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Decretan extinción de dominio a casa abandonada de René Higuita en Medellín

En el proceso legal se comprobó que el bien estuvo relacionado con el Cartel de Medellín y pasó por testaferros antes de que el exfutbolista asegurara adquirirlo de buena fe.

Propiedad de René Higuita en El Poblado.jpg
Propiedad de René Higuita en El Poblado.
Los Informantes

Tras más de 20 años en proceso de extinción de dominio, en las últimas horas se conoció una nueva decisión sobre la controvertida propiedad del exfutbolista René Higuita en El Poblado, que según la justicia, guarda vínculos con el Cartel de Medellín.

A la propiedad adquirida en 1993 por la leyenda de Atlético Nacional y la Selección Colombia, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, le aplicó a esta medida tras comprobar que hizo parte de un esquema de testaferrato mediante el cual integrantes esa organización criminal recurrieron a terceros para ocultar activos de origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.

Según la Fiscalía, la propiedad de cerca de 1.253 metros cuadrados en el sur de la ciudad fue adquirida por Gustavo Cuartas Rendón, quien actuó inicialmente como testaferro de los hermanos William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, integrantes del Cártel de Medellín.

No obstante, testimonios, documentos e incluso un estudio grafológico obtenido en el proceso permitieron establecer que una firma falsa en una escritura pública permitió sucesivas transferencias del bien hasta llegar a ser adquirido por el exportero y uno de sus familiares. Higuita siempre ha sostenido que realizó transacciones de buena fe respecto a la propiedad.

"Si la casa perteneció a este, digamos, como a un narcotraficante, ¿cierto? Yo no le compré a él, le compré fue a este. Yo no estuve pendiente que debía de estar pendiente", dijo hace varios años a Los Informantes.

Pese a que en 2016 un juzgado civil de Medellín le dio la razón a Higuita y levantó la medida cautelar sobre el inmueble administrado por la Sociedad de Activos Especiales, la entidad del Gobierno nacional impugnó esa decisión al considerar que el asunto debía ser resuelto por la jurisdicción especializada en extinción de dominio y no por un juez civil.

El litigio llegó incluso hasta la Corte Constitucional, debido al debate sobre los alcances de la tutela y la protección del patrimonio estatal frente a los bienes de origen ilícito.

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