La Corte Constitucional decidió suspender de manera provisional los decretos 1390 y 1474 de diciembre de 2025, que declaraban el Estado de Emergencia Económica y Social y establecían medidas tributarias extraordinarias para financiar los gastos derivados de esa emergencia.
Para el Ministerio de Educación el informe del organismo de control no tuvo en cuenta factores determinantes como la proyección del pasivo pensional ni las inversiones en gratuidad de matrìculas.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que entre los funcionarios retirados hay madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica y conductores.
El anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro tras afirmar que su Gobierno ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico y ha extendido su mano en materia energética.
Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del Presidente significa que “se robaron la plata”.
El abogado Víctor Mosquera expresó su preocupación por el retiro de la imputación que había sido anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por el presunto delito de prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El jefe de la cartera de Salud cuestionó la administración del centro asistencial y aseguró que los problemas financieros no obedecen únicamente a la falta de pagos por parte de las EPS.
La decisión, según explicó, obedece exclusivamente a razones de seguridad, luego de recibir amenazas y mensajes de odio que ponen en riesgo a su familia.
El presidente Gustavo Petro planteó un apoyo financiero de $1,5 billones para evitar el aumento del pasaje de Transmilenio, con el objetivo de reducir los costos de transporte por pasajero.