Una queja disciplinaria y una denuncia penal fueron radicadas ante la Procuraduría y la Fiscalía contra la superintendente Solidaria, María José Navarro por presuntamente desconocer una orden judicial que suspendía la intervención de la entidad.
Según el abogado Julián Quintana, la superintendente “es la arquitecta del desacato al fallo del Tribunal que ordenó restituir la EPS Coosalud a sus legítimos representantes legales”.
Los documentos sostiene que Navarro habría desconocido una medida cautelar emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenaba restablecer la administración de la EPS Coosalud a sus anteriores directivos.
En lugar de acatarla de forma inmediata, como lo exige la ley, la superintendente habría condicionado su cumplimiento a trámites adicionales no contemplados en la decisión judicial.
Incluso cuestionan declaraciones públicas emitidas entre el 17 y el 21 de abril de 2026, en las que la funcionaria se refirió al caso y descalificó a los administradores que debían ser restituidos, lo que según el abogado Quintana afecta la imparcialidad, el buen nombre de los involucrados y la ejecución de la orden judicial.
La queja también señala que la Superintendencia de Economía Solidaria no tendría competencia para intervenir en la administración de Coosalud EPS, al tratarse de una sociedad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, lo que configuraría una extralimitación de funciones.
La entrega de la EPS Coosalud se ha convertido en una verdadera batalla jurídica, hace un par de días denunciaron ante la Fiscalía a Jorge Suárez el interventor de esa EPS.
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