La información que entregó la Gobernación de Antioquia arrojó que el cierre de la Clínica Conquistadores está enmarcado en un plan de visitas de certificación que se hace año tras año. En dicho procedimiento se encontraron unos incumplimientos a la norma por los cuales algunos servicios fueron cerrados porque no estaban cumpliendo con la normatividad.La Secretaria Seccional de Salud de Antioquia manifestó que todos los prestadores de servicios de salud deben cumplir criterios de habilitación y que al no encontrar un cumplimiento se cerró el establecimiento médico. Por ejemplo, uno de los servicios que primero clausuró la Clínica Conquistadores por voluntad propia fueron las urgencias porque no contaban con el talento humano completo ni con los equipos necesarios.A la lista de servicios cerrados se suma hospitalización, servicios quirúrgicos, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, consulta externa y servicio farmacéutico, según la autoridad en estos servicios no se cumplen los mínimos de la norma que garantizan la calidad en la prestación de los servicios a todos los pacientes.Leonor Suárez, directora de Calidad de Redes de Servicios de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, aseguró qué el tiempo del cierre aún no está estipulado, ya que hay muchas fallas en la Clínica Conquistadores."Hay de todo, hay faltas en talento humano, tienen que comprar equipos o pedir documentación que avalen los equipos que ya tienen, las adecuaciones de infraestructura, dotación. Entonces, como son tantas cosas y son más o menos unos 10 servicios, ya depende del cronograma de ellos", informó Suárez.Precisamente sobre el tiempo de cierre, desde la Gobernación aseguraron que ellos no definen el tiempo de apertura, puesto que se da de acuerdo a los hallazgos que se hayan encontrado y lo que la clínica estipula. Sin embargo, como son tantos servicios los que tienen que ver mejorías, la Administración Seccional no tiene la potestad de decirles o de exigirles algún tiempo para volver a operar.Finalmente, señalan desde la Gobernación que la Clínica Conquistadores también tuvo visita de la Secretaría de Salud de Medellín por un tema de manejo de residuos donde tampoco les fue bien, por lo que informan que se juntaron muchos aspectos a mejorar que esperan subsanen lo más pronto posible por la importancia de esta clínica para el occidente de Medellín.
En el Palacio de Liévano, en el despacho del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunieron los mandatarios de Medellín, Federico Gutiérrez; de Cali, Alejandro Eder; y de Manizales, Jorge Eduardo Rojas.Una de las principales conclusiones es la preocupación por la salud y la seguridad. Aseguran, por ejemplo, que el sistema de salud está a punto de colapsar en sus regiones, que hay IPS que han asegurado que no pueden atender más por las demoras por parte del Gobierno en el giro directo de los recursos.“El primero es el tema de la salud. Vemos unos retrasos muy graves en la transferencia de recursos desde el Gobierno nacional hacia las regiones y los sistemas de salud en el país están en riesgo de colapso. Nosotros no vemos con buenos ojos la situación general de caos que se está generando”, detalló Alejandro Eder.Por su parte, Rojas mandatario de Manizales, alertó por el deterioro en la situación de orden público.“Eso nos va a reventar a los alcaldes. La inseguridad puede que sea una potestad nacional, pero nos revienta a los alcaldes. Por eso nos sentamos a coordinar todo este tipo de cosas”, puntualizó Rojas.Dicen los alcaldes que se ven en la obligación de reunirse para coordinar acciones como cabezas de las ciudades, pero que están atentos y abiertos a fortalecer el canal de diálogo con el Gobierno nacional a pesar de las diferencias.
El nuevo modelo de salud para Bogotá se fundamenta en un enfoque integral y territorial, adaptado a las necesidades específicas de diferentes grupos poblacionales y territorios de la ciudad.Primero hay que señalar que este modelo plantea el paso de una estrategia de atención primaria en salud a una atención primaria social, aclarando que “los aseguradores son la columna vertebral y quienes tienen el rol protagónico en la gestión del riesgo en salud”.El modelo, según el proyecto conocido por Blu Radio, todavía considera a las EPS como la principal puerta de entrada al sistema en salud pese a que el Gobierno pretende modificar su rol hacia Gestoras de Salud y Vida, eliminando la intermediación financiera y entregando al Estado el manejo de los recursos públicos de la salud.Estrategia central: atención primaria socialLa estrategia central del modelo es la atención primaria social, que va más allá del sector salud para involucrar a otros sectores en la promoción de la salud y el bienestar. Este enfoque reconoce que los determinantes sociales, como las condiciones de vida y las dinámicas de vulnerabilidad, son cruciales para la salud de las personas. La propuesta enfatiza la construcción de una red de colaboración entre distintos actores del sistema de salud, incluyendo instituciones públicas y privadas, academia y ciudadanía, para abordar de manera integral los determinantes de las desigualdades sociales.Enfoques y pilares del modeloEl modelo incorpora diversos enfoques como el territorial, de determinantes sociales, de derechos humanos y diferencial poblacional, garantizando acciones afirmativas para prevenir y superar las brechas de inequidad. Además, se destaca el enfoque de cuidado integral, que promueve la corresponsabilidad y la solidaridad en el cuidado de la salud, así como la gestión integral del riesgo en salud para prevenir y responder oportunamente a emergencias y enfermedades.Los pilares del modelo incluyen la toma de decisiones basada en información estratégica, la participación social transformadora, la intersectorialidad y la gestión integral del riesgo, con el objetivo de crear un sistema de salud más equitativo, eficiente y centrado en las necesidades de la población. Esto se logra mediante la articulación de servicios públicos y privados en una red integrada que garantice la accesibilidad, oportunidad y calidad en la atención sanitaria.Reconocimiento histórico y definición de necesidadesEl modelo se basa en la evolución de modelos de salud en el Distrito Capital y de otras zonas del país, incluso del mundo, integrando experiencias y utilizando análisis situacionales (ASIS), geoespaciales y herramientas epidemiológicas y sociales, se identificaron necesidades claves como mejorar el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud, fortalecer la gobernabilidad y reducir desigualdades poblacionales, ambientales, sociales, económicas y territoriales.Atención primaria socialEl modelo promueve una atención primaria social, que implica la colaboración de múltiples sectores para lograr objetivos de desarrollo social. Reconoce los determinantes sociales de la salud y la responsabilidad de las autoridades territoriales para garantizar el derecho a la salud. Además, destaca la necesidad de acuerdos entre actores del sistema de salud para construir e implementar un modelo que responda a necesidades diferenciales.Enfoques del modeloTerritorial: considera el contexto específico de cada territorio y las relaciones de poder, vulnerabilidad social y ambiental.Determinantes sociales: identifica e interviene en los determinantes sociales de la salud para superar inequidades y promover bienestar.Derechos humanos: garantiza los derechos humanos y la protección de derechos vulnerados.Diferencial poblacional: reconoce la diversidad humana y la necesidad de acciones afirmativas para prevenir y corregir desigualdades.Cuidado integral: promueve un enfoque de cuidado integral para el bienestar y la protección social, reconociendo la interdependencia y la vulnerabilidad humana.Pilares del modeloToma de decisiones para la gobernanza: utilización de información sectorial e intersectorial para la gestión estratégica y priorización de intervenciones.Participación social transformadora: fomenta la participación de la ciudadanía en la transformación de condiciones de vida y bienestar.Intersectorialidad y transectorialidad: coordinación y articulación de actores públicos, privados y sociales para abordar los determinantes sociales de la salud.Gestión integral del riesgo: identificación y manejo de riesgos en salud mediante la articulación de servicios y actores para mejorar los resultados en salud y bienestar.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reportó un estado crítico en la deuda con algunas EPS e IPS del país. Por ejemplo, la Nueva EPS debe 8,4 billones de pesos, con una morosidad del 52,2 %. De acuerdo con el presidente de ACHC, Juan Carlos Giraldo, este tipo de deudas ha aumentado considerablemente en los últimos años y esta situación pone en evidencia una crisis sistémica en el sistema de salud colombiano.Según el análisis, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los datos financieros de las EPS indican que los colombianos están consumiendo más servicios de salud de lo presupuestado. Esto ha llevado a un déficit anual de 10 billones de pesos.Además, reveló, que no solo las EPS son responsables de la deuda, sino que el Estado y otras entidades también adeudan al sector prestador de servicios de salud. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el presidente de ACHC mencionó que son muchas las causas, pero un punto en común es la distribución de los recursos y la intervención para resolver el problema de fondo.“Nosotros llevamos registrando este tema más de 25 años y debo decir que este es un problema crónico. Es un problema creciente y es un problema que se muestra casi que refractario a muchas de las intervenciones para resolverlo. Entonces, uno diría: el asunto de la UPC, que tanto invocan las EPS, como la causa de todos los problemas en el sistema de salud por supuesto que tiene un punto, digamos de acierto, pero no siempre es el único, hay diferentes motivos”, explicó.Giraldo enfatizó en la necesidad de una reforma estructural en el sistema de salud, porque, añadió, es fundamental aumentar la financiación en salud y mejorar la administración de los recursos. Esto permitiría garantizar una mejor atención y calidad de vida de los pacientes.Por eso, recalcó que el aumento de la deuda en hospitales y clínicas en Colombia es un “problema crónico” que requiere una solución urgente y es necesario, según señaló, implementar una reforma que aumente la financiación en salud y mejore la administración de los recursos.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
El Ministerio de Salud, informo que el pasado 11 de junio que se firmaron tres resoluciones la 865,1032, 1033 y 1034 del 2024, que buscan asignar 513.000 mil millones de pesos a las Empresas Sociales del Estado, los beneficiarios de estos fondos incluyen diversos departamentos y distritos del país, entre ellos Antioquia, Arauca, Meta, Vichada, Nariño, entre otros, en total son 22 departamentos y 4 distritos como Santa Marta, San Andrés, Santiago de Cali y Buenaventura.La resolución 825 del 2024: indica que se le van a asignar más de 66.000 mil millones de pesos a las distintas ESE de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Nariño, Valle del Cauca y Buenaventura.La resolución de 1032 del 2024 indica que se le van a asignar más de 178.000 mil millones de pesos en los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Casanare, Antioquia, Santander, Magdalena, Bolívar, Santa Marta, San Andrés y Providencia, Cesar, Nariño y Santiago de Cali.Por otro lado, resolución 1033 de 2024, señala que se le van a asignar más de 160.000 mil millones de pesos, que serán asignados para distintas ESE de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Boyacá, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Guajira y Antioquia.Y la resolución 1034 de 2024, señala que se le van a asignar más de 108.000 mil millones de pesos para las distintas ESE de los departamentos de Boyacá, Santander, Caquetá, Arauca, Meta, Casanare, Vichada, Risaralda y Tolima.Los recursos serán transferidos a las Empresas Sociales del Estado (ESE), quienes tendrán la responsabilidad de contratar y organizar un talento humano multidisciplinario, suficiente y calificado.Este personal médico estará encargado de superar las barreras identificadas en la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), avanzando así hacia un sistema de salud con mayor capacidad de respuesta y asegurando la atención en salud de las personas, familias y comunidades, con un enfoque diferencial, poblacional y territorial.Los Equipos Básicos de Salud estarán compuestos por auxiliares y profesionales de enfermería, médicos, psicólogos y otros especialistas. Su misión será llegar a cada rincón del país, garantizando el derecho a la salud de todos los colombianos mediante acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad e intervenciones adaptadas a las necesidades de salud en las comunidades.
El presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, Luis Ramón Barros, destacó la necesidad de llamar la atención del Gobierno nacional, el Congreso, las EPS y los prestadores de servicios sobre la problemática actual en salud del país.Barros subrayó que los pacientes renales, la mayoría de los cuales se encuentran en situación de alto riesgo, no pueden permitirse interrupciones en sus tratamientos, y tanto ellos como el personal médico están sujetos a un alto impacto emocional.A pesar de las dificultades recientes, la atención a los pacientes renales no se ha suspendido, según la Asociación, que representa a más de 400 nefrólogos en el país. Sin embargo, existen temores por la intervención de las EPS, la escasez de medicamentos e inmunosupresores, los retrasos en los pagos a los proveedores de servicios y otros problemas que afectan al sistema de salud.Barros enfatizó la importancia de garantizar la atención y el financiamiento del sistema de salud en este momento de incertidumbre, ya que cualquier interrupción en los tratamientos podría tener consecuencias fatales. Insistió en la necesidad de un debate consensuado para abordar esta crisis, que afecta tanto a los pacientes como al personal médico emocionalmente.“Por eso reiteramos que es urgente garantizar la atención y el financiamiento del sistema en este momento de incertidumbre: muchos pacientes preguntan qué va a pasar con las citas, los tratamientos, los medicamentos, entendiendo que una terapia o una operación suspendida, puede costar una vida”, agregó el presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología.La Asociación realizó un llamado urgente al Gobierno nacional para tomar medidas que aseguren la continuidad de la atención a los pacientes renales y evitar una situación insostenible en el sistema de salud del país.
En una rueda de prensa, Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, aseguró que se encontraron incrementos en gastos operativos injustificados, $104.226 millones en operación de centros médicos y pagos por 64 contratos de arrendamiento por valor de 4.666 millones mensuales. Además de 56.000 mil millones anuales y mejoras por 800 millones en dichos inmuebles.En cuanto a la Nueva EPS, señaló que hay 5 billones de pesos en facturas escondidas y también un incremento del costo médico entre 2022 y 2023 del 58.3 %. A eso se le suma el hallazgo de múltiples contratos sin legalizar, con falta de datos para auditorias adecuadas. En dicha mención se hace referencia también a la responsabilidad que tenían los administradores y dueños de dicha EPS.Leal mencionó que la Fiscalía está llevando a cabo una investigación para identificar a los responsables de estas irregularidades. También relata que la Nueva EPS no cuenta con dictamen ni certificación de estados financieros de 2023, ni tampoco estos fueron aprobados por la Junta Directiva.Al momento de hablar, SOS hizo énfasis en que no hubo procesos reales de monitoreo de los contratos establecidos y que en muchos casos no se realizaban actividades pactadas y aun así se paga la totalidad del contrato. Incluyendo tarifas pactadas por encima del valor actual del mercado, en contratos hechos desde el año 2022.Por otro lado, aseguró que tanto Salud Bolívar como Compensar han solicitado retiro voluntario. Dice que en el caso de la liquidación voluntaria, Compensar no ha entregado los documentos completos y Salud Bolívar apenas ayer hizo la solicitud, por lo que se están verificando los requisitos para iniciar el estudio.Leal hizo un fuerte llamado “espero que las aseguradoras sean lo suficientemente responsables con lo que hicieron (…) si la necesidad de retiro es por miedo a ser investigado y a que se sepa la verdad, yo creo que al contrario, el país debe saber la verdad”, señaló.Adicional a eso habló del presidente de la caja de compensación Familiar Comfandi, quien aseguró que es el mismo presidente de la junta directiva de la EPS. Mencionó sobre el nombramiento de este presidente a miembros de la junta directiva “esto facilitó que la contratación de la red primaria de EPS se hicieran con IPS propias”. Añade que a raíz de eso se evidenciaron contratos irregulares, dejando así al 75 % de esos con desempeños evaluados muy por debajo. Lo anterior refiriéndose nuevamente a SOS.Le puede interesar:
A través de un comunicado, Pacientes Colombia le pidió a la Corte Constitucional declarar un estado de cosas inconstitucional por la situación que vive el sistema de salud en Colombia, esto en medio de la tensa situación que atraviesa el sistemaEn la carta nombran a la procuradora Margarita Cabello, quien expuso otras problemáticas que han causado problemas a los afiliados, pues, según ellos hay un desabastecimiento de medicamentos, falta de recursos, retrasos en los paros destinados al sítio y fallas de metodología de atención."Instamos también respetuosamente a la honorable Corte en optar y/o considerar la declaratoria de un ECI de la salud en Colombia que permita acciones más contundentes a dicha crisis así como la necesidad de poder reunirnos bajo audiencia y seamos escuchadas todas las partes", indicaron desde Pacientes Colombia, compuesta por 198 organizaciones de pacientes.Ante esto, la problemática del sistema de salud generó la intervención forzosa de las EPS por partesde la Superintendencia de Salud y como sucedió recientemente: la petición voluntaria de la salida del sistema de otras entidades.Por su parte, Pacientes Colombia hizo un llamado de atención a la estructura política y de profesionales de salud y pacientes afirmando que, la figura de una declaratoria de un estado de cosa inconstitucional, hace que se tomen medidas que aterricen la necesidad de los pacientes y pueda mejorar la realidad social de la situación del sistema de salud.Esta es la carta:
El debate de control político en la Comisión Séptima del Senado sobre la situación de la salud en el país se enmarca en un contexto de estancamiento legislativo en torno a la reforma integral del sistema de salud. Desde hace meses, el Congreso ha estado discutiendo propuestas de reforma que buscan abordar los problemas estructurales que aquejan al sector, como la falta de acceso equitativo a servicios de calidad, la crisis financiera de las EPS y la necesidad de adaptar el sistema a las diversas realidades culturales y sociales del país.El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expresó su preocupación por la demora en la aprobación de esta reforma, señalando que sin ella, el presidente carece de las facultades necesarias para implementar modelos de atención específicos para comunidades como los indígenas, afrodescendientes y raizales. “Estos modelos, fundamentados en el respeto a la diversidad cultural consagrado en la Constitución de 1991, son cruciales para garantizar un acceso efectivo y adecuado a la atención médica para todos los grupos poblacionales”, señaló.Por otro lado, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, destacó la grave situación de las EPS, resaltando que más de 100 de estas entidades han sido liquidadas debido a problemas financieros y administrativos.“Es triste lo que ha pasado con las liquidadas en este país de 150 EPS, aproximadamente, más de 117 han sido liquidadas y es lamentable decir que ni siquiera hoy la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con la respuesta para poder identificar qué fue lo que ocurrió en cada uno de los casos, esta es la primera vez que se hacen traslados administrativos a los órganos de control cuando se encuentran irregularidades de parte de los liquidadores, y durante este año se ha hecho 38 traslados a los entes de control”, indicó.Finalizó diciendo que era importante destacar que ningún gobierno anterior había mostrado interés en llevar a cabo acciones de inspección, vigilancia y control real sobre las actividades de las EPS. Esta falta de supervisión contribuyó a diversas problemáticas en el sistema de salud que ahora estamos abordando.
De acuerdo con la Clínica Mayo, la neuromielitis óptica como un trastorno autoinmune que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca a sus propias células del sistema nervioso. Esto puede afectar el nervio óptico y la médula espinal.Según un estudio dirigido por el doctor Luis Alfonso Zarco, Colombia tiene una de las tasas de prevalencia más altas de neuromielitis óptica en América Latina. En el país se presentan 5.3 casos por cada 100.000 habitantes, superando a Brasil con la estadística de 4.7 casos por cada 100.000 habitantes.Testimonio de pacienteLina Claudia Santos, madre de dos hijos y paciente de neuromielitis óptica, comenzó a los 11 años a experimentar fuertes síntomas.Los síntomas continuaron con dolores intensos en la cabeza y en el ojo izquierdo, lo que luego le provocaba vómito. Los episodios eran tan fuertes que terminaban en hospitalización, situación que era aún más complicada por la falta de diagnóstico. Después del diagnóstico, reconoció que no fue fácil seguir su día a día, pues era consiente que podría terminar en silla de ruedas o ceguera. Sin embargo, siguió con su vida, es madre y estudió medicina.Los expertos afirman que la neuromilitis óptica es una enfermedad auntoinmune potencialmente devastadora pues los recurrentes ataques al sistema nervioso central pueden llevar a discapacidades permanentes. Según cifras globales, el 41 % de los pacientes pueden perder completamente la visión al menos de uno de sus ojos y 22 % de las personas afectadas requieren un caminados en los 5 años posteriores a la aparición de los primeros síntomas.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.