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La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una mesa de trabajo con dos líneas de investigación en el caso de Alfredo Acuña, funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y escolta del secretario de la Cámara de Representantes de Colombia, Jaime Lacouture, quien fue capturado en La Guajira con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda electoral del congresista Daniel Restrepo.
Según el ente acusador, una de las líneas busca establecer si hay un posible delito de lavado de activos, con el fin de verificar el origen y destino del dinero. La otra apunta a determinar un eventual caso de corrupción relacionado con una posible destinación indebida de recursos con fines de campaña o electorales.
La captura fue objeto de revisión en audiencia de legalización ante un juez de control de garantías, quien decidió dejar en libertad al escolta. De acuerdo con su abogado, Iván Cancino, la decisión obedeció a presuntas irregularidades en el procedimiento y fallas en la sustentación del ente acusador.
“La defensa demostró que la captura fue ilegal en el procedimiento y que el dinero no tenía ningún motivo o circunstancia que lo vinculara con delito alguno, y se ordena también la devolución del dinero y de los vehículos. El debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia no son bienes que se puedan disponer a la ligera, como lo hemos visto hoy. La investigación obviamente seguirá, pero en Colombia llevar dinero en efectivo no es delito y no podemos permitir que eso se vuelva una costumbre. La Fiscalía obviamente tendrá que hacer sus procedimientos, sus indagaciones, pero lo importante es que hoy esas personas quedaron libres”, afirmó.
El abogado también sostuvo que su defendido permaneció más de 30 horas capturado sin que avanzara la diligencia judicial y que inicialmente la Policía habló del delito por omisión de reporte sobre transacciones en efectivo.
Por su parte, la Fiscalía explicó que la Policía tardó 24 horas en presentar el informe judicial, lo que generó retrasos en la legalización de la captura y en la evaluación del delito a imputar. Finalmente, en audiencia y tras una revisión de la información, el ente acusador sustentó la hipótesis de lavado de activos.
Sin embargo, la jueza cuestionó que la Fiscalía no justificara adecuadamente las demoras y puso en duda la adecuación típica del delito planteado. Durante la diligencia también se conoció que el dinero estaba distribuido en siete paquetes con nombres que coinciden con políticos de La Guajira.
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