En horas de la noche de este domingo, 12 de enero, autoridades encontraron lo que serían los restos humanos de la pequeña Sarita Michel Vargas, una niña de 11 años que se encuentra desaparecida en el municipio de Sogamoso, Boyacá, desde el pasado 25 de diciembre del 2024.De momento, un equipo del CTI de la Fiscalía se encuentra en la vereda Vanegas, a unos dos kilómetros de la casa de la menor, donde fue vista por última vez.Cabe recordar que las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta unos 10 millones de pesos para quien brindara información que pudiera ubicar a la menor. Desde su desaparición, las labores de búsqueda se han intensificado mediante una difusión en redes sociales y con volantes que describen cómo es la niña físicamente.Según lo dicho por la familia, Sarita Michel Vargas mide cerca de 1.47 cm, tiene cabello negro, ojos color café, cejas pobladas y cuenta con una contextura delgada. Al momento de desaparecer, la niña usaba un jean negro, zapatos blancos con rosa, camiseta blanca, dos chaquetas y una tula.
Un nuevo cuerpo sin vida, que estaba dentro de una bolsa, fue encontrado en Bogotá. En esta ocasión el hecho se registró en la localidad de Puente Aranda.De acuerdo con la información preliminar, se encontró a este embolsado en la transversal 42 con calle 4-03 sobre las 12:13 de la tarde de este martes, 24 de diciembre, a pocas horas de que las familias colombianas celebren la Navidad.Miembros del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida e intentan establecer las causas de la muerte de esta persona, que, por el momento, no se ha podido establecer su identidad.Blu Radio conoció que el cuerpo no había sido desmembrado, como ha sucedido en casos anteriores.Las autoridades llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recopilar información con las cámaras de seguridad del sector.Inseguridad en Puente Aranda, BogotáEn cámaras de vigilancia quedó registrado el momento en el que un hombre en una motocicleta se subió a un andén, sin importar que habían varios ciudadanos, para robarle el celular a una ciudadana en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda.Este hecho de inseguridad sucedió el 22 de diciembre en horas de la tarde y los ciudadanos quedaron sorprendidos por este nuevo hecho de inseguridad, pues nada se pudo hacer ya que el delincuente escapó en su motocicleta en cuestión de segundos.
En la localidad de Usme, al sur de Bogotá, un ciudadano venezolano fue capturado tras ser acusado de abusar sexualmente de su hijastra de tan solo 10 años.El hombre, quien además sometía a la menor y a sus hermanos a amenazas y tratos crueles, fue detenido por las autoridades gracias a la denuncia de la madre, quien encontró un diario en el que la niña relataba los horrores vividos.El caso salió a la luz cuando la madre de la víctima descubrió el pequeño cuaderno, en el que la menor narraba los abusos sufridos desde enero de 2024, según reveló el CTI de la Fiscalía Seccional BogotáSegún la investigación, el agresor aprovechaba los momentos en que quedaba solo en casa para encerrar y amarrar a la niña, sometiéndola a múltiples agresiones sexuales y exponiéndola a material pornográfico. Además, la amenazaba con asesinar a sus hermanos si revelaba lo ocurrido.Las investigaciones y la capturaEl presunto agresor no solo cometía los abusos, sino que grababa los actos para distribuir el material en internet. Este hecho agravó aún más los cargos en su contra. La madre de la niña, al notar cambios físicos en su hija decidió revisar sus pertenencias. Encontró el diario donde la menor plasmaba sus vivencias. De inmediato, alertó a las autoridades, quienes activaron el protocolo de protección.Tras una intensa búsqueda, el hombre fue capturado en el kilómetro 30 de la Autopista Medellín-Bogotá, a la altura de la vereda Chaparral, en Guarne, Antioquia.Procesos judicialesEl detenido fue presentado ante el Juzgado Séptimo Penal con Función de Control de Garantías, donde un fiscal le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado, tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de actos sexuales violentos agravados. Durante las audiencias, se legalizó la captura, se formularon los cargos, aunque el acusado no los aceptó, y se ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.Los delitos agravados incluyen el parentesco con la víctima, su corta edad, y la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba. El caso está siendo investigado por el CTI Seccional Bogotá, en colaboración con la Policía Judicial
El escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo que ha salpicado al Gobierno del Presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República, sigue teniendo consecuencias judiciales y políticas.El próximo miércoles, la justicia definirá si envía o no a la cárcel a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien según la Fiscalía, fue la “mensajera” que habría entregado tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, por orden del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González.Aunque Ortiz niega haber sido responsable de esa actuación y asegura que lo demostrará en juicio, la Fiscalía dice tener testimonios y peritazgos técnicos que demostrarían que la exconsejera presidencial habría cometido los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.En otra de las aristas del escándalo, esta semana seguirán acudiendo a la Corte Suprema de Justicia a responder en diligencia de indagatoria, los seis congresistas que de acuerdo con testimonios y otros elementos, habrían aceptado emitir su concepto sobre empréstitos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de tres contratos en la UNGRD en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar por 92 mil millones de pesos, que según la hipótesis plasmada por la Fiscalía en los preacuerdos con Olmedo López y otros, habrían sido direccionados por orden del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, algo corroborado por su exasesora María Alejandra Benavides.Esta semana Ricardo Bonilla tendrá que comenzar su defensa ante la Fiscalía, ahora como exministro de Hacienda, cargo que asumió Diego Guevara, quien tendrá que afrontar la casi inminente derrota política que significará el hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria en el Congreso, en donde el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo tiene paralizados muchos debates.
La defensa de Andrés Camilo Sotelo solicitará la preclusión del proceso judicial en su contra por el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía Nacional, tras revelarse un informe del CTI de la Fiscalía que descarta que Sotelo haya disparado un arma de fuego. Según el documento, no se encontraron residuos de pólvora en las manos del señalado.El pasado 2 de diciembre, el juez 76 de control de garantías ordenó la libertad de Sotelo, quien había sido capturado tras la muerte del joven de 21 años. El juez argumentó que las pruebas actuales no son suficientes para incriminarlo como autor del homicidio.Durante la audiencia, se determinó además que el arma que portaba Sotelo “no era apta para disparar”, según afirmó el juez. Este detalle contrasta con la pistola Sig Sauer que estaba en manos del escolta Sergio Felipe Rico, otro implicado en el caso.Por su parte, la Fiscalía decidió no apelar la decisión de libertad, ya que reconoció que nuevas evidencias podrían involucrar directamente al escolta Rico en el crimen. En el marco de esta audiencia, el juez otorgó la calidad de víctimas a los familiares de Juan Felipe Rincón, un paso clave para su representación en el proceso judicial.Con estas novedades, la Fiscalía deberá revisar nuevamente el material probatorio para establecer si otros presentes en los hechos ocurridos el pasado 24 de noviembre, en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, podrían tener alguna responsabilidad en el homicidio.
En Bucaramanga fue capturado un hombre que, según la Fiscalía, intimidó a dos niñas de 12 y 13 años con publicar material audiovisual íntimo, si se negaban a sostener encuentros sexuales con él. El imputado huía de las autoridades pues, en su contra, existe una condena a 10 años por delitos similares.El hombre las engañó sosteniendo conversaciones en chat virtuales haciéndose pasar por un menor, de esta manera les pidió fotos y videos y luego las amenazó con publicarlos de no acceder a tener relaciones con él.Dicho actuar ya lo habría cometido en repetidas ocasiones, por lo que las autoridades tenían orden de captura contra José González Parra, presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento con menor de 14 años.Desde septiembre de este año, el hombre creó un perfil falso desde el cual se ganaba la confianza de las menores para acceder a sus pretensiones, fue así como dos jóvenes, de 12 y 13 años, fueron intimidadas por José Gonzales Parra con hacer públicas las imágenes con contenido sexual, en caso de negarse a sostener encuentros sexuales con él.El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional lograron su captura en un edificio del centro de Bucaramanga.Las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de José Gonzales Parra, presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento con menor de 14 años, el ente acusador evidenció que usaba redes sociales para ganarse la confianza de jóvenes que navegaban en internet, y a quienes persuadía de enviarle imágenes íntimas.La acción se dio debido a que esta persona era requerida por la justicia para que cumpliera una condena de 10 años de prisión. La sentencia de cárcel fue impuesta luego de que González Parra fuera encontrado responsable del delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.
Luis Gustavo Moreno, abogado del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Sneyder Pinilla, anunció una nueva audiencia de imputación que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre, resaltando que este avance en el proceso es resultado de la colaboración de Pinilla con la Fiscalía General de la Nación.Por medio de un comunicado Gustavo Moreno aseguró que la colaboración de Sneyder Pinilla incluyó la entrega de material probatorio que fue presentada como parte de un principio de oportunidad en el proceso penal.“La Fiscalía, liderada por la Luz Adriana Camargo, destacó el uso de mecanismos premiales en el caso, lo cual permite aprovechar los testimonios y pruebas de personas como Pinilla para avanzar en investigaciones sobre otras figuras vinculadas a organizaciones criminales”, se mencionó en el comunicadoLa defensa reiteró que el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; mantiene su compromiso con el proceso judicial y le pidió a los demás implicados a asumir sus responsabilidades, hablar con la verdad y colaborar con la justicia para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Avances en el escándalo de corrupción de Gestión del RiesgoLa Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó en la mañana este martes, la apertura de una investigación formal en contra de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes de Senado y Cámara respectivamente por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Cabe resaltar que fue Pinilla, implicado y considerado como uno de los principales testigos de este entramado de corrupción, quien prendió el ventilador y dio nombres como el de Calle y Name, en donde, según su relato, ambos habrían recibido presuntamente maletas con dinero producto de los sobornos.La Corte Suprema de Justicia ha recopilado pruebas que señalan que ambos congresistas habrían recibido cerca de 4.000 millones de pesos en efectivo antes de las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. Iván Name habría recibido alrededor de 3.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle habría recibido cerca de 1.000 millones.Le puede interesar:
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó este martes el asesinato del personero del municipio de Cumbitara, ubicado en el departamento de Nariño, después de que fuera secuestrado, y aseguró que están investigando las circunstancias del crimen."En la Defensoría del Pueblo recibimos la noticia del homicidio del personero de Cumbitara, Nariño, Jimmy Rosero, quien había sido secuestrado en horas de la tarde. En este momento nos encontramos verificando las circunstancias específicas del hecho", indicó en su cuenta de X Marín.El personero fue secuestrado mientras participaba en una reunión con más funcionarios de la localidad en la vereda Las Piedras, corregimiento de El Sidón. En ese momento llegaron hombres armados y encapuchados, lo secuestraron y se marcharon del lugar en un. Sobre las 7:50 de la noche, horas más tarde de su secuestro, fue encontrado su cuerpo en uno los puentes de la zona rural y luego identificaron que era el del personero. También se conoció tenía un letrero al lado."Repudio absoluto de este homicidio, así como de todos aquellas agresiones e intimidaciones que atenten contra la vida, la integridad y la labor de los personeros y personeras de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper)", agregó la defensora del pueblo, quien pidió a la Fiscalía "avanzar urgentemente en la investigación de estos hechos".Por su parte, Fenalper indicó en un comunicado que "este trágico suceso evidencia la creciente vulnerabilidad de los personeros en Colombia, quienes enfrentan amenazas constantes debido a su labor en defensa de los derechos humanos y el control de lo público".En este contexto, pidieron al Gobierno medidas urgentes de protección "efectivas" para "garantizar la seguridad e integridad de los personeros y demás defensores de derechos humanos en el país".
Un presunto caso de abuso sexual contra dos estudiantes del I.E.D. Instituto Técnico Nacional de Comercio de Barranquilla se encuentra bajo el foco de las autoridades locales, especialmente de la Fiscalía, quienes se encuentran liderando un proceso investigativo para determinar las posibles circunstancias que rodearon los hechos.La situación, aún sin conocerse muchos detalles, fue dada a conocer por la rectora del plantel educativo que, a través de un comunicado, denunció el hecho ante la Fiscalía, Secretaría de Educación de Barranquilla y Policía de Infancia y Adolescencia.En dicho documento, la rectora señaló que desde el primer momento en el que se tuvo conocimiento del caso, se actuó "con inmediatez" para proteger a las menores de edad, cuyas identidades se mantiene bajo reserva, de manera que se activó un protocolo de atención para el restablecimiento de sus derechos.A su vez, este proceso de atención a las víctimas ha contado con el acompañamiento de sus familias. Consultamos con la Policía Metropolitana de Barranquilla y, en efecto, confirmaron que la investigación la están llevando a cabo miembros del CTI de la Fiscalía y que, en esta medida, desde la institución armada se está prestando el apoyo requerido.Por su parte, la secretaría de Educación de Barranquilla informó a Blu Radio que están terminando de hacer unas verificaciones del caso y que, probablemente, haya un pronunciamiento en las próximas horas.
A una disputa territorial por el control de las rentas ilícitas entre 'Los Costeños' y 'Los Pepes' atribuye la Policía Metropolitana de Barranquilla el triple homicidio registrado el pasado martes en Soledad, Atlántico, que dejó como víctimas a Jesús Manuel Romero Méndez, de 34 años; Jesús Junior Alandete Morales, de 30; y Jesús Puello Magallanes.Inclusive, también se presume que serían 'Los Costeños' quienes podrían estar detrás del triple homicidio, en medio de lo que sería una disputa entre los mismos mandos de ésta organización criminal, la cual se encuentra liderada por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor'.Aunque por el momento ninguna de las hipótesis ha sido confirmada y/o descartada, el CTI de la Fiscalía viene liderando una rigurosa investigación que, inclusive, está siendo apoyada por Equipo Especial Interdisciplinario que se encuentra dándole agilidad al proceso para determinar con exactitud los móviles del triple asesinato.El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que "es una de las principales hipótesis que tenemos alrededor de este triple homicidio, no obstante, seguimos trabajando con personal del CTI de la Fiscalía para agilizar las investigaciones", dijo.Como se recordará, Romero Méndez, Alandete Morales y Puello Magallanes fueron atacados a bala en el barrio La Central, conociéndose que se trataban de tres trabajadores informales que se encargaban de tapar huecos en la zona donde ocurrió el triple crimen y que, además, contaban con varias anotaciones judiciales por constreñimiento, porte ilegal de armas de fuego, entre otros.Mientras que uno de los cuerpos fue hallado en la zona en mención, unos metros más adelante fue encontrado el cadáver de otra de las víctimas. Entre tanto, una tercera persona falleció en una clínica de Soledad, Atlántico, dada la gravedad de sus heridas.
