El juez 30 de conocimiento condenó a nueve años y cinco meses de prisión al empresario Carlos Mattos, como responsable de los delitos de cohecho y daño informático, por sobornar al juez sexto civil del circuito, Reinaldo Huertas. El abogado del empresario interpondrá recurso de apelación con el que buscará que el Tribunal Superior de Bogotá baje la pena.Además, el empresario deberá pagar una multa de 701 SMMV y no podrá ejercer cargos públicos durante 8 años.“Finalizando el 2015, el ciudadano Carlos José Mattos se reunió con Dagoberto Rodríguez, solicitándole que le consiguiera una reunión con el juez sexto civil, Reinaldo Huertas. Se corroboró que en esa reunión se aceptó y se materializó el domingo siguiente en el apartamento de la calle 92, en donde Mattos le manifestó al funcionario judicial que le iban a asignar un proceso, que necesitaba que le decretara una medida cautelar, prohibiéndole a Hyundai Motors Company vender vehículos si no era a través de Hyundai Colombia Automotriz, de propiedad de Mattos, decisión que se debía mantener durante un año”, explicó el juez.Además, añadió: “Se acreditó que el incriminado le transmitió al juez y al oficial mayor que por el favor que se relacionaba con sus funciones le iba a reconocer 700 millones de pesos”.Con el soborno, el empresario logró que se manipulara el reparto y que su proceso fuera asignado al juez Huertas, con el que hizo el pacto para que decretara la medida cautelar a su favor. Incluso, según la investigación, se había pactado una prima de éxito por cerca de 2.000 millones de pesos.Se trata de la primera condena en su contra por el soborno a jueces de la República. Está pendiente de que, en las próximas semanas, el juez 11 de conocimiento de Bogotá profiera la segunda condena en su contra, por la que la Fiscalía pidió 63 meses de prisión por haber sobornado a la juez Ligia del Carmen Hernández.“No tengo palabras para ver la injusticia con la que se me está juzgado”, dijo Mattos al conocer la primera sentencia en su contra.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
La Fiscalía pidió al juez 11 de conocimiento de Bogotá que condene al empresario Carlos Mattos a la pena de 63 meses de prisión por haber sobornado a la juez Ligia del Carmen Hernández. Esto, después de que, en la misma audiencia, el empresario aceptara los cargos en este proceso por el delito de cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía dejó a discreción del juez la rebaja de la pena.De otro lado, la Procuraduría pidió una pena de 48 meses prisión y el abogado de Mattos, Omar Suárez, pidió que la condena no sea superior a 32 meses de prisión y que sea trasladado a Barranquilla, que es su ciudad de arraigo, ya sea la cárcel o el centro de reclusión militar de la misma ciudad.Mattos volvió a tomar la palabra para pedir disculpas por el daño causado.“Me acojo al llamamiento a cargos frente al delito de cohecho. Este allanamiento es consensuado e informado y analizado por mi parte, con lo cual no existe posibilidad alguna de expresar que haya constreñimiento alguno o que se me esté induciendo a un error frente a las consecuencias jurídicas que hoy asumo ante su despacho", señaló Mattos."Quiero manifestar que si la Fiscalía desde el momento de la imputación hubiese tenido en cuenta mi condición de ciudadano español, no se me hubieran imputado delitos que no existen en España como delitos y desde ese mismo día hubiera aceptado los cargos. Imploro a la magistratura que se me permita cumplir mi condena en un sitio mas acorde con mi estado de salud y que se me permita acceder a los tratamientos médicos que requiero, por mis quebrantos físicos. Que se me permita ser un reo en condiciones dignas. Colombia, mil disculpas por los daños causados”, agregó.El juez 11 de conocimiento de Bogotá programó para el próximo 7 de junio a las 9:00 de la mañana la lectura de la sentencia contra el empresario Carlos Mattos.Es preciso recordar que el próximo viernes 22 de abril, el juez 30 de Conocimiento de Bogotá dará a conocer a cuántos años de prisión condenará al empresario Mattos por el soborno de 700 millones de pesos al exjuez civil Reinaldo Huertas. En este caso, la Fiscalía solicitó una condena de 95 meses de prisión.Así las cosas, quedará en manos de un juez de ejecución de penas la decisión final sobre el tiempo que deberá permanecer Mattos en la cárcel por cuenta de las dos sentencias que se proferirán en su contra.Escuche el podcast El Camerino:
Cómo lo anticipó BLU Radio, el empresario Carlos Mattos realizó este martes, 19 de abril, la consignación a la rama judicial por la suma de $3.731.310.000.00, que corresponden a 1 millón de dólares, como reparación a la justicia por el daño causado con el escándalo de la compra de decisiones judiciales.La transacción se dio gracias a un acuerdo que firmó Mattos en el que se comprometía a pagar 500.000 dólares por cada uno de los dos procesos que le llevaban por sobornar a los jueces Ligia del Carmen Hernández y Reinaldo Huertas.Es preciso recordar que el próximo 22 de abril se conocerá la primera condena contra Mattos por el soborno a Huertas. Por otro lado, el próximo 21 de abril, la defensa del empresario Omar Suárez insistirá en que se le dé un preacuerdo y de no proceder aceptaría cargos por los hechos.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba beta:
Después de cinco meses de su extradición, el empresario Carlos Mattos aceptó cargos por los delitos de cohecho y daño informático. El juez 30 de conocimiento de Bogotá avaló la aceptación de cargos y fijó para el 22 de abril, a las 8:00 de la mañana, la lectura de la sentencia en contra del empresario.La Fiscalía le solicitó al juez que lo condene a una pena de 114 meses de prisión que, con la rebaja de ley, que es una sexta parte por la etapa procesal en la que se encuentra, quedaría en 95 meses de cárcel. Asimismo, la Fiscalía pidió que no se le aprueben beneficios como la casa por cárcel o la suspensión de la pena.Asimismo, el delegado de la Procuraduría hizo una extensa exposición de porqué Mattos debería recibir una condena ejemplar. Dijo que con su conducta mandó el mensaje equivocado de que las decisiones judiciales se compran.“A la hora de sancionar el concurso, el Ministerio Público le solicita que se envíe un mensaje claro a la sociedad y que las penas cumplan la función para las que están determinadas, señalando la gravedad del delito e imponiendo por ese delito una pena que corresponda con la gravedad del comportamiento y el daño ocasionado por mandar el mensaje equivocado de que las decisiones judiciales tienen precio”, dijo el delegado de la Procuraduría.Por su parte, Mattos volvió a pedir perdón a la sociedad colombiana por sus conductas y pidió que lo trasladen a una cárcel acorde con sus necesidades de salud.“No es justificable haber tomado tan malas decisiones. Quiero indemnizar a las víctimas y que eso sirva para la formación de los miembros de la judicatura y tratar de resarcir el daño causado. Su señoría, hoy asumo el compromiso como garante de la justicia y de la no repetición y lo que resta de mi vida, que de por sí ya es corta. Por último, imploro a la magistratura se me permita cumplir mi condena en un sitio de reclusión más acorde con mi estado de salud y que se me permita acceder a los tratamientos médicos que requiero por mis quebrantos físicos. Que se me permita ser un reo en condiciones dignas. Colombia mil disculpas”, leyó Carlos Mattos.Antes de la aceptación de cargos de Mattos, el juez 30 de conocimiento de Bogotá accedió a la solicitud de la Fiscalía y que precluyera la investigación que se le llevaba por los delitos de acceso abusivo a sistema informático y utilización indebida de redes de comunicaciones. Es decir, Mattos será condenado solo por dos de los cuatro delitos por los que la Fiscalía pretendía llevarlo a juicio.El giro en el proceso, que abrió la puerta a una sentencia anticipada, se dio porque solo hasta el mes de diciembre del 2021 el Gobierno de España informó que avalaba la extradición por dos de los cuatro delitos por los que era requerido. Lo anterior, porque los otros dos delitos, que son acceso abusivo a sistema informático y utilización indebida de redes de comunicaciones, no existían como delitos en ese país.La Fiscalía consultó a la Cancillería de Colombia y a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y el 29 de marzo fue notificada de que, según los tratados internacionales, no podría llevarlo a juicio por los delitos mencionados, por lo que este jueves, 7 de abril, solicitó la preclusión de estos.El próximo 22 de abril se conocerán los detalles de la sentencia en su contra.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
Después de cinco meses de su extradición y de todos los “ires y venires” del proceso, el empresario Carlos Mattos aceptó cargos son por los delitos de cohecho y daño informático. Esto, después de que el juez 30 de conocimiento de Bogotá accediera a la solicitud de la Fiscalía y precluyera la investigación que se le llevaba por los delitos de acceso abusivo a sistema informático y utilización indebida de redes de comunicaciones. Es decir, Mattos será condenado solo por dos de los cuatro delitos por los que la Fiscalía pretendía llevarlo a juicio.Esto, según expertos penalistas, podría significar una pena, aproximada, ya no de nueve años de prisión, sino de seis años de prisión.El giro en el proceso que abrió la puerta a una sentencia anticipada se dio porque solo hasta el mes de diciembre del 2021 el Gobierno de España informó que avalaba la extradición por dos de los cuatro delitos por los que era requerido. Lo anterior porque los otros dos delitos, que son acceso abusivo a sistema informático y utilización indebida de redes de comunicaciones, no existían en ese país.La Fiscalía consultó a la Cancillería de Colombia y a la Dirección de Asuntos Internacionales; el 29 de marzo fue notificada que, según los tratados internacionales no podría llevarlo a juicio por los delitos mencionados, por lo que este jueves solicitó la preclusión de los mismos.A las 2 de la tarde, el juez 30 de conocimiento dará el aval a la aceptación de cargos y así quedaría automáticamente condenado por los delitos de cohecho y daño informático. El tiempo de la pena y los detalles de la sentencia se conocerían en los próximos días.Escuche el podcast El Camerino:
El nuevo abogado del empresario Carlos Mattos, Omar Suárez, tomó la decisión de recusar a los fiscales que desde hace años han llevado la investigación por los sobornos a jueces en el caso Hyundai, Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, quienes han logrado múltiples condenas por los hechos.La razón es que se les avecina una investigación por la negociación que hubo alrededor de los dos preacuerdos fallidos a Mattos y que el abogado Iván Cancino puso en tela de juicio en unas conversaciones con el periodista Gonzálo Guillén.“Tendría, y así lo haremos, que recusar al doctor Daniel Hernández y al doctor Álvaro Betancourt, porque como ellos mismos dijeron ‘debemos ser investigados’. Entonces, cómo hago, qué garantías habría si a ellos los están investigado por esto mismo. No lo quisiéramos hacer, queremos dar la terminación anticipada al proceso (preacuerdo)”, dijo el abogado.La única intención de Mattos y su abogado es insistir en que se le dé un preacuerdo con el fin de que este acepte su responsabilidad, se le condene por los hechos y reciba una rebaja en la pena.Con la recusación se frenaría el juicio en contra del empresario y sería el despacho de la vicefiscal Martha Mancera la que defina si los fiscales son aptos o no para continuar en el proceso.
A través de una carta, el nuevo abogado de Carlos Mattos, Ómar Juan Carlos Suárez, le solicitó al fiscal general, Francisco Barbosa, que le dé continuidad a los preacuerdos pactados.Alguno de los argumentos son que Mattos mantiene su empeño de aportar a la verdad y reparar a las víctimas; que Mattos no puede salir afectado por los problemas que tuvieron sus abogados, y que las denuncias de los medios de comunicación no deberían afectar el proceso.Finalmente, el abogado dice que está convencido en que el fiscal aplicará el ordenamiento procesal.Incautación de gafas a abogada de MattosEl Inpec confirmó que le fueron incautadas unas gafas a una abogada de Carlos Mattos, cuando esta pretendía ingresar a la cárcel de Cómbita, en Boyacá.Las autoridades están revisando con Policía Judicial si el elemento tiene la función de grabar. Esto, porque es uno de los elementos que son prohibidos de ingreso al establecimiento penitenciario.
En una acción de tutela presentada por Gonzalo Guillén por la supuesta violación y amenaza de los derechos e intereses colectivos a la verdad, en medio del caso en contra del empresario Carlos Mattos, el periodista reveló una extensa conversación que tuvo con el abogado principal de Mattos, Iván Cancino, sobre el polémico preacuerdo que terminó tumbando un juez.Guillén dice que, supuestamente, la Fiscalía le exigió a Mattos que para darle el preacuerdo debía hablar de Guillén.“Exigirle al señor Mattos que como única condición para acceder a un preacuerdo que sostuviera el suscrito, dijera que había recibido unos estipendios con el único objeto de desprestigiar la Fiscalía, aseveración que aparte de injuriarme y calumniarme afectó el derecho a la verdad que le corresponde a la sociedad colombiana en su emisión y recepción”, dice la demanda popular en la que Guillén dice que actúa en defensa del periodismo como víctima y la verdad real.Guillén asegura que una conversación con Cancino muestra que es víctima del proceso.“La única cosa que, digamos, que tiene mucha certeza, que publicó Darcy Quinn, no sé quién le daría la nota, yo creo que fue alguien de la oficina o familia de Carlos, es que llega a este tipo Sánchez y le cobra 900.000 dólares, una locura. Y le dice: 300.000 de anticipo y yo le ayudo a cuadrar la negociación. Cuando uso la palabra "cuadrar" no me consta que haya sido algo malo, pero con ese dinero, uno no sabe (…) Yo he cobrado muy bien mensualmente, pero en tres años he reunido esa suma. Y yo no voy a decir que no he cobrado bien, pero son tres años, no en dos meses. Y empiezo a sentir yo el codo y (inaudible) ¿qué es lo que sucede? Claro, Emilio Tapia, bravo conmigo, pues cuando yo represento al Ministerio de Comunicaciones, él pide una audiencia para irse para Malambo. Yo me opongo, no señor. Primero la competencia no es el juez de Malambo, segundo, usted no ha reparado, me le opongo durísimo. Entonces ve en Carlos dos cosas: plata y posibilidad también de empezar a darme codo. Y Sánchez llega y empieza a decir no negocio, cuando de pronto viene el golpe mortal. El fiscal Betancur le manda una carta diciéndole "no negociamos con usted", y Sánchez había dicho que era su mejor amigo. Y otro plus muy importante ahí, el fiscal general de ese tiempo fue muy inteligente y dijo, aquí pasó algo. No sé si usted sabe de una famosa llamada que hicieron desde la cárcel, que también Daniel Coronell la (inaudible) con pelos y señales”, dice el documento.Entonces, hablan de la llamada que Mattos tuvo con fiscales, en la que les solicitó colaboración.“Que la llamada es ilícita porque ellos no podían tener celular, ¿no? Por ahí a una fiscal la botaron por eso ¿no? (…) Los dos fiscales del caso, que son más perros que un gato, como decía mi papá, la llamada, tal, pero apenas colgaron, constancia, fiscal, ta, tá, chao. Y ahí vino el problema. Entonces, ahí sí, Carlos, ‘Ivancito, ven me ayudas’... Ahora sí. Entonces voy, me acerco, y ellos reticentes. Yo creo que, a Betancourt, Sánchez le tuvo que contar cuánto cobró y Betancur le dijo ‘venga, venga miramos a ver qué se hace’, se abre la negociación y el lunes se cierra. Yo voy al búnker con Alejandro, con Laura, la abogada que aparece ahí con él, que es conocida mía, hechura mía, pues, y yo hablo con Carlos y le explico. Y antes de salir, que estábamos en 48 meses de cárcel, una indemnización cuyo máximo era dos millones de dólares, unas excusas públicas, el pago de la multa, que aquí nadie paga la multa de una y reconocer los hechos con una salvedad: que en el apartamento de Carlos Mattos nunca se dio plata. Y eso es cierto”, añade el documento.La llamada sobre el preacuerdoSegún Cancino, la Fiscalía le dijo a Mattos que hablara sobre pagos a Guillén y accedió a pesar de que nunca, supuestamente, le había comentado algo sobre el tema a Cancino.“Cuando llegan los fiscales, me voy parando yo, y de pronto, voy veo en la puerta, (inaudible) bueno, ahora sí el interrogatorio del tema de Gonzalo sobre que usted le pagaba para desacreditar a la Fiscalía. Me devuelvo y le digo: Carlos, eso no pasó. Ah, pues entonces no hay negociación y nos paramos. Yo dije, hijueputa, ¿y yo qué hago? Denos 10 minutos. Y le digo a Sánchez y le digo a Carlos y le dije a Laura, porque yo sí dejé a Laura de garante, Tú no puedes meterte con los temas que no son ciertos, por más de que la Fiscalía... Y le voy a decir las palabras textuales, le dije: primero, porque Gonzalo Guillén es un enemigo muy fuerte, y se lo reconozco. Le dije, no es ningún pendejo y no se va a quedar (inaudible). Segundo, tú nunca me has hablado de eso. Yo llevo contigo cinco años y yo soy tu memoria histórica. Y tercero, tú ya no te acuerdas de nada. Entonces, hoy te reciben un interrogatorio, tú dices algo, en un mes dices otra pendejada, no es lógico. Pero como ustedes no me quieren a mí, yo aquí les dejo el champú y me voy. Tres de la tarde me llama Carlos, "no, este señor no sirve pa' un culo. Ven y arregla. Vuelvo y ya no son 48 meses, ya son ochenta y pico que quedan en cincuenta y seis”, dice.La conversación sigue“De los dos fiscales, dicen, tenemos es una deuda con el señor Gonzalo Guillén, porque nos ha jodido, porque nos ha dado. ¿Qué es lo que quieren que diga? Que se le pagó para... Eso no pasó. Y le dije: mire, yo conozco la defensa de Carlos Mattos de arriba para abajo. Carlos me contaba las cosas, (inaudible) hay cosas que se me salen de las manos, pero eso no pasó, les dije yo. Y Sánchez: pues, maestro, porque él habla así, que Carlitos, que lo conoce es Carlitos, maestro... Maestro el burro. Entonces le dije: mire, no sé con qué va a negociar usted, pero tenga mucho cuidado. En lo que quedaron fue en lo que está escrito, que yo tampoco lo tengo muy claro, Gonzalo, ¿te puedo decir Gonzalo? Y él dice mire, a mí la Fiscalía me llevó a un rincón en el que yo no puedo inventarme nada, Le dije eso tú lo tienes que tener claro. Tú, a la Fiscalía lo único que puedes decirle es lo que realmente pasó. Y eso lo sabes tú, porque realmente tú a mí no me has contado en cuatro años, jamás, que me hayas pagado a alguien para desprestigiar a nadie. Es real que Carlos Mattos no le ha pagado a un periodista de bajo nivel, ni a uno de alto nivel, para desprestigiar a nadie”, añade el documento.Esa es una de las pruebas que tiene Guillén para argumentar que es víctima de la Fiscalía.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta:
El juzgado 30 de conocimiento de Bogotá rechazó el preacuerdo que la Fiscalía había firmado con el empresario Carlos Mattos, en el que le fijaban una pena de 56 meses de prisión, una multa de 93 millones de pesos y una inhabilidad para ocupar cargos públicos de 53 meses. Además, en el documento se comprometía a entregar un millón de dólares a la Fiscalía. Para el juez, el delegado del ente acusador, Álvaro Betancurt, no supo tasar ni la pena ni la multa. Ninguna de las partes presentó recurso de apelación, es decir, o estructurarán otro preacuerdo o se reiniciará el juicio contra Mattos.Incluso, reprochó el juzgado, a pesar de que Mattos aceptaba su responsabilidad en los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño en sistema informático y dos cohechos por dar u ofrecer en calidad de autor y determinador, no se realizó un incremento de la pena impuesta frente al delito de cohecho por dar u ofrecer, lo cual, dijo, le generaba un doble beneficio.“La fiscalía estimó que la pena impuesta para el delito base acceso abusivo un sistema informático agravado debe aumentarse 3 meses más por el delito de daño informático agravado, tres meses más por el delito utilización ilícita de redes de comunicaciones, dos meses más por el delito de cohecho por dar u ofrecer en relación a la entrega de dineros al juez Dagoberto Rodríguez y dos meses por el cohecho a Reinaldo Huertas. La dosificación compromete la legalidad pues pese a indicar que Carlos Mattos aceptaba la totalidad de los cargos de la acusación al momento de la dosificación no se realizó ningún incremento frente a la conducta punible de cohecho por dar u ofrecer que a título de determinador fuera atribuida al procesado pues se insiste, genera un doble beneficio”, dijo.El juez consideró que la Fiscalía no tuvo en cuenta la gravedad que significa ofrecer y pagar un soborno a un juez de la república y a un oficial mayor de un juzgado civil, para adoptar una decisión que beneficiara los intereses del procesado.“Eran actos que solo representarían, en materia punitiva, 4 meses de prisión adicionales”, añadió.Además, dijo que la dosificación del monto de la multa tampoco fue ajustada a la ley. Sobre este punto explicó que se seleccionó incorrectamente el delito base para empezar a hacer el cálculo.Siga y escuche el podcast de El Consultorio:
A raíz de la revelación de Noticias Caracol sobre las salidas de Carlos Mattos de la cárcel La Picota, la Fiscalía tomó la decisión de quitar del preacuerdo la discusión sobre el tipo de reclusión que tendrá el empresario después de su condena.Es decir, inicialmente, el documento decía que su condena la pagaría en la cárcel de Barranquilla y tras la polémica ya no trae ese requisito.El documento ya lo presentaron ante el juez 30 de conocimiento de Bogotá, quien dará a conocer su decisión sobre el preacuerdo el próximo viernes 11 de marzo.En el documento, Mattos acepta haber sobornado jueces y se compromete a pagar 1 millón de dólares a la Rama Judicial y otro millón de dólares a la Fiscalía. A cambio de aceptar su responsabilidad, la Fiscalía le fija una condena de 4 años y 8 meses de prisión.Siga y escuche el podcast de El Consultorio:
Coninsa Ramon H y Conconcreto son los actuales contratistas de Hidroituango y acaban de recibir una buena noticia: salieron de la reorganización empresarial en la Superintendencia de Sociedades.Ambas empresas habían pedido acogerse de emergencia a la ley de quiebras ante el temor de que un fallo en su contra, por parte de la Contraloría General de la República, los dejara sin plata para pagar las cuentas. Al final del día la entidad sí los condenó, pero las aseguradoras pagaron y el caso se cerró.Eso llevó a que ambas compañías se dieran a la tarea de salir del proceso y retomar con total normalidad sus negocios, y lo lograron.“La sociedad sostiene haber efectuado un acuerdo privado con los acreedores del sector financiero y otros acreedores relacionados en el escrito de terminación, comprometiéndose además a continuar el pago de las obligaciones causadas a partir del 12 de octubre de 2021, así como de aquellas que eran objeto del acuerdo de reorganización”, indican los autos de ambos casos.Eso despeja el panorama para que Coninsa Ramón H, que compró acceso al cuarto de datos de la nueva licitación de Hidroituango, se presente a la esta y busque quedarse con el contrato. Coninsa lideró el consorcio CCC que actualmente construye la represa y en ese consorcio trabaja en llave con Conconcreto y con Camargo Correa.Según EPM, hay otras nueve compañías habilitadas para participar en el contrato de terminación.Hidroituango tiene actualmente un avance de más de 87 %.Le puede interesar: escuche el podcast Historia detrás de la historia
Desde Fecode están exigiendo sanciones para los padres que, a través de una carta, rechazaron la admisión de las hijas del alcalde suspendido Daniel Quintero al colegio alemán de Medellín porque consideran que es un delito la discriminación en los colegios.Este pronunciamiento se suma a las voces de rechazo por la polémica generada en torno al ingreso de las dos menores al colegio Deutsche Schule.Este mensaje ha sido catalogado como discriminatorio y así lo toman desde la Federación de Educadores de Colombia (Fecode), que exigió el respeto al derecho a la educación de las dos menores, independientemente, de que los acudientes de otros niños tengan diferencias con el alcalde.Según Ómar Arango, secretario de Asuntos Internacionales de Fecode, el colegio actuó correctamente al privilegiar la educación de los niños, pero se requiere una sanción como un llamado de atención por escrito y alguna infracción que esté alineado con el manual de convivencia que toda institución tiene."Nosotros llamamos a la dirección de esta institución educativa (a) que sancione a los padres de familia y las personas que están haciendo este tipo de ataques a unas criaturas inocentes que nada tienen que ver con los problemas políticos que tengan el papá y en este caso Daniel Quintero", agregó el representante sindical.Hasta ahora, las asociaciones de padres del mismo colegio y estudiantes han pedido que se privilegie la educación de las dos hijas del suspendido alcalde por encima de las diferencias.Escuche el podcast Sin Tabú:
El Gobierno nacional cambió la hora de inicio de la ley seca para el fin de semana de elecciones presidenciales. Según el decreto, ahora comenzará a las 6 de la tarde del sábado 28 de mayo, e irá hasta el lunes a las 12:00 del mediodía.“El día de hoy hemos modificado el decreto de ley seca por las múltiples solicitudes de Asobares, de diferentes gremios, que han solicitado que, por consecuencia de la reactivación económica, pudiera iniciar a las 6:00 de la tarde. El Gobierno nacional ha adoptado esa medida”, dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios.En desarrollo...
BLU Radio llegó al lugar en donde este jueves fue dado de baja, en un operativo de la Policía y la Fiscalía, alias ‘Matamba’, el criminal jefe de la banda La Cordillera, que se había fugado de la cárcel La Picota de Bogotá.Juan Larinson Castro Estupiñán, nombre de pila del delincuente, fue abatido en una operación policial en Bolívar, en el departamento colombiano de Santander."Quiero informarle al país que, en una operación de nuestra Policía en coordinación con la Fiscalía, en Bolívar (Santander), fue neutralizado Juan Larinson Castro Estupiñán, alias 'Matamba', excabecilla del 'Clan del Golfo' y uno de los criminales más buscados del país", dijo en redes sociales el presidente colombiano, Iván Duque."Matamba", que fue detenido en mayo de 2021 en Floridablanca (Santander), se fugó a finales de marzo de la cárcel La Picota de Bogotá, donde estaba a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, en un caso que puso en cuestión a los directivos del Inpec.Era uno de los narcotraficantes más buscados del país, y, según las investigaciones policiales, era el jefe de la red de narcotraficantes llamada La Cordillera Sur, que opera principalmente en el departamento de Nariño en asocio con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.El pasado 18 de marzo, ‘Matamba’ no apareció en el conteo realizado por los guardias del Inpec en el pabellón de narcotraficantes de La Picota, lo que alertó de su fuga.La Fiscalía aseguró que el detenido pagó cinco millones de dólares a los guardias para la fuga, pero la familia del narco y su abogada dijeron que realmente había sido “desaparecido".Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
Ante la creciente ola de inseguridad que golpea a la ciudad de Cartagena, el alcalde Willian Dau le pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, militarizar las calles de la heroica como una medida para poner la “casa en orden”.De acuerdo al mandatario cartagenero, su petición será evaluada por el Gobierno Nacional una vez se cumplan las elecciones presidenciales.“Estuve reunido con el ministro de Defensa y solicité anticipadamente que, una vez finalicen las elecciones presidenciales, se militarice la ciudad de Cartagena por los hechos de inseguridad, la guerra de carteles de droga, delitos y homicidios que se vienen cometiendo”, señaló el alcalde Dau, al tiempo que aseguró que al ministro le pareció una “buena iniciativa”.El alcalde precisó, además, que esta medida se definirá en conjunto con el gobierno: “Nos vamos a sentar para definir cómo vamos a militarizar y qué vamos a hacer en la ciudad para traer toda la fuerza requerida, para poder poner la casa en orden”, afirmó.Sin embargo, la propuesta del mandatario cartagenero ya genera opiniones divididas en diferentes sectores de la ciudad.Lea también:El concejal del Movimiento Mais, Javier Julio Bejarano, señaló que este tipo de acciones sin medidas sociales de fondo son ineficaces.“Entre mayor sean los niveles de pobreza y pobreza extrema, en esa misma proporción vamos a encontrar todo tipo de actividades delictivas: fleteo, hurtos, homicidios (…) Creer que la situación la podemos resolver con el uso de la fuerza y de las armas es definitivamente una equivocación. Lo que siempre le hemos pedido a la administración, es que, aunque efectivamente hay que hacer todo un trabajo de la fuerza de estado y de la Policía, lo que necesita es que realmente cumpla con la promesa que hizo en campaña de hacerle frente a la pobreza”, dijo el concejal Bejarano en diálogo con BLU Radio.En las calles, cartageneros como Guillermo Ávila, un vendedor ambulante que asegura sentirse asediado por la delincuencia, respaldan la propuesta del mandatario: “La verdad sí me parece una buena propuesta, porque creo que, si hay militares o más policías en las calles, el delincuente se abstiene más de robar, y eso es bueno para quienes trabajamos en las calles y vivimos expuestos”, indicó.En este mismo sentido, Donatila Blanco, una comerciante del Mercado de Bazurto, afirmó que la medida podría beneficiar no solo al Centro Histórico, como en otras ocasiones, sino a toda la ciudad.“Es muy bueno porque la situación ya está muy caótica. En sitios donde antes no atracaban ahora se ven fleteos y hasta muertos. La verdad es urgente que se tomen medidas más fuertes”, afirmó.En Cartagena, durante lo corrido del año, se han registrado 162 homicidios y se tienen documentadas 2.100 denuncias por hurto. Una de las más recientes víctimas de robo a mano armada fue el contralor distrital, Rafael Castillo, quien fue despojado de sus pertenencias en el barrio Manga, cuando departía con su familia en un restaurante. La rápida reacción de la Policía permitió que horas después fueran recuperados sus objetos personales.Escuche más noticias:
