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La Fiscalía General de la Nación confirmó que avanza en la investigación de cinco casos de incautación de dinero en efectivo registrados en distintas regiones del país durante los últimos días de cara a las elecciones. El objetivo de las indagaciones es determinar si los recursos tienen relación con delitos electorales o si su origen podría estar vinculado con otras conductas de presunto lavado de activos.
Según la Fiscalía, en San Onofre, Sucre, fue incautado un monto de 28 millones y una persona fue capturada durante el procedimiento. Posteriormente, un juez de control de garantías impartió legalidad al operativo policial y avaló la incautación del dinero con fines de comiso, por lo que el proceso continúa en etapa de investigación.
Otro caso se registró en Cúcuta, Norte de Santander, donde las autoridades incautaron 26 millones de pesos en efectivo y capturaron a una persona. En este caso, aún está pendiente la presentación ante un juez de control de garantías para definir la legalidad del procedimiento y las decisiones judiciales correspondientes.
En Ibagué, Tolima, las autoridades reportaron la incautación de 71 millones en efectivo. En este procedimiento no se registraron capturas.
Uno de los casos de mayor cuantía se presentó entre Montería y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, donde fueron incautados 434 millones de pesos. En audiencia ante un juez penal de control de garantías fueron legalizadas las capturas de Misael Augusto Villarreal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos.
En la misma diligencia judicial se avaló la incautación del dinero con fines de comiso, así como de varios dispositivos móviles que también serán objeto de análisis dentro de la investigación. Los dos implicados quedaron vinculados al proceso, pero continuarán enfrentando la investigación en libertad.
La Fiscalía también confirmó que, junto con estos expedientes, se mantienen actos investigativos relacionados con el caso del escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) capturado en La Guajira con dinero en efectivo y material electoral. Todos estos procesos están siendo orientados por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que permitan establecer con claridad el origen de los recursos y su eventual destinación.
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