La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, realizar una nueva valoración del riesgo de dos líderes indígenas, luego de determinar que la entidad no aplicó de manera efectiva el enfoque étnico al analizar las amenazas en su contra.La decisión, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, amparó los derechos fundamentales de los dos lideres y concluyó que la UNP incurrió en fallas por la insuficiente motivación de sus decisiones y por no tener en cuenta de manera concreta sus condiciones como integrantes de pueblos indígenas.Uno de los casos corresponde a un integrante del pueblo Nasa y rector de una institución educativa indígena. Aunque su labor como líder y educador estaba relacionada con el riesgo que enfrentaba en su territorio, la UNP calificó su situación como de riesgo ordinario y negó la asignación de medidas de protección.El segundo caso es de un integrante del pueblo Awá y concejal municipal. En su situación, la UNP sí reconoció un riesgo extraordinario, pero le asignó un esquema de seguridad que resultó insuficiente frente a las nuevas amenazas que había recibido en su región.Al estudiar ambos casos, la Corte aclaró que el enfoque diferencial no puede quedarse en mencionar que una persona pertenece a una comunidad indígena. Según el fallo, esa condición debe ser tenida en cuenta de manera concreta durante todo el proceso de evaluación del riesgo y al momento de definir las medidas de protección.Por esta razón, la primera regla que fijó la Corte es que la UNP debe partir de una presunción de riesgo a favor de los líderes y lideresas de comunidades étnicas. Esto significa que la entidad debe asumir inicialmente la existencia del peligro y, si considera que no existe, debe demostrarlo, sin trasladar toda la carga de la prueba a la persona amenazada.La segunda obligación es realizar una valoración con el contexto requerido y motivar de manera cualificada las decisiones. La UNP no podrá disminuir o negar la protección argumentando simplemente que la presencia de grupos armados es habitual en determinada región.Por lo que deberá analizar las condiciones geográficas, culturales y de violencia que pueden afectar tanto al líder como a la supervivencia de su comunidad.Como tercera medida, la Corte ordenó que los esquemas de seguridad sean idóneos, eficaces y acordes con la realidad territorial y cultural de cada protegido. Esto incluye la posibilidad de incorporar personas de confianza o integrantes de la propia comunidad cuando esa alternativa resulte necesaria para garantizar una protección adecuada.El cuarto principio establece que la protección no debe concentrarse únicamente en la persona amenazada. La UNP también debe reconocer al pueblo étnico como un sujeto colectivo de protección. Además, la entidad no puede restarle importancia al riesgo porque las investigaciones penales relacionadas con las amenazas estén estancadas o no hayan avanzado.Con este fallo, la Corte ordenó rehacer los estudios de seguridad los dos líderes bajo estas condiciones y estableció reglas que deberán ser tenidas en cuenta por la UNP en la protección de líderes y comunidades étnicas.
Un juez de control de garantías avaló la prórroga del principio de oportunidad concedido a Manuel Antonio Castañeda Bernal, conocido como ‘Narcochofer’, quien continúa colaborando con la Fiscalía en cinco líneas de investigación relacionadas con diferentes hechos delictivos.De acuerdo con la sustentación presentada por la Fiscalía, Castañeda Bernal es procesado por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cohecho por dar u ofrecer y uso de documento falso. Sin embargo, decidió colaborar con la administración de justicia y entregar información sobre organizaciones criminales y otros hechos que son objeto de investigación.La Fiscalía explicó que esa colaboración quedó materializada en una matriz de colaboración eficaz aprobada por la entidad, en la que Castañeda se comprometió a comparecer como testigo de cargo en varios procesos penales derivados de la información que aportó.La fiscal del caso solicitó la prórroga del caso sustentado que la mayoría de procesos están en etapa de juicio “el aspirante aún no ha rendido todas las declaraciones judiciales comprometidas. La Fiscalía no cuenta todavía con esos elementos completos para concluir si la colaboración fue realmente eficaz, útil, contundente e importante para las investigaciones y procesos correspondientes. Obviamente, se desprendieron varias líneas investigativas, que todas están en etapa de juicio.Simplemente, hay una que está en etapa de investigación y una en indagación. Por ello, pues, se mantiene o considera esta delegada y le solicita a su honorable despacho que mantenga la suspensión de la acción penal, pues resulta necesario para permitir que los juicios y las actuaciones en las cuales debe declarar el postulante, pues avancen y para que la fiscalía pueda exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.Entre las investigaciones se encuentran hechos relacionados con la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, de la cárcel La Picota; el presunto uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección para transportar sustancias estupefacientes; actuaciones de integrantes de la Fuerza Pública relacionadas con una incautación de cocaína; una presunta estructura dedicada al acopio, transporte y comercialización de estupefacientes; y hechos relacionados con esquemas de seguridad de la UNP.La fiscal encargada de sustentar la prórroga explicó que la cooperación de Castañeda todavía no ha terminado, debido a que varias de las declaraciones que debe rendir no han podido practicarse. Entre las razones expuestas están aplazamientos, reprogramaciones, recursos pendientes de resolver y el estado procesal de las diferentes investigaciones.Según la Fiscalía, de las cinco líneas en las que Castañeda está comprometido como testigo, dos se encuentran en etapa preparatoria, dos en etapa de juicio y una permanece en indagación.La primera línea de colaboración corresponde al caso de la fuga de alias ‘Matamba’. En este proceso, Castañeda se comprometió a declarar sobre los hechos relacionados con la camioneta Toyota que condujo y en la que se movilizaban Edgar Eliseo Munevar Castillo, alias ‘El Caballista’; Luis Eduardo Duque Casas, alias ‘El Capi’, y John Fredy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’. Según la investigación, ese vehículo fue abordado por alias ‘Matamba’ durante su fuga de La Picota. Los tres hombres mencionados se encuentran en etapa de juicio y avanza la audiencia de juicio oral. La Fiscalía los señala también de pertenecer a una estructura relacionada con actividades como tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, extorsiones, homicidios y fuga de presos, además de tener presuntos vínculos con otros grupos armados, información complementada por Castañeda que han dado con recientes capturas de eslabones.La segunda línea corresponde al proceso contra Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección. Castañeda se comprometió a declarar sobre el presunto uso de vehículos de esa entidad para transportar sustancias estupefacientes y sobre la manera en que esos automotores habrían sido facilitados para actividades ilícitas. Este proceso también se encuentra en etapa de juicio.La tercera investigación está relacionada con la propia captura de Castañeda, ocurrida el 10 de diciembre de 2022 en Cauca, cuando fue detenido mientras transportaba una cantidad de cocaína. El ‘Narcochofer’ se comprometió a declarar contra los policías José Ricardo Guerra Gómez, John Jairo Rivas Mosquera y Omar Hernández Santamaría, por hechos relacionados con la incautación de la droga y una diferencia entre la cantidad que, según su versión, fue incautada y la cantidad registrada posteriormente en el acta.La cuarta línea está relacionada con una presunta estructura dedicada al acopio, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes. En esta investigación aparecen, entre otros, Luis Carlos Vélez Romero, alias ‘El Mono’; recientemente judicializado por la fiscalía , y quien además fue designado facilitador de paz por el Gobierno Nacional, quien habría contratado a Manuel Antonio Castaña para transportar en el territorio nacional estupefacientes.También señalan a John Jairo Giraldo, alias ‘JJ’, Juan Sebastián Roa Sabogal, alias ‘Juan Roa’, además de Luis Orlando Beltrán León, José Rodrigo Beltrán León, Hugo Alexander Rico Lenis, Cristian Alexander Pérez Díaz y Jorge Alfonso Restrepo Mejía.Finalmente, Castañeda ha colaborado en una investigación relacionada con Wilson Javier Devia, exfuncionario de la UNP, por hechos asociados a esquemas de seguridad y presuntas solicitudes de dinero para garantizar acompañamientos irregulares. En esta línea se investiga, entre otros aspectos, la presunta gestión para conseguir alquiler o asignación de esquemas de seguridad sin el cumplimiento de los requisitos.El caso ha tenido aplazamiento en etapa de juicio.La Fiscalía sostuvo que las declaraciones pendientes son necesarias para avanzar en las investigaciones y procesos en los que fue ofrecido como testigo.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, entregó detalles sobre algunos de los esquemas de seguridad a cargo de la entidad. Uno de los casos mencionados fue el de Juliana Guerrero. Según aseguró, el esquema tuvo un costo de $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.El funcionario también se refirió al esquema de seguridad de Rodrigo Londoño, y reveló que actualmente cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección y que solicitó una extensión. Sin embargo, aseguró que, tras realizar un nuevo estudio, este determinó que no se le podía implementar más.“Ellos tienen una condición particular como firmantes del proceso de paz, que además está muy vigilada por la CIDH y, pues, muchas veces tenemos que regirnos a esa convención internacional”, afirmó Blanco durante un debate de control político en la Cámara de Representantes.Blanco reconoció que la transición también ha generado dificultades para completar la protección de algunos de los actuales congresistas.“La transición no fue fácil, algunos congresistas se llevaron los vehículos, no los han entregado. Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren”, señaló.El director explicó que algunas de estas personas pueden seguir enfrentando situaciones particulares de seguridad pese a haber dejado sus cargos. Sin embargo, señaló que ya estos no entrarían en la población de congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite, y mientras avanza, se quedarían sin el esquema.Durante el debate congresistas del Centro Democrático cuestionaron al director por un mensaje publicado antes de llegar a la entidad y en los que lanzó críticas contra esa colectividad.“Salieron fresas los del @CeDemocratico dizque "no nos ataquen", va a tocar no decirles nada, porque con lo tibios u badulaques que se volvieron, terminan votando por Cepeda... y no es chiste. Periodicazo por tibios”, escribió el director de la UNP.Ante esto, el representante del Centro Democrático, Manuel Alexander Pérez pidió una aclaración pública por la “manera tan despectiva” como se refirió al partido.“Es muy berraco para uno, señor director, escuchar, obviamente antes de que usted se posesionara, la manera tan despectiva como usted se refirió al partido que nosotros representamos”, señaló el representante.Ante esto, Blanco pidió disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hizo contra esa colectividad antes de asumir el cargo y aseguró que “nosotros no defendemos ni protegemos ideologías, nosotros protegemos vidas humanas”.“Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña. Obedecieron a temas de campaña, no es mi postura personal, no es mi postura profesional ni siquiera ideológica”, agregó.
El Gobierno anunció un nuevo plan de seguridad para el sur de Bolívar, una región afectada por la presencia de grupos armados y ataques contra la Fuerza Pública. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, denunció que ninguno de los alcaldes de esta zona contaba con un vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y anunció que se reforzarán sus esquemas de seguridad.“Ni uno solo de estos alcaldes de zona roja tenía vehículo blindado de la UNP. El gobierno anterior sí llenaba de camionetas y escoltas a influenciadores, amigos y frívolos que no los necesitaban. ¡Eso lo vamos a cambiar!”, afirmó Lara a través de su cuenta de X. El anuncio se hizo en Santa Rosa del Sur, luego de una reunión en la que participaron diez alcaldes, la Gobernación de Bolívar y la cúpula militar y policial, como seguimiento al consejo de seguridad que lideró el presidente en Cartagena. Entre las medidas anunciadas está la reconstrucción de las estaciones de Policía de Río Viejo, Norosí y Arenal, que fueron destruidas en ataques con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil. “Ha habido ataques contra estaciones de policía, y aquí estamos, Ministerio del Interior con Ministerio de Defensa para empezar la reconstrucción, la construcción de otras estaciones de policía, dotación de sistemas antidrones y de cámaras, porque la población no está sola”, afirmó Lara.Lara señaló que en el sur de Bolívar existe una disputa por las rentas ilegales asociadas a la explotación de oro, que, según sus cifras, representan cerca de cuatro billones de pesos al año. También mencionó la presencia del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, además de cultivos de coca en la serranía de San Lucas y el robo de combustible del poliducto en el sur del Cesar.Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, anunció que los ministerios del Interior, Justicia y Defensa revisarán algunas leyes, normas y procedimientos que, según dijo, requieren ajustes para responder a las necesidades de seguridad de esta región.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, luego de revisar sus condiciones de riesgo y determinar que no existen motivos suficientes para mantener las medidas.En el caso de Gabriela Muñoz, la información suministrada señala que recibió un esquema de seguridad antes de finalizar el gobierno anterior. Muñoz ha sido mencionada por presuntas influencias indebidas en la Aeronáutica Civil,El caso de Muñoz fue mencionado por el expresidente Gustavo Petro, quien se refirió a su situación a través de su cuenta de X. “La señorita Gabriela Muñoz efectivamente ha sido amenazada de muerte por núcleos al interior de su universidad, ha sido objeto de amenazas completamente injustas y desaforadas en las redes”, escribió el exmandatario.Otra de las personas a las que la UNP retiraría el esquema es Juliana Guerrero, quien irá a juicio por la presunta falsificación de un título universitario de la Fundación San José. De acuerdo con la información suministrada, Guerrero aseguró que está nuevamente en estudio de seguridad para revisar la pertinencia del esquema.En cuanto a Beto Coral, activista que fue deportado de Estados Unidos, la información señala que recibió un esquema de seguridad sin que se hubiera realizado el procedimiento correspondiente para establecer su nivel de riesgo.La decisión de la UNP se produce después de la revisión de las condiciones de seguridad de las tres personas. Según la información suministrada, el análisis concluyó que no se encontraban motivos suficientes para mantener los esquemas asignados.
Esta semana se conocieron nuevas indagaciones sobre una línea de trabajo en el proceso de investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se trata de una posible infiltración de su esquema de seguridad.La Fiscalía investiga reuniones que habrían sostenido dos de sus escoltas con alias ‘El Viejo’, señalado como uno de los organizadores materiales del crimen. La situación encendió las alarmas debido a que algunos de los integrantes del esquema que protegían al senador continúan encargados de la seguridad de su familia. Ante el temor expresado por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, el Gobierno Nacional adoptó medidas para reforzar su protección. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, informó que el director de la Policía, general Alejandro Barrera, visitó personalmente a Tarazona y que, posteriormente, se tomaron acciones inmediatas.Además, Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ordenó renovar el esquema de seguridad asignado a la familia.Lara Restrepo calificó como “muy preocupante” la información sobre una presunta complicidad o cercanía entre miembros del esquema de seguridad de Miguel Uribe y sus asesinos, y aseguró que el caso debe ser investigado “hasta las últimas consecuencias”.El ministro también manifestó la preocupación del Gobierno por una posible infiltración del crimen organizado en la UNP y reiteró a María Claudia Tarazona el respaldo del Ejecutivo y su compromiso con la lucha contra el crimen.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, será el director encargado de la Unidad Nacional de Protección, la entidad encargada de prestar la seguridad a quienes se encuentran en riesgo por sus actividades."Encargar a partir de la fecha, al señor Rodrigo Lara Restrepo, quien se desempeña como ministro del Interior, en el empleo de Director General código 0015, grado 24 de la Unidad Nacional de Protección - UNP, sin desvincularse de las funciones del empleo del cual es titular", señala el decreto firmado por el presidente De La Espriella. Es importante recordar que el presidente De La Espriella anunció hace algunos días que el director de la UNP sería Didier Blanco. Este nombramiento generó polémica por las publicaciones de Blanco en redes, en las cuales cuestionaba al Centro Democrático y al expresidente Petro."Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior comunicar el contenido de este decreto al señor Javier Francisco Rodríguez Moreno (funcionario actualmente encargado de la dirección de la UNP) y al señor Rodrigo Lara Restrepo", agrega el decreto firmado por De la Espriella.Es importante recordar que el 7 de agosto el ministro Lara, una vez se posesionó, asumió la presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM, una instancia importante para que la UNP tome decisiones sobre la asignación de esquemas de seguridad.
El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó reducir su esquema de seguridad, decisión que calificó como preocupante debido al riesgo que enfrenta tras el atentado del que fue víctima en el departamento del Huila.Según el congresista, la determinación implica una disminución de las medidas de protección que le fueron asignadas después del ataque armado ocurrido en agosto de 2025, cuando hombres armados dispararon con fusiles y armas cortas contra el vehículo blindado en el que se movilizaba. En ese hecho, atribuido a disidencias de las Farc, Triana salió ileso junto a su escolta y un asesor.“Hoy he sido notificado de que las medidas de reforzamiento de seguridad que me fueron otorgadas a mí y a mi familia, tras sufrir un atentado terrorista en agosto del año pasado, han sido retiradas, argumentando que era una medida transitoria por época electoral”, señaló el congresista por medio de su cuenta de X.El representante aseguró que la decisión de la UNP resulta contradictoria, teniendo en cuenta que continúa siendo objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales y recordó que su caso fue considerado de alto riesgo tras el atentado.“Solicitamos públicamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) que expliquen las razones que motivaron esta determinación”, añadió.El congresista cuestionó si la medida tendría alguna relación con la réplica hecha por él el pasado 20 de julio en el Congreso.Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia del congresista ni ha explicado las razones que motivaron la reducción de su esquema de seguridad.Cambio Radical pide las razones de la reducción del esquemaEl partido Cambió Radical calificó como inaceptable la reducción por parte de la UNP en el esquema de seguridad del congresista. Señalaron que a pesar de continuar recibiendo amenazas y luego d e haber sido víctima de este atentado es contradictorio que se desmonten las medidas de protección bajo el argumento de que eran transitorias por la época electoral.“Cambio Radical exige al Gobierno de Gustavo Petro, a la UNP y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO), que expliquen las razones por las cuales se redujo el esquema de seguridad de nuestro representante Julio César Triana, en el Huila”, aseguró el partido.Asimismo, la coalición calificó al Gobierno Nacional como el principal responsable por la integridad de representante y de su familia.“Responsabilizamos al Gobierno Nacional por la vida e integridad de Julio César Triana y de su familia. La protección de quienes ejercen la oposición es una obligación del Estado y no puede convertirse en un mecanismo de presión o retaliación política”, concluyó.
Trabajadores y escoltas sindicalizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) completaron más de 24 horas concentrados frente a la sede principal de la entidad en el sector de Puente Aranda, en Bogotá. La manifestación, que incluyó la instalación de campamentos y una tarima, busca exigir respuestas sobre el proceso de provisión de 6.000 cargos de planta y la garantía de presupuesto para la continuidad laboral del personal de seguridad.La jornada de protesta ha estado marcada por tensiones tras las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, y la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional para despejar los accesos a la institución.Modificación de requisitos e ingreso de personalEl punto central del reclamo de los sindicatos radica en las modificaciones normativas aplicadas al perfil de los aspirantes a los cargos de oficial de protección en la entidad. Según las organizaciones de trabajadores, los cambios en las exigencias académicas abren la puerta a nombramientos discrecionales.Al respecto, Wilson Devia, presidente del sindicato mayoritario de la UNP —que agrupa a 3.000 escoltas— y funcionario de planta de la entidad, explicó en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio los motivos de la movilización.“El motivo de la protesta tiene dos puntos. El primer punto, en efecto, son los 6.000 cargos que creó el gobierno (...) de manera expedita, el 19 de enero de este año sacó un decreto ampliando la planta de personal para 6.000 cargos de oficial de protección, escoltas en grado 18 y grado 15 (...) modificaron el decreto de 83 con el fin de modificarle los requisitos del cargo oficial de protección grado 18 y grado 15. ¿Y qué requisitos? Los requisitos de estudio. Ese cargo exigía una tecnología y obtener un título profesional, y de manera expedita, en casi 15 días exprés, modificaron el decreto para quitar ese requisito de escolaridad y ponerle solamente una experiencia de 36 a 60 meses”, dijo.Devia sostuvo que la inquietud central del sindicato no se opone a la incorporación de personal, sino al procedimiento administrativo adoptado por la dirección de la entidad, a cargo de Augusto Rodríguez: “Lo que estamos peleando es que crearon 6.000 cargos, pero la entidad, el director de la UNP, tiene amarrados esos cargos para nombrar gente de confianza de él y dejar nombrar gente del M-19 al interior de la UNP. Esa es nuestra pelea, es si queremos transparencia en el proceso”.Sobre las evidencias de la supuesta vinculación preferencial de exintegrantes de grupos armados, el dirigente sindical señaló: “Lo que nosotros estamos denunciando, las pruebas que tenemos, que son audios, es donde este gobierno, voceros de este gobierno al interior de la presidencia, la vicepresidencia, le han enviado audios a los trabajadores del M-19 que tienen en este gobierno diciéndoles que van a priorizar la entrada de ellos antes de que salga este gobierno, y que en efecto están recogiendo ya las hojas de vida del mismo”.Intervención policial y señalamientos del EjecutivoLa movilización pacífica derivó en enfrentamientos tras la orden del Ejecutivo de despejar las entradas del edificio institucional. De acuerdo con el reporte del dirigente sindical Timoteo, integrante del Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero en la concentración, los manifestantes exigen una mesa de negociación directa con las autoridades.Por su parte, Wilson Devia relató los hechos ocurridos durante la intervención de la fuerza pública: “A pesar de que de manera voluntaria nosotros abrimos la entidad cuando recibimos la información del Ministerio del Interior diciendo nos van a agredir (...) nos metieron todo el demo a pelear con los trabajadores, cuando nosotros en todo momento hablamos de una protesta pacífica. Nosotros no somos, no somos gamines, no somos de primera línea, todos son profesionales, son trabajadores, son personas de bien”.Frente a los calificativos emitidos desde la Presidencia, donde se le ha señalado de pertenecer a corrientes de extrema derecha y de tener supuestos vínculos con redes al margen de la ley, Devia rechazó tales imputaciones: “Desde que llegaron a este gobierno han querido señalarme de delincuente, de corrupto, me vincularon con el narcochofer. Yo demostré los estrados judiciales y en la Procuraduría, en efecto, que no tengo ningún vínculo ni responsabilidad frente a los señalamientos que hizo el director de la entidad. Y en efecto, hemos demostrado en esos 4 años que no hago parte de ninguna banda delincuencial”.Presupuesto y continuidad de los esquemas de protecciónAdemás de la controversia por la selección de personal, la representación sindical advirtió sobre el vencimiento de los contratos que sustentan los esquemas de seguridad de más de 15.000 personas protegidas en el país.Según las declaraciones de Devia, la vigencia contractual de aproximadamente 16.000 escoltas finalizó el 21 de julio de 2026, lo que genera incertidumbre sobre los recursos para operar en lo que resta del año: “Hay 14 zonas del país que recogen 16.000 escoltas pagados por la UNP, y en efecto todos los contratos se vencían ayer 21 de julio, estaban en ejecución el 95%, es decir, el 5% de presupuesto para terminar los contratos, pero la unidad de manera oscura trató de hacer un proceso licitatorio, primero publicando 10 zonas, luego disminuyó a 2 zonas”.Estado actual de la movilizaciónPese a la intervención del Undmo, los voceros de la concentración manifestaron que mantendrán la presencia frente a las instalaciones administrativas de la Unidad Nacional de Protección mientras buscan una mesa de concertación con los voceros gubernamentales. Devia confirmó que se habilitó el ingreso de funcionarios públicos para no paralisar totalmente la operación administrativa, aunque ratificó la continuidad de la asamblea permanente:“Vamos a permanecer. Ayer, para evitar las agresiones a los trabajadores, decidimos activar la entrada de los funcionarios a la entidad, pero vamos a permanecer lo más que podamos resistir si no nos agreden y si no nos maltratan”.Hasta la emisión del reporte, el Gobierno Nacional y la dirección general de la entidad mantenían la orden de despeje vial y la ratificación del esquema formal de provisión de plazas conforme a los decretos vigentes.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, descartó la posibilidad de instalar una mesa de diálogo con los sindicatos que mantienen bloqueado el acceso a las instalaciones de la entidad en Bogotá desde la noche del 20 de julio. El funcionario afirmó que la UNP está ejecutando decretos presidenciales ya expedidos y que, por esa razón, no se encuentra en una etapa de negociación.El director de la UNP respondió así a uno de los principales reclamos de los sindicatos, que denuncian el supuesto nombramiento "a dedo" de cerca de 6.000 cargos operativos. En enero fueron creados 6.876 cargos mediante decreto, decisión que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, pidió a la Procuraduría investigar, al señalar que sólo alrededor de 900 vacantes serían provistas mediante concurso de méritos.En medio de la protesta, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional desalojar las instalaciones y, en la tarde de este martes, uniformados rodearon el edificio para cumplir la instrucción. Sobre esta medida, Rodríguez aseguró que "la Policía permanecerá un tiempo en la entidad para garantizar que no haya un nuevo intento de toma de las instalaciones". Entretanto, los líderes sindicales afirmaron que permanecerán en el lugar y que no responderán de manera violenta ante una eventual intervención.“Nosotros no vamos a arriesgar la vida de ninguna persona. Aquí nos toca acudir a los jueces para que, así sea por medio de una tutela, se suspendan estos procesos. No entendemos cuál es el afán si en cuatro años no hicieron esa normalización de cargos y ahora la quieren hacer en quince días”, afirmó Gilberto Escalante, integrante de la junta directiva del sindicato Sinproseg.Los sindicatos también cuestionan un proceso de licitación relacionado con los esquemas de protección. Se trata de un contrato por más de 78.000 millones de pesos para la prestación del servicio de escoltas a personas protegidas por la entidad. Según los manifestantes, mientras el esquema anterior cubría diez zonas del país, el proceso actual solo contempla dos, que incluyen Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander.Sobre esta decisión, el subdirector de Asuntos Institucionales de la UNP, Juan Camilo Chavarro, explicó que la medida responde a las restricciones presupuestales de la entidad. Según indicó, para 2026 la UNP solicitó un presupuesto de cuatro billones de pesos, pero recibió 2,7 billones, lo que dejó un déficit de 1,3 billones. Agregó que, tras una adición de 260.000 millones de pesos, el faltante quedó en 1,1 billones, por lo que se priorizaron las zonas 1 y 2 para garantizar la operación hasta septiembre y evitar que la próxima administración tenga que declarar una urgencia manifiesta.Las organizaciones sindicales insisten en que la dirección de la UNP revise los procesos de provisión de cargos y abra un espacio de concertación. Sin embargo, Augusto Rodríguez reiteró que la entidad no suspenderá las decisiones administrativas cuestionadas por los trabajadores.
No hay agua, tampoco luz desde hace más de 24 horas en Tonosí, el pueblo más cercano al epicentro del terremoto de magnitud 7.7 ocurrido el viernes en Panamá, que continúa bajo réplicas constantes desesperando a los vecinos, muchos de ellos ahora sin hogar.Lo que sí hay en uno de los parques es una olla improvisada cocinándose a fuego lento a manos de tres mujeres, personal del centro de salud, que han estado sirviendo las tres comidas - desayuno, almuerzo y cena- a lo largo de este sábado a los damnificados del pequeño pueblo.Los locales de Tonosí hacen fila para que Argelis Ortega, persona que decidió colaborar con la comunidad tras la emergencia, les dé algo de comer en un recipiente desechable. Algunos han perdido su vivienda y muchos tienen el miedo dentro del cuerpo.“Han sido bastantes. Desayuno, almuerzo y cena para más de cien personas“, dice a EFE Ortega mientras con actitud sazona el cerdo.El parque de ese pueblo alejado de la carretera Panamericana, la principal que cruza Panamá, se ha convertido en un campamento, comedor y hospital improvisado a la vez desde que a las 12:56 hora local del viernes un terremoto de magnitud 7.7 -según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)- ocurrió cerca de Tonosí, la localidad más próxima al epicentro.La comida fue donada por los vecinos mientras las autoridades locales reparten agua y los pacientes se ubican como pueden debajo de un par de toldas viejas con cuadros de ansiedad o golpes por las caídas en el momento del terremoto.Las principales vías para llegar hasta ese pequeño pueblo del sur de Panamá están dañadas: un deslizamiento de tierra ha cortado una de ellas y en la otra hay grietas, árboles caídos y piedras, por lo que el Ejecutivo ha venido en helicóptero a evaluar daños.Sin parar de temblarMientras el personal médico pone las vías intravenosas y Ortega revuelve el caldero, la tierra no para de temblar bajo sus pies con el más de un centenar de réplicas registradas desde el terremoto del viernes.Los vecinos están sobre sillas de plástico aunque los más pequeños duermen sobre colchones. Ese es el caso de Cristal Reyes, oriunda de Tonosí, que se mantiene en un círculo con su familia en medio del parque intentando calmar a sus hijos.“Ni me atreví a ir a mi casa. Me mandó un video (mi esposo) y está todo en el suelo“, hablaba a EFE cuando otra réplica obligó a parar la entrevista.Reyes trabaja cerca de ese parque y del centro médico. Cuando comenzó a temblar, salió corriendo pero la magnitud era tan grande que la tumbó junto a sus otros compañeros.La incomodidad y el nerviosismo se suman a las constantes réplicas reportadas a lo largo de este sábado mientras esperan el restablecimiento de los servicios básicos.Las autoridades de Panamá aún no han dado una cifra de pérdidas materiales por el terremoto, pero ya declararon un estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para afrontar la situación.De acuerdo al más reciente reporte oficial, el evento sísmico dejó 27 personas heridas, ninguna de gravedad, afectó en distinto grado 426 viviendas en las que habitan 2.130 personas, 419 escuelas, así como algunas carreteras del interior.La zona más afectada es la conocida como península de Azuero, a donde pertenece Tonosí, una región árida cercana al Pacifico caracterizada por pequeños pueblos con un estilo colonial, población envejecida y una economía dependiente del sector primario.EFE pudo constatar que las plazas centrales de los pueblos tienen daños estructurales en sus históricos edificios, zonas acordonadas y vecinos a la espera de la ayuda humanitaria que está siendo distribuida.
La Liga BetPlay II continúa su calendario con resultados que mantienen la atención sobre los equipos que buscan avanzar en el campeonato. Entre los encuentros más destacados de la jornada estuvieron la victoria de Independiente Medellín sobre América de Cali, el triunfo de Jaguares ante Deportes Tolima y el partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, que terminó después de una interrupción por enfrentamientos entre las barras bravas.¿Cuáles fueron los resultados de fecha 14 de la Liga BetPlay?Los partidos disputados dejaron marcadores variados, con varios equipos que repartieron puntos y otros que consiguieron victorias importantes en sus respectivos compromisos.La jornada dejó ocho encuentros con victorias, empates y un partido sin goles. Independiente Medellín venció 2-1 al América de Cali, mientras Jaguares superó 3-2 al Deportes Tolima. Por su parte, Cúcuta Deportivo derrotó 1-0 a Boyacá Chicó, en un compromiso que se reanudó tras los desmanes registrados en el estadio La Independencia.Once Caldas también sumó tres puntos al imponerse 1-0 frente a Llaneros. En los demás partidos, Fortaleza y Millonarios igualaron 1-1; Alianza y Águilas Doradas empataron 2-2, el mismo marcador que registraron Junior e Internacional de Bogotá. Deportivo Pereira y Deportivo Cali, entretanto, terminaron sin goles.El encuentro entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo tuvo una interrupción debido a desmanes en el estadio La Independencia.La fecha 14 tiene dos compromisos aplazados. Atlético Nacional contra Deportivo Pasto, previsto para el jueves 22 de octubre a las 8:00 p. m. Por su parte, Independiente Santa Fe se enfrentará a Atlético Bucaramanga el 26 de octubre a las 8:05 p. m.Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlayAmérica — 27 pts | DG: +16Deportivo Cali — 25 pts | DG: +11Atlético Nacional — 23 pts | DG: +11Bucaramanga — 23 pts | DG: +10Medellín — 23 pts | DG: +4Millonarios — 22 pts | DG: +7Santa Fe — 22 pts | DG: +7Tolima — 20 pts | DG: +1Cúcuta — 18 pts | DG: -3Once Caldas — 16 pts | DG: 0Águilas Doradas — 15 pts | DG: -1Llaneros — 14 pts | DG: -2Internacional — 14 pts | DG: -4Boyacá Chicó — 12 pts | DG: -9Alianza — 12 pts | DG: -12Fortaleza — 11 pts | DG: -5Junior — 10 pts | DG: -4Jaguares — 10 pts | DG: -8Pasto — 9 pts | DG: -9Deportivo Pereira — 9 pts | DG: -10
El Día de los Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una tradición en la que las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos mediante ofrendas, flores, fotografías y otros elementos simbólicos. Esta festividad combina costumbres de los pueblos indígenas con tradiciones católicas y se ha convertido en una expresión cultural reconocida por sus colores, símbolos y significado. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre de cada año, además, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.Uno de los personajes más emblemáticos de esta celebración es La Catrina, una figura que representa a la muerte y que se ha convertido en un símbolo de la identidad mexicana. Su imagen, caracterizada por un rostro de calavera, vestimentas elegantes y grandes sombreros, forma parte de la representación moderna del Día de los Muertos.Una muñeca inspirada en La CatrinaEn homenaje a este personaje, Mattel creó la muñeca Catrina, una pieza que combina elementos tradicionales de la celebración mexicana con un estilo inspirado en la moda vintage.De acuerdo con la página web de la compañía, la muñeca destaca por su maquillaje de calavera, un sombrero de gran tamaño y bordados con motivos de esqueleto en el corpiño. Su vestuario incluye una falda amplia de dos capas, decorada con un colorido diseño de calaveras y rosas, además de detalles de encaje, flores y un abanico lenticular con forma de calavera.La muñeca cuenta con brazos articulados y manos con uñas largas; sin embargo, advierten que los colores y la decoración pueden variar.Imágenes de la muñeca La CatrinaLa presentación fue anunciada el pasado 10 de octubre a través de la cuenta oficial de la compañía, donde dieron a conocer esta edición especial de temporada. Estas son algunas imágenes difundidas de la nueva muñeca que conmemora el Día de los Muertos:
Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas, informaron el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) y el Ministerio de Defensa japonés, días después de que Seúl realizara su primera prueba de un misil hipersónico.El Ejército surcoreano señaló en un comunicado haber detectado hacia las 9:20 hora local (00:20 GMT) el lanzamiento de varios misiles balísticos desde la zona de Pionyang, que atravesaron más de 900 kilómetros."Las fuerzas armadas surcoreanas han intensificado su vigilancia para prepararse ante posibles lanzamientos adicionales y mantienen un estado de máxima alerta, compartiendo información relevante con Estados Unidos y Japón", indicó el JCS, según la nota recogida por la agencia de noticias local Yonhap.Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés afirmó en la red social X haber detectado la caída del proyectil, y añadió que por el momento no se han confirmado daños materiales.El último lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte fue el pasado 3 de octubre, cuando el hermético país disparó un proyectil hacia el mar de Japón, que cayó fuera de la Zona Económica Exclusiva del archipiélago sin que se reportasen daños.Por otra parte, el pasado jueves, Seúl afirmó haber realizado con éxito una prueba de su primer misil hipersónico, que se encuentra en fase de investigación y desarrollo.Seúl y Pionyang, técnicamente todavía en guerra, se han visto envueltos en una escalada de tensión a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que dejaron dos soldados surcoreanos gravemente heridos, además de otro soldado con heridas leves.Corea del Sur ha acusado a Pionyang de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa del hermético régimen, además de haber realizado hace una semana una operación de desminado en la zona, mientras que las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a Seúl de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.
La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado en el que resultaron heridos dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Barranquilla, el sábado 10 de octubre, así como las amenazas dirigidas al presidente de la República, al ministro de Justicia y al director de esa institución.Los funcionarios heridos fueron identificados como Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes trabajan en el establecimiento penitenciario El Bosque. De acuerdo con la entidad, ambos fueron atacados cuando salían de su turno.El pronunciamiento de la Defensoría se produjo luego de que el Ministerio de Justicia hiciera públicas las amenazas contra altas autoridades del Estado y personal penitenciario.La entidad expresó su solidaridad con los funcionarios afectados, sus familias y compañeros de trabajo, y advirtió sobre la persistencia de la violencia contra quienes trabajan en el sistema carcelario.Según la Defensoría del Pueblo, estos hechos ocurren en un contexto en el que el Gobierno ha adoptado medidas para reforzar la seguridad y el cumplimiento de las normas en los establecimientos penitenciarios, entre ellas, el traslado de personas privadas de la libertad.La entidad señaló que las amenazas y los ataques buscan condicionar las decisiones de las autoridades, aunque insistió en que las medidas de control penitenciario deben desarrollarse dentro del marco legal y con respeto por los derechos humanos.Además, recordó que la violencia contra funcionarios del INPEC no es un hecho aislado. Entre los antecedentes mencionó el asesinato del director de la Cárcel Modelo, en mayo de 2024, y los atentados registrados durante 2025 contra servidores penitenciarios en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva.Frente a esta situación, la entidad formuló varias recomendaciones a las autoridades para prevenir nuevos ataques y garantizar la seguridad de los funcionarios.Al Ministerio de Justicia y al INPEC les pidió avanzar, en coordinación con la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades territoriales, en un plan de protección que incluya evaluaciones individuales de riesgo, medidas de seguridad para los funcionarios y sus familias, y rutas de atención inmediata.También solicitó fortalecer los planes de seguridad penitenciaria y revisar los riesgos asociados a los traslados de personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta las condiciones de los establecimientos de destino y los derechos de los internos y sus familias.Por su parte, pidió al INPEC y a la Policía reforzar los protocolos de seguridad durante estos procedimientos.Finalmente, la Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar con celeridad el atentado y las amenazas, verificar la autenticidad del panfleto que ha circulado y llevar ante la justicia a los responsables.