La Fiscalía General de la Nación imputó al empresario los delitos de peculado y prevaricato por omisión dentro de la investigación relacionada con las salidas que realizó desde la cárcel La Picota en 2022. El proceso se reactivó luego de que, en febrero de 2026, una jueza de control de garantías de Bogotá negara el principio de oportunidad con el que Mattos buscaba suspender la acción penal a cambio de la entrega de dos camionetas y otros bienes.Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso sostuvo que, en cuatro oportunidades, las remisiones autorizadas para diligencias médicas fueron desviadas con fines distintos a los establecidos en los actos administrativos que permitían su salida temporal del centro penitenciario.Según el ente acusador, "en esas cuatro oportunidades la remisión fue desviada con el fin de satisfacer los caprichos del señor Mattos y llevar a cabo reuniones, celebraciones y visitas con familiares y amigos, como si fuera una persona del común y no alguien sujeto a un proceso penal con una medida de aseguramiento privativa de la libertad".Uno de los hechos expuestos corresponde al 10 de febrero de 2022. De acuerdo con la Fiscalía, Mattos fue trasladado a la Fundación Santa Fe para un procedimiento de retiro de puntos. La remisión contemplaba el regreso inmediato al penal una vez terminada la cita médica. Sin embargo, la investigación señala que el recorrido fue alterado y que posteriormente se dirigió al edificio Ferrara, inmueble de su propiedad, donde permaneció durante más de una hora antes de regresar.La Fiscalía indicó que situaciones similares ocurrieron en otras tres oportunidades. En una de ellas, según la imputación, Mattos habría abandonado el vehículo oficial asignado para la remisión y abordado un automóvil particular para trasladarse nuevamente al edificio Ferrara. Allí permaneció durante gran parte del día realizando actividades personales, mientras miembros del personal de custodia permanecían en el lugar.La investigación también involucra presuntas presiones ejercidas por el empresario sobre funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). De acuerdo con la fiscal, algunos dragoneantes manifestaron inconformidad con las solicitudes realizadas durante las remisiones y señalaron que Mattos les advirtió que hablaría con directivos de la entidad.Según la exposición de la Fiscalía, esas manifestaciones constituyeron actos de presión e intimidación dirigidos a influir en la actuación de los servidores encargados de la custodia. Para el ente acusador, dichas conductas habrían facilitado que varios funcionarios aceptaran desviaciones de ruta y permitieran actividades que no estaban contempladas en las autorizaciones oficiales de salida.Al finalizar la diligencia, Carlos Mattos no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
El empresario Carlos Mattos, quien por muchos años manejó la representación de la marca Hyundai en Colombia, podría quedar libre en las próximas horas, luego de que el juzgado sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla concediera libertad condicional. La decisión fue emitida el pasado 20 de abril y notificada al Inpec este martes, con el objeto de que se disponga de su libertad, a menos que tenga pendiente algún otro requerimiento por parte de otra autoridad. Según conoció Blu Radio, la decisión fue soportada en que Mattos ya cumplió 3/5 partes de su condena, tasada en 9 años, 5 meses y diez días, teniendo en cuenta que en noviembre de 2021 empezó a contabilizarse su periodo de reclusión. Ante esto, desde el Instituto Penitenciario de Colombia están evaluando si no existe otro requerimiento vigente contra él, teniendo en cuenta que en paralelo también se le adelanta un proceso por sus polémicas salidas de la cárcel 'La Picota' de Bogotá, que involucró el uso de camionetas de la institución para que el recluso se trasladara hasta su oficina a despachar, mientras decía que estaba en citas médicas. Por esto se encuentra enfrentando un proceso por peculado por uso, cohecho y prevaricato por omisión, siendo que en febrero pasado le fue negado un principio de oportunidad que buscaba firmar con la Fiscalía, por lo que tuvieron que seguir las actuaciones en su contra por estas salidas irregulares. Sobre la condena vigente es importante decir que esta fue emitida por los delitos de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo, a título de autor y determinador, y daño informático agravado, en calidad de determinador. Esta condena la empezó a pagar en noviembre de 2021, luego de ser extraditado a Colombia, tras permanecer por varios años en España mientras era señalado e investigado por presuntos sobornos a funcionarios de la rama judicial. Lo anterior, para estaría relacionado con maniobras para influir en el proceso que se adelantaba para definir quién se quedaba con la representación de Hyundai en Colombia.
En el año 2022 el Tribunal Superior de Bogotá, determinó que Álex Vernot sobornó con dos millones de dólares a un testigo que declaraba en el proceso judicial contra el empresario Carlos Mattos, de quien Vernot era abogado.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia del Tribunal que condenó al abogado Álex Vernot a pagar 6 años de cárcel por el delito de soborno a testigos dentro de este proceso.Asimismo, la Sala de Casación libró una orden de captura que se hizo efectiva en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional el Dorado cuando Vernot entraba al país proveniente de EuropaEl caso estalló en 2018 con el escándalo de sobornos dentro del caso del empresario Carlos Mattos, donde el abogado es señalado de ofrecer dinero a cambio de beneficios procesales para su cliente.Este caso está relacionado con el escándalo judicial del empresario Carlos Mattos, quien enfrenta múltiples procesos por corrupción en el país.Según la acusación, Vernot habría ofrecido dádivas a testigos para favorecer los intereses de Mattos en procesos judiciales derivados del litigio por la representación de la marca Hyundai en Colombia.Es de recordar que en 2022 Mattos enfrentó una imputación de cargos por haber salido irregularmente de la cárcel La Picota de Bogotá, en donde se encontraba recluido.En su momento, esas salidas de Mattos ocasionaron el retiro fulminante del director del Inpec, general Mariano Botero, y el director de La Picota, coronel Wilmer Valencia.
La Comisión de Disciplina Judicial confirmó la destitución e inhabilidad por 18 años de la juez 16 Civil Municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, porque incurrió en corrupción judicial al beneficiar con una decisión judicial al empresario Carlos Mattos a cambio de dinero.En un comunicado la Comisión explicó que “la exjuez recibió $30 millones, para que expidiera medidas cautelares contra la firma Global Car World S.A.S, y así impedir la importación de repuestos y vehículos de marca Hyundai, ni utilizar los signos distintivos de la marca y de propiedad industrial, favoreciendo de esta manera al empresario Carlos Mattos, conocido por comercializar esta clase de automotores en el país”.Así mismo, recordó que los hechos que involucran a la funcionaria se presentaron cuando recibió las coimas por parte de Marros – entregado por Dagoberto Rodríguez en una caja de zapatos a mediados de 2016 – como Hernández aceptó en una audiencia de imputación de cargos.Cabe recordar que por este caso la juez fue condenada en segunda instancia, por parte de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de octubre de 2020, por el delito de cohecho impropio, a 20 meses de prisión, multa equivalente a 22.41 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cuarenta (40) meses.Le puede interesar "Condenado a 14 años de cárcel policía que torturó y quemó el pelo a joven en Bogotá":
Este jueves, 19 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá anunció una condena y orden de captura en contra del exjuez Reinaldo Huertas por recibir supuestamente 700 millones de pesos para favorecer a Carlos Mattos en el caso de corrupción de Hyundai. Ahora, este 20 de octubre, este hombre se entregó en compañía de su abogado, Marlon Feria, y se encuentra retenido en la URI de Puente Aranda en BogotáReinaldo Huertas fue juez sexto y debe responder por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones; acceso abusivo a un sistema informático y daño informático en calidad de determinador, además el delito de cohecho en calidad de autor directo por presuntamente favorecer a Carlos Mattos.La relación entre Mattos y HuertasCarlos Mattos está preso por ofrecer dinero a jueces con el fin de obtener beneficios dentro de su negocio con la empresa Hyundai. Según la investigación, Huertas fue uno de los que se dejó sobornar por él; sin embargo, también el hecho salpicó a varios funcionarios judiciales que manipularon el sistema de reparto para que quedara en manos de Huertas.Carlos Mattos tiene dos condenas en su contra: uno por entregarle 100 millones de pesos a la juez Carmen Ligia Hernández y el segundo por también ofrecer dinero a Reinaldo Huertas.Mattos, según el juez, fue declarado penalmente responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo; luego de entregar 100 millones de pesos, por intermedio de un tercero, a la juez 16 civil Carmen Ligia Hernández.Con este monto, el empresario buscaba que se ratificaran las medidas cautelares que favorecieron a su empresa en un litigio comercial con otra firma ecuatoriana, por la comercialización de vehículos Hyundai en la zona andina. Esta decisión se dio a conocer entre marzo y septiembre de 2016.Le puede interesar
Este jueves, 19 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá anunció una condena y orden de captura en contra del exjuez Reinaldo Huertas por recibir supuestamente 700 millones de pesos para favorecer a Carlos Mattos en el caso de corrupción de Hyundai.Reinaldo Huertas fue juez sexto y deberá responder por los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones; acceso abusivo a un sistema informático y daño informático en calidad de determinador, además el delito de cohecho en calidad de autor directo por presuntamente favorecer a Carlos Mattos. "Los testimonios de cargo tuvieron la potencialidad suficiente para derruir la presunción de inocencia del proceso y permitieron a este cuerpo colegiado alcanzar el estándar probatorio exigido por el legislado para dictar, en ese momento, un sentido de fallo condenatorio en contra de Reinaldo Huertas como autor responsable del delito de cohecho impropio y determinador de los punibles de utilización ilícita de redes de comunicación a acceso abusivo a un sistema informático y daño informático", indicó un magistrado durante la audiencia.La relación de Carlos Mattos y el exjuez Reinaldo HuertasCarlos Mattos está presa por ofrecer dinero a jueces con el fin de obtener beneficios dentro de su negocio con la empresa Hyundai. Según la investigación, Huertas fue uno de los que se dejó sobornar por él; sin embargo, también el hecho salpicó a varios funcionarios judiciales que manipularon el sistema de reparto para que quedara en manos de Huertas.Carlos Mattos tiene dos condenas en su contra: uno por entregarle 100 millones de pesos a la juez Carmen Ligia Hernández y el segundo por también ofrecer dinero a Reinaldo Huertas.Mattos, según el juez, fue declarado penalmente responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo; luego de entregar 100 millones de pesos, por intermedio de un tercero, a la juez 16 civil Carmen Ligia Hernández.Con este monto, el empresario buscaba que se ratificaran las medidas cautelares que favorecieron a su empresa en un litigio comercial con otra firma ecuatoriana, por la comercialización de vehículos Hyundai en la zona andina. Esta decisión se dio a conocer entre marzo y septiembre de 2016.Le puede interesar
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, anunció que el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel el Bosque de Barranquilla, fue cerrado. Con esta decisión se dio a conocer que el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, Carlos Mattos y Emilio Tapia serán trasladados a otras cárceles del país. En ese pabellón estaban recluidos 15 presos, que cometieron delitos contra la administración pública.Esta medida la tomó el Inpec para prevenir que se presenten los supuestos privilegios para los funcionarios públicos en ese pabellón de este centro penitenciario ubicado en Barranquilla.‘Kiko Gómez’, condenado por homicidio , fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en La Dorada, Caldas; Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación y, quien enfrenta un proceso de corrupción por falsificar pólizas para quedarse con contratos como el de Centros Poblados y Emcali, sigue en la cárcel el Bosque de Barranquilla, pero será próximamente trasladado y Carlos Mattos, quien fue condenado por sobornar jueces en el caso Hyundai, seguirá en casa hospitalaria, mienras mejora su condición de salud y pueda ser trasladado a una cárcel.El director del instituto, añadió que es falso que ‘Kiko’ Gómez haya recibido privilegios como el de poder entrar y salir de la cárcel como ‘Pedro por su casa’, pero para erradicar cualquier suspicacia, indicó que se tomó la decisión de cerrar este pabellón de funcionarios públicos donde, por mucho tiempo, salieron a la luz pública situaciones donde reclusos gozaban de privilegios dentro del centro de reclusión.Le puede interesa:
El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) le tiene la lupa puesta a los movimientos de tres reclusos que han sido compañeros de patio en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. Se trata de 'Kiko' Gómez, Carlos Mattos y Emilio Tapias, por quienes solicitaron informes detallados con "motivo, destino y fecha" de cada salida que estos han realizado fuera de sus sitios de cumplimiento de condena. A su vez, el director nacional de la institución solicitó apoyo de la Unidad de Policía Judicial para que a estos reclusos les realicen registros fotográficos diarios, una de actividades fuera de la celda y otra al momento de ser devueltos a la misma, para así verificar que estos no estén realizando salidas no autorizadas. Según se expone en el documento, que fue enviado el pasado 23 de mayo a Jim Nelson Muñoz, director de la penitenciaría El Bosque, el coronel Daniel Gutiérrez recibió información sobre supuestas salidas que estarían generándole inquietudes. Ese mismo día respondió Muñoz, quien certificó que el recluso Juan Francisco Gómez Cerchar "solo sale a cumplimiento de diligencias médicas y/o requerimientos judiciales" y que este, a su vez, solo sale custodiado por la fuerza pública. En una segunda comunicación, el coronel Daniel Gutiérrez también pidió reforzar la seguridad de las rejas, programar operativos de control para hacer requisas, con el fin de decomisas objetos no permitidos dentro del establecimiento y cumplir con los horarios del reglamento. Al respecto vale la pena señalar que, desde hace varias semanas, el condenado empresario Carlos Mattos cuenta con hospitalización en casa, debido a los problemas de salud que presenta derivados de presión arterial alta, entre otras patologías. Le puede interesar:
Este lunes, 6 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 9 años, 5 meses y 10 días de prisión y una multa en contra del empresario Carlos Mattos de noviembre de 2022, por sobornos a funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Este fallo en segunda instancia le pone punto final a uno de los dos procesos por los que este fue extraditado desde España a Colombia a finales del 2021.El fallo emitido en primera instancia por el juzgado 30 penal con función de conocimiento no solamente es válido, sino que está acorde con la ley y no como la defensa apeló contra la decisión del juez, según explicó en un documento de 21 páginas el magistrado Alberto Poveda Perdomo.También detalló que no hay lugar para las nulidades como lo solicitó la defensa, pues la Fiscalía General de la Nación actuó de acuerdo con lo que establece la ley en lo que se refiere al preacuerdo y, al considerar que no era efectivo para el esclarecimiento de los hechos, podía retirarlo.“Sobre la nulidad propuesta: no se lesionó el debido proceso ni se afectaron derechos fundamentales cuando la Fiscalía se negó a tramitar un nuevo preacuerdo. En relación con este tópico emerge con claridad que el recurrente incurre en un error sobre el momento a partir del cual resultan vinculantes los convenios que versan sobre la culpabilidad del procesado. Es así porque pretende confeccionar obligaciones negociales que el ente investigador no tiene”, señala la sentencia de segunda instancia.Le puede interesar: 'Noticias del día'
El abogado Jesús Albeiro Yepes, apoderado de Carlos Mattos, se pronunció luego de la decisión provisional o transitoria por parte del Tribunal Superior de Barranquilla de concederle la detención hospitalaria en su casa y aseguró que se debe a las crisis médicas que ha sufrido en los últimos meses y que se han agravado desde el pasado 5 de enero, cuando fue internado en una clínica de Barranquilla.Mattos presenta síndrome coronario agudo tipo IAM SEST, síncope de probable origen cardiogénico además de las múltiples enfermedades con las que ha sido diagnosticado entre ellos cáncer de próstata, confirmó el abogado Yepes.“Se toma como medida especial transitoria de protección de sus derechos fundamentales ordenar al director de la cárcel El Bosque de Barranquilla, que en un término máximo de 12 horas contadas a partir de la notificación de esta Providencia si aún no lo hubiera sido atendida la medida provisional ordenada con la admisión de lo ordenado por el médico tratante y efectuando el traslado con las seguridades y recomendaciones médicas del caso del interno Carlos José Mattos Barrero”, explicó el documento del Tribunal Superior de Barranquilla.Cabe recordar que, Mattos fue condenado por el delito de cohecho por dar u ofrecer a través de una tercera persona, además, hizo llegar 100 millones de pesos a una juez civil de Bogotá para que reafirmara una decisión que favorecía a su empresa y le permitía comercializar en Colombia los vehículos de una reconocida multinacional coreana.El Tribunal estimó urgente y necesario el trasladado del empresario a su hogar de residencia, teniendo en cuenta que su situación médica requiere de una atención constante y especializada con acompañamiento personal, su abogado confirmó que el Inpec no cuenta con los equipos necesarios para garantizar la salud y la vida de Carlos Mattos.Le puede interesar:Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?
El presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de justicia, Iván Cancino, firmaron dos resoluciones que autorizan las extradiciones de alias ‘Allende Perilla’ y de ‘Larry Changa’.Es importante recordar que ‘Allende’ es un cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que hizo parte de las mesas de diálogo en la paz total del anterior gobierno. En este momento, ‘Allende’ se encuentra prófugo de la justicia.“Conceptúa favorablemente la solicitud de extradición elevada por el gobierno de Estados Unidos de América respecto al ciudadano colombiano Allende Perilla para que comparezca a juicio en la corte distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir”, se lee en la resolución.La otra extradición que fue confirmada en las últimas horas es la de Larry Amury Álvarez, conocido como ‘Larry Changa’, un jefe del Tren de Aragua que es requerido por la justicia chilena por los delitos de asociación ilícita y por dos secuestros.‘Larry Changa’ fue detenido durante un operativo en el Quindío, donde se escondía con una identidad falsa, se hacía pasar por comerciante y tenía el propósito de extender las redes de esa organización.El Ministerio de Defensa explicó que el fundador del Tren de Aragua llegó con documentos falsos a Colombia en 2022, procedente de Chile, donde lideraba la banda y cometió varios delitos.
Para muchas empresas colombianas, la información financiera todavía está repartida entre hojas de cálculo, correos electrónicos, carpetas y otras plataformas. Esta fragmentación puede convertir tareas cotidianas en procesos que requieren más tiempo y aumentar la dificultad para mantener la información actualizadas y, además, una de las razones por las que pierden tiempo, dinero y tranquilidad frente a la DIAN.El problema aparece cuando contabilidad, nómina y documentos electrónicos funcionan de manera independiente. En esos escenarios, los equipos deben trasladar datos de un sistema a otro, revisar archivos y buscar soportes antes de completar determinadas tareas administrativas. También puede resultar más difícil consultar el estado del negocio cuando los reportes no están disponibles de manera centralizada. La información dispersa limita el acceso inmediato a los datos necesarios para hacer seguimiento a la operación y puede incrementar la posibilidad de que se produzcan errores o se omitan procesos relacionados con las obligaciones fiscales vigentes.Una de las alternativas para enfrentar este escenario es integrar la gestión empresarial en una sola plataforma. En Colombia, Helisa desarrolla soluciones de software contable y administrativo y cuenta con más de 38 años de trayectoria acompañando a empresas de diferentes sectores.La compañía ha desarrollado su oferta a medida que han cambiado las necesidades de gestión y los procesos asociados a la información financiera en Colombia. Su propuesta reúne diferentes funciones, entre ellas se encuentra la contabilidad general, con reportes actualizados y disponibles en tiempo real; la facturación y la nómina electrónica, vinculadas con los requisitos vigentes de la DIAN; además de herramientas para organizar soportes y documentos electrónicos.La plataforma también contempla la administración de cuentas por pagar y por cobrar desde un entorno centralizado. A esto se suma una solución para propiedad horizontal, dirigida a la administración de conjuntos residenciales y edificios, así como a instituciones educativas bajo este régimen.Otro componente es el acceso en la nube, que permite consultar la información desde diferentes lugares y en distintos momentos, de acuerdo con las características de esta modalidad.Herramientas dirigidas a necesidades específicasHelisa Talentos concentra procesos relacionados con la gestión del talento humano, incluyendo la administración del personal, el seguimiento de novedades y la información de los colaboradores junto con la nómina.Por su parte, Kora está orientado a empresas de transporte de carga terrestre y permite gestionar aspectos de su operación logística y administrativa teniendo en cuenta las particularidades de este sector en Colombia.Para una empresa que evalúa incorporar un software contable, existen varios aspectos que pueden ser revisados antes de tomar una decisión. Uno de ellos es la actualización de la herramienta frente a los cambios normativos, especialmente por la frecuencia con la que se modifican las disposiciones fiscales.Antes de elegir un software contable, hágase estas preguntasSi está considerando dar el paso hacia la digitalización de su contabilidad, estos son los puntos que vale la pena evaluar:1. ¿Está actualizado frente a los últimos cambios normativos? La norma fiscal cambia con frecuencia; su software debe seguirle el paso.2. ¿Ofrece respaldo y seguridad para su información? Los datos financieros de su empresa son demasiado valiosos para dejarlos expuestos.3. ¿Qué trayectoria tiene la compañía detrás del software? La experiencia importa, especialmente en un tema tan sensible como las finanzas de su empresa.También es relevante conocer las condiciones de respaldo y seguridad de la información, debido al valor de los datos financieros que administra una organización. La trayectoria de la compañía responsable del software constituye otro elemento que puede formar parte de la evaluación.Centralizar estos procesos permite reunir en un mismo entorno funciones que tradicionalmente pueden permanecer separadas. Para empresas que buscan reducir tareas manuales y disponer de información organizada, este tipo de herramientas plantea una alternativa para administrar la contabilidad, la nómina, la facturación y los documentos electrónicos desde una misma plataforma.¿Dónde centralizar la contabilidad de su empresa para ahorrar millones?¿Una o varias de las situaciones por las que atraviesa su empresa son similares a las mencionadas?, ¿ha estado pensando en centralizar su contabilidad para evitarse más problemas? En este enlace encontrará una opción segura, rápida y eficiente.
Ambientalistas y defensores de los animales están pidiendo a las autoridades investigar la muerte de un leopardo registrada en Bucaramanga, luego de que se conocieran versiones según las cuales el animal habría permanecido en un apartamento del barrio Cabecera y posteriormente habría sido dejado junto a un árbol, en un jardín de la zona.El caso generó preocupación entre organizaciones y ciudadanos que reclaman esclarecer las circunstancias en las que murió el animal y establecer si se presentó algún tipo de maltrato.Ante la situación, el Edificio La Cabecera P.H., a través de su apoderado judicial, Acevedos Abogados y Asociados S.A.S., emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que la protección animal y el cumplimiento de la normatividad hacen parte de sus prioridades.La copropiedad señaló que ha colaborado con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.En el comunicado, firmado por el representante legal Carlos Fernando Acevedo Supelano, la administración precisó que, según los elementos conocidos hasta el momento, lo ocurrido correspondería presuntamente a una actuación individual y aislada, y no a una decisión, política o actuación de la copropiedad.El edificio también pidió evitar generalizaciones o señalamientos contra los residentes y los órganos de administración, mientras las autoridades determinan las circunstancias y eventuales responsabilidades.Juan Sebastián Mejía, médico veterinario de la CDMB, explicó que durante la revisión general encontraron múltiples contusiones y algunas fracturas, por lo que la principal hipótesis apunta a un trauma, posiblemente provocado por un atropellamiento.“Se logra identificar diferentes contusiones, lo cual conlleva que lo más probable de la muerte del paciente haya sido una contusión, posiblemente por algún atropellamiento”, explicó el veterinario.Sin embargo, las autoridades ambientales investigan cómo llegó este ocelote hasta una zona urbana de Bucaramanga, teniendo en cuenta que no es una especie habitual del sector.La CDMB anunció que adelantará la investigación para establecer el posible origen del animal y conocer las circunstancias que rodearon su llegada a este punto de la ciudad.Finalmente, informó que fueron adoptadas medidas internas para reforzar el cumplimiento de las normas relacionadas con la tenencia y protección de animales, así como la sana convivencia dentro de la copropiedad.
El juez 30 Civil del Circuito de Bogotá negó la acción de tutela presentada contra el Gobierno Nacional por la publicación de imágenes en las que aparecían cuerpos envueltos en bolsas, luego de una operación militar. La decisión dejó sin efectos la medida provisional que había ordenado abstenerse de difundir ese material mientras se resolvía de fondo la acción.La tutela había sido promovida por el representante Santiago Osorio Marín y el ciudadano Javier Ricardo Cabrera Cruz, quienes cuestionaron la publicación de las imágenes y alegaron posibles afectaciones relacionadas con la dignidad de los fallecidos y la exposición de niños, niñas y adolescentes a contenidos violentos. Sin embargo, el juez concluyó que ninguno de los accionantes acreditó las condiciones necesarias para actuar en representación de las personas cuyos derechos presuntamente habrían sido afectados. En el caso de Cabrera Cruz, no se demostró parentesco con las personas fallecidas, ni representación de sus familiares. Tampoco se acreditó que estos estuvieran imposibilitados para acudir directamente a la justicia.“Javier Ricardo Cabrera Cruz no demostró vínculo de parentesco con las personas fallecidas ni representación de sus familiares; tampoco explicó que estos se encontraran imposibilitados para promover directamente la defensa de sus garantías”, señaló el juez.Frente a Santiago Osorio Marín, quien manifestó actuar en favor de todos los niños, niñas y adolescentes del territorio nacional, el despacho consideró que tampoco se identificó un menor determinado que hubiera visto las publicaciones o sufrido una afectación concreta.“Si bien la protección prevalente de la niñez flexibiliza las exigencias propias de la agencia oficiosa, no suprime la necesidad de establecer, cuando menos, un sujeto o grupo determinable, la amenaza que recae sobre sus derechos y las razones que hacen necesaria la intervención de un tercero”, sostuvo el juez. El despacho también diferenció entre la publicación de las imágenes y el manejo de los cuerpos después de la muerte. Sobre este último aspecto, concluyó que no había pruebas de actuaciones contrarias al respeto debido a los cadáveres.La decisión señala que los cuerpos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizaron los procedimientos de identificación correspondientes, y posteriormente quedaron disponibles para ser entregados a quienes acreditaran las condiciones exigidas para reclamarlos.El juez agregó que tampoco se acreditó una demora injustificada, ocultamiento, negativa de acceso o restricción arbitraria que hubiera impedido a los familiares realizar los ritos funerarios o afectado su proceso de duelo.En cuanto a la exposición de menores de edad a imágenes de violencia, el despacho reconoció que este tipo de contenidos puede representar un riesgo para su bienestar emocional y desarrollo integral. Sin embargo, consideró que en este caso no se acreditó una afectación concreta.“No se identificó a algún menor que hubiese observado los videos ni se allegaron valoraciones médicas, psicológicas o familiares que permitieran establecer una afectación atribuible a su contenido”, se lee en la decisión.Aunque negó la tutela, el juez hizo una consideración frente a la manera en que las autoridades deben comunicar este tipo de hechos. Señaló que los resultados de una operación pueden ser divulgados utilizando mecanismos menos invasivos frente a la dignidad, la memoria y la imagen de las personas fallecidas, así como respecto de la intimidad de sus familias.En ese sentido, el despacho pidió al Gobierno “ponderar y evaluar la proporcionalidad” al momento de compartir imágenes de cadáveres y material relacionado con hechos violentos, incluyendo la posibilidad de utilizar advertencias previas o restricciones de visualización.Finalmente, el juez concluyó que, ante la falta de una afectación concreta y la ausencia de víctimas individualizadas dentro de la acción, no era procedente impartir órdenes de retiro, sanción o regulación general sobre los contenidos publicados en redes sociales.
El avance del Escudo de las Américas y la eventual activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) abren un nuevo escenario de cooperación regional para enfrentar el narcotráfico, pero también plantean interrogantes sobre el alcance de las operaciones militares y la participación de países como Colombia. Así lo explicó José Luis Rodríguez León, exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), en entrevista con Mañanas Blu.El experto recordó que el TIAR no es un mecanismo nuevo. El tratado fue suscrito en 1947, antes incluso de la creación de la OEA y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y ha sido utilizado en 24 ocasiones. Su propósito contempla mecanismos de asistencia recíproca entre los países miembros frente a determinadas amenazas.Rodríguez León señaló que el actual debate parte de una solicitud para convocar una reunión de consulta que permita poner en marcha el órgano de consulta del TIAR. Para el exasesor de la OEA, el proceso tiene una ruta institucional definida y no implica, necesariamente, la creación de una fuerza militar multinacional.Así funcionaría la activación del TIARDe acuerdo con la explicación entregada durante la entrevista, el primer paso consiste en presentar formalmente la solicitud ante el Consejo Permanente de la OEA. Posteriormente, los países que actualmente hacen parte del TIAR deberán votar sobre su activación.“Para que se pueda activar un mecanismo como el del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, existen unos pasos dentro de la OEA”, explicó Rodríguez León.El especialista indicó que actualmente son 19 los países miembros del tratado y que para aprobar su activación se requieren dos terceras partes de los votos, es decir, 11 países. Una vez superado ese trámite, se convocaría una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, escenario en el que se discutirían y votarían las medidas correspondientes.Según su interpretación del procedimiento anunciado, la activación podría concretarse en un plazo aproximado de un mes si se mantienen las condiciones políticas necesarias para alcanzar la mayoría requerida.Narcotráfico, el eje del Escudo de las AméricasEl combate al narcotráfico aparece como uno de los principales objetivos del mecanismo. Sin embargo, Rodríguez León planteó que la respuesta regional no debería concentrarse exclusivamente en las operaciones militares o represivas.“Todo lo que se puede hacer de políticas coordinadas a nivel hemisférico para combatir el flagelo del narcotráfico es más que bienvenido”, manifestó, aunque advirtió que la problemática debe abordarse desde diferentes frentes.En su análisis, la estrategia debería contemplar toda la cadena del narcotráfico, desde la prevención hasta las medidas de carácter judicial y las discusiones sobre despenalización. También llamó la atención sobre la transformación del mercado de drogas y el crecimiento de los estupefacientes sintéticos, entre ellos el fentanilo.El exasesor recordó además un estudio elaborado por la OEA después de la Sexta Cumbre de las Américas, realizada en Cartagena en 2012. Según explicó, el documento presentado en 2013 planteó diferentes escenarios sobre el problema de las drogas en el continente y contó con la participación de representantes de organismos de seguridad, fuerzas armadas y sectores privados.Colombia y las operaciones militaresUno de los principales interrogantes está relacionado con el papel que tendría Colombia dentro del nuevo esquema de cooperación. Rodríguez León señaló que la posición geográfica del país, con costas sobre el Caribe y el Pacífico, lo convierte en un punto relevante dentro de las rutas del narcotráfico.El exasesor también cuestionó el alcance que podrían tener eventuales operaciones contra embarcaciones utilizadas para transportar drogas y planteó interrogantes sobre el respeto de las normas del derecho internacional.A su juicio, una estrategia exclusivamente basada en la fuerza no ha resuelto el problema del narcotráfico. “Si no se atacan todas y cada una de las cadenas del narcotráfico, desde el tema de prevención hasta eventualmente el tema de despenalización, sencillamente estamos solamente buscando uno de los aspectos importantes”, sostuvo.¿Habría tropas extranjeras en Colombia?Otro de los puntos centrales de la conversación fue la posibilidad de que la activación del TIAR permita operaciones militares conjuntas en territorio colombiano. Rodríguez León explicó que, a partir de la información que conocía del comunicado, la interpretación inicial es que cada fuerza militar actuaría dentro de su propio territorio, aunque bajo un mecanismo de coordinación regional.“No sería una fuerza multilateral de la OEA para actuar en otros países”, señaló. Esta distinción resulta relevante para el caso colombiano. El entrevistado explicó que, si se planteara una presencia de militares extranjeros en territorio nacional, entraría en juego el procedimiento constitucional correspondiente.“En caso de que fuera una actitud contraria, como bien sabes, se necesita la aprobación del Congreso de Colombia para que pueda haber presencia de militares de otros países en territorio colombiano”, afirmó.De esta manera, el debate sobre el Escudo de las Américas, el TIAR, la cooperación militar y la lucha contra el narcotráfico queda ligado a una discusión más amplia sobre los límites de la cooperación internacional y las competencias de cada Estado.Para Rodríguez León, la activación del mecanismo puede avanzar por los canales institucionales de la OEA y del TIAR, pero el alcance concreto de las medidas dependerá de las decisiones que adopten los países participantes y de las condiciones jurídicas aplicables en cada territorio.
