La Corte Constitucional dio un paso contundente en el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, la cual declaró el Estado de Cosas Institucional debido a la vulneración generalizada de los derechos de la niñez Wayúu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira. La Sala Especial de Seguimiento inició un proceso de desacato contra funcionarios del Gobierno, señalando una falta de cumplimiento en las medidas ordenadas.El Auto 2764 de 2023, emanado de la Sala, incluye a la consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz Nova; al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; a la ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González; a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez; a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia Torres; y a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, como responsables de no haber cumplido con las órdenes estructurales de la sentencia.Asimismo, “se vinculó al superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López; la gobernadora del Departamento de La Guajira, Diala Wilches; el alcalde de Maicao, Mohamad Jaafar Dasuki Hajj; el alcalde de Manaure, Elven Manuel Meza Barros; el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes y el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar”, informó la Corte Constitucional en un comunicado.La Sala de Seguimiento del alto tribunal evaluó el cumplimiento de la orden tercera de la sentencia, que demanda la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP) para garantizar los derechos fundamentales de la comunidad indígena Wayúu, especialmente en lo relacionado con el acceso al agua, la alimentación y la salud. Sin embargo, ha concluido que el cumplimiento ha sido insatisfactorio.A pesar de la creación de la comisión intersectorial, la sala argumentó que esta no es suficiente, ya que no incluye a todas las entidades concernidas en la orden. En este contexto, se ha dispuesto que los funcionarios mencionados presenten, en las próximas 48 horas tras la notificación del auto, un informe que acredite el cumplimiento respecto a la conformación del MESEPP.“Respecto del incidente de desacato, la Sala de Seguimiento advirtió que las autoridades tienen tres días para presentar pruebas y, en caso de reportarse nuevas acciones y resultados para el cumplimiento de la orden, estos deben basarse en indicadores de goce efectivo de derechos”, añadió el alto tribunal.Puede ver:
Blu Radio conoció la resolución que alista el Departamento de Prosperidad Social en el que establece el procedimiento para la inclusión de familias de la comunidad Wayúu en el programa Familias en Acción que sigue vigente en este 2023.Y es que las cifras que advierte la propia documentación oficial conocida por Blu es alarmante:“A partir de los censos aportados por las comunidades, se identificaron 21.328 registros de niños y niñas, de los cuales, 9.363 están siendo atendidos por el ICBF o por el Ministerio de Educación Nacional. De los 11.965 restantes, mediante la búsqueda activa de Unidades Móviles del ICBF se ha logrado verificar y ubicar a 2.454 niños y niñas sin atención, entre los que se encontraron 309 con riesgo de desnutrición o desnutrición aguda”, señala el documento.Allí mismo se señala que el costo de la entrega de dicho subsidio será de 24.012 millones de pesos que salen del presupuesto de Prosperidad.Así las cosas, la resolución que se firmará en los próximos días establece las condiciones para determinar las familias beneficiarse las cuales son:Familias con niños y niñas en primera infancia, conforme a los registros administrativos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.Pertenezcan al Pueblo Wayúu según los listados censales reportados por las autoridades indígenas ante el Ministerio del Interior.Residan en el departamento de La Guajira conforme los registros administrativos señalados en el artículo 3 de la Resolución 542 de 2023.Posean documento de identidad expedido por autoridades colombianas, según los registros administrativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.La vinculación de las familias, así como la liquidación de la única transferencia monetaria del presente procedimiento especial se realizará en el quinto ciclo de operación de la vigencia 2023, determina el documento.Le puede interesar:
La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó este miércoles un nuevo decreto de emergencia económica para La Guajira, relacionada con el sector de educación. Se trata del decreto 1269 del 2023 en el cual se adoptaba medidas especiales en el sector educativo, en el marco de la emergencia; relacionadas con la implementación del Programa de Alimentación Especial (PAE) para ese departamento.El decreto entregaba facultades especiales a las entidades territoriales encargadas del PAE "incorporar mediante acto administrativo los recursos asignados desde el Presupuesto General de la Nación para la operación y prestación del servicio, con el fin de ampliar su cobertura y acceso, incluso durante el período de receso escolar".Sin embargo en lo proferido por la Sala, otorgó efectos diferidos a aquellas disposiciones que se relacionen con el agua, tal y como quedo contemplado en la declaración de inexequibilidad del decreto 1085 de 2023.“La insuficiencia de agua impacta directa y gravemente en la necesidad básica de alimentación, el agua potable es un componente esencial de cualquier dieta humana, como también es un medio irreemplazable para el cultivo de alimentos, la limpieza de los mismos y su preparación. En últimas, el agua es condición de posibilidad para la alimentación adecuada y para combatir la desnutrición infantil, objetivos a los que responde el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los términos del Decreto 1269 de 2023.”, destacó la Corte en su decisión.Con esta decisión, el alto tribunal ha declarado inexequible 11 decretos de la emergencia económica, social y ecológica declarado para el departamento de La Guajira, el alto tribunal está todavía en estudio otros 3 actos legislativos se trata de los decretos 1272, 1277 y 1267 expedidos el 31 de julio del 2023.Le puede interesar:
El descontento social con el Gobierno del presidente Gustavo se está viendo en diferentes sectores del país. El más reciente capitulo se registró en el estadio Metropolitano en el que se registró un fuerte abucheo contra el mandatario nacional, pero antes los duros golpes al jefe de Estado empezaron con la Corte Constitucional.Gabriel Cifuentes, analista político, habló en Sala de Prensa sobre el abucheo al presidente Petro en el estadio Metropolitano de Barranquilla antes del juego de la tricolor frente a Brasil y los golpes que sufrió el mandatario en esta semana."Hay que tratar de tener al margen a la familia de los presidentes. Este fue un hecho lamentable e invito a tener solidaridad con la hija del presidente… Hay que ver las sensaciones de la gente, esto se está viendo reflejado en las encuestas”, indicó.Cifuentes también habló de esa posición que ha tenido el presidente Petro frente a las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, por ‘tumbarle’ varios decretos, por ejemplo, con La Guajira y el agua.“La Corte Constitucional no está para hacerle favores a ningún gobierno, está para salvaguardar la Constitución política. Si recordamos en el 2009 también hubo una gran polémica cuando frenó la segunda reelección de Uribe, pero estaba haciendo su trabajo y lo que está haciendo la Corte Constitucional ahorita es uno, poniendo en evidencia que muchos de esos decretos no se ajustan a las normas constitutiva para decretar la emergencia y que en este caso la reforma tributaria estaba violando el principio de equidad tributaria y de justicia tributaria”, enfatizó el analista.La respuesta del presidente Petro a este fallo fue mencionar la reducción del presupuesto para las tres ramas, Cifuentes indicó que esto es más aquí hay una visión de forma y una de fondos.“Es un tono amenazante ya común en el presidente Petro. Lo que el presidente no dice es que la mayor cantidad de inversión está a cargo del Ejecutivo. Será muy difícil reducir la inversión de la rama judicial que es mínima, la inversión de la rama legislativa, que es aún más pequeña. Entonces los mayores recortes van a hacer recortes en las carteras del propio Gobierno”, dijo.Finalmente, Cifuentes se refirió al ‘tintico’ que se tomarán el expresidente de la República Álvaro Uribe y el mandatario nacional, en la que discutirán varis temas, entre ellos, uno muy importante: la reforma a la salud y las expectativas que genera este encuentro.“Creo que la primera imagen que va a generar es un Gobierno que tiende puentes y que está dispuesto a conversar y a discutir. Es decir, rompe esa idea de que ha sido una reforma impuesta, que ha sido una reforma de oídos sordos, pero más allá de eso, también creo que es una estrategia para comprar tiempo porque como están los números y como están las fuerzas en el Congreso, es muy poco lo que se ha avanzado y se necesitan de ciertos consensos para poder avanzar”, indicó.Le puede interesar:
La Justicia Especial de Paz aceptó este viernes 17 de noviembre de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004.Durante la audiencia, se revelaron documentos y videos reservados de lo que la justicia transicional considera aporte a la verdad.En uno de los videos revelados, Mancuso contó un episodio en el que fue capturado junto a Jorge Tovar en La Guajira y llamó a Carlos Castaño para que gestionara su liberación ante el riesgo que fueran enviados a la cárcel."Déjame yo llamo al coronel Rosso José Serrano, Serrano le dijo llámate a Naranjo y Naranjo mandó al coronel Danilo González a que nos liberara, hasta salimos disfrazados de policía", reveló Mancuso.En 2020, la JEP ya había rechazado el sometimiento de Mancuso luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyera que su rol fue el de un "miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate".En esa época, el exjefe paramilitar solicitó su sometimiento ante la JEP como tercero civil colaborador o financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997, antes de su vinculación a las AUC, organización de la que fue su último comandante.En aquella ocasión, la defensa de Mancuso argumentó que él patrullaba con un grupo armado compuesto por militares, antiguos guerrilleros y otros combatientes; portaba armas largas, y participaba directamente en acciones armadas con "fines contrainsurgentes, no solo con el aporte de información".Desde entonces, el excomandante de las AUC hizo varias declaraciones virtuales en audiencias ante la JEP, con las que intenta que lo acojan ante esta justicia especial que contempla penas no privativas de libertad a cambio de aportación de verdad.Le puede interesar "Mancuso le pide al presidente Petro la repatriación de alias 'Otoniel' y de alias 'Don Mario'":
La Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años y 1 día al exgobernador de La Guajira, Álvaro Cuello Blanchar, como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, en la misma decisión, absolvió al exmandatario Hernando Deluque.Esta determinación fue tomada por la Sala Especial de Primera Instancia, que encontró a Cuello Blanchar responsable de irregularidades registradas en el trámite y celebración del denominado “Convenio de Cooperación” entre la Gobernación y la Constructora Limos, para construir 150 viviendas de interés social (II Etapa de la urbanización Villa Sharín) en Riohacha, en la vía a Valledupar.Entre otras irregularidades, la Sala determinó que Cuello Blanchar “ofertó y consintió la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social que carecía de redes de alcantarillado, lo cual desencadenó una problemática social e hidrosanitaria de gran impacto”.La Corte absolvió al también exgobernador de La Guajira, Hernando David Deluque Freyle, enjuiciado por peculado por apropiación en favor de terceros al haber autorizado el desembolso de pagos en favor de la Constructora Limos entre febrero de 2001 y mayo de 2002. Según la Sala, se demostró que Deluque Freyle actuó en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal suscrito por su antecesor.Esta es la segunda condena que impone la Corte Suprema contra el exgobernador de La Guajira, Álvaro Cuello Blanchar. La primera fue impuesta en febrero, donde fue condenado junto al exgobernador de La Guajira, Hernando David Deluque Freyle, a una pena de 4 años de cárcel, como autores responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Este caso involucraba el trámite y celebración de un contrato de obra pública con la Unión Temporal Fénix, cuya finalidad era construir, ampliar y/o remodelar los palacios municipales de El Molino y Hatonuevo, la construcción del terminal de paso y la plaza de mercado de San Juan del Cesar, la construcción de la plaza de mercado de Maicao y de un puente sobre el río Ranchería, que comunica al municipio de Fonseca con el corregimiento El Hatico.Le puede interesar:
La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó dos nuevos decretos declarados en la emergencia económica, ecológica y social en el departamento de La Guajira. El tribunal dejó sin piso jurídico las normas que buscaban implementar medidas en materia de agricultura y desarrollo rural, y la focalización de los recursos para el departamento de los recursos provenientes del sistema de regalías.Sin embargo, ese último decreto quedó con efectos diferidos por un año en los artículos que propuso medidas de focalización a cargo del presupuesto del Sistema General de Regalías en los sectores de agua y acueducto, teniendo en cuenta que representan una “amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, citó la Corte.Con este nuevo golpe para el Gobierno ya son diez decretos que la Corte Constitucional ha tumbado de la emergencia económica en ese departamento. La primera decisión que tomó el tribunal dejó sin piso jurídico el decreto madre que declaró la situación; tiempo después se cayó el que pretendía recuperar las Salinas Marítimas de Manaure.Así mismo, la Corte tumbó los decretos que modificaban permisos para el uso del espectro radioeléctrico, el que protegía la riqueza cultural Wayúu, el que creaba una institución de educación superior indígena Wayúu, qué pretendía adelantar la reforma a la salud en ese departamento y el que buscaba adelantar esta reforma del Gobierno Petro en ese departamento.La Corte Constitucional también dejó sin efectos el decreto que estableció un aporte de 1.000 pesos a la factura de energía para estratos 4, 5 y 6 declarado en la emergencia económica en La Guajira. La decisión dio un plazo de 6 meses para que los recursos recaudados por los contribuyentes sean devueltos por medio de dicha factura y decidió declarar inexequible el decreto de acceso a agua y saneamiento básico con efectos diferidos a un año, también decretados en dicho estado de emergencia. Le puede interesar también: “El cambio no se está dando; extrañamos al Petro senador”: ASI
En la Finca Villa Fátima, ubicada en el corregimiento de Prado Sevilla, a 40 minutos del municipio de Zona Bananera, en el departamento del Magdalena, un grupo de hombres armados ingresó desplazando a los trabajadores para luego prender fuego a las bodegas donde permanecía recolectado el banano y las máquinas empacadoras.La acción criminal se dio horas después de que delincuentes hicieran lo mismo con otra finca bananera ubicada en el corregimiento de Comejenes, jurisdicción de Riohacha, en La Guajira.El coronel Yorguin Orlando Malagón Hernández, comandante de la Policía del Magdalena, informó que la mañana de este miércoles un grupo de hombres de los institución se trasladó al sitio donde, además, fueron pintados varios letreros alusivos a las AGC, por lo que no descartan que este grupo sea el autor de los hechos.Aunque los casos están en investigación, según denuncia la Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira, Asbama, lo ocurrido obedece a acciones de grupos delincuenciales que pretenden extorsionar a los productores de banano.El gremio de productores está haciendo un llamado urgente al ministro de Defensa para que tome las acciones necesarias que garanticen la vida, el trabajo y la propiedad privada, a la vez que piden la instalación de un Puesto de Mando Unificado en el que se tomen decisiones en materia de seguridad.Le puede interesar:
Hace aproximadamente una semana, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a los actuales líderes de los 32 departamentos y las ciudades capitales del país. El objetivo de esta solicitud es implementar medidas inmediatas para contrarrestar las elevadas tasas de mortalidad infantil que persisten en Colombia por enfermedades prevenibles.Estas enfermedades prevenibles, como la desnutrición, las patologías diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas, continúan siendo una causa alarmante de decesos en la población infantil.Iliana Curiel Arismendy, vocera de la Sociedad Colombiana de Pediatría, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, de la alerta de la Procuraduría por la muerte de 680 niños por enfermedades prevenibles."Ahora hay unos departamentos que tienen la mayor carga de enfermedad y en donde más están falleciendo los niños. Estos departamentos son La Guajira, el Chocó, el Cesar, Antioquia, Bolívar, Magdalena y el dato de Bogotá, pero lo más grave es que precisamente estos departamentos son los departamentos en donde más vulnerable es la infancia. Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría emitimos un comunicado haciendo llamado fuerte al Gobierno nacional para tomar acciones ahora en estas transiciones de los nuevos gobiernos territoriales. Y la pregunta es ¿qué está pasando? La mayoría de los niños que están falleciendo son niños en donde las condiciones de salud y bienestar no son las adecuadas", señaló. En Colombia, los niños son una población muy vulnerable. Las condiciones sociales y el conflicto armado ponen a la infancia en un blanco fácil de atacar y lo que buscan varias entidades es mirar a los niños de manera diferente. Primero poniéndolos en el centro de las atenciones y de las prioridades de los gobiernos territoriales y también la salud de los niños depende de muchos factores. Por eso, Arismendy resaltó la importancia de políticas públicas que salven a los niños de Colombia de muertes que se pueden prevenir con una adecuada atención o tratamiento."Cuando un niño llega a la urgencia o cuando un niño fallece es porque se han desencadenado una serie de violaciones sistemáticas de sus derechos, en el comunicado hacemos referencia a acciones contundentes y fundamentales que deben tomarse para el bienestar de los niños. Entonces hablamos de mejorar el acceso, en la oportunidad, en la atención materno infantil y de calidad, sobre todo en estas áreas remotas de la Colombia rural, que allí es donde están falleciendo los niños en donde los índices de pobreza en las familias está elevado. Finalmente, la doctora se refirió a los avances que se han tenido con la atención infantil y los retos que se generaron tras la pandemia del COVID-19 para que los niños tengan la adecuada atención médica.Ante este panorama preocupante, el Ministerio Público instó a las autoridades a nivel nacional y territorial a abordar de manera urgente y coordinada esta problemática. El propósito es evitar que acontecimientos perjudiciales impacten negativamente en la salud y la vida de los niños y niñas que están siendo afectados por estas adversidades.Escuche la entrevista completa:
Seis hombres a bordo de tres motocicletas despojaron de bolsos, billeteras y celulares a cinco turistas que llegaban a un hostal ubicado en la calle 5 con carrera 8 del barrio Centro de Riohacha, La Guajira.El hecho quedó registrado en varias cámaras de seguridad de la zona, donde se observa la forma cómo los delincuentes se bajan de las motocicletas y despojan a sus víctimas de todas sus pertenencias."Por aquí ya no se puede vivir tranquilo, no es el primer caso que ocurre, se la pasan atracando y eso que supuestamente no pueden pasar las motos para este lado", dijo Carlos Mengual, un habitante del barrio Centro de Riohacha.Los turistas pusieron en conocimiento de este hecho a la Policía, quienes iniciaron la búsqueda de los delincuentes sin obtener resultados por el momento.En el centro de Riohacha, y por decisión de la Alcaldía de la ciudad, desde hace varios años está en vigencia un decreto que prohíbe la circulación de motocicletas a cualquier hora en esta zona turística y comercial de la capital guajira.Vea el video aquí: Le puede interesar este contenido de Blu Radio en YouTube:
La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) se encuentran en la búsqueda de una niña de 9 años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 26 de noviembre en el barrio El Muelle, localidad de Engativá, en el noroccidente de BogotáLa menor, identificada como Eva Luna España Navarro, salió de su casa hacia las 5:20 de la tarde con destino a la casa de su abuela, ubicada a tres cuadras de distancia. Sin embargo, nunca llegó a su destino.Según el relato de sus familiares, la niña fue vista por última vez por una cámara de seguridad en la calle 79 sur con carrera 100. En las imágenes se observa que la niña camina sola y desorientada.La menor tiene una estatura de 1,30 metros, cabello castaño claro, ojos marrones y viste un pantalón jean azul, una blusa gris con un peluche en el pecho y unas chancletas moradas, según dijo el a Blu Radio el papá de la menor."La niña sí me dijo que quería salir, como ir al parque, debido a que era domingo y quería hacer un poco de bici. La niña alcanza a recorrer cierta parte del barrio. La niña tiene un blu jean, pantaloncito de color azul, tiene una blusita, como un suetercito gris, con un peluche sobre la altura del pecho. Tiene unas chancleticas de color morado, como de gomita. Nosotros esperamos pues que si alguna persona de pronto la vea, la reconozca, diga que pues ojalá piense en que es la niña que estamos buscando, pues nos lo puede hacer saber a través de algún medio", manifestó.Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que, en caso de tener información sobre el paradero de la menor, se comunique a la línea de emergencia 123 o a la Fiscalía General de la Nación. La familia de la menor está desesperada y pide ayuda a la ciudadanía para encontrarla.
La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció que denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, al replicar a una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público."Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola", dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra "tienen como propósito" amedrentarla para que no continúe su "lucha contra la impunidad".También contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco los denuncia por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.Este lunes se llevó a cabo la operación "Valquiria V", a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), que acusa a Benavides de ser la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.Como parte de este operativo, detuvo al que era hasta ayer el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.Benavides afirmó en su mensaje que esta investigación es "un ataque premeditado" de quienes se oponen a su labor."Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder", dijo Benavides.La fiscal indicó que la institución que dirige tiene a cargo casos de máxima relevancia con personas que van a intentar utilizar su poder para "obstruir la justicia"."Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales", señaló en el pronunciamiento.También anunció que continuará investigando a altos funcionarios responsables de las "trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023" en las protestas, así como otros "casos emblemáticos"."Hoy es un día difícil, pero fundamental es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que en nuestro país se haga justicia", dijo al añadir que no teme a las represalias que puedan seguirse tomando contra su persona.El pasado 24 de octubre, la Fiscalía extendió por ocho meses adicionales la investigación por las muertes en las protestas.Por ese caso, Boluarte acudió a declarar a la Fiscalía el pasado 27 de septiembre, cuando ratificó las explicaciones que ya dio en junio pasado sobre las decenas de muertes que se produjeron durante las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas de diciembre a marzo pasado en su país y pidió que se cierre la investigación que se sigue en su contra.La mandataria fue citada como parte de la investigación preliminar abierta contra ella y otras altas autoridades de su gobierno por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
El objetivo es desembarcar al menos 600 hombres en Santa Rosa, una de las poblaciones junto a Montecristo, Arenal y Morales, que viven el recrudecimiento de la guerra entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN por el control territorial.Estos hombres “reforzarán los dispositivos de seguridad en la región, con el fin de evitar los desplazamientos masivos y las confrontaciones entre grupos armados ilegales, generadas por mantener el control de las rutas del narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos y demás economías ilegales presentes en el territorio”, señalaron fuentes militares.Los enfrentamientos entre los grupos armados completan más de cinco días en las zonas rurales de estos municipios en donde, según la Defensoría del Pueblo, se han tenido que desplazar un total de 1400 personas, el equivalente a 556 familias.Lo que está sucediendo en el sur de Bolívar no es una situación nueva, ya que desde la Defensoría del Pueblo advertimos la grave problemática a través de nuestras alertas tempranas 018 del 2021 y 034 del 2023”, aseguró el defensor Carlos Camargo el pasado 25 de noviembre.Le puede interesar:
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, regresará esta semana a Israel y a la Cisjordania ocupada en su tercera visita a Oriente Medio desde el inicio de la guerra de Gaza, anunció este lunes su oficina.El jefe de la diplomacia estadounidense, que está en Bruselas para participar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, alargará su viaje más allá del miércoles para visitar también Macedonia del Norte, Israel, Cisjordania y Dubái."En sus reuniones en Oriente Medio, el secretario enfatizará la necesidad de mantener el creciente flujo de ayuda humanitaria a Gaza, asegurar la liberación de todos los rehenes y mejorar la protección de los civiles en Gaza", explicó un portavoz del Departamento de Estado.Blinken insistirá además en la importancia de "establecer un Estado palestino independiente" y de evitar que la guerra de Gaza se convierta en un conflicto regional, añadió la misma fuente.El secretario de Estado participará también en la cumbre del clima COP28 de Dubái en representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien no acudirá a la cita a diferencia de los dos años anteriores.El anuncio del viaje a Oriente Medio del jefe de la diplomacia estadounidense llega el mismo día en que Israel y el grupo islamista palestino Hamás acordaron prolongar durante dos días más la tregua que comenzó el viernes a cambio de la liberación de rehenes.Será la tercera visita de Blinken a la región desde el inicio de la guerra, que comenzó el 7 de octubre tras el ataque del brazo armado de Hamás contra Israel que dejó 1.200 muertos. La posterior ofensiva del Ejército israelí contra Gaza se ha cobrado la vida de 15.000 personas.La Administración de Joe Biden ha mostrado desde el inicio su apoyo inquebrantable a Israel, aunque durante las últimas semanas ha aumentado la presión sobre el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que frene las muertes de civiles palestinos. Le podría interesar:
Israel liberó a tres mujeres y treinta niños encarcelados en prisiones israelíes en respuesta a la entrega por parte de Hamás de 13 rehenes israelíes que tenía en su poder, en el cuarto día de tregua entre ambos partas y que hoy ha sido extendido dos días más.El Servicio de Prisiones de Israel confirmó la cuarta tanda de excarcelaciones de presos palestinos, de las prisiones de Katziot, Nafha, Ramon, Damon, Megiddo y Ofer.Los presos habían sido reunidos en la cárcel de Ofer, cerca de localidad cisjordana de Betunia, desde donde están siendo llevados por la Cruz Roja hacia distintos puestos de control militar israelíes.Horas antes, el grupo islamista Hamás había confirmado la recepción del que recibió el listado de los presos palestinos que serán liberados por Israel en el marco de un acuerdo por el cual se espera que 11 rehenes cautivos en Gaza sean también puestos en libertad."El Movimiento de Resistencia Islámica Hamás anuncia que ha recibido una lista de prisioneros que serán liberados hoy de las cárceles del enemigo sionista", señaló el grupo en un mensaje publicado en Telegram, que detalló, además, que los liberados serán 3 mujeres y 30 menores.Como en las tres jornadas anteriores los presos no fueron excarcelados hasta que Israel recibió a sus ciudadanos.Según informó un colectivo de familiares de rehenes, los 11 liberados son residentes del kibutz Nir Oz, una comunidad adyacente a la Franja de Gaza, y cinco de ellos tienen doble nacionalidad israelí y argentina, dijo a efe una fuente diplomática.Por otra parte, según Catar, tres de los rehenes tienen también nacionalidad francesa y dos la alemana, además de la israelí.Con estas liberaciones, concluye la primera fase del acuerdo, que se extendía por cuatro días y preveía la puesta en libertad de 50 rehenes israelíes y 150 presos palestinos.El grupo islamista ha puesto en libertad además a al menos 19 personas adicionales no incluidas en el acuerdo, incluyendo 17 tailandeses, un filipino y un rehén con doble nacionalidad ruso-israelí.Este lunes, poco antes de que caducara el pacto que entró en vigor el viernes por la mañana, Hamás, Catar y Estados Unidos anunciaron que este se extendería por dos días más, durante los cuales el grupo islamista liberará a al menos 10 rehenes por día.Israel declaró la guerra a Hamás el 7 de octubre tras un ataque del grupo islamista, que incluyó el lanzamiento de más de 4.000 cohetes y la infiltración de unos 3.000 milicianos, que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a más de 240 en comunidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza.Las fuerzas aéreas, navales y terrestres de Israel han contraatacado desde entonces en el enclave palestino, donde ya suman más de 15.000 muertos, según autoridades palestinas, la mayoría niños y mujeres, y se estima que más de 7.000 personas están desaparecidas bajo los escombros.Le podría interesar:
