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La Fiscalía General de la Nación imputó al cabecilla del Bloque Magdalena Medio, Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, así como a Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, y a Farby Edison Parra Parra, alias Richard, señalados como jefes político y financiero del autodenominado Frente 33, por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir. La decisión se produce en el marco de las investigaciones por la ola de violencia registrada en la región del Catatumbo entre enero y abril de 2025, pese a que los procesados cuentan con órdenes de captura suspendidas.
Según los elementos materiales probatorios recopilados, estas personas habrían ordenado a sus estructuras armadas ejercer control territorial absoluto mediante el uso de armas y rentas ilícitas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en Norte de Santander. En cumplimiento de esa directriz, integrantes del grupo armado ilegal habrían promovido acciones violentas que generaron miedo y zozobra en la comunidad, así como graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con las denuncias recibidas, las actividades investigativas y los análisis criminológicos adelantados por la Fiscalía, se han identificado 37 víctimas de homicidio, 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y 87 personas afectadas por desplazamiento forzado en medio de la crisis.
El delegado contra el Crimen Organizado, Raúl González Flechas, confirmó que también, en el marco de estos hechos, ya se han expedido seis órdenes de captura contra integrantes del ELN: tres contra miembros del COCE, identificados como Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito, y tres contra cabecillas del Frente de Guerra Nororiental, conocidos como Silvana Guerrero, alias Alfred, y alias Andino.
Frente a la situación jurídica de los imputados con órdenes de captura suspendidas, la Fiscalía explicó que, conforme a la Directiva 0003 de 2025, los fiscales continuarán con la investigación y la gestión de audiencias “con indiferencia de que el o los investigados o acusados tengan suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra”. Añadió que los beneficiarios de la suspensión serán citados a las diligencias a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin que ello implique afectación de su libertad personal.
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