El frente de guerra oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió un video de 16 minutos como prueba de supervivencia de los agentes del CTI de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen secuestrados desde el 8 de mayo de 2025.La grabación, fechada el 10 de julio de 2026, muestra a ambos funcionarios solicitando al Gobierno nacional avanzar en un intercambio humanitario que permita su liberación, luego de completar 14 meses en cautiverio.Durante el video, Jesús Antonio Pacheco Oviedo hace un llamado directo al presidente Gustavo Petro, a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa y a otros integrantes del Gobierno para que impulsen una negociación con el ELN."Hoy más que nunca quiero pedirle al señor presidente de la República, Gustavo Petro; a la señora fiscal general de la Nación y a todas las personas que hacen parte del Gobierno nacional que se pongan la mano en el corazón por nosotros. Si usted nos da la mano antes de terminar su gobierno y si no, tenga lo seguro presidente, que va a quedar enmarcado en la historia del país, que se fue dejando a unos colombianos pidiendo y clamando por la libertad", expresó el agente.En un mensaje cargado de emotividad, también habló de su hijo de siete años, quien le escribió una carta en la que le promete entregarle un regalo del Día del Padre cuando regrese a casa y le pide volver a jugar fútbol juntos.Por su parte, Rodrigo Antonio López Estrada también pidió al presidente Petro que no termine su Gobierno sin resolver su situación."Con el corazón en la mano quiero pedirle su apoyo para que llegue a un acuerdo con el ELN. Porque así como nosotros hicimos historia, usted también va a hacer historia si nos deja sin resolver esta situación. Un presidente que no pudo resolver una situación de dos agentes de protección. Un presidente que no fue capaz de llegar a un diálogo durante su campaña, al inicio. Esa fue su bandera. Al gobierno entrante, quiero pedirle mucha prudencia con esta situación que estamos viviendo con el ELN. Mucha prudencia al gobierno entrante", afirmó.El funcionario igualmente solicitó a la fiscal general redoblar los esfuerzos para lograr su liberación y describió la incertidumbre que enfrenta diariamente por el tiempo que lleva alejado de su familia.ELN insiste en un intercambio humanitarioJunto con la difusión del video, el Frente de Guerra Oriental reiteró su disposición para realizar un intercambio humanitario con el Gobierno nacional y aseguró que, hasta ahora, no ha recibido una respuesta favorable.Además, el grupo armado responsabilizó tanto al Gobierno saliente de Gustavo Petro como al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella de cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida de los dos agentes en caso de un eventual operativo militar de rescate.Finalmente, el ELN hizo un llamado a los familiares de los funcionarios secuestrados para que exijan a ambos gobiernos adelantar las gestiones necesarias que permitan concretar una liberación por la vía humanitaria.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que uno de los proyectos recientemente aprobados en el marco de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos permitirá fortalecer el sistema de base de datos de ADN criminal del país, mediante respaldo técnico y financiero internacional. El anuncio fue realizado durante la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Según explicó la Fiscal General, la cooperación fue comunicada oficialmente a la Fiscalía el pasado 10 de junio como parte de la relación bilateral entre ambos países y estará orientada al desarrollo e implementación de proyectos estratégicos para fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales de impacto transnacional. La iniciativa contempla acciones dirigidas a combatir estructuras dedicadas al lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la explotación sexual de menores de edad y la extracción ilegal de minerales. Asimismo, busca fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos financieros y avanzar en la identificación y afectación de las economías ilícitas.Dentro de los proyectos aprobados también se encuentra el fortalecimiento de la transformación digital de la Fiscalía mediante la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos, además de nuevas tecnologías para la investigación financiera y el seguimiento de operaciones relacionadas con criptoactivos.La cooperación internacional igualmente permitirá desarrollar programas de asistencia técnica, capacitación e intercambio de conocimientos para los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de las direcciones especializadas de la Fiscalía, con el propósito de mejorar las capacidades investigativas de la entidad.De acuerdo con la información presentada, estos proyectos también consolidarán mecanismos de cooperación internacional para facilitar la identificación, investigación y judicialización de organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales, fortaleciendo la articulación entre la Fiscalía colombiana y autoridades de seguridad y justicia de Estados Unidos, así como de otros países.
El proceso judicial por el feminicidio de Natalia Villalba, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, avanzó con la legalización de la captura del ciudadano británico Foster Martinson, señalado por las autoridades como el presunto responsable del crimen.La captura fue avalada por una juez penal de control de garantías de Bogotá, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador sostiene que Martinson habría causado la muerte de la mujer el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio Chicó.El ciudadano británico fue detenido por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado, después de ser expulsado de Ecuador. Previamente, había sido capturado el viernes 26 de junio en el aeropuerto internacional de Quito, tras la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía y la activación de una notificación roja de Interpol.Según la investigación, Foster Martinson es el principal sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento de la localidad de Chapinero, hecho que generó conmoción en la capital del país.Las audiencias concentradas para la imputación de cargos y la definición de la medida de aseguramiento continuarán el miércoles 1 de julio a las 8:00 de la mañana y se mantendrán bajo reserva. La suspensión fue autorizada por la juez, atendiendo una solicitud presentada por el procesado durante la diligencia judicial.
El alto tribunal dejó en firme la condena de 54 meses de prisión contra el exsenador Luis Alberto Gil Castillo ‘El tuerto Gil’ por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, relacionados con maniobras para interferir en el trámite de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich.Todo comenzó entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, cuando el exsenador habría actuado junto al entonces fiscal de apoyo de la JEP, Carlos Julián Bermeo, y otras personas para ofrecer supuestas gestiones irregulares orientadas a retrasar procesos de extradición ante la Jurisdicción Especial para la Paz, entre esos, el de Santrich.La investigación se originó luego de que un agente de la DEA informara al CTI de la Fiscalía sobre unas reuniones en Bogotá en las que se negociaban favores judiciales y retrasos en procesos penales a cambio de dinero.El entonces fiscal Bermeo explicó al agente encubierto cómo podían retrasarse esos procedimientos mediante solicitudes de prórroga, órdenes de policía judicial y maniobras relacionadas con documentación del proceso.Incluso, la Corte Suprema de Justicia logró comprobar que el trámite de extradición de Jesús Santrich sí se retardó porque se extravió un documento clave dentro del trámite que le dio tiempo al exjefe guerrillero para fugarse.El exsenador fue capturado en 2019 en medio de este escándalo de sobornos para favorecer a Santrich, y, en abril de 2021 ‘El tuerto Gil’ recuperó su libertad por pena cumplida dentro de este caso, tras pagar una parte de la condena y redimir la otra con estudio y trabajo.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación capturaron al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo.El procedimiento judicial se realizó durante la mañana en la plaza central del municipio, cerca de la sede de la Alcaldía, donde las autoridades hicieron efectiva la orden de captura y le notificaron formalmente la decisión judicial que pesaba en su contra.De acuerdo con la investigación previa, los hechos están relacionados con una denuncia presentada el 28 de abril de 2026 por María Solarte Daza, representante legal de Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S. Según el expediente, la empresaria señaló que el mandatario local le habría exigido una suma de dinero equivalente al 20 % del valor de una licencia de urbanismo y construcción, cuyo monto rondaría los 480 millones de pesos.La denuncia fue asumida por servidores del Grupo Gaula Élite y del Grupo de Investigaciones y Estrategias Especiales, bajo coordinación de la Fiscalía 74 especializada de la Unidad de Impacto Nacional de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Con base en los elementos recopilados durante la indagación, las autoridades obtuvieron el aval judicial que permitió la expedición de la orden de captura contra el alcalde.Además de la detención del mandatario municipal, las autoridades adelantaron diligencias de registro personal autorizadas por un juez de control de garantías contra Luis Fernando Cárdenas Rico, secretario de Planeación; William Yesid Molina García, inspector segundo de Policía; y un particular vinculado a la investigación.Durante esos procedimientos fueron incautados dispositivos celulares que serán sometidos a análisis dentro del proceso penal para establecer posibles comunicaciones o elementos de prueba relacionados con las presuntas exigencias económicas denunciadas.Ahora, el alcalde capturado deberá comparecer ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía expondrá los elementos recopilados y solicitará la legalización de la captura y las medidas correspondientes dentro del proceso judicial.
A pocas horas de cumplirse un año del secuestro de cuatro funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Arauca, la angustia de sus familias volvió a hacerse pública. Yariet Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López —uno de los funcionarios retenidos por el ELN— lanzó un desesperado llamado al presidente Gustavo Petro para que intervenga de manera directa y facilite la liberación de los secuestrados.“Que por favor sea más humano con nosotros y nos regale un poquito de su tiempo y nos atienda”, expresó Macualo durante una entrevista concedida a Néstor Morales en Mañanas Blu.La mujer aseguró que las familias han intentado comunicarse con el Gobierno Nacional sin obtener respuestas concretas. Según denunció, han “tocado demasiadas puertas” buscando una reunión con el jefe de Estado y con funcionarios encargados de las negociaciones de paz, pero hasta ahora no han recibido atención directa.ELN anunció condenas contra los funcionarios secuestradosLa preocupación de las familias aumentó luego de que el ELN divulgara recientemente un video en el que asegura haber realizado un supuesto “juicio revolucionario” contra los cuatro funcionarios del CTI y la Fiscalía secuestrados en Arauca.En la grabación, el grupo armado ilegal anunció condenas de hasta 60 años de lo que denomina “prisión revolucionaria”, una decisión que fue rechazada por las familias y analistas, quienes califican el hecho como un secuestro prolongado y una violación al derecho internacional humanitario.Los secuestrados son Jordyn Fabián Pérez, Frankie Hoyos, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López. Según el ELN, las víctimas pertenecen a entidades “dedicadas a cometer crímenes de lesa humanidad”, acusaciones que las familias califican como falsas.“Eso es mentira, es inaceptable lo que ellos están diciendo”, afirmó Yariet Macualo, quien aclaró que su esposo no realizaba labores investigativas sino funciones administrativas y de protección dentro de la Fiscalía de Arauca.Rodrigo López fue secuestrado mientras cumplía funciones rutinariasDe acuerdo con el relato entregado por la esposa del funcionario, Rodrigo López fue secuestrado el 8 de mayo de 2025 mientras realizaba labores relacionadas con cámaras de seguridad en instalaciones de la Fiscalía en Fortul, Arauca.“Ellos estaban haciendo unas pruebas de unas cámaras de seguridad en el municipio de Fortul (…) algo muy normal que hacen en esos recintos de Fiscalía”, explicó.Macualo insistió en que las actividades que desarrollaban los funcionarios no estaban relacionadas con investigaciones ni operaciones especiales, desmintiendo así las acusaciones del ELN sobre supuestas actividades de espionaje.La familia sostiene que Rodrigo López, de 48 años, trabajaba como agente de protección y llevaba más de 25 años residiendo en Arauca, departamento donde formó su hogar y construyó su vida laboral.Las pruebas de supervivencia muestran deterioro físicoUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la descripción del estado de salud de Rodrigo López. La familia ha recibido siete pruebas de supervivencia desde el secuestro, la última de ellas el pasado 28 de abril.Según Macualo, en el video más reciente el deterioro físico del funcionario es evidente: “Me asusté muchísimo en la última prueba porque él está picado de abejas. Su cara la tiene completamente hinchada y el deterioro físico es notorio”, relató.La situación genera aún más preocupación debido a que López padece problemas cardíacos y requiere medicamentos permanentes. “Mi esposo padece del corazón, él toma medicamentos para su corazón. Es muy preocupante”, agregó la esposa del funcionario secuestrado.Familias piden mayor presión del Gobierno y la FiscalíaDurante la entrevista, Yariet Macualo también cuestionó la respuesta de las instituciones frente al secuestro. Aunque reconoció algunos acercamientos por parte de miembros de la Fuerza Pública, consideró insuficientes las acciones emprendidas hasta ahora.“Creo que falta un poquito más, un poco más de presión. Siento que es muy poco lo que la señora fiscal ha hecho”, aseguró. La mujer indicó que incluso en los videos enviados por los secuestrados, estos solicitan públicamente una mayor intervención del Gobierno Nacional y de la Fiscalía General para lograr un acuerdo humanitario que permita su liberación.Según explicó, el ELN estaría buscando un intercambio con integrantes de esa guerrilla capturados y recluidos en cárceles colombianas.
A través de un comunicado conjunto el ente acusador y la Corte Suprema reiteraron que Colombia es un Estado Social de Derecho, en el que la administración de justicia recae exclusivamente en las autoridades legítimas, como jueces y entidades del Estado.El pronunciamiento se da luego de que el ELN anunciara su intención de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a cuatro de los secuestrados: dos agentes del CTI de la Fiscalía identificados como Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, así como dos integrantes de la Policía Nacional, Franky Hoyos Murcia y Yordín Fabián Pérez.“Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional (…) deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz”, señalaron la Fiscalía y la Corte.Por otro lado, el Procurador General Gregorio Eljach también expresó su rechazo al secuestro de estas 4 personas perpetrado por el ELN el año pasado en el departamento de Arauca. “El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana”, dijo el jefe del Ministerio Público.La Delegación del Gobierno nacional en los Diálogos de Paz con el ELN rechazó también la decisión de mantener secuestrados a los funcionarios de la Fiscalía y de la Policía. A este llamado también se unió la defensora del pueblo, Iris Marín, y aseguró que la libertad de estas 4 personas es el verdadero gesto de paz.
En medio de las investigaciones por presunto lavado de activos y contrabando que salpica a la marca Lili Pink, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Ministerio de Trabajo anunciaron que evaluarán las condiciones laborales de los empleados vinculados a la compañía, como parte de las acciones derivadas del proceso judicial en curso.La SAE informó que viene acompañando el proceso liderado por la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta operativos en diferentes regiones del país a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Estas acciones incluyen procedimientos de extinción de dominio y capturas relacionadas con redes señaladas de actividades ilícitas.De acuerdo con la información oficial, las medidas cobijan centenares de bienes, entre establecimientos comerciales, inmuebles y vehículos que pertenecerían a una misma sociedad vinculada al caso. Los operativos se desarrollan de manera simultánea en varias ciudades e incluyen tanto la ocupación de activos como la ejecución de órdenes judiciales.Una vez la Fiscalía culmine las diligencias de incautación, la SAE asumirá la administración de los bienes, conforme a su función como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). El plan que se adopte dependerá de un diagnóstico integral sobre el estado financiero, contable, contractual y productivo de la empresa.En ese contexto, la entidad ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio de Trabajo para revisar la situación de los trabajadores y avanzar en medidas que garanticen sus derechos laborales. Además, solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República con el fin de verificar el estado actual de la sociedad y asegurar la transparencia del proceso.Vale recordar que Lili Pink lleva más de 20 años en el mercado y en los último años ha tomado relevancia por sus productos, así como el precio de estos en diferentes ciudades del país.
La Fiscalía adelantó extinción de dominio a bienes avaluados en más de 65.000 millones de pesos que hicieron parte del bloque bananero de las extintas paramilitares.En un megaoperativo de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con el apoyo del Ejército Nacional, materializó las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sobre 19 bienes vinculados a extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC.Según la información que ha entregado el ente judicial, los predios, avaluados en más de 65.000 millones de pesos, serán destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Entre las propiedades afectadas sobresale la hacienda El Cocuelo, ubicada en Turbo en la zona de Urabá antioqueño.Se trata de un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado ilegal en la región del Urabá. Este terreno fue fragmentado en 15 predios con matrículas independientes, los cuales fueron registrados a nombre de distintos propietarios y objeto de sucesivas transacciones con el propósito de encubrir su origen ilícito y evadir la acción de las autoridades.Los cuatro activos restantes, uno urbano y tres rurales, se encuentran localizados en Meta y Casanare. Las labores de policía judicial, que incluyeron análisis predial, reconstrucción histórica, verificación documental y trabajo de campo, permitieron conocer que los bienes, además de servir como refugio de estructuras armadas, también se convirtieron en soporte económico de la organización.
En hechos que son materia de investigación fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre al interior de un vehículo en el barrio Mirador de Arenales, frente al megacolegio del sector, en el municipio de Girón.La víctima fue identificada como Bethman Javier Suárez Méndez, conocido con el alias de 'Batman', quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado. Según versiones preliminares, el hombre habría sido visto por última vez en el sector de Cabecera, en Bucaramanga, donde salió en compañía de una mujer y desde entonces se desconocía su paradero.El hallazgo se produjo dentro de un vehículo Mazda 3 de placas IRR684, luego de que la comunidad alertara a las autoridades sobre la presencia sospechosa del automotor en la zona. Unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio, acordonaron el área y realizaron la inspección técnica del cadáver.Aunque inicialmente se indicó que el cuerpo no presentaría signos evidentes de violencia, otras versiones preliminares apuntan a que el caso podría estar relacionado con un posible hurto, ya que, al parecer, la víctima habría sido despojada de algunas pertenencias. Sin embargo, las autoridades no descartan otras hipótesis y será la investigación la que determine lo ocurrido.De igual forma, se investiga la versión de que el vehículo habría sido abandonado en el lugar por personas desconocidas en horas de la mañana.El hombre, conocido como 'Batman', era reconocido en Bucaramanga por su pasión por el car audio, afición que lo hizo popular entre quienes comparten este gusto por los sistemas de sonido automotriz.En redes sociales, amigos y conocidos del mundo del car audio lamentaron su muerte. “Queremos enviar nuestro más sentido pésame, descanse en paz, amigo Bethman Javier Suárez, qué triste noticia”,expresaron desde el equipo Status Audio, reflejando el impacto que su fallecimiento ha generado entre quienes compartían su afición.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer este hecho, catalogado como una muerte en circunstancias por establecer, que hoy genera conmoción entre los habitantes de Girón.Será el Instituto de Medicina Legal el encargado de establecer las causas de la muerte de Bethman Javier Suárez Méndez, a través de los análisis forenses que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento.
La noche del sábado 18 de julio de 2026 dejó miles de ganadores en toda Colombia con los resultados de las loterías de Boyacá, Cauca y el acumulado multimillonario de Baloto y Revancha. Los apostadores ya pueden verificar sus billetes físicos y virtuales.A continuación, se consolidan los resultados oficiales de los cuatro sorteos más importantes del fin de semana.Resultado de la Lotería de Boyacá: Sorteo 4633El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $15.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche:Premio Mayor ($15.000 Millones): 6405Serie: 296Resultado de la Lotería del Cauca: Sorteo 2620La Lotería del Cauca juega hoy sábado 18 de julio de 2026 su sorteo número 2620. El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca fueron: 7643, serie: 296.Resultados de Baloto y Revancha: Sorteo 2684Resultados del sorteo de BalotoEn el juego principal de Baloto, que contaba con un acumulado inicial de $48.000 millones de pesos, la combinación ganadora estuvo conformada por las balotas amarillas: 17, 08, 26, 24, 19 y la súper balota roja con el número 09.Resultados del sorteo de RevanchaPor su parte, el sorteo de Revancha del 18 de julio de 2026, que jugaba con un acumulado de $8.000 millones de pesos, arrojó la combinación ganadora de las balotas 05, 31, 32, 34, 06 y la súper balota con el número 08.
Bajo un robusto operativo de seguridad se llevó a cabo este sábado, en el norte de Barranquilla, la segunda reunión de ministros designados, convocada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Las autoridades cerraron las vías aledañas a la sede política del jefe de Estado entrante para que el encuentro se desarrollara con tranquilidad.La novedad con respecto a la primera cita que ocurrió en este mismo lugar, fue la presencia de las recién escogidas María Nohemí Arboleda, Alexandra Falla Zerrate y Paola Holguín para las carteras de Minas y Energía, TIC y Cultura.De igual manera, aunque el nombramiento de Indalecio Dangond en el ministerio de Agricultura fue confirmado hace poco, recordemos que él sí logró estar el pasado 10 de julio.Cómo ellos, también cumplieron con su asistencia los ministros designados, Rodrigo Lara Restrepo, de interior; Miguel Gómez Martínez, de Hacienda; Elsa Noguera, de Transporte; Jaime Andrés Beltrán, de Vivienda; entre varios otros.Al parecer durante la reunión se hablaron temas claves como el balance de la gira por Estados Unidos que realizó el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, la expectativa con miras a la selección de nuevo presidente del Congreso y la eventual inversión de US$63 millones que realizará el Banco Interamericano de Desarrollo.“Durante estos encuentros se ha revisado la hoja de ruta de la administración entrante, la articulación entre los diferentes sectores y las acciones necesarias para garantizar un comienzo ordenado, responsable y enfocado en las principales necesidades de los colombianos. El presidente electo ha impartido instrucciones para que todo el equipo de Gobierno trabaje de manera coordinada, con objetivos claros, sentido de urgencia y plena responsabilidad frente al mandato recibido en las urnas”, escribió el equipo de comunicación en una misiva.Luego de casi tres horas de reunión, los asistentes se marcharon del lugar sin entregar declaraciones a los medios de comunicación.Otra polémicaMientras se adelantaba la reunión de ministros designados por el presidente electo Abelardo De La Espriella en Barranquilla, el ministro de Agricultura entrante, Indalecio Dangond, se fue de frente contra el Decreto 765 de 2026 impulsado por el gobierno del Presidente Petro, al que criticó por presuntamente “acelerar la transferencia de predios rurales administrados por la SAE a la Agencia Nacional de Tierras”Según Dangond, esto estaría ocurriendo “incluso cuando existen procesos de extinción de dominio en curso”. “La reforma agraria no puede construirse sobre atajos jurídicos ni mediante la entrega anticipada de predios que podrían no cumplir los requisitos legales para su adjudicación”. Agregó en un comunicado que muchos de estos inmuebles no han sido objeto del saneamiento jurídico correspondiente, por lo que su situación legal aún puede dar lugar a controversias.“El Gobierno entrante revisará el alcance de este decreto para garantizar que la política de tierras avance con legalidad, seguridad jurídica y pleno respeto al Estado de Derecho”, finalizaron.
El proceso de selección para contratar nuevos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, quedó suspendido temporalmente por orden judicial. La contratación tiene un presupuesto superior a los 78.000 millones de pesos.La decisión se produjo luego de la presentación de seis acciones de tutela contra el proceso, en las que se solicitó como medida provisional suspender la contratación. El caso que dio lugar a la decisión judicial fue promovido por un escolta que cuestionó una modificación en el alcance del proceso. Según el accionante, la contratación habría quedado limitada a las zonas 1 y 2, mientras se excluyeron las zonas 3 a 10, pese a que, según su argumento, todas tendrían condiciones técnicas y jurídicas equivalentes. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira consideró que esta modificación podría generar un riesgo para la estabilidad laboral de los escoltas de las zonas incluidas en el proceso de contratación.De acuerdo con la decisión, mientras los trabajadores de otras zonas mantendrían su continuidad mediante mecanismos diferentes, los escoltas de las zonas 1 y 2 quedarían expuestos a la posibilidad de perder sus empleos ante la llegada de un nuevo operador.El juzgado señaló que esta situación podría afectar la confianza legítima, el sustento familiar y el mínimo vital de los trabajadores involucrados. Por esta razón, se ordenó suspender temporalmente el proceso de selección y se pidió a la UNP remitir los correos de notificación de las uniones temporales vinculadas a la contratación. También se ordenó publicar el auto judicial que establece la suspensión.La contratación ya estaba bajo la lupa del equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que había solicitado la intervención preventiva de la Procuraduría. La preocupación del Gobierno entrante estaba relacionada con la posibilidad de que la adjudicación se produjera antes del cambio de administración. También se había solicitado revisar la provisión de más de 5.000 cargos antes de que terminara el Gobierno saliente.En un comunicado divulgado este sábado, el equipo de De La Espriella consideró pertinente la suspensión provisional del proceso y aseguró que el mandatario electo había advertido sobre los posibles riesgos de adjudicar el contrato antes del cambio de Gobierno.El Gobierno entrante afirmó que respeta la independencia judicial y que no anticipa conclusiones sobre el fondo de las acciones de tutela. Sin embargo, pidió a la UNP cumplir integralmente la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira y garantizar el acceso a la información relacionada con la contratación.
La Superintendencia Nacional de Salud detectó nueve hallazgos durante una auditoría realizada a la Secretaría de Salud del Magdalena, entre ellos uno de carácter penal y otro disciplinario.El caso más grave está relacionado con la presunta habilitación irregular de una institución prestadora de servicios de salud, IPS, que, según los hallazgos de la entidad, no existiría físicamente pese a haber sido autorizada para prestar servicios con cargo al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT.De acuerdo con la Supersalud, la presunta IPS fue habilitada en 2023, durante la administración departamental de Carlos Caicedo. Sin embargo, durante las actuaciones de inspección, vigilancia y control realizadas posteriormente, la entidad no habría sido encontrada físicamente.La situación es considerada especialmente grave porque, según la auditoría, esa institución habría presentado más de 20 reclamaciones de recursos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.La propia ADRES ya habría advertido sobre la situación. Ahora, la información fue puesta en conocimiento de los organismos competentes para que determinen si se presentaron responsabilidades y un eventual detrimento de recursos públicos destinados al sector salud.Además del caso de la presunta IPS fantasma, la auditoría cuestionó las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Secretaría de Salud del Magdalena.Según la Supersalud, esas acciones no habrían sido suficientes para identificar y cerrar establecimientos que prestan servicios de salud sin cumplir con los requisitos legales. Entre los casos mencionados se encuentran algunos centros dedicados a procedimientos estéticos y de belleza.La entidad compulsó copias a los organismos de control para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen las posibles responsabilidades.Ante los hallazgos, la Superintendencia de Salud también hizo un llamado a la Gobernación del Magdalena para que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para identificar a los prestadores clandestinos.
En Colombia, cada 16 de julio se vive una de las tradiciones más arraigadas entre conductores y transportadores, se trata de la celebración de la Virgen del Carmen.Reconocida como la protectora de los conductores, la Virgen del Carmen es venerada por quienes recorren las vías, entre ellos camioneros, taxistas y motociclistas. Como muestra de fe y agradecimiento, muchos decoran sus vehículos con imágenes, banderas y flores, encomendándose a su protección durante sus recorridos.La fecha y el mes suelen estar marcados por caravanas, bendiciones y recorridos en los que los conductores buscan encomendarse para evitar accidentes y continuar su labor con fe.Sin embargo, en medio de esta conmemoración, no todo siempre transcurre en calma, pues un hecho de intolerancia en una vía del país terminó en golpes.De la celebración a la riñaLo que comenzó como una jornada festiva terminó en un altercado que rápidamente se hizo viral en redes sociales. En un video que circula en internet se observa a un tractocamión decorado con alusiones a la Virgen del Carmen, participando aparentemente en la celebración.En las imágenes, el vehículo se desplaza en zigzag por la vía, generando una situación de riesgo para otros conductores.De acuerdo con la información, en ese momento, otro camión intentó adelantarlo, lo que por poco provoca un choque entre ambos automotores.Tras la maniobra la tensión escala, pues varias personas descienden de los vehículos y se enfrentan a golpes en plena carretera, dejando de lado el sentido religioso y festivo de la fecha.En las imágenes se aprecia a varias personas en medio de una discusión. Instantes después, uno de los involucrados empuja a otro, quien termina cayendo fuera de la vía. El hecho provocó la reacción de los demás presentes y desencadena una riña generalizada.Usuarios en redes cuestionaron el actuar de los involucrados ante una celebración asociada a la fe y la protección en las vías termine convirtiéndose un escenarios de imprudencia y violencia.