el no pago de las facturas a tiempo.“Es muy importante el valor de una UPC mucho más cercana a la realidad del sistema colombiano porque es un valor crítico que garantiza la estabilidad del sistema y la posibilidad de seguir operando de varias IPS. Este es un valor que se toma de referencia para hacer proyecciones financieras y de funcionamiento general de las clínicas y hospitales. Con este valor se negocian los aumentos de tarifas y con los mismos se puede proyectar la estabilidad o no de una institución”, afirmó Alexie Vallejo Silva, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, en entrevista con Blu Radio.Asimismo, Vallejo aseguró que la disminución del flujo de recursos ha generado dificultades en los servicios de consultas externas y, del mismo modo, la oferta de camas hospitalarias se ha reducido a pesar de la creciente demanda en los servicios de salud mental.En este sentido, la continuidad en los servicios de salud mental en distintas regiones del país se han visto afectadas y toda la situación ha afectado gravemente a los pacientes y sus familias. Por su parte, declararon que, la incertidumbre y la presión han tenido un impacto negativo en la salud física y mental del cuerpo médico, una situación injusta, especialmente en un contexto de demanda de servicios de salud mental.“Debo decir que la Asociación Colombiana de Psiquiatría nunca fue tenida en cuenta en ninguna discusión sobre algún tipo de reforma que se esté discutiendo en este momento en el Congreso”, denunció el presidente de la Asociación.Por último, Vallejo Silva, afirmó que en un ambiente en el que se está discutiendo una reforma a la salud es necesario que se escuchen más voces, en particular, las sociedades científicas que agremian a los médicos especialistas del país.