En medio de las investigaciones por presunto lavado de activos y contrabando que salpica a la marca Lili Pink, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Ministerio de Trabajo anunciaron que evaluarán las condiciones laborales de los empleados vinculados a la compañía, como parte de las acciones derivadas del proceso judicial en curso.
La SAE informó que viene acompañando el proceso liderado por la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta operativos en diferentes regiones del país a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Estas acciones incluyen procedimientos de extinción de dominio y capturas relacionadas con redes señaladas de actividades ilícitas.
De acuerdo con la información oficial, las medidas cobijan centenares de bienes, entre establecimientos comerciales, inmuebles y vehículos que pertenecerían a una misma sociedad vinculada al caso. Los operativos se desarrollan de manera simultánea en varias ciudades e incluyen tanto la ocupación de activos como la ejecución de órdenes judiciales.
Una vez la Fiscalía culmine las diligencias de incautación, la SAE asumirá la administración de los bienes, conforme a su función como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). El plan que se adopte dependerá de un diagnóstico integral sobre el estado financiero, contable, contractual y productivo de la empresa.
En ese contexto, la entidad ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio de Trabajo para revisar la situación de los trabajadores y avanzar en medidas que garanticen sus derechos laborales. Además, solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República con el fin de verificar el estado actual de la sociedad y asegurar la transparencia del proceso.
Vale recordar que Lili Pink lleva más de 20 años en el mercado y en los último años ha tomado relevancia por sus productos, así como el precio de estos en diferentes ciudades del país.