Son varios los usuarios en redes sociales que, con pantallazos de los correos que han recibido con logos de la Dian y del Ministerio de Hacienda, denuncian que les está llegando una serie de advertencias de embargo por un periodo de IVA que no se ha pagado, sin embargo, al abrir el correo, el mensaje está clasificado como "peligroso" y el correo no corresponde al de la Dirección de Impuestos y Aduanas.Al conocerse todas esas denuncias, al director de la Dian, Luis Carlos Reyes, le tocó salir a alertar que son varios los ciudadanos que han reportado esa irregularidad con la que delincuentes estarían tratando de robar datos personales para cometer robos y estafas. Pero que, además, habrían llamadas suplantando directivos de la entidad para ofrecer devolución de supuestos saldos a favor.Además, el director de la Dian les pidió a los ciudadanos que están siendo víctimas de estos delincuentes que los denuncien en la página de la entidad: Haga su denuncia en este link. Es importante tener cuidado porque todos esos mensajes son falsos y lo pueden terminar afectando. Hay que tener en cuenta que la Dirección de Impuestos no hace llamadas ni envía mensajes pidiendo información a los contribuyentes y que cada comunicación oficial de la Dian tiene un código de seguridad.Le puede interesar:
A partir del primero de junio de 2023 las tiendas de barrio y almacenes minoristas deberán expedir factura electrónica para ventas mayores a 212.000 pesos por cliente. Al respecto, Luis Hernando Valero, subdirector de Facturación Electrónica de la Dian, habló sobre este cambio que ya se implementa en la mayoría de establecimientos.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Valero señaló que “no es un tema nuevo” para los comerciantes, pues en Colombia se logró una masificación acelerada de la factura electrónica desde el 2020.En ese sentido, explicó que los que deberán implementar este sistema son las personas naturales que superaron el tope del 2022, es decir, que vendieron más de 133 millones de pesos; ellos deben facturar electrónicamente.Según indicó, diariamente reciben desde la entidad siete millones de facturas electrónicas, que inmediatamente se pueden consultar en la Administración Tributaria, lo que facilita el proceso, según mencionó.“Los compradores han empezado a entender que exigir factura electrónica, primero, da tranquilidad de que el esfuerzo que estoy haciendo para pagar impuestos está llegando (la información) a la Dian y, segundo, que hay beneficios si soy persona natural, responsable del impuesto sobre la renta, podré reducir el 1 % de mis comprar o si es un empresario, para deducir costos”, detalló.¿La factura electrónica beneficia o afecta a los pequeños comercios del país?Valero respondió a la pregunta sobre cuál será el impacto de esta medida obligatoria en esos pequeños comercios del país, como tiendas de barrio, donde muchas veces no cuentan con computador o ni siquiera internet para poder emitir las facturas electrónicas. Dijo que hay “varias alternativas”.Insistió en que no es algo nuevo y que, con el progreso que se ha tenido el país, ahora es posible. En ese sentido, recalcó que actualmente hay un servicio de la Dian gratuito de facturación electrónica que cualquier comerciante puede usar.“La Dian tiene un servicio que le facilita hacerlo. (El comerciante) ingresa a nuestra página web, se registra y puede generar las facturas electrónicas de manera ilimitada, todas las que desee”, precisó.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:Le puede interesar:
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la entidad está denunciando a personas naturales y jurídicas que no están pagando los impuestos que deben y señaló que el último recurso es llevar a cabo una denuncia de carácter penal contra los evasores, lo que significa una amenaza para cerca de 320.000 personas.La culminación de un procesoSegún el director de la DIAN, esta medida es la culminación de un proceso de recobranza de una serie de deudas que distintos individuos y empresas tienen con la DIAN. En este sentido, dijo que después de seguir una serie de procesos de recobranza, la denuncia de carácter penal se convierte en el último recurso para tratar de hacer que estos deudores paguen lo que deben.Las personas que se enfrentan a una denuncia de este tipo pueden llegar a enfrentarse a penas de cárcel. Además, dijo que este proceso penal no es inmediato, y que tiene lugar después de que se hayan agotado todos los recursos legales para tratar de hacer que estos deudores paguen lo que deben.Cobrarle al cliente y no pagarUna de las prácticas más habituales que se llevan a cabo por parte de las empresas que evaden el pago de impuestos es la de cobrarle al cliente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto al Consumo y no pagárselo después a la DIAN. Según Reyes, este es un error que muchas empresas cometen y que les lleva a acumular deudas con la entidad.En este sentido, el director de la Dian dijo que estas empresas actúan como agentes del Estado, ya que están recaudando recursos que no son suyos, sino del Estado. Por este motivo, la DIAN reveló el lunes que esta situación es inaceptable y que está dispuesta a llevar a cabo todas las acciones necesarias para hacer que estas empresas paguen lo que deben."Un establecimiento comercial podría cobrarle, por decir algo, a un cliente el IVA en su compra. Es una situación en la cual ese establecimiento comercial está actuando como agente del Estado. Y es importante tener en cuenta que está recaudando recursos que no son suyos, sino del Estado. Entonces llega y cobra el IVA y después no se lo paga inmediatamente a la DIAN. Desafortunadamente muchos cometen el error de utilizar estos recursos para financiar el funcionamiento de su negocio. Y al quedarse atrasados en ese pago con la DIAN, empiezan a acumular deudas", explicó.Una deuda de más de 14 billones de pesosEl director de la DIAN dijo en Mañanas Blu que la cifra que se ha manejado hasta el momento en relación a la cantidad de deuda que tienen las empresas con la entidad es de más de 14 billones de pesos. Según manifestó, esta cifra sale simplemente de los datos que tiene la DIAN con respecto a estas transacciones comerciales, y no tiene en cuenta la evasión fiscal, que es mucho más grande.El proceso administrativo y el proceso penalEl director de la DIAN explicó que la Fiscalía tiene la facultad de desistir del proceso penal y que la mejor manera de asegurarse de que estos procesos no tengan lugar es llegando a un acuerdo de pago con la DIAN.Deudas desde los 25 millones de pesosLuis Carlos Reyes anunció que la DIAN está denunciando a deudores morosos con deudas de más de $25 millones.“Digamos que ha habido algunas situaciones en opinión lamentables en las cuales se han iniciado acciones penales en el pasado contra personas que deben una cantidad de ese nivel. Estamos dándole un vuelco a las políticas de la entidad para que sean cuantías grandes. Por ejemplo, los contribuyentes que citó la fiscalía son contribuyentes que tienen deudas de 25 millones de pesos para arriba”, explicó.En cuanto a las personas que han ido a la cárcel por evasión tributaria en Colombia, el director de la DIAN indicó que en este momento hay alrededor de 100. Aunque se espera que sean más, el objetivo principal, según Reyes, no es llenar las cárceles de deudores, sino crear un incentivo para que las personas tomen en serio el hecho de que estos son recursos públicos que no se pueden apropiar.Contexto: la Dian ya toma accionesLos contribuyentes que recaudaron impuestos como el IVA, el impuesto al consumo y la retención en la fuente, pero no los transfirieron a la Dian están siendo denunciados. En Bogotá ya fueron citados 1.200 contribuyentes, principalmente personas jurídicas, denunciados penalmente por ser evasores de impuestos.En todo el país son más de 320.000 personas jurídicas y naturales que están en mora de pagar esas obligaciones tributarias a la Dian, las cuales suman 14.5 billones de pesos. En este momento, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ya les hizo el requerimiento previo para ponerse al día, ya que tener mora puede acarrearles problemas penales.
Los contribuyentes que recaudaron impuestos como el IVA, el impuesto al consumo y la retención en la fuente, pero no los transfirieron a la Dian están siendo denunciados. En Bogotá ya fueron citados 1.200 contribuyentes, principalmente personas jurídicas, denunciados penalmente por ser evasores de impuestos.Por tratarse de un delito contra la administración pública en la que la víctima es el Estado, los evasores de impuestos tienen que responder ante la justicia.En todo el país son más de 320.000 personas jurídicas y naturales que están en mora de pagar esas obligaciones tributarias a la Dian, las cuales suman 14.5 billones de pesos. En este momento, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ya les hizo el requerimiento previo para ponerse al día, ya que tener mora puede acarrearles problemas penales.“Son personas que han hecho estos cobros de IVA, por ejemplo, a los clientes, pero no le han pasado esa plata al Estado, o sea se están financiado con plata de todos los colombianos (...) En caso de que no se pague, y la Fiscalía continúe el proceso, estas personas se enfrentan a penas de privación de la libertad de entre 49 meses o hasta 108 meses", aseguró Luis Carlos Reyes, director de la Dian.El Código Penal establece, en su artículo 402, que evadir impuestos es un delito, cuando se sana la deuda, incluyendo los intereses, se elimina el riesgo de ir a la cárcel.La Dian continuará haciendo las denuncias de los contribuyentes morosos ante la Fiscalía General de la Nación."Estamos priorizando obviamente a aquel que le deba una cantidad sustancial al Estado, no le vamos a solicitar a la Fiscalía que se vaya detrás de gente que cometió un error de redondeo, lo que sí estamos buscando es a las personas que le deben una cantidad importante al Estado”, agregó el director de la Dian.El director Reyes aseguró que con la reforma tributaria se dieron unos incentivos para que la gente se ponga al día ya que lo que le interesa al Estado es recaudar ese dinero que no se recibió. "Es una reducción del 50 % en los intereses y del 40 % de las sanciones que adeudan estas personas, entonces es muy importante que antes de junio las personas se pongan al día en estas obligaciones para que aprovechen estos beneficios, para que no se enfrenten a consecuencias adicionales”, dijo.Puede ver:
Continúa la preocupación del Gobierno nacional por una posible erupción del volcán Nevado del ruiz. El Ministerio de Educación dio a conocer hace una semanas los lineamientos de lo que debían hacer las instituciones educativas para proteger a los menores en caso de cualquier eventualidad.Este martes, 25 de abril, se conoció el detalle a detalle del plan que tiene la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, entidad encargada del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para responder la emergencia derivada de la erupción.Lo primero que se solicitó a las instituciones educativas es definir un plan de contingencia con el fin de que presentada una emergencia de cambia la forma como se entrega la comida así como la logística que ese cambio requeriría, todo esto con el fin de que el PAE siga operando.De igual manera, se establece que los recursos del PAE se destinarán para dar alimentos en albergues. En los municipios de Villamaría, Chinchiná y Neira, en el departamento de Caldas, en donde se ha dispuesto que en la semana de pascua se brinde el servicio educativo en casa, se garantizará el PAE a 203 estudiantes a través de la modalidad industrializada.La UApA también podría disponer los recursos necesarios para la atención ante una posible emergencia: Caldas, Manizales, Tolima, Risaralda, Pereira, Dosquebradas, Cundinamarca, Quindío, Cartago, Chocó y Valle del Cauca.De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Educación y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender UApA, se identificó que podrían verse afectados 27.333 estudiantes y 1.866 docentes de cerca de 107 instituciones educativas, que atienden a través de 714 sedes en los municipios de la zona de amenaza (alta, media y baja) en cuatro departamentos: Caldas, Risaralda, Tolima y Cundinamarca.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
A propósito de la denuncia hecha en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, por cuenta de una licitación del PAE para la alimentación de más de 700.000 niños de Bogotá y la presunta presentación de documentación falsa por parte de algunos proponentes, Mayerly López, subdirectora de Negocios de Colombia Compra Eficiente, habló del tema.La audiencia para el contrato de más de un billón de pesos que estaba programada para el día de ayer fue aplazada por cuenta de la publicación de la denuncia.La denuncia se refiere a la empresa ICS, representada por Jairo Sotaquirá, sobre la cual ya la ciudadanía había puesto sobre alerta en repetidas ocasiones de una serie de documentos presuntamente falsos adjuntados por esta parte de la UT Bapacop.Una de las experiencias presuntamente falsa fue la que adjuntaron de la Fundación Fundese cuyos directivos emitieron declaraciones extra juicio negando toda relación con ICS.Otro documento fue igualmente negado por la Cámara de Comercio de La Florida, EUA.De acuerdo con la denuncia, la DIAN negó que las facturas adjuntadas fueran legítimas y pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar a ICS.Por lo mismo no se entiende cómo Colombia Compra Eficiente insiste en habilitar al proponente UT Bapacop pero no solo eso, incluirla dentro de lo que denominaron el borrador de los ganadores, en una de las franjas de alimentos y era una de las mejores calificadas dentro del documento que reposa en el Secop II.Las falsedades denunciadas van desde facturas, hasta experiencia, incluso una póliza de Sura que la aseguradora no reconoce como suya.Ante la denuncia de Blu Radio la Secretaria de Educación de Bogotá expidió un comunicado en el que salva su responsabilidad mientras que Colombia Compra Eficiente salva la suya asegurando que la revisión de documentos le corresponde a la Cámara de Comercio de Bogotá.Ninguno reconoce tener la obligación definitiva de la revisión y verificación de los documentos.El proceso está en manos de la Secretaría de Educación de Bogotá a través de Colombia Compra Eficiente. Está dividida en 15 segmentos que contemplan alimentos como lácteos, sandwiches, panes, frutas, agua y otros. Son 81 alimentos en total.Mayerly López le salió al paso a las denuncias y aseguró que la suspensión de la entrega de licitación se dio porque recibieron más de 40 observaciones, entre ellas técnicas y la denuncias por irregularidades en la documentación.Aseguró que este tipo de suspensiones no son excepcionales y que son escenarios que se pueden dar en dichos procesos teniendo en cuenta la cantidad de proveedores que se presentan.Con respecto a la denuncia, señaló que “son documentos presuntamente falsos, Colombia Compra Eficiente no tiene la potestad para decir que son documentos falsos. Es un contrato que se dio desde el año 2018 y que antecedentes reposan en la Cámara de Comercio y no ante nosotros. La documentación se presenta ante la Cámara de Comercio”.Sobre el rol de Colombia Compra Eficiente en este tipo de procesos, aclaró que “estamos completamente seguros y haciendo un debido proceso, preocupados de lo que significa habilitar una empresa para que le pueda ofrecer servicios al Estado (…) Se está haciendo con toda la observación legal”.Entre tanto, los denunciantes piden que se abran procesos penales para establecer la responsabilidad de los diferentes funcionarios tanto del orden nacional como de Bogotá y de los privados.Hay que recordar que, debido a las observaciones que recibieron, la audiencia será reanudada el próximo viernes 21 de abril.Le puede interesar:
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) inició una campaña de control en consultorios médicos y odontológicos para verificar que se esté expidiendo la factura electrónica de manera oportuna y sin papeleos. Una noticia que había anticipado el periodista Jorge Alfredo Vargas en Voz Populi.El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, Dian, Luis Carlos Reyes, explicó en Mañanas Blu que esta campaña se está llevando a cabo en una serie de establecimientos, incluyendo consultorios privados de médicos y odontólogos."Estamos visitando para revisar el funcionamiento correcto de la expedición de factura electrónica y vamos a regresar a hacer más visitas dentro de un mes para ver si se están cumpliendo estas recomendaciones. De no ser así, se puede pasar ya al tema de sanciones que podrían implicar hasta un cierre por tres días del establecimiento que no está cumpliendo con la norma", explicó Reyes.El director de la Dian también aclaró que, hoy en día, todas las personas jurídicas, incluyendo médicos y odontólogos que no tengan una SAS o una empresa, están obligados a expedir factura electrónica en todos los casos.“Es información que le llega de una vez a la Dian y es información que, por lo tanto, nos permite saber cuánta plata está entrando en el establecimiento que sea y a partir de ahí calcular los impuestos que se deben. Eso nos da una seguridad de que los recursos públicos que entran a través de los impuestos se están cuidando desde el primer momento", afirmó.La expedición de la factura electrónica es importante porque permite a la Dian conocer cuánto dinero está entrando en los establecimientos y calcular los impuestos que se deben pagar. Además, la factura electrónica es el soporte que permite garantizarle a la Dian que los costos y deducciones que se declaran son reales y que no se está llevando una doble contabilidad para pagar menos impuestos.Finalmente, Reyes también hizo un llamado a los oyentes para que denuncien a los consultorios que no estén expidiendo la factura electrónica.“Si nos puede dirigir a los consultorios que no hayan expedido la factura electrónica, nos interesaría mucho visitarlos y el mismo llamado le hacemos a los oyentes. Es muy importante porque esto es una tarea de todos y creo que es importante que no se vea como una cuestión de hacerle montonera a alguien o un sector particular”, puntualizó.El periodista Jorge Alfredo Vargas contó en Voz Populi, de Blu Radio, que durante un procedimiento médico en la Fundación Santa Fe fue testigo de un operativo de la Dian que lo dejó sorprendido.Según lo que contó Vargas, quedó impactado por la cantidad de funcionarios de la Dian que se encontraban en la Fundación Santa Fe durante el operativo.
Aproximadamente 1.525 municiones para escopeta calibre 12-22 fueron decomisadas este fin de semana en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, luego de que un hombre de nacionalidad colombiana, procedente de Estados Unidos, fuera requerido por la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), logrando su captura de manera inmediata. El mayor Royce Díaz Munive, Jefe de la Policía Fiscal y Aduanera de Barranquilla, confirmó que las municiones se encontraban en el interior de una maleta de mano y tenían como destino área metropolitana de Barranquilla.“Estos elementos eran transportados en el equipaje de mano de una persona de nacionalidad colombiana, pero provenían del estado de La Florida - EE. UU. y tenían como destino el área Metropolitana de Barranquilla", manifestó Díaz Munive.En tal sentido, fueron los uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la División de control operativo de Barranquilla quienes realizaron la detención del hombre por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y/o municiones.La Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente a través de la línea anticontrabando 159 y/o al correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, donde se tendrá absoluta reserva de la información que suministre el denunciante. Le puede interesar:
Han renunciado varios profesores de cátedra con el argumento de que la nueva reforma tributaria los sacó del régimen simple para meterlos en el régimen ordinario.Los docentes argumentan que con el régimen simple tenían ciertos beneficios, sin embargo, con el ordinario son mayores los pagos en términos de impuestos.Luis Carlos Reyes, director de la Dian, respondió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, a las preocupaciones de este gremio de educadores.“El memorando que se envió reitera de manera textual lo que dice la norma. La norma está ahí desde el 2018. No es claro para nosotros en este momento porqué han salido a renunciar. El memorando que se envió reitera de manera textual lo que dice la norma”, dijo sobre las renuncias masivas.En este mismo sentido, aseguró que dicha tributación depende del contrato específico que tenga un médico con una universidad, hay una serie de elementos que hacen que el contrato sea laboral. En ese caso, explicó que no podrían estar en ese régimen simple.Reyes agregó que se puede tratar de desinformación en el gremio: “Me parece que están gravemente desinformados, la reforma tributaria redujo a la mitad las tarifas que pagan en el régimen simple, lo que está pasando es que algunos médicos quieren tener ese beneficio tributario y además que se les cree una excepción que no existe para nadie”.Escuche la entrevista en Mañanas Blu:
La legislatura culmina su primer año el próximo 20 de junio y faltan pocos días para que algunas de las reformas sociales que radicó el Gobierno del presidente Gustavo Petro avancen en el Congreso en medio del plan tortuga que se lleva por estos días.Uno de los proyectos que más avanzado es la reforma a la salud en la Cámara de representantes, ya que paso de la Comisión Séptima a la Plenaria de esta corporación; sin embargo, cuando se botaban los impedimentos las mayorías no se consolidaron y la discusión tuvo que suspenderse, por lo que una de sus coordinadoras ponentes espera que esta semana avance.“Hay una estrategia dilatoria de la oposición y de sectores que se les han sumado desafortunadamente, que no cumplen con su responsabilidad y deber como congresistas que es venir a debatir las leyes para Colombia, sino que están dilatando a través de convocar reuniones de bancada paralelas a la plenaria, ausentismo, entre muchas otras estrategias dilatorias. Esperamos que el martes eso se supere, que entiendan que su responsabilidad es el debate y que vengan y den la cara para debatir, si tienen argumentos en contra que digan cuáles son y que en franca lid podamos avanzar en una reforma que está esperando el pueblo colombiano”, según expresó la representante Marta Alfonso de la Alianza Verde.Otra de las reformas empantanadas y que no se pudo discutir en su primer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, es la reforma laboral, porque durante dos días consecutivos, miércoles y jueves, no hubo quórum y una de sus ponentes teme que esta se pueda hundir sin ser debatida por el Congreso.“Me preocupa un poco los tiempos, porque hay una cantidad de estrategias dilatorias, y me preocupa porque al final no tienen que rendirnos cuentas a nosotros, les tenemos más bien que rendir cuentas a los trabajadores y trabajadoras que buscan una respuesta desde hace más de 30 años; incluso hace 70 años, el código sustantivo del trabajo no se ha modificado de una manera pues profunda y necesaria para dar respuesta a los cambios del mundo del trabajo y a los trabajadores y trabajadoras en su dignidad. Entonces lo que me preocupa es eso; sin embargo, yo creo que alcanzamos a darle por lo menos primer debate antes de irnos al receso legislativo”, señaló la representante María Fernanda Carrascal.La ponencia de la reforma pensional fue radicada hace unos días en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado; sin embargo, esta semana este proyecto no fue agendado por la mesa directiva y aún no se tiene una fecha para que inicie su trámite en esta célula del Congreso.A lo anterior se le suma que por el momento no se está agendando el proyecto de humanización de cárceles, aunque tienen ponencia lista desde hace un mes en la Comisión I de la Cámara y esta semana tampoco será debatido ya que se priorizara el código electoral.“Esperemos que sea antes de extras, pero yo no voy a dejar a un lado la agenda de los congresistas, por el interés del Gobierno nacional por no quererle dar trámite con tranquilidad a este proyecto de humanización”, señaló el presidente de la comisión primera de la cámara de representantes Juan Carlos Wills del partido Conservador.La reforma constitucional que regula el consumo de cannabis de uso adulto y que presento el representante liberal Juan Carlos Losada quedó para mañana y si no se aprueba se puede estar hundiendo por falta de tiempos en el congreso.Aunque son un total de 19 proyectos que viene defendiendo el Gobierno y que son de su interés, lo único que tienen claro es que se convocara al congreso a unas sesiones extras para tratar de sacar la reforma a la salud, pensional y laboral.“La disposición y seguramente habrá algunos temas diferentes a los actos legislativos y las leyes estatutarias que quedan reservados para estas últimas dos semanas del mes de junio”, según dijo el viceministro del Interior, Gustavo García.Se estima que son 10 los proyectos que serían aprobados por el legislativo en este primer año del Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de este plan tortuga que lleva el Congreso.Le puede interesar: Sin grandes cambios, se radicó la ponencia de reforma pensional
Se trata de Luis Jorge Collazos y Juan Esteban García Arango, las personas que fueron judicializadas por la Fiscalía por estar realizando procedimientos quirúrgicos a animales sin tener los respectivos permisos.Collazos fue imputado por el delito de maltrato animal, luego de que se conociera que el 22 de abril de 2022, en Guamo, Tolima, le habría realizado una esterilización a una canina llamada ‘Milú’, sin ser profesional acreditado en la materia.De acuerdo al informe de la Fiscalía, se logró constatar que en el lugar donde este sujeto operaba no contaba con los implementos adecuados: "En inspección realizada al establecimiento de comercio de Collazos Vega fueron constatadas varias posibles inconsistencias en su funcionamiento, entre estas la ausencia de título del propietario. En ese sentido, fue imputado por el delito de maltrato animal”, señaló el fiscal coordinador de Gelma Alejandro Gaviria.´Milú´ tuvo que ser sometida a una nueva cirugía por las graves afectaciones detectadas en la zona uterina.Por otro lado, en Sabaneta, Antioquia, Juan Esteban García Arango, fue condenado a seis meses de prisión e inhabilidad para la tenencia de animales por el mismo tiempo y una multa de 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes luego de que se conociera, con pruebas contundentes, que es el responsable de causar sufrimiento injustificado a un perro llamado Tommy, al practicarle una eutanasia el 13 de abril de 2022, situación que terminó empeorando más su estado de salud.Tommy presentaba fuertes dolores y fue llevado por sus cuidadores a un negocio que funcionaba como veterinaria. García Arango atendió al canino y recomendó practicarle la eutanasia humanitaria. Posteriormente, le aplicó varias inyecciones intracardiacas que prolongaron el sufrimiento del animal. según indicó el fiscal Gaviria.Le puede interesar: Emergencia ambiental: disidencias instalaron 52 válvulas para robar crudo en Nariño
Hasta las 4:00 de la tarde se desarrollaron las consultas interpartidistas en la que participaron movimientos y partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, Liberal y de La U, en la que se definirán una serie de candidatos de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre.En total fueron habilitados, para ejercer su derecho al voto, un total de 5.667.889 en los comicios que solo se realizaron en la ciudad de Bogotá, San Francisco, Simijaca y Sativasur.Al final de la contienda se proyecta recoger el material en vehículos de las alcaldías municipales, con acompañamiento de la Policía, para trasladarlo a las registradurías donde se realizarán las consolidaciones.“En el marco de las consultas populares e interpartidistas de los partidos y movimientos políticos del 4 de junio, es importante aclarar, que no habrá el habitual preconteo, transmisión de resultados vía telefónica; según lo acordado con las agrupaciones políticas lo que se hará es consolidar los resultados en las sedes de la Registraduría y allí en una plataforma junto con los testigos electorales de los partidos y movimientos políticos, se cargará la información que podrá ser conocida por la ciudadanía, los partidos y los medios de comunicación a través de la página web de la Registraduría nacional del Estado”, según dijo el registrador delegado Nicolás Farfán.Para este proceso democrático los puestos de Corferias no fueron activados por la Registraduría nacional del estado civil, ya que la consolidación de los resultados se llevará a cabo en las registradurías municipales donde se realizaron las consultasLe puede interesar:
Se trata de John Fernando Delgado quien fue ubicado por investigadores del CTI en la Terminal de Transportes de Bogotá, en atención a un requerimiento con fines de extradición elevado por la Corte Distrital para Columbia, Estados Unidos, que lo solicita para que responda en juicio por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.“Presuntamente, cumplía un rol importante en la negociación de los estupefacientes, la definición de las rutas utilizadas para mover los cargamentos y la recepción de los dineros enviados por los contactos internacionales por el envío de los alijos”, aseguró Alberto Acevedo, director del CTI de la FiscalíaDe acuerdo con la investigación, estas actividades eran coordinadas desde Nariño y se extendían hasta Ecuador y Venezuela.Esta persona quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan los trámites diplomáticos y administrativos para su extradición.
Este viernes, 2 de junio, en El Andén se debatió la implosión del Gobierno: ¿qué camino le queda al presidente para salir del escándalo de Sarabia y Benedetti?Para debatir sobre esta polémica se subieron a El Andén Paulina Pastrana, Liliana Castañeda, Nicolás Ordoñez y Felipe González.Escuche el programa completo:
