Este jueves en Barranquilla, la directora de Sociedad de Activos especiales estuvo participando en una charla organizada por la ESAP donde destacan el papel de la mujer en el ámbito público.En este escenario, Diana Bravo contó que desde que llegó a su cargo el pasado 19 de agosto, ha recibido amenazas a través de mensajes anónimos e incluso con drones sobrevolando su casa, e intimidaciones a su familia.“Si a mí me preguntan, "¿Cómo te sientes en la SAE?, pues después de 4 anónimos, un dron a las 10:30 de la noche en el piso 32 al pie de mi ventana, llamadas extrañas a mis hijos, después de una acción en cada territorial, un pasquín, pues ríete de la vida y haz tu trabajo y céntrate, porque en la función pública van a haber muchos distractores que te hacen confundir”, expresó la funcionaria.La directora de la Sociedad de Activos Especiales aseguró que, pese a estos episodios, mantiene su compromiso con la transparencia y con la misión de la entidad.Agregó que la transparencia en la administración pública es una lucha diaria, porque más que lo que hace el funcionario, es poder dormir con la convicción de que no tienen rabo de paja.“Porque somos mujeres estar acá es un reto, pero para los hombres es un logro”, agregó.
La Sociedad de Activos Especiales desplegó un operativo en un edificio ubicado en el exclusivo sector de Villa Country, en el norte de Barranquilla, donde recuperó un apartamento y un depósito que seguían ocupados de manera irregular, a pesar de estar relacionados con un proceso de extinción de dominio vinculado a los Torres.La diligencia fue liderada por la Policía Administrativa de la SAE y contó con el acompañamiento de la Personería Distrital de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía Distrital y la Fuerza Pública.Roy Andrés Royet, director de la Territorial Caribe de la SAE, aseguró que el objetivo de actuaciones como estas es evitar que los bienes vuelvan a ser utilizados de manera irregular y garantizar que cumplan los fines establecidos por la administración de activos especiales."Estos inmuebles se encontraban siendo objeto de ocupación irregular por parte de los afectados en el trámite del proceso de extinción al derecho de dominio", dijo Royet."En el marco de esta diligencia administrativa, logramos recuperar la tenencia de estos dos inmuebles, a fin de salvaguardar todas las medidas necesarias para que estos bienes vuelvan a ser productivos", agregó.Royet insistió en que, con esta recuperación, la SAE busca avanzar en la protección de los bienes bajo su responsabilidad y en su aprovechamiento, a través de mecanismos de comercialización que permitan convertir estos activos en oportunidades de inversión y generación de recursos para el país.
La intervención de 10 inmuebles por parte de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- en zona rural de Buriticá se ha convertido en toda una polémica por los posibles efectos en las al menos 20 familias estarían afectadas por los desalojos, frente a los cuales se busca una intervención judicial mediante una acción de tutela.De acuerdo con la SAE, los predios habrían sido utilizados para facilitar actividades relacionadas con la explotación ilícita de oro, según información suministrada por la Policía Nacional. La entidad señaló que los inmuebles presuntamente servían como apoyo logístico y operativo para estructuras ilegales.Durante el operativo, las autoridades en el Occidente antioqueño reportaron el hallazgo de nueve bocaminas activas. Además, las inspecciones señalaron la presunta existencia de túneles ilegales que conectarían con desarrollos mineros formales en operación.Sin embargo, organizaciones sociales que acompañan a las comunidades cuestionan el alcance de las intervenciones en la vereda Los Asientos. Teresa Mazo, vocera de la Asociación Agrominera y Ambiental de Colombia, aseguró que entre los afectados habría personas con documentos para acreditar la posesión legal de sus predios."Sacaron a unos adultos mayores, sacaron unos niños. La SAE tiene prohibido hacer acá operativos y procedimientos porque ya se hizo una sentencia de control de garantías, donde le están diciendo a la SAE que ella no puede entrar hacia estos predios", indicó la mujer.Las comunidades también denuncian una presunta falta de planes de contingencia, medidas de mitigación y protocolos de atención diferencial para las familias, trabajadores y pequeños empresarios que aseguran no tener vínculos con actividades ilícitas.En medio de la controversia, un juzgado de Santa Fe de Antioquia admitió para estudio una acción de tutela que busca proteger derechos fundamentales y garantizar el debido proceso. Allí los afectados solicitan la instalación de una mesa de concertación para revisar los procedimientos y definir medidas de atención social, económica y humanitaria.
Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía pide investigar presuntas irregularidades en la enajenación temprana de un inmueble ubicado en la carrera 12 n.º 82-61, en el sector de El Retiro, en Bogotá, que fue vendido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por 7.600 millones de pesos a Promotora Costa Verde S. A. S. El cuestionamiento se centra en el precio de la operación, el avalúo del predio y el procedimiento mediante el cual se adelantó la subasta.La denuncia fue promovida por el abogado Carlos Alfredo Real, apoderado de Édgar Beltrán Álvarez, representante de Beltranico S. A. S., a quienes identifica como terceros de buena fe que adquirieron el bien. El jurista pidió examinar la actuación de la SAE, incluida la gestión de su entonces directora, Amelia Pérez Parra, y la intervención de Antonio Mauricio Román, apoderado de la SAE quien figura como vendedor del bien inmueble. Uno de los principales interrogantes está relacionado con el valor por el que se vendió el inmueble. En el documento presentado ante la Fiscalía se advierte que el precio podría ser inferior al valor comercial que tendría el predio por su ubicación estratégica y potencial comercial. Por eso, el denunciante solicitó revisar los avalúos, los estudios de mercado y los antecedentes de la negociación para determinar si el monto de la transacción correspondía a las condiciones del sector.“De manera preliminar se observa una diferencia sustancial entre el precio por el cual la SAE vendió el inmueble y el valor comercial que razonablemente para la zona tendría el bien”, señala la denuncia, que pide recaudar pruebas para establecer el valor real del predio y las condiciones en que se tomó la decisión de venderlo.La documentación de la subasta también fue puesta bajo cuestionamiento. El acta de Activos por Colombia registra que la convocatoria se abrió el 30 de septiembre de 2025, a las 10 de la mañana, y cerró el 1.º de octubre, a las 5 de la tarde. En el proceso quedaron registradas dos propuestas: la de Inversiones Nueva Vida 1 S. A. S., por 7.363.320.000 pesos, y la de Promotora Costa Verde S. A. S., por 7.600 millones de pesos, que resultó adjudicataria.El inmueble había sido incluido entre 32 predios destinados a enajenación temprana mediante la Resolución 818 del 4 de octubre de 2024. La denuncia busca establecer qué procedimiento se aplicó para autorizar la venta y si se cumplieron los requisitos correspondientes para disponer de un activo sometido a medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio.En entrevista con Blu Radio, el abogado Carlos Alfredo Real confirmó la presentación de la denuncia y cuestionó el tiempo que duró la subasta. “Es muy curioso que este bien inmueble haya pasado por una subasta electrónica que se aperturó el 30 de septiembre del 2025 a las 10 de la mañana, y curiosamente, al día siguiente, es decir, el 1.º de octubre de 2025 a las 5 p. m., ya estaba vendido”, afirmó.Real también sostuvo que el avalúo no reflejaría el valor comercial del inmueble y aseguró que solicitó a la nueva dirección de la SAE suspender la escrituración mientras se revisan las condiciones de la operación. “Hemos presentado denuncia penal en contra de estas personas. Asimismo, le hemos solicitado a la nueva directora de la SAE suspenda la escrituración de este bien inmueble hasta tanto no se determine toda esa cadena que se produjo en la venta, en la compraventa de este bien inmueble, y el avalúo respectivo del mismo”, señaló.Otro de los puntos planteados por el abogado tiene que ver con la instancia que habría autorizado la enajenación temprana “Tenemos que la decisión de enajenación temprana se encontraba a cargo de un comité de enajenaciones conformado por un representante de la presidencia, un representante de hacienda y crédito público, un representante del ministerio de justicia y una de las SAE como secretaria técnica.Y, asimismo, tenemos para decir que el legislador determinó que sería un cuerpo colegiado el que se encargará de determinar esas enajenaciones. Y en este caso, eso no funcionó así. Simplemente la directora ordenó sacar el bien a subasta pública y venderlo con una subasta electrónica”.El jurista agregó que conoce de otros abogados que han reportado situaciones similares en operaciones realizadas durante la administración de Amelia Pérez. Por ello, pidió revisar las ventas de inmuebles efectuadas en ese periodo.
La prórroga del principio de oportunidad concedido a Manuel Antonio Castañeda Bernal, conocido como el ‘Narcochofer’, fue cuestionada por abogados de personas vinculadas a las investigaciones en las que él colabora con la Fiscalía General de la Nación. Las defensas solicitaron revisar las condiciones del beneficio judicial, las supuestas reuniones que habría sostenido con personas relacionadas con el narcotráfico y la información que ha entregado a las autoridades, incluida una declaración en la que mencionó a la excandidata presidencial y exsenadora Paloma Valencia.Un juez de control de garantías avaló la ampliación del principio de oportunidad, mediante el cual Castañeda continúa colaborando con la Fiscalía en cinco líneas de investigación. Estas están relacionadas con la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, de la cárcel La Picota; el presunto uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para transportar estupefacientes; actuaciones de integrantes de la Fuerza Pública relacionadas con una incautación de cocaína; una presunta estructura dedicada al acopio, transporte y comercialización de drogas, y hechos asociados con esquemas de seguridad de la UNP.En entrevista con Blu Radio, el abogado Holman Devia, representante de Omar Hernández, quien se desempeñaba como uniformado en el procedimiento de captura de Castañeda, cuestionó que se prorrogara el beneficio mientras persisten interrogantes sobre las actividades del colaborador con la justicia.“Este caso me genera una pregunta que quiero hacerle directamente a la Fiscalía y es, ¿a Manuel Castañeda le otorgaron un principio de oportunidad o una licencia para delinquir?”, planteó el abogado.Devia se refirió a dos situaciones que, según dijo, requieren aclaración. La primera corresponde a una reunión en el Country Club de Bogotá, sobre la cual señaló que el propio abogado de Castañeda, Miguel Ángel del Río, había relatado encuentros de su representado con narcotraficantes. El defensor de Hernández pidió establecer si esos contactos fueron informados y autorizados por la Fiscalía y si hicieron parte de alguna operación controlada por las autoridades.“Hasta donde tiene entendido esta defensa, el señor Castañeda no está actuando bajo la figura de agente encubierto, porque una cosa es colaborar con la justicia y otra muy distinta es mantener contactos cuya finalidad y legalidad no han sido suficientemente esclarecidas ante la opinión pública”, sostuvo.El segundo episodio mencionado por Devia corresponde a grabaciones de una reunión del 18 de julio de 2025 en la Dirección Nacional de Inteligencia. Según su exposición, en esa conversación aparecería Castañeda hablando de sus contactos con alias ‘Falcón’ y alias ‘Fortuna’, personas vinculadas con el narcotráfico que habrían estado privadas de la libertad en Estados Unidos. También habría referencias a negociaciones relacionadas con bienes bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y a posibles acuerdos con funcionarios del Gobierno Petro.“¿La Fiscalía verificó si estos contactos comprometían las obligaciones de su beneficio, y todavía hay una pregunta más importante, ¿por qué después de conocerse estos hechos se prorrogó su principio de oportunidad?”, preguntó el abogado.El interrogatorio en el que se menciona a Paloma ValenciaUno de los principales cuestionamientos expuestos por Devia se refiere a un interrogatorio rendido por Castañeda en junio de 2026, durante el periodo de campaña electoral, días antes de la segunda vuelta presidencial. Según el defensor, en esa diligencia se hicieron referencias directas a Paloma Valencia, en el contexto de una investigación relacionada con los Comandos de Frontera, estructura criminal que tiene como cabecilla a alias ‘Araña’, recientemente extraditado.Blu Radio conoció el interrogatorio en el que se indagó a Castañeda sobre Luis Carlos Vélez, alias ‘El Mono’, señalado como supuesto líder financiero de los Comandos de Frontera y recientemente judicializado, quien también habría sido facilitador de paz durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En la diligencia también se mencionó a alias ‘JJ’, identificado en el interrogatorio como cabecilla de esa estructura.Al preguntarle por los nexos entre esas personas, Castañeda hizo afirmaciones sobre supuestos vínculos políticos de la organización criminal y mencionó expresamente a Valencia. En el interrogatorio afirmó “Es preocupante porque estas personas están haciendo parte de las mesas de negociación de gobierno y tengo información, verás por algunas fuentes de información bastante confiables que la organización participa en política y que tienen aliados políticos, los cuales los benefician tanto económica como políticamente”.Luego agregó “Según la última información que recibí, alias JJ está apoyando la campaña política de la actual candidata presidencial, Paloma Valencia, y a un señor exgobernador del Putumayo que se llama Buanerges Rosero, y en general al partido político Centro Democrático en el departamento del Huila”.Devia cuestionó el momento en que se produjo la diligencia y pidió conocer las pruebas que respaldarían esas afirmaciones, así como establecer si fueron verificadas de manera independiente. El abogado sostuvo que la Fiscalía debe esclarecer el propósito de la declaración y determinar si la información se utilizó exclusivamente para fines legítimos de investigación.“¿Cuál es el objeto de esa declaración? ¿Qué pruebas respaldan lo manifestado? Y la otra es si fue verificada de manera independiente, y, especialmente, ¿se utilizó esa información exclusivamente para fines legítimos de investigación o existió algún intento de instrumentalizar los mecanismos judiciales con propósitos políticos?”, planteó.El defensor también señaló que, según la información que conoce, la declaración se produjo durante el periodo electoral y en un momento en el que, afirmó, habría existido una instrucción desde el Pacto Histórico para que Miguel Ángel del Río liderara una campaña de verificación de posibles fraudes electorales. Devia indicó que Castañeda rindió el interrogatorio en presencia de Del Río, su abogado. Estos señalamientos fueron resaltados por el abogado Devia como cuestionamientos que deben esclarecerse.Al solicitar una revisión integral del principio de oportunidad, Devia pidió verificar las obligaciones impuestas a Castañeda, las actividades reportadas y la información que sustentó la prórroga. También solicitó establecer si las reuniones con personas vinculadas al narcotráfico fueron informadas, autorizadas o controladas por las autoridades y que, si se identifican incumplimientos o posibles nuevos delitos, se adelanten las actuaciones correspondientes.El abogado hizo además un llamado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la DEA y a las autoridades federales competentes para que, mediante los canales oficiales de cooperación judicial, examinen la información relacionada con los presuntos contactos de Castañeda con personas vinculadas al narcotráfico internacional. Devia agregó que ha sido víctima de amenazas durante el proceso y aseguró que esos hechos no han avanzado en la Fiscalía.Otro cuestionamiento por las investigaciones relacionadas con la UNPPor su parte, el abogado Sergio Clavijo, defensor del líder sindical Wilson Devia, también cuestionó la prórroga del principio de oportunidad. Su representado se encuentra en etapa preparatoria de juicio por hechos que, según la Fiscalía, estarían relacionados con esquemas de seguridad y presuntas solicitudes de dinero para garantizar acompañamientos irregulares. Castañeda es testigo dentro de ese proceso.Clavijo afirmó que, a partir de audios divulgados públicamente, existirían interrogantes sobre las actividades del ‘Narcochofer’ y posibles contactos con personas vinculadas al narcotráfico. También sostuvo que Castañeda tendría denuncias por presuntas estafas relacionadas con automóviles y otras transacciones, sobre las cuales, según dijo, desconoce avances investigativos.“Para la defensa recibimos con sorpresa esta prórroga al principio, porque decimos si esta persona sigue delinquiendo, no entendemos cómo la Fiscalía prorroga”, manifestó.El abogado también cuestionó que, según su versión, no se haya avanzado en denuncias presentadas por Yesid Torres, propietario de un esquema de seguridad, relacionadas con el transporte de estupefacientes. En ese contexto, mencionó a Viviana Toro, esposa de Castañeda, y preguntó por qué no se habría investigado su posible participación en esos hechos.Clavijo sostuvo, además, que su cliente fue absuelto en un proceso ante la Procuraduría por hechos que, según afirmó, guardan relación con la investigación sobre el presunto alquiler irregular de esquemas de la UNP. Por ello, cuestionó la continuidad del beneficio otorgado a Castañeda mientras, a su juicio, siguen pendientes asuntos que deben ser esclarecidos.
La Fiscalía General de la Nación realizó una diligencia de allanamiento y registro en la sede de la sociedad Activos por Colombia, en Barranquilla, luego de una denuncia presentada por la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por presuntos actos de corrupción y una posible manipulación de sistemas orientada a eliminar u ocultar información institucional.El procedimiento fue adelantado por la Fiscalía 9.ª Especializada de la Estructura de Apoyo, con participación de unidades encargadas de investigar hechos de corrupción y delitos cibernéticos. La diligencia contó, además, con el acompañamiento de la Procuraduría y fue declarada legal por un juez de control de garantías.Durante el allanamiento fueron incautados equipos tecnológicos que ahora serán sometidos a análisis forenses. La Fiscalía busca preservar la evidencia digital y establecer qué información se encontraba almacenada en los dispositivos, así como determinar si hubo alguna alteración, eliminación u ocultamiento de información institucional y quiénes podrían tener responsabilidad penal por estos hechos.La actuación se originó en la denuncia de la nueva administración de la SAE, que puso en conocimiento de las autoridades las presuntas irregularidades que habrían afectado información relacionada con los bienes administrados por la entidad.Desde la presidencia se aseguró que la administración entregará a las autoridades toda la colaboración requerida para esclarecer lo ocurrido y que la información será preservada mientras avanzan las investigaciones.“En la lucha contra la corrupción que afecta los bienes administrados en detrimento del interés general, desde esta nueva administración de la SAE vamos a prestar toda la colaboración que requiera la Fiscalía, la Procuraduría y los demás organismos de control”, se señaló en el pronunciamiento.Agregó que su instrucción es garantizar la preservación de la información y permitir que las autoridades establezcan lo ocurrido. “Aquí no venimos a ocultar información ni a interferir en las investigaciones. Por el contrario, nuestra instrucción es clara, preservar la información, garantizar absoluta transparencia y permitir que las autoridades lleguen hasta el fondo de lo ocurrido”, afirmó.Los elementos tecnológicos incautados serán objeto de estudios especializados para asegurar la evidencia digital y establecer si existen elementos que permitan identificar conductas constitutivas de delito.La presidencia insistió en que los activos y la información bajo su administración hacen parte del patrimonio público y deben ser manejados bajo criterios de transparencia, mientras la Fiscalía avanza en la investigación para determinar las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades penales.
En la gobernación del Valle del Cauca se llevó a cabo una reunión de seguridad entre las autoridades departamentales y la comunidad del corregimiento de Potrerito de Jamundí, que en los últimos días han denunciado la ocupación irregular a un predio cercano a la estación de Policía de esta zona, y como estos invasores ingresan y asaltan los negocios cercanos.En este encuentro se constató que el lugar que está siendo invadido está a cargo de la Sociedad de Activos Especiales, entidad a la que se le hizo un llamado para respaldar las acciones de recuperación, pues no es el único ni el primer predio de la SAE en zona rural de este municipio que ha sido invadido, pues ya es una problemática permanente."Hemos venido adelantando unas gestiones para que rápidamente la Sociedad de Activos Especiales puede hacer lo propio que le corresponde, para poder atender esta situación, y hemos escuchado atentamente los requerimientos que nos ha dicho la comunidad y vamos adelantar gestiones con la Policía Metropolitana de Cali y con las capacidades institucionales que tenemos actualmente, para poder resolver esta situación y que no genere graves alteraciones", dijo el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño.La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que junto a la comunidad gestionará la comunicación con la Sociedad de Activos Especiales para lograr atender la situación en los predios que ya están invadidos, y aumentar la seguridad para evitar más ocupaciones irregulares, que pongan en riesgo la vida de habitantes y comerciantes de la zona.
Tras más de 20 años en proceso de extinción de dominio, en las últimas horas se conoció una nueva decisión sobre la controvertida propiedad del exfutbolista René Higuita en El Poblado, que según la justicia, guarda vínculos con el Cartel de Medellín.A la propiedad adquirida en 1993 por la leyenda de Atlético Nacional y la Selección Colombia, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, le aplicó a esta medida tras comprobar que hizo parte de un esquema de testaferrato mediante el cual integrantes esa organización criminal recurrieron a terceros para ocultar activos de origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.Según la Fiscalía, la propiedad de cerca de 1.253 metros cuadrados en el sur de la ciudad fue adquirida por Gustavo Cuartas Rendón, quien actuó inicialmente como testaferro de los hermanos William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, integrantes del Cártel de Medellín.No obstante, testimonios, documentos e incluso un estudio grafológico obtenido en el proceso permitieron establecer que una firma falsa en una escritura pública permitió sucesivas transferencias del bien hasta llegar a ser adquirido por el exportero y uno de sus familiares. Higuita siempre ha sostenido que realizó transacciones de buena fe respecto a la propiedad."Si la casa perteneció a este, digamos, como a un narcotraficante, ¿cierto? Yo no le compré a él, le compré fue a este. Yo no estuve pendiente que debía de estar pendiente", dijo hace varios años a Los Informantes.Pese a que en 2016 un juzgado civil de Medellín le dio la razón a Higuita y levantó la medida cautelar sobre el inmueble administrado por la Sociedad de Activos Especiales, la entidad del Gobierno nacional impugnó esa decisión al considerar que el asunto debía ser resuelto por la jurisdicción especializada en extinción de dominio y no por un juez civil.El litigio llegó incluso hasta la Corte Constitucional, debido al debate sobre los alcances de la tutela y la protección del patrimonio estatal frente a los bienes de origen ilícito.
La lucha contra el crimen organizado sumó un nuevo capítulo simbólico en Medellín con la entrega de una lujosa propiedad que alguna vez estuvo en la órbita del Cartel de Pablo Escobar y que, desde ahora, será utilizada por el Gaula Militar para fortalecer las operaciones contra el secuestro y la extorsión.El inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, deja atrás su pasado ligado a una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia del país para convertirse en un activo al servicio de la seguridad.La entrega fue realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para recuperar bienes provenientes de economías ilícitas y destinarlos al fortalecimiento de la Fuerza Pública.La propiedad, de 1.798 metros cuadrados construidos, hacía parte de los procesos de extinción de dominio relacionados con los hermanos Galeano y Moncada, considerados piezas fundamentales de la estructura financiera del Cartel de Medellín y estrechos aliados de Escobar durante los años de mayor poder de esa organización narcotraficante.Amelia Pérez, presidenta de la SAE, destacó que con esta decisión, el Estado busca resignificar espacios que durante décadas representaron el enriquecimiento producto del narcotráfico y convertirlos en herramientas para combatir precisamente al crimen."Ser utilizado para beneficio del país y qué más que a través de ustedes. Esperamos sea bien aprovechado, que sea bien utilizado en todo lo que ustedes saben hacer para evitar tantas extorsiones, tantos hechos que afectan a esta sociedad", dijo la directiva.Aparte de este bien en la capital antioqueña, la entidad del Gobierno nacional también entregó otros dos inmuebles en Cúcuta y Cali. En la capital nortesantandereana fue recuperada una propiedad de más de 3.500 metros cuadrados que perteneció a la estructura criminal de Henry Carrillo Ramírez, alias ‘Barriga’, señalado como cabecilla de una red transnacional de narcotráfico.Por su parte, en Cali, el Estado puso al servicio de las autoridades una vivienda de tres niveles vinculada a procesos de extinción de dominio contra Helmer Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.
De museo a hogar de paso para población vulnerable: el denominado Museo de Pablo Escobar, en Las Palmas en Medellín, fue entregado de manera oficial a la Fundación Luna Valentina para la creación de un hogar de paso dirigido a poblaciones vulnerables que requieren atención y acompañamiento temporal.El inmueble estuvo bajo el control de Pablo Escobar Gaviria y posteriormente de su hermano, Roberto Escobar Gaviria, alias 'El Osito'. Según la sentencia de extinción de dominio, la justicia estableció que la propiedad fue adquirida con recursos provenientes del narcotráfico y el lavado de activos.Además, el fallo documentó que la vivienda fue utilizada por Escobar como refugio durante los últimos meses en los que evadió la acción de las autoridades. Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, destacó que esta es la primera entrega parte de la estrategia bienes que transforman."En este lugar estuvo escondido antes de irse para la casa, donde fue dado debajo por la policía. Entonces, estos 400 metros cuadrados que se tienen ahora se transforman completamente para el beneficio de estos niños, de estos discapacitados y todas las personas que aquí requieran, porque es un hogar de paso", señaló. Por su parte, la representante legal de Fundaluva, Ines Helena Cano, destacó que la organización desde 2015 trabaja por la inclusión y el bienestar de personas con discapacidad, población LGBTIQ+, jóvenes campesinos, pacientes con enfermedades de alto costo y sus familias."Esta entrega para mí significa que se vaya a la oscuridad de este lugar y llegue la luz, y va a funcionar como un refugio, un hogar, un lugar seguro para las personas con enfermedades terminales, discapacidad y todo el que nos necesite. Fue muy satisfactorio para nosotros ver el alcance que podíamos tener, lo grandes que éramos, y los merecedores que hoy somos de esta casa", indicó.La entidad ha participado en procesos de incidencia social, construcción de política pública e iniciativas orientadas a la garantía de derechos de poblaciones históricamente excluidas.Por lo pronto se conoció que el inmueble será adecuado para funcionar como un hogar de paso que ofrecerá alojamiento, alimentación y acompañamiento a personas que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos, procesos de rehabilitación o atención especializada, así como a sus familiares y cuidadores.
La ley de rescate económico, o ajuste fiscal, contempla un aumento del costo final de la medicina prepagada y una reducción de ese costo para quienes tienen seguros complementarios de salud y otro tipo de pólizas.La medicina prepagada pagaría un IVA del 19 % y los demás planes quedarían excluidos del impuesto, un tratamiento diferencial que ha sido objeto de debate en redes sociales. El IVA a la medicina prepagada es el punto que más reclamos ha generado.¿Por qué se tomó la decisión? Según el Gobierno Nacional, esa decisión tiene que ver con el nivel de ingresos de quienes compran seguros privados de salud, porque solo los más adinerados están accediendo a la medicina prepagada."El 80 % de las personas con medicina prepagada pertenece al 20 % de la población de mayores ingresos, mientras que el 66 % se concentra en el 10 % de mayores ingresos. En contraste, entre quienes adquieren otros planes voluntarios de salud, como pólizas y planes complementarios, solo el 29 % pertenece al 10 % de mayores ingresos", dijo el Ministerio de Hacienda en respuesta a consultas de Blu Radio.En los últimos años, el deterioro del sistema de salud llevó a una verdadera explosión de demanda de seguros privados. Según Acemi, hoy hay cerca de 1,5 millones de personas en Colombia con contratos de medicina prepagada, un 35 % por encima de las cifras registradas hace tres años.El mercado de las pólizas también está creciendo. Al cierre de 2025, 1,8 millones de colombianos tenían contratos con aseguradoras para financiar su atención en salud, según Fasecolda.Las cifras no incluyen una amplia gama de servicios 'plus' o 'complementarios' que son ofrecidos por las propias EPS con el objetivo de dar un acceso preferencial a una lista corta de servicios. Todos ellos verían una reducción del IVA a pagar, que pasaría del 5 % al 0 %.¿Recibe compensación de IVA? Esto es lo que cambiaría para usted con la reformaDesde la pandemia, el Gobierno colombiano está compensando el IVA pagado por los hogares de menores ingresos. Actualmente, unos 700 mil hogares están en el programa de devolución del DPS y reciben por este concepto unos 111 mil pesos cada uno.Con la reforma tributaria, la compensación de IVA desaparece y se crearía el programa EfectIVA, que implica devoluciones para 35 millones de personas. La promesa del Gobierno es que las familias beneficiarias de la compensación que existe hoy (las que van a recibir los giros desde este fin de semana) serán protegidas en la transición."Ningún hogar que actualmente recibe la compensación perderá ese beneficio durante la transición, ni recibirá menos de lo que recibe hoy", explicó el Ministerio de Hacienda.Hay varias diferencias entre el programa actual y EfectIVA. Por ejemplo, el nuevo programa funcionaría por personas y no por familias.Si se aprueba la reforma, el monto máximo de IVA que le van a devolver a una persona equivale a unos 288 mil pesos mensuales y, dependiendo de su nivel de ingresos, esa devolución será total o parcial. Le pueden devolver el 30 %, el 50 % o el 100 % del IVA."La compensación que opera hoy es una transferencia monetaria que estima el IVA pagado por cada hogar a partir de un nivel de consumo calculado. La devolución, en cambio, le regresa a cada persona el IVA que efectivamente pagó", agregó el Gobierno.No hay que perder de vista que en el nuevo sistema la devolución se haría únicamente por compras con factura electrónica.
Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la Alta Guajira han generado dificultades de movilidad y dejado incomunicadas a varias comunidades indígenas, cuyos habitantes enfrentan problemas para acceder a servicios y productos esenciales.La situación ha impedido que algunas familias puedan salir en busca de agua potable, alimentos y medicamentos, así como trasladar a personas enfermas hacia los cascos urbanos de municipios como Uribia y Manaure, para que reciban atención médica. Las crecientes de los arroyos han complicado aún más el panorama en esta zona del departamento.A estas afectaciones se suman las dificultades que enfrentan los transportadores para movilizarse por las trochas. Las malas condiciones del terreno y el aumento de los caudales han obstaculizado el paso de vehículos que llevan alimentos y otros productos hacia diferentes sectores de la región.Habitantes y transportadores manifiestan su preocupación por las consecuencias que puede traer esta situación, especialmente para las comunidades indígenas que dependen del abastecimiento externo para acceder a productos de primera necesidad y servicios básicos.“ Para esta temporada, la situación es muy difícil a los operadores de estos programas del ICBF han tenido pérdidas porque se mojan los productos porque los camiones se llevaran en las trochas y cualquier cantidad de dificultades para llevar los alimentos y también pasa lo mismo con los medicamentos”, dijo Wilberto Teherán, habitante de la Alta Guajira.Ante este panorama, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que atienda las afectaciones, facilite el acceso a agua a las comunidades y disponga las acciones necesarias para garantizar el suministro del líquido, alimentos, medicamentos y atención médica a las familias damnificadas.
El representante a la Cámara Héctor Chaparro, integrante de la Comisión Tercera y del Partido Liberal, expuso los reparos de su bancada frente a la Ley de rescate económico presentada por el Gobierno nacional. Tras una reunión en Barranquilla con integrantes del Ejecutivo y representantes de diferentes partidos, señaló que existe preocupación por los impuestos propuestos para la canasta familiar, el sector agropecuario y las personas con ingresos superiores a cinco millones de pesos.El congresista reconoció la necesidad de tomar medidas para enfrentar el déficit fiscal, pero advirtió que el proyecto debe tener viabilidad política en el Congreso y contemplar alternativas de recaudo. “La magnitud de la crisis fiscal puede afectar a todos los hogares colombianos”, afirmó.Chaparro indicó que los partidos de gobierno e independientes presentaron sus inquietudes durante el encuentro, en el que participaron el vicepresidente de la República, los ministros de Comercio, Transporte e Interior y el director de la Dian.¿Qué reparos tiene el Partido Liberal frente a la Ley de rescate económico?Uno de los principales puntos de preocupación es el aumento del IVA para productos de la canasta básica y elementos utilizados en el sector agropecuario, como fertilizantes, plaguicidas y distritos de riego. También mencionó los cambios en el impuesto de renta para personas que reciben más de cinco millones de pesos, el incremento de los parafiscales y los posibles efectos de los impuestos a las bebidas alcohólicas sobre las rentas territoriales.El representante recordó que el Gobierno busca reducir una brecha fiscal superior a 90 billones de pesos, por lo que considera necesario revisar las fuentes de financiación. “Es necesario que hoy se trabaje articuladamente entre el Gobierno y el Congreso para buscar una ley que realmente logre generar unas medidas para el ajuste fiscal”, sostuvo.¿Qué opina Héctor Chaparro del IVA a las compras en plataformas digitales?Chaparro también se refirió a la propuesta de eliminar la exclusión del IVA para los envíos urgentes de menos de 200 dólares. La medida implicaría que compras realizadas mediante plataformas como Amazon, Temu y Shein paguen la tarifa general del 19 %.El congresista consideró que el tema debe discutirse en el Legislativo. Explicó que la exclusión comenzó en 2014, antes de la expansión del comercio electrónico, y que actualmente puede generar diferencias entre quienes compran en plataformas digitales y quienes adquieren los mismos productos en establecimientos físicos.“Hay un desnivel en esta cancha”, señaló. Además, mencionó el llamado pitufeo, una práctica que describió como la agrupación de cientos de pedidos de bajo valor en una misma dirección para evitar el pago del impuesto.Sobre las alternativas de recaudo, cuestionó que se plantee reducir el impuesto de renta a las empresas mientras se proponen nuevos cobros para otros sectores. “Tenemos que pensar precisamente en cuáles son los impuestos que realmente vamos a aumentar”, afirmó.Finalmente, anunció que el Partido Liberal presentará en los próximos días una propuesta como bancada de las comisiones económicas para plantear alternativas frente al proyecto del Gobierno.
El Chontico Día es uno de los juegos de chance más reconocidos del Valle del Cauca. Cada jornada reúne a miles de participantes que siguen el sorteo y revisan la combinación ganadora para comprobar si sus apuestas fueron favorecidas.Resultado del Chontico Día hoy, lunes 9 de noviembre de 2026El resultado oficial del sorteo de este lunes está pendiente de publicación. Estos son los datos que podrán consultar los apostadores una vez se anuncien las cifras:Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.Quinta balota: pendiente de publicación.Los resultados pueden verificarse en los canales autorizados y en los puntos de venta. Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador.¿A qué hora juega el Chontico Día?El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales están disponibles después del sorteo a través de los medios habilitados para su consulta.¿Cómo se juega el Chontico Día?Los participantes pueden elegir entre seis modalidades, según las cifras que quieran acertar:Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.Tres cifras directo: requiere coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales en cualquier orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?El juego permite participar con diferentes presupuestos, dentro de los valores establecidos:Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados. Los documentos básicos son:Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Con sorteos diarios, seis modalidades de apuesta y distintas opciones para acertar, el Chontico Día conserva su presencia entre los juegos de chance más consultados en el Valle del Cauca.
El Gobierno Nacional ha prometido recortar un 15 % el tamaño del Estado gracias a la ley de rescate económico que está siendo discutida en el Congreso, y uno de sus frentes de batalla será el recorte de ‘otras transferencias’ y de ‘fondos especiales’.Según el Ministerio de Hacienda, en el presupuesto del próximo año hay 23 billones de pesos dispersos en 262 renglones del presupuesto agrupados bajo el concepto de transferencias y unos 19 billones más en fondos especiales. Este recorte de transferencias en Colombia no incluye a los establecimientos públicos, que completan los 63 billones de pesos que el ministro Miguel Gómez ha calificado como ‘mal usados’. La ley de rescate económico le daría al Gobierno la potestad de aplazar o recortar las transferencias que no tengan aval en 2027 y de no programarlas en el resto del mandato de Abelardo De La Espriella. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no planea hacer un ‘recorte indiscriminado’ de todos esos gastos, sino una evaluación caso a caso.“Dentro de estas partidas hay transferencias que financian actividades productivas de empresas públicas o mixtas que deberían ser autosostenibles, estudios de alto costo o programas que deberían financiarse con recursos propios de las entidades. La propuesta busca revisar si estas asignaciones siguen siendo necesarias, si cumplen los objetivos para los cuales fueron creadas y si existen duplicidades o posibilidades de utilizar mejor los recursos públicos”, dijo la entidad en respuesta a Blu Radio.Quedan excluidas de los recortes las transferencias directas por seguridad social, educación y transferencias territoriales definidas por la Constitución.Más allá de la ley que está en trámite, el Gobierno está pensando en medidas “complementarias” para recortar los gastos, que podrían incluir cambios a los subsidios en servicios públicos.“El proyecto no contempla una modificación específica al esquema de subsidios de los servicios públicos domiciliarios, pero es un tema que tenemos previsto seguir trabajando en el marco de nuestro plan de Gobierno, particularmente en el Plan Nacional de Desarrollo”, agregó la entidad.La ley de rescate económico no contempla medidas adicionales para controlar el déficit en materia de precios de la gasolina y el ACPM; sin embargo, el Gobierno ya tiene las “herramientas legales necesarias” para hacer ajustes graduales y su objetivo sigue siendo ‘avanzar’ hacia la neutralidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.