En medio de la compleja situación que enfrenta el sistema de salud en Colombia, en las últimas horas la Clínica El Rosario informó que sus servicios de urgencias atraviesan una alta demanda que supera su capacidad habitual de atención, una situación que, según explicó la institución, puede generar mayores tiempos de espera durante el proceso de triaje y el acceso a los servicios."Nuestros servicios de urgencias enfrentan una demanda que supera la capacidad habitual de atención, lo que puede generar mayores tiempos de espera durante el proceso de triaje y el acceso a los servicios", señaló la clínica en un comunicado.El pronunciamiento se suma al de otros centros asistenciales de Medellín que en los últimos días han advertido sobre la creciente presión en sus servicios de urgencias. Uno de ellos es el Hospital San Vicente Fundación, que reportó niveles de saturación sostenidos por encima del 300 % de su capacidad operativa y de expansión.Según indicó el centro asistencial, esta sobrecarga ha provocado que algunos pacientes lleven más de cinco días a la espera de la definición de su atención o de la asignación de una cama.“Esto significa que hay un gran número de pacientes que llevan más de cinco días a la espera de definición de atención o a la ubicación en una camilla. Ante este escenario, nuestro talento humano continúa haciendo su mayor esfuerzo para disminuir los riesgos en la salud de los pacientes y brindar una atención segura y de calidad”, señaló Alejandro Marín Valencia, líder de Urgencias Adultos del Hospital San Vicente Fundación.Ante este panorama, los centros asistenciales pidieron a los pacientes acudir a las urgencias de alta complejidad únicamente cuando existan situaciones que representen un riesgo inminente para la vida.La alerta se suma a la emitida recientemente por la Clínica CES, que reportó una ocupación superior al 170 % en su servicio de urgencias, y por la Clínica Universitaria Bolivariana, que informó una ocupación de hasta el 200 % en el área de Obstetricia, principalmente por la llegada de pacientes que podrían ser atendidas inicialmente en servicios de atención primaria.
Antioquia presentó al gobierno del presidente De La Espriella un informe con siete propuestas para enfrentar la crisis del sistema de salud, construidas a partir del análisis de los 125 hospitales públicos del departamento y del trabajo conjunto entre autoridades sanitarias, aseguradores y la red hospitalaria.El documento plantea como prioridades sanear la cartera de las IPS, recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), crear un modelo diferencial de financiación para hospitales rurales, fortalecer la atención en las subregiones, recuperar a Savia Salud EPS, dignificar el talento humano e impulsar la transformación digital del sistema.Uno de los principales llamados se centra en la sostenibilidad financiera. Según el informe, mientras el Ministerio de Salud y la ADRES estiman una deuda cercana a $32 billones, los estados financieros y reportes de las IPS la proyectan en más de $50 billones, diferencia que, aseguran, evidencia problemas en el reconocimiento y conciliación de las obligaciones.“Entregamos un documento cuya propuesta busca mejorar el sistema de salud en Antioquia. Esperamos que este insumo sirva para que desde Antioquia les propongamos cómo empezar a recuperar la red de salud. Nos interesa la vida de todos, nos interesa la vida en el territorio, por eso seguiremos trabajando por la defensa de la salud en el departamento de Antioquia”, explicó Jorge Corre, diputado de la Asamblea, al referirse a las peticiones.La Mesa Técnica también advierte que los hospitales de municipios con menos de 6.000 habitantes no logran cubrir sus costos únicamente con los recursos de la capitación, por lo que propone un esquema especial de financiación para garantizar servicios esenciales.Además, plantea fortalecer la oferta de servicios de mediana complejidad en regiones como Urabá, Norte y Bajo Cauca para disminuir las remisiones hacia Medellín, así como consolidar la recuperación de Savia Salud mediante un plan de saneamiento financiero y patrimonial.Según detalló Correa, el informe será entregado al Gobierno Nacional como una hoja de ruta para que las propuestas construidas desde Antioquia sean consideradas en las decisiones sobre el futuro del sistema de salud y la sostenibilidad de la red hospitalaria del departamento.
Autoridades del Distrito de Medellín alcanzaron una cobertura del 120% en la aplicación de la vacuna pentavalente en menores de un año durante el primer semestre, y la meta para 2026 es inmunizar a más de 17.136 menores de un año con este biológico.Con corte al 30 de junio, el Distrito alcanzó un avance acumulado de 10.252 menores de un año vacunados con pentavalente, superando la meta programada para el primer semestre del año.Al cierre de junio, Medellín debía alcanzar aproximadamente el 50 % de esa meta, equivalente a 8.568 vacunados. Sin embargo, el Distrito registró 10.252 menores inmunizados, lo que representa un cumplimiento del 120 % frente a la meta proyectada para el primer semestre y evidencia una tendencia positiva para alcanzar el objetivo anual.“Tenemos ya una ventaja para poder terminar el año en esa meta o por encima de ella, que es del 95%. Recordemos que las vacunas nos protegen contra enfermedades que pueden ser incluso mortales y en muchas de ellas dejar graves secuelas”, señaló Natalia López, secretaria de Salud.Medellín pasó de una cobertura del 80 % en este indicador y, gracias al fortalecimiento de las estrategias, logró cerrar 2025 con una cobertura del 95.3 %. Entre enero de 2024 y junio de 2026, el Distrito aplicó un total de 2.984.769 dosis de vacunas a 1.435.848 personas, fortaleciendo la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y contribuyendo a mejorar las coberturas.“Cuando vacunamos a nuestros niños evitamos que esto pase o que las enfermedades tengan una intensidad mucho más leve, por esta razón continuamos haciendo este trabajo de coordinación con las IPS vacunadoras para llegar a cada entorno”, indicó la secretaria López.La Administración Distrital invitó a las familias a mantener al día los esquemas de inmunización y recuerda que las vacunas son seguras, no tienen costo y constituyen una de las medidas más efectivas para proteger la vida y prevenir enfermedades.
La Alcaldía de Bogotá presentó la Ruta Distrital de Gestión y Resolución de Barreras de Acceso en Salud, una estrategia que comenzará a operar en las 16 Casas de Justicia y las seis Unidades Móviles de Justicia de la ciudad, con el propósito de facilitar la entrega de medicamentos, la autorización de procedimientos médicos, la asignación de citas y otros trámites que hoy dificultan el acceso oportuno a los servicios de salud.La iniciativa, liderada por las secretarías de Seguridad y de Salud, busca que los usuarios obtengan soluciones administrativas antes de acudir a mecanismos judiciales como derechos de petición, acciones de tutela o incidentes de desacato.El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, aseguró que la estrategia apunta a prevenir los conflictos antes de que lleguen a los despachos judiciales. Según explicó, el acceso a la justicia también implica que el Estado elimine las barreras que impiden el ejercicio efectivo de los derechos y ofrezca respuestas oportunas a los ciudadanos. La ruta atenderá casos relacionados con la no entrega o entrega incompleta de medicamentos, demoras en autorizaciones de procedimientos médicos, dificultades para acceder a citas de medicina general o especializada, ayudas diagnósticas, continuidad de tratamientos, así como problemas de afiliación, movilidad y portabilidad dentro del sistema de salud.Por su parte, el secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, afirmó que la medida hace parte de la estrategia "Salud sin barreras" y del modelo MAS Bienestar. El funcionario señaló que el sistema de salud atraviesa una de las mayores crisis de su historia y destacó que el objetivo es intervenir antes de que las dificultades se conviertan en eventos que afecten a los pacientes.Las cifras del Distrito muestran la dimensión del problema. Durante 2025, las Casas de Justicia recibieron 6.199 requerimientos relacionados con salud, de los cuales 4.840 correspondieron a dificultades en la prestación de servicios, principalmente por medicamentos, autorizaciones, procedimientos, especialistas y citas médicas. Además, 1.874 casos requirieron acompañamiento jurídico para iniciar acciones legales.Así funcionará la atenciónCuando un ciudadano acuda a una Casa de Justicia o a una Unidad Móvil y su caso esté relacionado con servicios de salud, será remitido de inmediato a los agentes virtuales de la Secretaría Distrital de Salud, quienes asumirán la gestión del trámite.Si la solicitud corresponde a Capital Salud, la respuesta deberá entregarse en un plazo de tres a cinco días. Cuando involucre a otra EPS, el tiempo estimado será de hasta 15 días.La Secretaría de Seguridad realizará seguimiento periódico a los casos remitidos y, si no se obtiene una solución administrativa, los abogados facilitadores de las Casas de Justicia evaluarán la presentación de derechos de petición, tutelas o desacatos para garantizar la protección del derecho a la salud.Con esta estrategia, el Distrito busca consolidar las Casas de Justicia como espacios de atención integral, donde los ciudadanos puedan resolver de manera ágil los obstáculos que enfrentan para acceder a los servicios de salud, reduciendo la necesidad de acudir a procesos judiciales para obtener atención médica.
El Gobierno nacional expidió el Decreto 930 de 2026, con el que aumenta del 80 % al 90 % el porcentaje mínimo de los recursos del sistema de salud que la ADRES deberá girar directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a los proveedores de tecnologías en salud. La medida modifica disposiciones del Decreto 780 de 2016 y busca agilizar el flujo de recursos hacia quienes prestan los servicios de salud.El decreto establece que el porcentaje mínimo de giro directo aplicará a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado, a las EPS del régimen contributivo que no cumplan las condiciones de patrimonio adecuado, a las EPS bajo vigilancia especial, intervención o liquidación, a las que adopten voluntariamente este mecanismo y a los recursos de presupuestos máximos destinados a servicios y tecnologías no financiados con la UPC.Además, señala que el giro directo no modifica las obligaciones contractuales de las EPS con las IPS y que las inconsistencias en los montos reportados seguirán siendo responsabilidad de las aseguradoras.Frente a la decisión, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) aseguró que se trata de una medida que el gremio había solicitado y destacó que el decreto aclara que el 90 % corresponde a un porcentaje mínimo y no a un límite máximo, además de reiterar que su aplicación cobija tanto al régimen subsidiado como al contributivo y se extiende a los presupuestos máximos.El director general de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, afirmó que, si la medida se aplica de manera permanente y los recursos llegan a las instituciones que prestaron los servicios, se podrá mejorar el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas. Agregó que para ello será necesario que la Superintendencia Nacional de Salud ejerza vigilancia sobre el cumplimiento de los porcentajes de giro, las postulaciones realizadas por las EPS y el cumplimiento de las normas vigentes para evitar la concentración de recursos en entidades con integración vertical y garantizar la prioridad del giro directo a las instituciones independientes.
A pocos días del inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella, los principales gremios de prestadores de servicios de salud expresaron su apoyo al plan de concertación anunciado para enfrentar la cartera que mantienen las EPS con las IPS, la cual supera los 24 billones de pesos. La expectativa del sector es que las mesas de trabajo comiencen desde el inicio de la nueva administración y permitan acordar mecanismos para recuperar la liquidez de hospitales y clínicas.El presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, señaló que el plan de choque anunciado por el gobierno debe ponerse en marcha de manera inmediata. Indicó que el gremio participará en las mesas que convoque el Ejecutivo y defendió la continuidad de herramientas como el giro directo para garantizar el flujo corriente de recursos.Giraldo explicó que el reciente decreto que eleva al 90 % el porcentaje mínimo del giro directo puede contribuir a que los recursos lleguen directamente a las instituciones que prestan los servicios de salud, siempre que exista vigilancia sobre su aplicación. Añadió que esta medida permitiría estabilizar los pagos corrientes mientras se avanza en la solución de las deudas acumuladas.Sobre la cartera vencida, el dirigente consideró que el plan de choque anunciado con una bolsa de 10 billones de pesos representaría un alivio para las IPS que enfrentan problemas de liquidez por la falta de pago de las EPS. Asimismo, planteó que el nuevo gobierno deberá revisar la situación de las EPS intervenidas para definir mecanismos de insolvencia y alternativas como la capitalización por parte del Estado y de sus propietarios.Por su parte, Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, afirmó que uno de los principales retos será recuperar la confianza entre los actores del sistema, al señalar que muchas de las mesas adelantadas en los últimos años terminaron con compromisos de pago que no se cumplieron.Toro explicó que la prioridad debe ser garantizar el reconocimiento y pago oportuno de la cartera corriente para que las clínicas y hospitales puedan reabrir servicios que permanecen cerrados parcialmente, especialmente aquellos destinados a pacientes afiliados a EPS intervenidas.Frente a la cartera, Toro indicó que el primer paso será depurar y conciliar las cuentas entre EPS e IPS para establecer el valor real de la deuda. Con esa información, el Gobierno podría definir los mecanismos de financiación y el cronograma para el pago de las obligaciones.Los prestadores también manifestaron preocupación por la posibilidad de que algunas EPS intervenidas entren en procesos de liquidación. Según la Unión de las IPS, la experiencia demuestra que cuando una EPS es liquidada las instituciones solo recuperan entre el 20 % y el 30 % de los recursos adeudados, lo que incrementa el riesgo financiero para hospitales y clínicas y afecta la continuidad en la prestación de los servicios de salud.
La propuesta de trasladar afiliados de Nueva EPS a otras EPS, planteada por la ministra de Salud designada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, Ana María Vesga, comenzó a generar reacciones entre los representantes de los pacientes. Aunque la iniciativa recibió respaldo por parte de Pacientes Colombia, la organización hizo un llamado a que cualquier decisión se adopte con prudencia y tras un análisis técnico de la capacidad real del sistema.Durante una entrevista con Mañanas BLU, Vesga afirmó que una de las alternativas para iniciar el rescate de Nueva EPS sería redistribuir parte de sus afiliados hacia otras EPS, con el propósito de descongestionar la entidad y facilitar su recuperación.La propuesta surge en medio de la profunda crisis que atraviesa Nueva EPS, la aseguradora con más de 12 millones de afiliados en el país, que enfrenta múltiples dificultades relacionadas con la entrega oportuna de medicamentos, la asignación de citas con especialistas, autorizaciones de servicios y una compleja situación financiera.Frente a este panorama, el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, aseguró que la iniciativa debe ser estudiada cuidadosamente y que el nuevo Gobierno deberá convocar de manera prioritaria a todos los actores del sistema antes de tomar una determinación de esta magnitud.Silva señaló que, aunque reconoce la experiencia de la ministra designada y manifestó la disposición de la organización para acompañar su gestión, persisten dudas sobre la capacidad de las demás EPS para asumir un traslado masivo de usuarios.“La propuesta de la doctora Ana María Vesga de pensar en trasladar pacientes a otras EPS para descongestionar Nueva EPS hay que analizarla con cabeza. Sabemos que ella conoce el sector, pero primero hay que esperar al 7 de agosto, reunir a todos los agentes del sistema y preguntarnos qué EPS tiene hoy la capacidad financiera, administrativa, logística y de cartera para recibir siquiera 100.000 nuevos afiliados. No hay una sola EPS que cumpla con esas condiciones”, afirmó.El representante de Pacientes Colombia reiteró que la prioridad debe ser proteger a los usuarios y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, evitando que una decisión apresurada agrave la crisis que actualmente enfrenta el sistema.Asimismo, sostuvo que la organización respaldará las iniciativas que impulse la nueva ministra, siempre que estén orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud y se construyan con el consenso de los diferentes actores del sector.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Adela Ramírez, madre de dos adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA), denunció las dificultades que, según aseguró, ha enfrentado durante años para lograr que sus hijos reciban los tratamientos ordenados por los especialistas.La mujer afirmó que, a pesar de contar con tutelas de cubrimiento integral, los obstáculos administrativos persisten y afectan la continuidad de las terapias.Ramírez explicó que sus hijos, de 17 y 15 años, fueron diagnosticados con autismo cuando tenían cinco y dos años, respectivamente. Desde entonces, dijo, el acceso a la atención especializada ha estado marcado por constantes inconvenientes.Las barreras comenzaron desde el diagnósticoLa madre relató que el tratamiento para una persona con autismo requiere la intervención de un equipo interdisciplinario conformado por neuropediatra, neuropsicólogo, psiquiatra infantil, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e integrador sensorial, entre otros profesionales.“En este momento mis hijos tienen neuropediatra como médico de cabecera, médico tratante, pero también tienen neuropsicólogo, psiquiatra infantil, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, integrador sensorial, y así se va creciendo el grupo cuando puede acceder a esos servicios, porque no todo el mundo, aunque tengamos la misma EPS, tiene esa posibilidad”, dijo.Al ser consultada sobre cuándo comenzaron las dificultades para acceder a la atención médica, respondió que los problemas surgieron desde el inicio del proceso.“Todo el tiempo. Tanto así que en este momento mis hijos cuentan con una tutela de cubrimiento integral para ambos, pero previa a esa, mi hija también cuenta con una tutela de cubrimiento para el acompañante terapéutico (…) y con todo y que tenemos esas dos tutelas, seguimos en el mismo problema”, comentó en la entrevista. "El sistema de salud está diseñado para cansar a los cuidadores"Durante la entrevista, Ramírez sostuvo que cada persona con autismo requiere un tratamiento individualizado y que las terapias cumplen un papel fundamental para fortalecer habilidades relacionadas con la comunicación y la interacción social.“El sistema de salud está diseñado para cansar, para agobiar, para enfermar a los cuidadores, y aunque las terapias deberían ser suministradas sin ningún tipo de problema, realmente son muy pocos los pacientes que tienen acceso al tratamiento de rehabilitación integral completo”, afirmó.También recordó que el trastorno del espectro autista acompaña a la persona durante toda su vida, por lo que el acompañamiento médico debe mantenerse de forma permanente.Denuncia una situación que, asegura, afecta a muchas familiasRamírez explicó que hace parte de una red de padres en Cartagena y que también ha participado en espacios de la Red Colombiana de Autismo. Según manifestó, la situación que viven sus hijos se repite en numerosos casos.“La mayoría de los chicos no pueden recibir tratamientos integrales de calidad porque las EPS básicamente los niegan. Ya cuando crecen, la cosa se va complicando un poco más y tenemos muchos chicos que están sin terapias, que están desescolarizados”, mencionó Ramírez.La madre aseguró que una de las principales preocupaciones de las familias es el futuro de sus hijos cuando ya no puedan acompañarlos en ese proceso.El llamado al nuevo GobiernoEn entrevista con Mañanas Blu 10:30, Ramírez envió un mensaje al nuevo Gobierno y pidió que las normas existentes se cumplan de manera efectiva.“Colombia ya tiene las normas. De hecho, es uno de los países que más norma tiene para la protección de las personas en condición de discapacidad, y más si son menores. Sin embargo, la norma está, pero las instituciones no cumplen”, destacó.Finalmente, advirtió que la demora en la prestación de los tratamientos puede tener consecuencias importantes para quienes viven con esta condición.“Cada día que se deja sin recibir terapias o intervención de calidad cuesta demasiado. Incluso hay casos en los que ya se vuelve irreversible”, concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
El informe de empalme del sector salud, elaborado para la transición entre gobiernos, identifica como uno de los principales desafíos la situación financiera del sistema de salud, marcada por el crecimiento de la cartera entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), el deterioro patrimonial de varias aseguradoras y el riesgo fiscal que enfrentan hospitales públicos y Empresas Sociales del Estado (ESE).De acuerdo con el documento, las EPS reportan cuentas por pagar por $41,5 billones, de las cuales $38,4 billones corresponden a obligaciones vencidas, lo que representa que el 92,6 % de la cartera se encuentra en mora.Además, el patrimonio neto consolidado de las 23 EPS que reportaron información es de -$18,2 billones, mientras que 23,1 millones de afiliados pertenecen a EPS bajo medidas administrativas, equivalentes al 46 % del sistema. El informe también señala que entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 los pasivos crecieron un 43 %, frente a un incremento del 21 % en los activos.A esto se suma una siniestralidad del 105,6 %, lo que significa que por cada $100 que ingresan al sistema se destinan $105,6 al pago de costos y gastos asociados a la atención en salud. En consecuencia, el resultado operacional pasó de pérdidas por $600.000 millones a cerca de $2 billones.En el caso de las EPS intervenidas, el patrimonio asciende a -$12,8 billones y la siniestralidad alcanza el 117,8 %, mientras que las EPS no intervenidas registran un patrimonio negativo de $5,33 billones. El informe también advierte que el 74 % del déficit patrimonial se concentra en cinco entidades.Respecto a la red pública hospitalaria, el documento estima un riesgo fiscal por $3,55 billones, correspondiente al pasivo exigible y contingente de las Empresas Sociales del Estado. Ante este panorama, recomienda revisar de manera prioritaria la situación de las 260 ESE con Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), establecer mecanismos para evitar embargos judiciales y definir acuerdos de pago con las EPS para recuperar liquidez.Dentro del plan de acción propuesto, el informe plantea fortalecer el componente de aseguramiento y la gestión de las EPS intervenidas, priorizando los territorios donde existe una mayor brecha entre la población y la cobertura efectiva del sistema de salud. En ese análisis, Soacha aparece como el municipio con la mayor diferencia, con cerca de 294.000 personas, seguido por otros nueve municipios que presentan rezagos en cobertura.El documento también propone convocar de manera inmediata a EPS e IPS a un proceso nacional de conciliación de cartera, con el objetivo de depurar y certificar las deudas existentes, establecer acuerdos de pago y mejorar el flujo de recursos hacia la red hospitalaria. Esta estrategia toma como referencia mecanismos utilizados anteriormente, como el Acuerdo de Punto Final. Entre las acciones planteadas también se incluye la elaboración de planes de contingencia para garantizar la continuidad de servicios considerados críticos, como urgencias, hospitalización, cirugía y consulta externa, mediante la identificación de instituciones en riesgo de suspensión y la articulación de los Equipos Básicos de Salud con la capacidad instalada de las ESE.En materia de información y vigilancia en salud, el informe propone cruzar las bases de mortalidad del DANE con los registros de Sivigila para depurar posibles subregistros y duplicidades, así como fortalecer los análisis estadísticos y la desagregación territorial de los indicadores para identificar diferencias entre regiones, regímenes de afiliación y grupos poblacionales.Finalmente, el documento plantea solicitar un régimen de transición de entre 12 y 18 meses para la implementación de los cambios relacionados con la contratación del talento humano en salud, argumentando que una aplicación inmediata de las nuevas disposiciones podría afectar la continuidad de la prestación de los servicios si no se acompaña de recursos y medidas de transición.
La ministra de Salud designada, Ana María Vesga, anunció que una de las alternativas que estudia el Gobierno para enfrentar la crisis del sistema de salud será reducir el número de afiliados de la Nueva EPS, considerada actualmente la entidad más crítica del país por su tamaño y su situación financiera.Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la funcionaria explicó que la recuperación del sistema depende en gran medida de estabilizar a la aseguradora, que concentra más de 11 millones de usuarios y cuya situación financiera, aseguró, requiere una intervención profunda."Es una entidad que toca empezar a alivianar porque con 11 millones de colombianos y en esta situación es imposible que preste bien sus servicios", afirmó Vesga al referirse al futuro de la Nueva EPS.La ministra precisó que "alivianar" significa reducir probablemente el número de afiliados, con el propósito de que la entidad pueda operar de manera más eficiente y garantizar una mejor atención a los usuarios¿Cuál es el plan de choque frente a la crisis de medicamentos y citas?La prioridad inmediata de la nueva administración, según confirmó la ministra, será la ejecución de un plan de choque que comenzará el 7 de agosto. El objetivo central es identificar, persona a persona, los focos críticos de represamiento en la atención."Necesitamos identificar cuáles son esos cuellos de botella, dónde están los medicamentos que no se están entregando y las citas que no se están otorgando. Si no sabemos el tamaño del problema, no sabemos cuántos recursos vamos a requerir", señaló Vesga. Para la ministra, la erosión de la confianza entre los actores del sistema ha sido la causa raíz de la parálisis, por lo que su gestión buscará convocar a prestadores, industria y aseguradoras para estabilizar la red.¿Por qué se habla de "alta cirugía" para la Nueva EPS?La funcionaria enfatizó que la entidad ha sufrido un deterioro constante debido a la falta de continuidad administrativa, acumulando seis interventores en cuatro años. "Es imposible que una entidad que no ha tenido continuidad en su gestión esté bien administrada", afirmó. El gobierno entrante revisará la situación financiera para determinar qué partes de la red son viables y cuáles requieren medidas de salvamento, asegurando que cualquier decisión estará centrada en proteger la atención de los pacientes.¿Cómo se financiará el sistema y qué pasará con la UPC?La ministra desestimó que los ajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) respondan a beneficios particulares, aclarando que se trata del financiamiento base del sistema. Sobre la polémica de los recursos, Vesga reconoció que el gobierno anterior dejó una subestimación en los cálculos para 2025 y 2026. Aunque el escenario fiscal es restringido, la administración busca inyectar recursos para saldar deudas con la industria farmacéutica y aliviar la red prestadora, trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el equipo del vicepresidente José Manuel Restrepo.¿Qué pasará con los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud?Otro punto de tensión es el destino de los 8 billones de pesos que, según el equipo de empalme, se habrían invertido en los Equipos Básicos de Salud durante el gobierno saliente. Vesga se mostró crítica ante la falta de indicadores de impacto: "No había trazabilidad. Lo primero que vamos a hacer es medirlos; si han funcionado en algunos territorios, qué bueno, pero debemos entender qué pasó con esos recursos, pues fueron un detrimento enorme para un sistema que estaba ahogado".
Varias subregiones de Antioquia registran emergencias por las recientes precipitaciones y fuertes vientos. Las autoridades reportan daños en viviendas, cultivos y vías en los municipios de Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.En el municipio de Santa Bárbara, un fuerte vendaval afectó sectores urbanos como la calle Sucre, Alto de las Guacas y Alto de las Hermanas, así como las veredas Corozal, Los Charcos, El Vergel, La Úrsula y Guayabales. El saldo preliminar es de 40 familias damnificadas por daños en cubiertas, interrupciones en el servicio de energía y afectaciones en cultivos de plátano, café y mango.Por otra parte, en la subregión del Urabá antioqueño, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y desbordamientos. En Apartadó, los habitantes sufren su cuarta inundación del año debido al desbordamiento de afluentes, a pesar de las obras de mitigación realizadas previamente con muros de contención con llantas recicladas y cemento.En Carepa, el desborde del río Vijagual y las anegaciones en el barrio El Oasis dejaron cerca de 30 personas afectadas y problemas de movilidad; una damnificada del municipio cuenta lo que perdió tras la inundación."Era de día, empezó a llover, yo no pensé que se subía. Y, a pesar de que atranqué mi puerta con bolsas, trapos, cuñas, siempre entró como dos hileras de adobe. Se mojó mi basecama, pero pude salvar lo de más", indicó la mujer afectada.Entre tanto, en Chigorodó, las intensas lluvias generaron familias damnificadas y daños viales críticos en la vereda Remigio, donde la pérdida total de la banca dejó incomunicada a la comunidad. Asimismo, las autoridades evalúan procesos erosivos en la zona. "Se mantienen activos todos los protocolos y los procesos de atención de la emergencia para control de inundaciones. Y en el municipio de Chigorodoque se presenta afectación vial de una de las veredas principales. Ya el Dagran dispuso maquinaria en territorio para dar conectividad inmediata a las personas que se encuentran incomunicadas en este momento", señaló la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes Zúñiga.Los consejos municipales de gestión del riesgo de Carepa y Apartadó, en articulación con el Dagran, mantienen activos los protocolos de atención desde el pasado 6 de febrero para adelantar la caracterización de daños, la entrega de ayudas humanitarias y la recuperación de las vías afectadas en el Urabá.
Los terremotos registrados en Colombia y Venezuela durante los últimos meses ocurrieron en zonas diferentes y a profundidades muy distintas, pero ambos hacen parte de una dinámica geológica regional que los expertos identifican como un mismo “contexto tectónico”.La explicación fue entregada por Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en entrevista con la agencia EFE, al analizar el movimiento de magnitud 7,4 registrado en Colombia y compararlo con los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.Para el especialista, la conexión está en la interacción de las placas tectónicas que atraviesan esta parte de Suramérica. Sin embargo, esto no significa que el terremoto ocurrido en Colombia haya sido provocado directamente por los sismos de Venezuela.¿Qué relación tienen los terremotos de Colombia y Venezuela?Pérez explicó que ambos fenómenos se encuentran dentro de una misma configuración tectónica regional, aunque las placas involucradas directamente no son exactamente las mismas.En Venezuela, la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. En el occidente colombiano, por su parte, interviene la placa de Nazca, que interactúa con la placa Sudamericana.El geólogo explicó que, al seguir la estructura geológica asociada con la zona donde se produjeron los terremotos venezolanos hacia el oeste y hacia abajo, se llega al área relacionada con los eventos sísmicos registrados en Colombia.Por eso, Pérez habla de un mismo contexto tectónico, pero no de un único terremoto ni de una conexión directa de causa y efecto.Hay una diferencia clave entre ambos terremotosAunque existe esa relación regional, los terremotos presentan una diferencia fundamental: la profundidad a la que ocurrieron.Los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio tuvieron profundidades cercanas a los 10 kilómetros, mientras que el movimiento colombiano ocurrió aproximadamente a 100 kilómetros de profundidad.También existe una considerable distancia geográfica. De acuerdo con Pérez, los epicentros de ambos eventos están separados por alrededor de 1.000 kilómetros.Estas diferencias hacen que las consecuencias sobre la superficie puedan ser distintas, incluso cuando los dos fenómenos se encuentran dentro de un contexto tectónico relacionado.¿Por qué sorprendió tanto el terremoto de Colombia?Para el geólogo del IGME, uno de los aspectos que deberán estudiar con especial atención es la cantidad de daños producidos por un terremoto que ocurrió a una profundidad considerable.Pérez calificó el fenómeno colombiano como “bastante complejo” y señaló que será necesario analizarlo a fondo, precisamente porque un sismo de estas características y profundidad puede presentar particularidades importantes.El experto explicó que se trató de un terremoto relacionado con la dinámica de la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.La profundidad también es relevante para entender cómo se propagaron las ondas y por qué el movimiento pudo sentirse en una amplia zona del país.¿Por qué en algunas zonas el terremoto se sintió durante más tiempo?Otro elemento que ayuda a explicar las diferencias en la percepción del terremoto es el llamado efecto de sitio.Pérez explicó que las propiedades geológicas y mecánicas del terreno pueden modificar el comportamiento de las ondas sísmicas. En determinadas condiciones, el suelo puede amplificar tanto la frecuencia como la amplitud del movimiento.Esto no solo puede hacer que las personas perciban el terremoto durante más tiempo, sino que también puede incrementar el impacto sobre las construcciones ubicadas sobre determinados terrenos.El especialista recordó, sin embargo, que los terremotos no pueden predecirse y que el seguimiento posterior permite evaluar escenarios, no anticipar con certeza la hora o magnitud de un próximo movimiento.Por otro lado, Pérez mencionó el caso del volcán Puracé, que se encuentra en actividad moderada y presentó cambios que, según el experto, deben ser objeto de seguimiento.En este punto, el análisis científico busca establecer si existe algún tipo de interacción entre los diferentes procesos geológicos y evaluar su evolución.
La Gobernación de Antioquia y los consejos de gestión del riesgo desplegaron una operación de apoyo humanitario y técnico hacia los departamentos vecinos de Chocó y Risaralda, afectados por la emergencia.Desde el Puesto de Mando Unificado, encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón, se coordinó el envío de cuatro helicópteros civiles con 18 rescatistas especializados de la Cruz Roja y la Defensa Civil hacia el Chocó.Adicionalmente, por vía terrestre se movilizaron 100 soldados del Ejército, 22 unidades de la Cruz Roja y 11 de la Defensa Civil, acompañados de tres binomios caninos expertos en búsqueda y rescate. Edwin Montoya es coordinador de la misión por parte de la Cruz Roja."En total, la Cruz Roja se movilizó con 30 voluntarios de rescate. Vamos conectados con colegas de la defensa civil y vamos a conectar allá con bomberos locales. Ahí habrá un equipo de coordinación que nos conectará con las entidades que estén allá desarrollando acciones para nosotros entrar a apoyarlos de la mejor manera posible", expuso.Por su parte, desde la ciudad de Medellín se enviaron a Quibdó un equipo especializado de 21 bomberos, 2 ingenieros expertos en estructuras y 2 caninos de búsqueda, con equipos de rescate, drones, sistemas de localización y capacidad para levantar cargas.Asimismo, el municipio de Sabaneta desplegó un equipo especializado de 12 bomberos y 5 perros de búsqueda rumbo a Pereira. "Que se han desplazado a la ciudad de Pereira, 12 de nuestros bomberos más 5 caninos, acompañados por nuestro capitán Carlos Andrés, de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de Sabaneta, para apoyar las labores de búsqueda y rescate", destacó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz.Mientras tanto, el DAGRAN dispuso el desplazamiento del grupo COL-26, unidades de Ponalsar y más cuerpos de socorro hacia territorio risaraldense para apoyar las labores de salvamento. "Desde el departamento de Antioquia hemos desplegado toda nuestra capacidad operativa e institucional para atender esta emergencia y, sobre todo, la valoración de daños. Ya enviamos unidades de apoyo de la defensa civil y de la Cruz Roja a este, a la ciudad de Quibdó, y muy seguramente el día de mañana, vía terrestre, estamos enviando equipos y más personal de apoyo", expuso Vanessa Paredes Zúñiga, directora del DAGRAN.En cuanto al balance preliminar en Antioquia se evalúan afectaciones en 80 municipios, las autoridades reportan una persona fallecida, 12 lesionadas, 697 viviendas con daños, 39 iglesias afectadas y 122 instituciones educativas con perjuicios en su infraestructura.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, pero no constan fallecidos ni heridos de origen español.En declaraciones a los medios en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, donde se encuentra de visita oficial, Albares dijo que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.En un primer censo, las autoridades españolas contactaron con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares pidió que se comuniquen con los servicios consulares.En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, explicó el ministro.La ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo de Colombia, como ocurrió con el reciente terremoto de Venezuela.Un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia y causó al menos 132 muertos, más de 570 heridos y multitud de desaparecidos.Además, decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.
El papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice, un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".El papa "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", se lee en el mensaje.Asimismo, pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 160 muertos y centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.