La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de 85 personas en diferentes puntos de Cali, Valle del Cauca, como parte de las actividades investigativas adelantadas contra grupos delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana en la ciudad.Los procedimientos fueron realizados en la madrugada de este jueves, a partir de análisis criminales desarrollados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Sijin de la Policía Nacional y la presencia del Presidente Abelardo de la Espriella.De acuerdo con la Fiscalía, estos análisis permitieron identificar puntos de injerencia de los grupos investigados y establecer los fenómenos delictivos en los que estarían involucrados, entre ellos homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.En total fueron realizadas 103 diligencias de registro y allanamiento, dirigidas contra las estructuras conocidas como ‘La Torre’, ‘La Luna’, ‘Los Pascua’, ‘Los del Hueco’, ‘Las Palmas’, ‘La 30’ y ‘Los Buitres’.De las 85 capturas reportadas, 73 fueron realizadas mediante órdenes de captura y 12 en situación de flagrancia, de acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía.Durante los procedimientos también fueron incautados elementos que quedaron a disposición de las autoridades. Entre ellos se encuentran dos revólveres, 118 cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación, una pistola calibre 9 milímetros, una pistola artesanal y cuatro proveedores de fusil.Asimismo, las autoridades reportaron la incautación de 25 teléfonos celulares, 14.093.000 pesos en efectivo y cerca de 6,5 kilogramos de estupefacientes.La Fiscalía indicó que las diligencias hacen parte de las investigaciones adelantadas para establecer las actividades en las que estarían involucradas las estructuras identificadas y su relación con los hechos delictivos priorizados en la ciudad.En las próximas horas, los fiscales de la Seccional Cali presentarán a las personas capturadas ante jueces de control de garantías. En esas audiencias, la Fiscalía prevé imputarles delitos como concierto para delinquir, hurto, homicidio y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
Un comerciante de oro, identificado como Marlon Yesid Roa Pico, de 29 años, fue asesinado con arma de fuego en el barrio Santa Ana, en Floridablanca, Santander. El homicidio ocurrió en la carrera 11 con calle 2-11, donde la víctima fue atacada por hombres que se movilizaban en una motocicleta. El caso fue reportado este 17 de septiembre.De acuerdo con el reporte preliminar conocido por las autoridades, Roa Pico se movilizaba en una motocicleta junto con su hermano, después de haber estado en el barrio Villabel. Al llegar al sector de Santa Ana, detuvieron la marcha, debido a que la motocicleta presentaba una llanta con bajo aire.El hermano descendió del vehículo y, mientras se encontraba a pocos metros, escuchó varias detonaciones. Al regresar la mirada observó a dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta. Según su relato, el parrillero habría disparado contra Roa Pico, quien cayó al suelo y murió en el lugar. Los agresores huyeron en la motocicleta con rumbo desconocido.La inspección estableció que la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego, principalmente en la región occipital y cervical, además de una lesión en la zona lumbar.En la escena fueron recolectadas 15 vainillas calibre 9 milímetros, un teléfono celular y la motocicleta en la que se movilizaba la víctima.El CTI realizó la inspección técnica del lugar y la fijación fotográfica, mientras investigadores de la Sijín adelantan labores de vecindario y la ubicación de cámaras de seguridad que puedan contribuir a identificar a los responsables.De manera preliminar, las autoridades manejan como hipótesis un posible ataque sicarial, aunque los móviles y responsables todavía son materia de investigación.Según los registros conocidos por las autoridades, Roa Pico tenía anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por tráfico de estupefacientes en 2026, violencia intrafamiliar en 2025 y lesiones personales en 2016. Estas anotaciones corresponden a registros de procesos y no constituyen por sí mismas una condena.El homicidio se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en Floridablanca. En mayo, un comerciante fue asesinado en el sector El Páramo y dos presuntos atacantes murieron posteriormente en un enfrentamiento con la Sijín.Las autoridades avanzan en el análisis de las cámaras de seguridad y demás elementos recolectados para establecer quiénes participaron en el homicidio y cuál fue el motivo del ataque.
Hay preocupación en el Valle de Aburrá: otro cadáver fue hallado envuelto en un costal en inmediaciones de la autopista Medellín - Bogotá. Este es el tercer caso que se presenta en el mismo punto.Un nuevo hallazgo de un cuerpo sin vida encendió las alarmas de las autoridades en Bello, que encontraron el cadáver abandonado dentro de un costal en el barrio Santa Rita, esto en inmediaciones de la autopista Medellín - Bogotá.Aunque la víctima aún no ha sido identificada, durante la inspección realizada por agentes del CTI, el cuerpo no fue extraído de la envoltura, por lo que el caso quedó inicialmente como una muerte por establecer.Se repiten los casosSobre esta nueva muerte, las autoridades en el Norte del Valle de Aburrá han mostrado especial preocupación porque se trata del tercer cadáver hallado en condiciones similares en este sector de Bello en el 2026.Hay que recordar que el último caso fue el pasado 18 de agosto cuando fue encontrado el cuerpo de Miguel Pérez de 33 años, envuelto en una bolsa negra hasta la cintura y cubierto con una cobija rosada.Por su parte, el 18 de abril fue hallado Yhon Aguirre de 37 años, quien fue el primer cuerpo que fue encontrado en aberrantes condiciones: envuelto en papel chicle y una bolsa negra, amarrada con un cordón blanco.Finalmente, destacan las autoridades que este punto de especial uso para la delincuencia es una vía sola que comunica con la autopista Medellín - Bogotá, sin embargo, no dispone de cámaras de seguridad públicas ni privadas.
Las autoridades de Santander elevaron a 40 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar, ubicar y capturar al responsable de la muerte de Génesis Grineydis Rojas García, una mujer de 30 años, de nacionalidad venezolana, asesinada el pasado primero de septiembre en Barrancabermeja.La Gobernación de Santander anunció que aportará 30 millones de pesos, que se suman a los 10 millones ofrecidos inicialmente por la Alcaldía de Barrancabermeja, con el propósito de fortalecer la búsqueda del responsable y avanzar en el esclarecimiento del caso. La información puede ser entregada a través de la línea 123, bajo reserva.Génesis fue atacada con un arma cortopunzante al interior de una vivienda ubicada en el barrio Tres Unidos, comuna Uno de Barrancabermeja. Tras la agresión, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas falleció.Primeras investigacionesApuntan como principal señalado a quien habría sido su expareja sentimental. De acuerdo con los reportes conocidos, el hombre habría ingresado a la vivienda, donde presuntamente atacó a la mujer en repetidas ocasiones y posteriormente escapó del lugar.Uno de los elementos que ahora hacen parte de la investigación es que, según información publicada por medios locales, Génesis contaba desde el primero de julio con una orden de alejamiento contra su expareja, luego de presuntos episodios de maltrato psicológico. Este antecedente es materia de verificación por parte de las autoridades y podría ser relevante para establecer las circunstancias que rodearon el crimen.Le puede interesar: Barrancabermeja ofrece $10 millones por información sobre feminicidio de Génesis RojasDurante la agresión también se encontraba en la vivienda un adolescente de 14 años, hijo de la víctima, quien habría presenciado lo ocurrido. Tras el crimen, la Patrulla Púrpura activó la ruta de protección para el menor y se dispuso su acompañamiento institucional, con intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El caso es investigado como presunto feminicidio, teniendo en cuenta las circunstancias de la muerte y el vínculo que habría existido entre la víctima y el principal señalado. Autoridades departamentales indicaron, además, que Génesis dejó cuatro hijos.Tras conocerse el crimen, la Alcaldía de Barrancabermeja había dispuesto inicialmente una recompensa de 10 millones de pesos y reforzó los controles en las entradas y salidas de la ciudad para intentar localizar al presunto agresor. También anunció acompañamiento psicosocial para los familiares de la víctima.Ahora, con el incremento de la recompensa, la Gobernación busca ampliar las posibilidades de obtener información que permita ubicar al señalado responsable. Paralelamente, fue convocado un consejo extraordinario de seguridad de la mujer, con el objetivo de revisar el caso y articular acciones entre las instituciones encargadas de atender y prevenir las violencias contra las mujeres en Santander.La secretaria de Mujer y Equidad de Género de Santander, Waleska Quintero, señaló que este espacio permitirá coordinar las acciones institucionales y revisar las rutas de atención disponibles para las mujeres que enfrenten situaciones de violencia.
Dos personas que habían sido secuestradas horas antes fueron rescatadas sanas y salvas en Mocoa, Putumayo, durante una operación conjunta del Gaula Militar, el Gaula de la Policía y el CTI. Los captores exigían 30 millones de pesos por su liberación.Durante el operativo se presentó una confrontación armada en la que dos de los presuntos secuestradores murieron, según informó el presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que la Fuerza Pública continuará las acciones contra las estructuras criminales.“El secuestro vuelve a tener al Estado encima”, señaló De La Espriella, quien agregó que quienes “secuestre, extorsione, ataque nuestra infraestructura o aterrorice a los colombianos” serán perseguidos con toda la capacidad de la Fuerza Pública, porque se está pasando “a la ofensiva total y no vamos a aflojar”.Cuatro capturados en CesarEn otra operación, esta vez en El Paso, Cesar, el Ejército Nacional capturó en flagrancia a cuatro presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.Los detenidos son señalados de haber participado en la acción terrorista del pasado 27 de agosto, que afectó la línea férrea y un tren de la empresa Drummond.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cinco armas largas, un arma corta y munición.De La Espriella sostuvo que las estructuras responsables de acciones contra el departamento serán perseguidas y aseguró que el objetivo es “desmantelar sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y acabar con su presencia en este territorio”.
La investigación por el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra avanza con la captura de uno de los presuntos implicados en el crimen. Se trata de un hombre señalado de cumplir funciones dentro de una organización dedicada al sicariato y quien, de acuerdo con la investigación, habría tenido un papel clave durante el ataque.Hay que recordar que el empresario y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, fueron asesinados el pasado miércoles 11 de febrero de 2026, a las 3:42 p. m., en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima, frente a un gimnasio Bodytech en el exclusivo barrio La Cabrera, Chapinero.La Fiscalía sostiene como principal hipótesis que Aponte habría sido asesinado por error, pues el atentado presuntamente estaba dirigido contra otra persona.La persona capturada fue identificada como Leonel Enrique Llanos Paternina, quien fue detenido en Villavicencio, Meta, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional.Los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación indican que Llanos habría realizado labores previas de seguimiento, vigilancia y coordinación logística. Además, presuntamente habría recorrido en una motocicleta el sector donde posteriormente se produjo el ataque.La Fiscalía también informó que la captura de Llanos Paternina ya fue legalizada por un juez de control de garantías. En las próximas horas, el ente acusador le imputará los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.Mario Iguarán, representante de las víctimas, destacó el trabajo realizado por la Fiscalía, el CTI y la Policía para avanzar en el esclarecimiento del caso.Según Iguarán, aunque todavía no ha sido identificado el hombre que habría disparado contra Aponte y su escolta, la investigación cuenta con pruebas testimoniales, documentales y técnicas que apuntan a que se trató de un error."Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendían era asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda", afirmó el representante de las víctimas.De esta manera, la hipótesis de las autoridades apunta a que el empresario no era el objetivo inicial del ataque, sino que los responsables lo habrían confundido con un empresario, quien sería el verdadero blanco del atentado.Dentro del avance de la investigación también se estableció que otro hombre relacionado con el crimen, quien presuntamente habría facilitado la huida del sicario, fue asesinado el pasado 30 de mayo en Tibiritá, Cundinamarca.Según la Fiscalía, por este hecho fue judicializado Onori José Yabier Mendoza Viña, señalado responsable del homicidio. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados, y actualmente permanece en un centro carcelario.
Las autoridades capturaron en el municipio de Itagüí a un hombre que intentó ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad haciéndose pasar por funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación.El implicado, quien se identificaba como "Sebastián", portaba un carné y una placa de identificación oficial, y se movilizaba en un vehículo que presuntamente estaba asignado a labores investigativas. De acuerdo con las primeras indagaciones, su objetivo era acceder a información reservada sobre procesos de investigación criminal y casos de homicidio en la subregión."Este, quien se hizo llamar 'Sebastián', llegó hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, donde de manera inmediata, dada la articulación institucional, la experiencia, las cámaras de monitoreo, fue identificado plenamente y capturado, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por varios delitos", destacó Rafael Otalvaro secretario de seguridad de la Alcaldía de Itagüí.La oportuna reacción de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad respaldada por los protocolos de verificación y el sistema de videovigilancia de la ciudad permitió detectar inconsistencias en los datos suministrados por el falso investigador y proceder con su detención en flagrancia.Tras la captura, el hombre y los elementos probatorios incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las audiencias preliminares para definir su situación jurídica por estos hechos.
Dos mujeres que estarían implicadas en un entramado ilegal, que habría utilizado letras de cambio diligenciadas irregularmente para obtener recursos mediante el cobro fraudulento de préstamos otorgados a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui (Chocó), fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación.Las dos mujeres presuntamente utilizaron títulos valor con firmas falsas o alteradas para promover procesos ejecutivos contra los uniformados.La Fiscalía General relacionó las denuncias de 13 víctimas notificadas de procesos ejecutivos de mínima cuantía, en los que aparecían como demandadas por deudas que aseguraron no haber adquirido con una cooperativa.El fiscal que lleva el caso señala que las pruebas de grafología concluyeron que las firmas de las víctimas en los títulos valor presentaban alteraciones.“La prueba grafológica está afirmando que no hay uniprocedencia entre la firma que utilizan las víctimas de las demandas y del proceso penal, por supuesto, y las que están consignadas en el título valor”, resaltó el fiscal.Estas letras eran endosadas a una cooperativa representada legalmente por Mena Pacheco que promovió demandas ejecutivas contra los afectados.Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación estableció que así se inducía en error a la administración de justicia con el fin de obtener fallos favorables y conseguir el embargo de hasta el 25 % del salario de las víctimas.La Fiscalía General les imputó los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados.Por estos mismos hechos, recientemente fueron judicializados un subintendente de la Policía Nacional y una particular que también habrían participado en el entramado ilegal.
Siete años después del asesinato del firmante del Acuerdo de Paz Dimar Torres Arévalo, la justicia hizo efectiva la condena contra uno de los responsables. En Bucaramanga fue capturado el coronel (r) del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, quien deberá cumplir una pena de 40 años de prisión por ordenar el homicidio ocurrido el 22 de abril de 2019 en zona rural de Convención, Norte de Santander.La detención fue realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional Santander, con apoyo de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y del Batallón de Ingenieros de Combate No. 5 Francisco José de Caldas. El exoficial fue interceptado en el barrio García Rovira hacia las 6:00 de la tarde del lunes 3 de agosto en la calle 41 entre carreras 12 y 13, donde las autoridades hicieron efectiva la orden de captura expedida por un juzgado especializado de Cúcuta para que cumpla la sentencia.El caso se remonta al 22 de abril de 2019, cuando Dimar Torres Arévalo, exintegrante de las Farc y firmante del Acuerdo de Paz, fue asesinado en la vereda Campo Alegre, zona rural del municipio de Convención, en la región del Catatumbo.Torres adelantaba su proceso de reincorporación cuando fue interceptado por integrantes del Batallón de Operaciones Especiales No. 11 del Ejército. Horas después de su desaparición, campesinos de la zona encontraron su cuerpo sin vida y denunciaron que militares pretendían ocultarlo en una fosa improvisada, situación que generó una fuerte reacción de la comunidad y dio paso a la investigación de la Fiscalía.Las investigaciones establecieron que el entonces coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, quien comandaba esa unidad militar, impartió la orden de asesinar a Dimar Torres bajo la sospecha, que nunca fue demostrada, de que el excombatiente habría participado en la muerte de un soldado ocurrida días antes tras la activación de un artefacto explosivo.El asesinato de Dimar Torres se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia y motivó pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que reclamaron garantías para quienes se acogieron al proceso de reincorporación.Tras un extenso proceso judicial, un juez especializado condenó al coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita a 40 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida. Con la captura realizada en Bucaramanga, las autoridades hicieron efectiva la sentencia que permanecía pendiente de ejecución.El oficial retirado quedó a disposición de las autoridades competentes para cumplir la condena por uno de los crímenes más representativos contra un firmante del Acuerdo de Paz y que marcó la implementación del proceso de paz en el país.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), capturó a 13 personas señaladas de integrar una presunta red de corrupción que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por cerca de 3 billones de pesos, en proyectos ejecutados en 19 departamentos del país.Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio. Entre los capturados figuran el actual alcalde de María La Baja, Bolívar, Ramiro González; un exalcalde del municipio de La Paz ,Cesar; un contratista, así como varios exdirectivos y exfuncionarios del Fondo Mixto Sierra Nevada.Los capturados serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías para el desarrollo de las audiencias concentradas, en las que la Fiscalía expondrá los elementos materiales probatorios que sustentan la investigación.De acuerdo con fuentes del ente acusador, este proceso hace parte de una estrategia especializada para investigar posibles irregularidades en la contratación financiada con recursos del Sistema General de Regalías. Para ello, la Fiscalía conformó recientemente un grupo especial integrado por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, fiscales seccionales y fiscales especializados en corrupción, con el propósito de identificar estructuras criminales dedicadas al desvío de estos recursos públicos.Según las fuentes consultadas, hasta el momento se han identificado cinco grandes estructuras que, presuntamente, operaban mediante mecanismos similares para apropiarse de recursos destinados a proyectos regionales. Entre ellas se encuentra el denominado caso Aremca, por el cual nueve personas fueron enviadas a la cárcel dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades que superarían el medio billón de pesos.El expediente conocido como Sierra Nevada corresponde al segundo gran caso identificado por ese grupo especializado, mientras que otras tres investigaciones continúan en desarrollo y permanecen bajo reserva.La Fiscalía ha establecido que el presunto esquema de corrupción detectado en Aremca sería similar al que ahora se investiga en el caso Sierra Nevada. De acuerdo con las indagaciones, las organizaciones habrían participado en un entramado que permitió la apropiación irregular de recursos del Sistema General de Regalías mediante la celebración y ejecución de contratos que, presuntamente, incumplían las disposiciones legales que regulan la contratación pública.Las investigaciones indican que las iniciativas financiadas con estos recursos habrían sido ejecutadas mediante órdenes de prestación de servicios y subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y personas presuntamente vinculadas con la organización, mecanismos que, según la Fiscalía, facilitaron el direccionamiento de los recursos y el presunto desvío del dinero público.
En el marco de la posesión oficial de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol en Santa Marta, acto convocado por la Presidencia de la República, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, fijó la postura institucional del principal sindicato de la petrolera estatalRavelo enfatizó que el objetivo central que debe guiar a la administración saliente y entrante es la recuperación de la soberanía y seguridad energética del país.Fortalecimiento del negocio tradicional y defensa del empleo dignoDesde la organización sindical se le otorgó la bienvenida formal al nuevo directivo, transmitiendo las expectativas inmediatas de los trabajadores.De acuerdo con Ravelo, las prioridades no pueden desviarse de la actividad esencial de la compañía: "Nosotros institucionalmente le hemos dado la bienvenida al doctor Joaquín Gutiérrez... y le hemos manifestado cuáles son las expectativas que tiene la organización sindical en representación de los trabajadores, que no son otras, que el fortalecimiento de la industria de Ecopetrol en su negocio original de producción de petróleo y gas".Asimismo, el dirigente sindical subrayó la importancia de proteger el empleo digno, garantizar el respeto a los derechos pactados históricamente y desplegar una estrategia territorial de relacionamiento con las comunidades para prevenir la conflictividad social en las zonas de operación.Exigencia de experiencia técnica en el comité directivoFrente a la estructura de liderazgo, la USO respaldó las designaciones del Gobierno Nacional respecto a Carlos Suárez en la presidencia de la junta directiva y de Joaquín Gutiérrez en la presidencia de la empresa.Sin embargo, hizo un llamado enfático para que los cargos ejecutivos de mando medio e inmediato cuenten con amplia idoneidad en el sector de hidrocarburos.Al respecto, Ravelo sostuvo: "Pero de ahí hacia abajo lo que tiene que ver con las vicepresidencias, especialmente la vicepresidencia ejecutiva de petróleo y gas debe contar con personas, con profesionales de trayectoria que tengan amplio conocimiento en el sector porque ellos son los que van a implementar las políticas que se definan en la junta directiva".En ese sentido, destacó que dentro de la propia empresa existe talento técnico capacitado para asumir dichas funciones.Yacimientos no convencionales y licenciamiento socialEn materia operativa y de reservas, el presidente de la USO abordó los debates desarrollados en el Congreso de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Asipet) sobre los proyectos de yacimientos no convencionales.Ravelo aseguró que técnicamente y jurídicamente el sector se encuentra preparado para dar marcha a estas tecnologías."En el sector estamos listos desde los requerimientos técnicos, tecnológicos y científicos para arrancar con esos proyectos. Está ya definido el marco regulatorio, es decir, no hay una no hay un impedimento jurídico para arrancar con los proyectos", afirmó el líder sindical.No obstante, aclaró que el avance requiere indefectiblemente de aval social: "Lo que hemos nosotros manifestado de cara al país... es que se debe contar con el licenciamiento social, es decir, se debe involucrar a los territorios en esas definiciones".De acuerdo con las cifras gremiales, la prospectividad en el Magdalena Medio representa recursos estratégicos clave, incluyendo cerca de 13 TCF de gas para solucionar el déficit nacional y aproximadamente 7.000 millones de barriles de crudo que servirían para abastecer la refinería de Barrancabermeja.Capacidad refinadora e importación de combustiblesEl sindicato resaltó el desempeño de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, señalando que la planta de Barrancabermeja opera actualmente al límite de su capacidad. Pese a este rendimiento, Ravelo advirtió sobre la vulnerabilidad del país en materia de combustibles."En estos momentos el país importa más del 40% de las gasolinas que consumimos los colombianos", puntualizó el presidente de la USO, reiterando que desarrollar nuevas reservas permitiría ampliar la carga de refinación y reducir la dependencia de insumos importados.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video: