Dos mujeres que estarían implicadas en un entramado ilegal, que habría utilizado letras de cambio diligenciadas irregularmente para obtener recursos mediante el cobro fraudulento de préstamos otorgados a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui (Chocó), fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación.Las dos mujeres presuntamente utilizaron títulos valor con firmas falsas o alteradas para promover procesos ejecutivos contra los uniformados.La Fiscalía General relacionó las denuncias de 13 víctimas notificadas de procesos ejecutivos de mínima cuantía, en los que aparecían como demandadas por deudas que aseguraron no haber adquirido con una cooperativa.El fiscal que lleva el caso señala que las pruebas de grafología concluyeron que las firmas de las víctimas en los títulos valor presentaban alteraciones.“La prueba grafológica está afirmando que no hay uniprocedencia entre la firma que utilizan las víctimas de las demandas y del proceso penal, por supuesto, y las que están consignadas en el título valor”, resaltó el fiscal.Estas letras eran endosadas a una cooperativa representada legalmente por Mena Pacheco que promovió demandas ejecutivas contra los afectados.Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación estableció que así se inducía en error a la administración de justicia con el fin de obtener fallos favorables y conseguir el embargo de hasta el 25 % del salario de las víctimas.La Fiscalía General les imputó los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados.Por estos mismos hechos, recientemente fueron judicializados un subintendente de la Policía Nacional y una particular que también habrían participado en el entramado ilegal.
Siete años después del asesinato del firmante del Acuerdo de Paz Dimar Torres Arévalo, la justicia hizo efectiva la condena contra uno de los responsables. En Bucaramanga fue capturado el coronel (r) del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, quien deberá cumplir una pena de 40 años de prisión por ordenar el homicidio ocurrido el 22 de abril de 2019 en zona rural de Convención, Norte de Santander.La detención fue realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional Santander, con apoyo de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y del Batallón de Ingenieros de Combate No. 5 Francisco José de Caldas. El exoficial fue interceptado en el barrio García Rovira hacia las 6:00 de la tarde del lunes 3 de agosto en la calle 41 entre carreras 12 y 13, donde las autoridades hicieron efectiva la orden de captura expedida por un juzgado especializado de Cúcuta para que cumpla la sentencia.El caso se remonta al 22 de abril de 2019, cuando Dimar Torres Arévalo, exintegrante de las Farc y firmante del Acuerdo de Paz, fue asesinado en la vereda Campo Alegre, zona rural del municipio de Convención, en la región del Catatumbo.Torres adelantaba su proceso de reincorporación cuando fue interceptado por integrantes del Batallón de Operaciones Especiales No. 11 del Ejército. Horas después de su desaparición, campesinos de la zona encontraron su cuerpo sin vida y denunciaron que militares pretendían ocultarlo en una fosa improvisada, situación que generó una fuerte reacción de la comunidad y dio paso a la investigación de la Fiscalía.Las investigaciones establecieron que el entonces coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, quien comandaba esa unidad militar, impartió la orden de asesinar a Dimar Torres bajo la sospecha, que nunca fue demostrada, de que el excombatiente habría participado en la muerte de un soldado ocurrida días antes tras la activación de un artefacto explosivo.El asesinato de Dimar Torres se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia y motivó pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que reclamaron garantías para quienes se acogieron al proceso de reincorporación.Tras un extenso proceso judicial, un juez especializado condenó al coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita a 40 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida. Con la captura realizada en Bucaramanga, las autoridades hicieron efectiva la sentencia que permanecía pendiente de ejecución.El oficial retirado quedó a disposición de las autoridades competentes para cumplir la condena por uno de los crímenes más representativos contra un firmante del Acuerdo de Paz y que marcó la implementación del proceso de paz en el país.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), capturó a 13 personas señaladas de integrar una presunta red de corrupción que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por cerca de 3 billones de pesos, en proyectos ejecutados en 19 departamentos del país.Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio. Entre los capturados figuran el actual alcalde de María La Baja, Bolívar, Ramiro González; un exalcalde del municipio de La Paz ,Cesar; un contratista, así como varios exdirectivos y exfuncionarios del Fondo Mixto Sierra Nevada.Los capturados serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías para el desarrollo de las audiencias concentradas, en las que la Fiscalía expondrá los elementos materiales probatorios que sustentan la investigación.De acuerdo con fuentes del ente acusador, este proceso hace parte de una estrategia especializada para investigar posibles irregularidades en la contratación financiada con recursos del Sistema General de Regalías. Para ello, la Fiscalía conformó recientemente un grupo especial integrado por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, fiscales seccionales y fiscales especializados en corrupción, con el propósito de identificar estructuras criminales dedicadas al desvío de estos recursos públicos.Según las fuentes consultadas, hasta el momento se han identificado cinco grandes estructuras que, presuntamente, operaban mediante mecanismos similares para apropiarse de recursos destinados a proyectos regionales. Entre ellas se encuentra el denominado caso Aremca, por el cual nueve personas fueron enviadas a la cárcel dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades que superarían el medio billón de pesos.El expediente conocido como Sierra Nevada corresponde al segundo gran caso identificado por ese grupo especializado, mientras que otras tres investigaciones continúan en desarrollo y permanecen bajo reserva.La Fiscalía ha establecido que el presunto esquema de corrupción detectado en Aremca sería similar al que ahora se investiga en el caso Sierra Nevada. De acuerdo con las indagaciones, las organizaciones habrían participado en un entramado que permitió la apropiación irregular de recursos del Sistema General de Regalías mediante la celebración y ejecución de contratos que, presuntamente, incumplían las disposiciones legales que regulan la contratación pública.Las investigaciones indican que las iniciativas financiadas con estos recursos habrían sido ejecutadas mediante órdenes de prestación de servicios y subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y personas presuntamente vinculadas con la organización, mecanismos que, según la Fiscalía, facilitaron el direccionamiento de los recursos y el presunto desvío del dinero público.
Cinco militares del Ejército Nacional fueron condenados a 20 años y 2 meses de prisión tras aceptar, mediante preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada agravada de Esneider Flórez Manco, un campesino de 27 años, con discapacidad cognitiva, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar del municipio de Frontino, Occidente de Antioquia.Los condenados son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández. La decisión fue avalada por un juez de conocimiento, luego de que los uniformados aceptaran los cargos dentro de un preacuerdo con el ente acusador.Según la investigación de la Fiscalía Seccional Antioquia, la víctima fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Durante cerca de cinco horas habría sido sometida a múltiples actos de tortura, entre ellos golpes, asfixia y sofocamiento. Además, fue desnudada, amarrada y colgada de un árbol. "En la medida en que no recibían respuestas coherentes, debido a su discapacidad cognitiva, lo sometieron a una serie de tratos crueles, le infligieron dolores y sufrimientos físicos y psíquicos, con el fin de obtener de la víctima información o confesión de ser presunto integrante de un grupo armado organizado", expuso el fiscal del caso durante las audiencias.Las labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que el campesino murió en un baño de la base militar como consecuencia de las agresiones.La Fiscalía indicó que, tras el homicidio, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado hasta un helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue recuperado por las autoridades y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que concluyó que la causa de la muerte correspondía a los actos de tortura sufridos.Por este mismo caso, el entonces comandante de la base militar, el teniente Leider Ortiz Ortiz, ya había sido condenado mediante preacuerdo a 20 años y 3 meses de prisión. Entre tanto, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes continúan vinculados al proceso penal y permanecen privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra.
Un juez de conocimiento condenó a 25 años y 9 meses a Maicol Valencia García por el secuestro de dos funcionarios del CTI, y de la esposa de uno de ellos en abril de 2024 en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.En un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, posteriormente avalado por un juez de conocimiento, Valencia García aceptó su responsabilidad por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas.De acuerdo con la investigación, las víctimas, vinculadas a la Dirección de Justicia Transicional, se desplazaban de Cali hacia Popayán cuando, debido al cierre de la vía Panamericana, tomaron una ruta alterna por la vereda El Turco. Allí fueron interceptadas por integrantes de un grupo armado ilegal, entre quienes se encontraba el hoy condenado.Los funcionarios del CTI, además de haber sido amenazados de muerte, fueron despojados de sus armas de dotación, municiones, una camioneta institucional, computadores, celulares y documentos relacionados con procesos judiciales vigentes.Las víctimas secuestradas por el grupo armado ilegal, fueron puestas en libertad gracias a la mediación de una comisión humanitaria el 12 mayo de 2024. En consecuencia, la Fiscalía multó a Maicol Valencia con más de 22 millones de pesos.
El frente de guerra oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió un video de 16 minutos como prueba de supervivencia de los agentes del CTI de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen secuestrados desde el 8 de mayo de 2025.La grabación, fechada el 10 de julio de 2026, muestra a ambos funcionarios solicitando al Gobierno nacional avanzar en un intercambio humanitario que permita su liberación, luego de completar 14 meses en cautiverio.Durante el video, Jesús Antonio Pacheco Oviedo hace un llamado directo al presidente Gustavo Petro, a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa y a otros integrantes del Gobierno para que impulsen una negociación con el ELN."Hoy más que nunca quiero pedirle al señor presidente de la República, Gustavo Petro; a la señora fiscal general de la Nación y a todas las personas que hacen parte del Gobierno nacional que se pongan la mano en el corazón por nosotros. Si usted nos da la mano antes de terminar su gobierno y si no, tenga lo seguro presidente, que va a quedar enmarcado en la historia del país, que se fue dejando a unos colombianos pidiendo y clamando por la libertad", expresó el agente.En un mensaje cargado de emotividad, también habló de su hijo de siete años, quien le escribió una carta en la que le promete entregarle un regalo del Día del Padre cuando regrese a casa y le pide volver a jugar fútbol juntos.Por su parte, Rodrigo Antonio López Estrada también pidió al presidente Petro que no termine su Gobierno sin resolver su situación."Con el corazón en la mano quiero pedirle su apoyo para que llegue a un acuerdo con el ELN. Porque así como nosotros hicimos historia, usted también va a hacer historia si nos deja sin resolver esta situación. Un presidente que no pudo resolver una situación de dos agentes de protección. Un presidente que no fue capaz de llegar a un diálogo durante su campaña, al inicio. Esa fue su bandera. Al gobierno entrante, quiero pedirle mucha prudencia con esta situación que estamos viviendo con el ELN. Mucha prudencia al gobierno entrante", afirmó.El funcionario igualmente solicitó a la fiscal general redoblar los esfuerzos para lograr su liberación y describió la incertidumbre que enfrenta diariamente por el tiempo que lleva alejado de su familia.ELN insiste en un intercambio humanitarioJunto con la difusión del video, el Frente de Guerra Oriental reiteró su disposición para realizar un intercambio humanitario con el Gobierno nacional y aseguró que, hasta ahora, no ha recibido una respuesta favorable.Además, el grupo armado responsabilizó tanto al Gobierno saliente de Gustavo Petro como al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella de cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida de los dos agentes en caso de un eventual operativo militar de rescate.Finalmente, el ELN hizo un llamado a los familiares de los funcionarios secuestrados para que exijan a ambos gobiernos adelantar las gestiones necesarias que permitan concretar una liberación por la vía humanitaria.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que uno de los proyectos recientemente aprobados en el marco de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos permitirá fortalecer el sistema de base de datos de ADN criminal del país, mediante respaldo técnico y financiero internacional. El anuncio fue realizado durante la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Según explicó la Fiscal General, la cooperación fue comunicada oficialmente a la Fiscalía el pasado 10 de junio como parte de la relación bilateral entre ambos países y estará orientada al desarrollo e implementación de proyectos estratégicos para fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales de impacto transnacional. La iniciativa contempla acciones dirigidas a combatir estructuras dedicadas al lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la explotación sexual de menores de edad y la extracción ilegal de minerales. Asimismo, busca fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos financieros y avanzar en la identificación y afectación de las economías ilícitas.Dentro de los proyectos aprobados también se encuentra el fortalecimiento de la transformación digital de la Fiscalía mediante la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos, además de nuevas tecnologías para la investigación financiera y el seguimiento de operaciones relacionadas con criptoactivos.La cooperación internacional igualmente permitirá desarrollar programas de asistencia técnica, capacitación e intercambio de conocimientos para los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de las direcciones especializadas de la Fiscalía, con el propósito de mejorar las capacidades investigativas de la entidad.De acuerdo con la información presentada, estos proyectos también consolidarán mecanismos de cooperación internacional para facilitar la identificación, investigación y judicialización de organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales, fortaleciendo la articulación entre la Fiscalía colombiana y autoridades de seguridad y justicia de Estados Unidos, así como de otros países.
El proceso judicial por el feminicidio de Natalia Villalba, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, avanzó con la legalización de la captura del ciudadano británico Foster Martinson, señalado por las autoridades como el presunto responsable del crimen.La captura fue avalada por una juez penal de control de garantías de Bogotá, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador sostiene que Martinson habría causado la muerte de la mujer el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio Chicó.El ciudadano británico fue detenido por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado, después de ser expulsado de Ecuador. Previamente, había sido capturado el viernes 26 de junio en el aeropuerto internacional de Quito, tras la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía y la activación de una notificación roja de Interpol.Según la investigación, Foster Martinson es el principal sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento de la localidad de Chapinero, hecho que generó conmoción en la capital del país.Las audiencias concentradas para la imputación de cargos y la definición de la medida de aseguramiento continuarán el miércoles 1 de julio a las 8:00 de la mañana y se mantendrán bajo reserva. La suspensión fue autorizada por la juez, atendiendo una solicitud presentada por el procesado durante la diligencia judicial.
El alto tribunal dejó en firme la condena de 54 meses de prisión contra el exsenador Luis Alberto Gil Castillo ‘El tuerto Gil’ por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, relacionados con maniobras para interferir en el trámite de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich.Todo comenzó entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, cuando el exsenador habría actuado junto al entonces fiscal de apoyo de la JEP, Carlos Julián Bermeo, y otras personas para ofrecer supuestas gestiones irregulares orientadas a retrasar procesos de extradición ante la Jurisdicción Especial para la Paz, entre esos, el de Santrich.La investigación se originó luego de que un agente de la DEA informara al CTI de la Fiscalía sobre unas reuniones en Bogotá en las que se negociaban favores judiciales y retrasos en procesos penales a cambio de dinero.El entonces fiscal Bermeo explicó al agente encubierto cómo podían retrasarse esos procedimientos mediante solicitudes de prórroga, órdenes de policía judicial y maniobras relacionadas con documentación del proceso.Incluso, la Corte Suprema de Justicia logró comprobar que el trámite de extradición de Jesús Santrich sí se retardó porque se extravió un documento clave dentro del trámite que le dio tiempo al exjefe guerrillero para fugarse.El exsenador fue capturado en 2019 en medio de este escándalo de sobornos para favorecer a Santrich, y, en abril de 2021 ‘El tuerto Gil’ recuperó su libertad por pena cumplida dentro de este caso, tras pagar una parte de la condena y redimir la otra con estudio y trabajo.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación capturaron al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo.El procedimiento judicial se realizó durante la mañana en la plaza central del municipio, cerca de la sede de la Alcaldía, donde las autoridades hicieron efectiva la orden de captura y le notificaron formalmente la decisión judicial que pesaba en su contra.De acuerdo con la investigación previa, los hechos están relacionados con una denuncia presentada el 28 de abril de 2026 por María Solarte Daza, representante legal de Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S. Según el expediente, la empresaria señaló que el mandatario local le habría exigido una suma de dinero equivalente al 20 % del valor de una licencia de urbanismo y construcción, cuyo monto rondaría los 480 millones de pesos.La denuncia fue asumida por servidores del Grupo Gaula Élite y del Grupo de Investigaciones y Estrategias Especiales, bajo coordinación de la Fiscalía 74 especializada de la Unidad de Impacto Nacional de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Con base en los elementos recopilados durante la indagación, las autoridades obtuvieron el aval judicial que permitió la expedición de la orden de captura contra el alcalde.Además de la detención del mandatario municipal, las autoridades adelantaron diligencias de registro personal autorizadas por un juez de control de garantías contra Luis Fernando Cárdenas Rico, secretario de Planeación; William Yesid Molina García, inspector segundo de Policía; y un particular vinculado a la investigación.Durante esos procedimientos fueron incautados dispositivos celulares que serán sometidos a análisis dentro del proceso penal para establecer posibles comunicaciones o elementos de prueba relacionados con las presuntas exigencias económicas denunciadas.Ahora, el alcalde capturado deberá comparecer ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía expondrá los elementos recopilados y solicitará la legalización de la captura y las medidas correspondientes dentro del proceso judicial.
Varias subregiones de Antioquia registran emergencias por las recientes precipitaciones y fuertes vientos. Las autoridades reportan daños en viviendas, cultivos y vías en los municipios de Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.En el municipio de Santa Bárbara, un fuerte vendaval afectó sectores urbanos como la calle Sucre, Alto de las Guacas y Alto de las Hermanas, así como las veredas Corozal, Los Charcos, El Vergel, La Úrsula y Guayabales. El saldo preliminar es de 40 familias damnificadas por daños en cubiertas, interrupciones en el servicio de energía y afectaciones en cultivos de plátano, café y mango.Por otra parte, en la subregión del Urabá antioqueño, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y desbordamientos. En Apartadó, los habitantes sufren su cuarta inundación del año debido al desbordamiento de afluentes, a pesar de las obras de mitigación realizadas previamente con muros de contención con llantas recicladas y cemento.En Carepa, el desborde del río Vijagual y las anegaciones en el barrio El Oasis dejaron cerca de 30 personas afectadas y problemas de movilidad; una damnificada del municipio cuenta lo que perdió tras la inundación."Era de día, empezó a llover, yo no pensé que se subía. Y, a pesar de que atranqué mi puerta con bolsas, trapos, cuñas, siempre entró como dos hileras de adobe. Se mojó mi basecama, pero pude salvar lo de más", indicó la mujer afectada.Entre tanto, en Chigorodó, las intensas lluvias generaron familias damnificadas y daños viales críticos en la vereda Remigio, donde la pérdida total de la banca dejó incomunicada a la comunidad. Asimismo, las autoridades evalúan procesos erosivos en la zona. "Se mantienen activos todos los protocolos y los procesos de atención de la emergencia para control de inundaciones. Y en el municipio de Chigorodoque se presenta afectación vial de una de las veredas principales. Ya el Dagran dispuso maquinaria en territorio para dar conectividad inmediata a las personas que se encuentran incomunicadas en este momento", señaló la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes Zúñiga.Los consejos municipales de gestión del riesgo de Carepa y Apartadó, en articulación con el Dagran, mantienen activos los protocolos de atención desde el pasado 6 de febrero para adelantar la caracterización de daños, la entrega de ayudas humanitarias y la recuperación de las vías afectadas en el Urabá.
Los terremotos registrados en Colombia y Venezuela durante los últimos meses ocurrieron en zonas diferentes y a profundidades muy distintas, pero ambos hacen parte de una dinámica geológica regional que los expertos identifican como un mismo “contexto tectónico”.La explicación fue entregada por Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en entrevista con la agencia EFE, al analizar el movimiento de magnitud 7,4 registrado en Colombia y compararlo con los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.Para el especialista, la conexión está en la interacción de las placas tectónicas que atraviesan esta parte de Suramérica. Sin embargo, esto no significa que el terremoto ocurrido en Colombia haya sido provocado directamente por los sismos de Venezuela.¿Qué relación tienen los terremotos de Colombia y Venezuela?Pérez explicó que ambos fenómenos se encuentran dentro de una misma configuración tectónica regional, aunque las placas involucradas directamente no son exactamente las mismas.En Venezuela, la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. En el occidente colombiano, por su parte, interviene la placa de Nazca, que interactúa con la placa Sudamericana.El geólogo explicó que, al seguir la estructura geológica asociada con la zona donde se produjeron los terremotos venezolanos hacia el oeste y hacia abajo, se llega al área relacionada con los eventos sísmicos registrados en Colombia.Por eso, Pérez habla de un mismo contexto tectónico, pero no de un único terremoto ni de una conexión directa de causa y efecto.Hay una diferencia clave entre ambos terremotosAunque existe esa relación regional, los terremotos presentan una diferencia fundamental: la profundidad a la que ocurrieron.Los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio tuvieron profundidades cercanas a los 10 kilómetros, mientras que el movimiento colombiano ocurrió aproximadamente a 100 kilómetros de profundidad.También existe una considerable distancia geográfica. De acuerdo con Pérez, los epicentros de ambos eventos están separados por alrededor de 1.000 kilómetros.Estas diferencias hacen que las consecuencias sobre la superficie puedan ser distintas, incluso cuando los dos fenómenos se encuentran dentro de un contexto tectónico relacionado.¿Por qué sorprendió tanto el terremoto de Colombia?Para el geólogo del IGME, uno de los aspectos que deberán estudiar con especial atención es la cantidad de daños producidos por un terremoto que ocurrió a una profundidad considerable.Pérez calificó el fenómeno colombiano como “bastante complejo” y señaló que será necesario analizarlo a fondo, precisamente porque un sismo de estas características y profundidad puede presentar particularidades importantes.El experto explicó que se trató de un terremoto relacionado con la dinámica de la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.La profundidad también es relevante para entender cómo se propagaron las ondas y por qué el movimiento pudo sentirse en una amplia zona del país.¿Por qué en algunas zonas el terremoto se sintió durante más tiempo?Otro elemento que ayuda a explicar las diferencias en la percepción del terremoto es el llamado efecto de sitio.Pérez explicó que las propiedades geológicas y mecánicas del terreno pueden modificar el comportamiento de las ondas sísmicas. En determinadas condiciones, el suelo puede amplificar tanto la frecuencia como la amplitud del movimiento.Esto no solo puede hacer que las personas perciban el terremoto durante más tiempo, sino que también puede incrementar el impacto sobre las construcciones ubicadas sobre determinados terrenos.El especialista recordó, sin embargo, que los terremotos no pueden predecirse y que el seguimiento posterior permite evaluar escenarios, no anticipar con certeza la hora o magnitud de un próximo movimiento.Por otro lado, Pérez mencionó el caso del volcán Puracé, que se encuentra en actividad moderada y presentó cambios que, según el experto, deben ser objeto de seguimiento.En este punto, el análisis científico busca establecer si existe algún tipo de interacción entre los diferentes procesos geológicos y evaluar su evolución.
La Gobernación de Antioquia y los consejos de gestión del riesgo desplegaron una operación de apoyo humanitario y técnico hacia los departamentos vecinos de Chocó y Risaralda, afectados por la emergencia.Desde el Puesto de Mando Unificado, encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón, se coordinó el envío de cuatro helicópteros civiles con 18 rescatistas especializados de la Cruz Roja y la Defensa Civil hacia el Chocó.Adicionalmente, por vía terrestre se movilizaron 100 soldados del Ejército, 22 unidades de la Cruz Roja y 11 de la Defensa Civil, acompañados de tres binomios caninos expertos en búsqueda y rescate. Edwin Montoya es coordinador de la misión por parte de la Cruz Roja."En total, la Cruz Roja se movilizó con 30 voluntarios de rescate. Vamos conectados con colegas de la defensa civil y vamos a conectar allá con bomberos locales. Ahí habrá un equipo de coordinación que nos conectará con las entidades que estén allá desarrollando acciones para nosotros entrar a apoyarlos de la mejor manera posible", expuso.Por su parte, desde la ciudad de Medellín se enviaron a Quibdó un equipo especializado de 21 bomberos, 2 ingenieros expertos en estructuras y 2 caninos de búsqueda, con equipos de rescate, drones, sistemas de localización y capacidad para levantar cargas.Asimismo, el municipio de Sabaneta desplegó un equipo especializado de 12 bomberos y 5 perros de búsqueda rumbo a Pereira. "Que se han desplazado a la ciudad de Pereira, 12 de nuestros bomberos más 5 caninos, acompañados por nuestro capitán Carlos Andrés, de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de Sabaneta, para apoyar las labores de búsqueda y rescate", destacó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz.Mientras tanto, el DAGRAN dispuso el desplazamiento del grupo COL-26, unidades de Ponalsar y más cuerpos de socorro hacia territorio risaraldense para apoyar las labores de salvamento. "Desde el departamento de Antioquia hemos desplegado toda nuestra capacidad operativa e institucional para atender esta emergencia y, sobre todo, la valoración de daños. Ya enviamos unidades de apoyo de la defensa civil y de la Cruz Roja a este, a la ciudad de Quibdó, y muy seguramente el día de mañana, vía terrestre, estamos enviando equipos y más personal de apoyo", expuso Vanessa Paredes Zúñiga, directora del DAGRAN.En cuanto al balance preliminar en Antioquia se evalúan afectaciones en 80 municipios, las autoridades reportan una persona fallecida, 12 lesionadas, 697 viviendas con daños, 39 iglesias afectadas y 122 instituciones educativas con perjuicios en su infraestructura.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, pero no constan fallecidos ni heridos de origen español.En declaraciones a los medios en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, donde se encuentra de visita oficial, Albares dijo que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.En un primer censo, las autoridades españolas contactaron con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares pidió que se comuniquen con los servicios consulares.En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, explicó el ministro.La ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo de Colombia, como ocurrió con el reciente terremoto de Venezuela.Un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia y causó al menos 132 muertos, más de 570 heridos y multitud de desaparecidos.Además, decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.
El papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice, un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".El papa "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", se lee en el mensaje.Asimismo, pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 160 muertos y centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.