La polémica surgió luego de que Bahamón asegurara que la certificación Halal no había sido un obstáculo para las exportaciones de café hacia el Medio Oriente.
Piden celeridad en los trámites de refugio, medidas de protección colectiva para perseguidos políticos y una evaluación de riesgo directa para líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos exiliados en Colombia.
La FLIP, por su parte, expresó su preocupación y exigió el retiro inmediato de la circular, recordando que la información solicitada está amparada por la Constitución.
La suspensión de actividades ofensivas se hará en tres fases, será temporal, y contará con el acompañamiento de la misión permanente de la OEA en Colombia.
Según el organismo, el informe técnico que respalda la decisión aún no es vinculante y el uso del principio de precaución sin pruebas científicas claras podría considerarse una “falsa motivación”. Por eso, pidió que se realicen estudios hidrogeológicos propios, con rigor y objetividad, que aseguren tanto la protección del agua como la seguridad jurídica del proceso.
La sanción disciplinaria había sido impuesta por la compra de 25.000 pruebas rápidas de COVID-19 en 2020, a través del contrato suscrito por $725 millones de pesos con la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda.