La Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, luego de revisar sus condiciones de riesgo y determinar que no existen motivos suficientes para mantener las medidas.En el caso de Gabriela Muñoz, la información suministrada señala que recibió un esquema de seguridad antes de finalizar el gobierno anterior. Muñoz ha sido mencionada por presuntas influencias indebidas en la Aeronáutica Civil,El caso de Muñoz fue mencionado por el expresidente Gustavo Petro, quien se refirió a su situación a través de su cuenta de X. “La señorita Gabriela Muñoz efectivamente ha sido amenazada de muerte por núcleos al interior de su universidad, ha sido objeto de amenazas completamente injustas y desaforadas en las redes”, escribió el exmandatario.Otra de las personas a las que la UNP retiraría el esquema es Juliana Guerrero, quien irá a juicio por la presunta falsificación de un título universitario de la Fundación San José. De acuerdo con la información suministrada, Guerrero aseguró que está nuevamente en estudio de seguridad para revisar la pertinencia del esquema.En cuanto a Beto Coral, activista que fue deportado de Estados Unidos, la información señala que recibió un esquema de seguridad sin que se hubiera realizado el procedimiento correspondiente para establecer su nivel de riesgo.La decisión de la UNP se produce después de la revisión de las condiciones de seguridad de las tres personas. Según la información suministrada, el análisis concluyó que no se encontraban motivos suficientes para mantener los esquemas asignados.
Esta semana se conocieron nuevas indagaciones sobre una línea de trabajo en el proceso de investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se trata de una posible infiltración de su esquema de seguridad.La Fiscalía investiga reuniones que habrían sostenido dos de sus escoltas con alias ‘El Viejo’, señalado como uno de los organizadores materiales del crimen. La situación encendió las alarmas debido a que algunos de los integrantes del esquema que protegían al senador continúan encargados de la seguridad de su familia. Ante el temor expresado por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, el Gobierno Nacional adoptó medidas para reforzar su protección. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, informó que el director de la Policía, general Alejandro Barrera, visitó personalmente a Tarazona y que, posteriormente, se tomaron acciones inmediatas.Además, Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ordenó renovar el esquema de seguridad asignado a la familia.Lara Restrepo calificó como “muy preocupante” la información sobre una presunta complicidad o cercanía entre miembros del esquema de seguridad de Miguel Uribe y sus asesinos, y aseguró que el caso debe ser investigado “hasta las últimas consecuencias”.El ministro también manifestó la preocupación del Gobierno por una posible infiltración del crimen organizado en la UNP y reiteró a María Claudia Tarazona el respaldo del Ejecutivo y su compromiso con la lucha contra el crimen.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, será el director encargado de la Unidad Nacional de Protección, la entidad encargada de prestar la seguridad a quienes se encuentran en riesgo por sus actividades."Encargar a partir de la fecha, al señor Rodrigo Lara Restrepo, quien se desempeña como ministro del Interior, en el empleo de Director General código 0015, grado 24 de la Unidad Nacional de Protección - UNP, sin desvincularse de las funciones del empleo del cual es titular", señala el decreto firmado por el presidente De La Espriella. Es importante recordar que el presidente De La Espriella anunció hace algunos días que el director de la UNP sería Didier Blanco. Este nombramiento generó polémica por las publicaciones de Blanco en redes, en las cuales cuestionaba al Centro Democrático y al expresidente Petro."Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior comunicar el contenido de este decreto al señor Javier Francisco Rodríguez Moreno (funcionario actualmente encargado de la dirección de la UNP) y al señor Rodrigo Lara Restrepo", agrega el decreto firmado por De la Espriella.Es importante recordar que el 7 de agosto el ministro Lara, una vez se posesionó, asumió la presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM, una instancia importante para que la UNP tome decisiones sobre la asignación de esquemas de seguridad.
El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó reducir su esquema de seguridad, decisión que calificó como preocupante debido al riesgo que enfrenta tras el atentado del que fue víctima en el departamento del Huila.Según el congresista, la determinación implica una disminución de las medidas de protección que le fueron asignadas después del ataque armado ocurrido en agosto de 2025, cuando hombres armados dispararon con fusiles y armas cortas contra el vehículo blindado en el que se movilizaba. En ese hecho, atribuido a disidencias de las Farc, Triana salió ileso junto a su escolta y un asesor.“Hoy he sido notificado de que las medidas de reforzamiento de seguridad que me fueron otorgadas a mí y a mi familia, tras sufrir un atentado terrorista en agosto del año pasado, han sido retiradas, argumentando que era una medida transitoria por época electoral”, señaló el congresista por medio de su cuenta de X.El representante aseguró que la decisión de la UNP resulta contradictoria, teniendo en cuenta que continúa siendo objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales y recordó que su caso fue considerado de alto riesgo tras el atentado.“Solicitamos públicamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) que expliquen las razones que motivaron esta determinación”, añadió.El congresista cuestionó si la medida tendría alguna relación con la réplica hecha por él el pasado 20 de julio en el Congreso.Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia del congresista ni ha explicado las razones que motivaron la reducción de su esquema de seguridad.Cambio Radical pide las razones de la reducción del esquemaEl partido Cambió Radical calificó como inaceptable la reducción por parte de la UNP en el esquema de seguridad del congresista. Señalaron que a pesar de continuar recibiendo amenazas y luego d e haber sido víctima de este atentado es contradictorio que se desmonten las medidas de protección bajo el argumento de que eran transitorias por la época electoral.“Cambio Radical exige al Gobierno de Gustavo Petro, a la UNP y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO), que expliquen las razones por las cuales se redujo el esquema de seguridad de nuestro representante Julio César Triana, en el Huila”, aseguró el partido.Asimismo, la coalición calificó al Gobierno Nacional como el principal responsable por la integridad de representante y de su familia.“Responsabilizamos al Gobierno Nacional por la vida e integridad de Julio César Triana y de su familia. La protección de quienes ejercen la oposición es una obligación del Estado y no puede convertirse en un mecanismo de presión o retaliación política”, concluyó.
Trabajadores y escoltas sindicalizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) completaron más de 24 horas concentrados frente a la sede principal de la entidad en el sector de Puente Aranda, en Bogotá. La manifestación, que incluyó la instalación de campamentos y una tarima, busca exigir respuestas sobre el proceso de provisión de 6.000 cargos de planta y la garantía de presupuesto para la continuidad laboral del personal de seguridad.La jornada de protesta ha estado marcada por tensiones tras las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, y la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional para despejar los accesos a la institución.Modificación de requisitos e ingreso de personalEl punto central del reclamo de los sindicatos radica en las modificaciones normativas aplicadas al perfil de los aspirantes a los cargos de oficial de protección en la entidad. Según las organizaciones de trabajadores, los cambios en las exigencias académicas abren la puerta a nombramientos discrecionales.Al respecto, Wilson Devia, presidente del sindicato mayoritario de la UNP —que agrupa a 3.000 escoltas— y funcionario de planta de la entidad, explicó en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio los motivos de la movilización.“El motivo de la protesta tiene dos puntos. El primer punto, en efecto, son los 6.000 cargos que creó el gobierno (...) de manera expedita, el 19 de enero de este año sacó un decreto ampliando la planta de personal para 6.000 cargos de oficial de protección, escoltas en grado 18 y grado 15 (...) modificaron el decreto de 83 con el fin de modificarle los requisitos del cargo oficial de protección grado 18 y grado 15. ¿Y qué requisitos? Los requisitos de estudio. Ese cargo exigía una tecnología y obtener un título profesional, y de manera expedita, en casi 15 días exprés, modificaron el decreto para quitar ese requisito de escolaridad y ponerle solamente una experiencia de 36 a 60 meses”, dijo.Devia sostuvo que la inquietud central del sindicato no se opone a la incorporación de personal, sino al procedimiento administrativo adoptado por la dirección de la entidad, a cargo de Augusto Rodríguez: “Lo que estamos peleando es que crearon 6.000 cargos, pero la entidad, el director de la UNP, tiene amarrados esos cargos para nombrar gente de confianza de él y dejar nombrar gente del M-19 al interior de la UNP. Esa es nuestra pelea, es si queremos transparencia en el proceso”.Sobre las evidencias de la supuesta vinculación preferencial de exintegrantes de grupos armados, el dirigente sindical señaló: “Lo que nosotros estamos denunciando, las pruebas que tenemos, que son audios, es donde este gobierno, voceros de este gobierno al interior de la presidencia, la vicepresidencia, le han enviado audios a los trabajadores del M-19 que tienen en este gobierno diciéndoles que van a priorizar la entrada de ellos antes de que salga este gobierno, y que en efecto están recogiendo ya las hojas de vida del mismo”.Intervención policial y señalamientos del EjecutivoLa movilización pacífica derivó en enfrentamientos tras la orden del Ejecutivo de despejar las entradas del edificio institucional. De acuerdo con el reporte del dirigente sindical Timoteo, integrante del Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero en la concentración, los manifestantes exigen una mesa de negociación directa con las autoridades.Por su parte, Wilson Devia relató los hechos ocurridos durante la intervención de la fuerza pública: “A pesar de que de manera voluntaria nosotros abrimos la entidad cuando recibimos la información del Ministerio del Interior diciendo nos van a agredir (...) nos metieron todo el demo a pelear con los trabajadores, cuando nosotros en todo momento hablamos de una protesta pacífica. Nosotros no somos, no somos gamines, no somos de primera línea, todos son profesionales, son trabajadores, son personas de bien”.Frente a los calificativos emitidos desde la Presidencia, donde se le ha señalado de pertenecer a corrientes de extrema derecha y de tener supuestos vínculos con redes al margen de la ley, Devia rechazó tales imputaciones: “Desde que llegaron a este gobierno han querido señalarme de delincuente, de corrupto, me vincularon con el narcochofer. Yo demostré los estrados judiciales y en la Procuraduría, en efecto, que no tengo ningún vínculo ni responsabilidad frente a los señalamientos que hizo el director de la entidad. Y en efecto, hemos demostrado en esos 4 años que no hago parte de ninguna banda delincuencial”.Presupuesto y continuidad de los esquemas de protecciónAdemás de la controversia por la selección de personal, la representación sindical advirtió sobre el vencimiento de los contratos que sustentan los esquemas de seguridad de más de 15.000 personas protegidas en el país.Según las declaraciones de Devia, la vigencia contractual de aproximadamente 16.000 escoltas finalizó el 21 de julio de 2026, lo que genera incertidumbre sobre los recursos para operar en lo que resta del año: “Hay 14 zonas del país que recogen 16.000 escoltas pagados por la UNP, y en efecto todos los contratos se vencían ayer 21 de julio, estaban en ejecución el 95%, es decir, el 5% de presupuesto para terminar los contratos, pero la unidad de manera oscura trató de hacer un proceso licitatorio, primero publicando 10 zonas, luego disminuyó a 2 zonas”.Estado actual de la movilizaciónPese a la intervención del Undmo, los voceros de la concentración manifestaron que mantendrán la presencia frente a las instalaciones administrativas de la Unidad Nacional de Protección mientras buscan una mesa de concertación con los voceros gubernamentales. Devia confirmó que se habilitó el ingreso de funcionarios públicos para no paralisar totalmente la operación administrativa, aunque ratificó la continuidad de la asamblea permanente:“Vamos a permanecer. Ayer, para evitar las agresiones a los trabajadores, decidimos activar la entrada de los funcionarios a la entidad, pero vamos a permanecer lo más que podamos resistir si no nos agreden y si no nos maltratan”.Hasta la emisión del reporte, el Gobierno Nacional y la dirección general de la entidad mantenían la orden de despeje vial y la ratificación del esquema formal de provisión de plazas conforme a los decretos vigentes.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, descartó la posibilidad de instalar una mesa de diálogo con los sindicatos que mantienen bloqueado el acceso a las instalaciones de la entidad en Bogotá desde la noche del 20 de julio. El funcionario afirmó que la UNP está ejecutando decretos presidenciales ya expedidos y que, por esa razón, no se encuentra en una etapa de negociación.El director de la UNP respondió así a uno de los principales reclamos de los sindicatos, que denuncian el supuesto nombramiento "a dedo" de cerca de 6.000 cargos operativos. En enero fueron creados 6.876 cargos mediante decreto, decisión que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, pidió a la Procuraduría investigar, al señalar que sólo alrededor de 900 vacantes serían provistas mediante concurso de méritos.En medio de la protesta, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional desalojar las instalaciones y, en la tarde de este martes, uniformados rodearon el edificio para cumplir la instrucción. Sobre esta medida, Rodríguez aseguró que "la Policía permanecerá un tiempo en la entidad para garantizar que no haya un nuevo intento de toma de las instalaciones". Entretanto, los líderes sindicales afirmaron que permanecerán en el lugar y que no responderán de manera violenta ante una eventual intervención.“Nosotros no vamos a arriesgar la vida de ninguna persona. Aquí nos toca acudir a los jueces para que, así sea por medio de una tutela, se suspendan estos procesos. No entendemos cuál es el afán si en cuatro años no hicieron esa normalización de cargos y ahora la quieren hacer en quince días”, afirmó Gilberto Escalante, integrante de la junta directiva del sindicato Sinproseg.Los sindicatos también cuestionan un proceso de licitación relacionado con los esquemas de protección. Se trata de un contrato por más de 78.000 millones de pesos para la prestación del servicio de escoltas a personas protegidas por la entidad. Según los manifestantes, mientras el esquema anterior cubría diez zonas del país, el proceso actual solo contempla dos, que incluyen Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander.Sobre esta decisión, el subdirector de Asuntos Institucionales de la UNP, Juan Camilo Chavarro, explicó que la medida responde a las restricciones presupuestales de la entidad. Según indicó, para 2026 la UNP solicitó un presupuesto de cuatro billones de pesos, pero recibió 2,7 billones, lo que dejó un déficit de 1,3 billones. Agregó que, tras una adición de 260.000 millones de pesos, el faltante quedó en 1,1 billones, por lo que se priorizaron las zonas 1 y 2 para garantizar la operación hasta septiembre y evitar que la próxima administración tenga que declarar una urgencia manifiesta.Las organizaciones sindicales insisten en que la dirección de la UNP revise los procesos de provisión de cargos y abra un espacio de concertación. Sin embargo, Augusto Rodríguez reiteró que la entidad no suspenderá las decisiones administrativas cuestionadas por los trabajadores.
El proceso de selección para contratar nuevos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, quedó suspendido temporalmente por orden judicial. La contratación tiene un presupuesto superior a los 78.000 millones de pesos.La decisión se produjo luego de la presentación de seis acciones de tutela contra el proceso, en las que se solicitó como medida provisional suspender la contratación. El caso que dio lugar a la decisión judicial fue promovido por un escolta que cuestionó una modificación en el alcance del proceso. Según el accionante, la contratación habría quedado limitada a las zonas 1 y 2, mientras se excluyeron las zonas 3 a 10, pese a que, según su argumento, todas tendrían condiciones técnicas y jurídicas equivalentes. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira consideró que esta modificación podría generar un riesgo para la estabilidad laboral de los escoltas de las zonas incluidas en el proceso de contratación.De acuerdo con la decisión, mientras los trabajadores de otras zonas mantendrían su continuidad mediante mecanismos diferentes, los escoltas de las zonas 1 y 2 quedarían expuestos a la posibilidad de perder sus empleos ante la llegada de un nuevo operador.El juzgado señaló que esta situación podría afectar la confianza legítima, el sustento familiar y el mínimo vital de los trabajadores involucrados. Por esta razón, se ordenó suspender temporalmente el proceso de selección y se pidió a la UNP remitir los correos de notificación de las uniones temporales vinculadas a la contratación. También se ordenó publicar el auto judicial que establece la suspensión.La contratación ya estaba bajo la lupa del equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que había solicitado la intervención preventiva de la Procuraduría. La preocupación del Gobierno entrante estaba relacionada con la posibilidad de que la adjudicación se produjera antes del cambio de administración. También se había solicitado revisar la provisión de más de 5.000 cargos antes de que terminara el Gobierno saliente.En un comunicado divulgado este sábado, el equipo de De La Espriella consideró pertinente la suspensión provisional del proceso y aseguró que el mandatario electo había advertido sobre los posibles riesgos de adjudicar el contrato antes del cambio de Gobierno.El Gobierno entrante afirmó que respeta la independencia judicial y que no anticipa conclusiones sobre el fondo de las acciones de tutela. Sin embargo, pidió a la UNP cumplir integralmente la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira y garantizar el acceso a la información relacionada con la contratación.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, le está pidiendo a su ministro del Interior, Rodrigo Lara, que le solicite a la Procuraduría una vigilancia sobre los procesos de contratación que haga el Gobierno actual en la Unidad Nacional de Protección durante los últimos días.“La principal preocupación del Gobierno electo se centra en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones, mediante el cual se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial”, señala el comunicado del presidente electo.Es importante recordar que De la Espriella se reunió en las últimas horas con el procurador, Gregorio Eljach, en Barranquilla. En este documento, De La Espriella pide que el Ministerio Público asuma una función de vigilancia preventiva sobre el proceso; además, que pueda requerir el expediente contractual y evaluar la conveniencia de recomendar o solicitar su suspensión preventiva hasta que el nuevo Gobierno pueda revisar la necesidad y conveniencia de la contratación.“La adjudicación de este contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, situación que impediría a la administración entrante participar en la revisión de los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes tendrán a su cargo la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros”, se lee en el comunicado del equipo de De La Espriella.
Luego de que el vicepresidente electo y coordinador del empalme, José Manuel Restrepo, solicitara suspender los nombramientos que adelanta la administración saliente, el sindicato de trabajadores de la entidad respaldó esa decisión y pidió que sea el próximo Gobierno el que revise de fondo la reestructuración de la UNP.La Asociación Sindical de Empleados de la Protección, ASEP, aseguró que no se opone a la ampliación de la planta de personal ni a la vinculación de los 6.870 nuevos cargos previstos, entre ellos oficiales de protección, analistas de riesgo y personal administrativo. Sin embargo, insistió en que ese proceso debe adelantarse con transparencia y por la nueva administración, evitando decisiones de última hora que comprometan al próximo gobierno.En un comunicado, el sindicato sostuvo que el proceso va más allá de los nombramientos y debe garantizar tanto la prestación del servicio de protección como el respeto por la experiencia de los funcionarios. En ese sentido afirmó que "este proceso trasciende los simples nombramientos y debe garantizar un servicio de protección eficaz para los beneficiarios, así como el respeto por la experiencia, la estabilidad y la igualdad de oportunidades de quienes durante años han arriesgado su vida protegiendo a miles de colombianos".El sindicato también cuestionó el Decreto 0670 de 2026, que modificó los requisitos para acceder al cargo de Oficial de Protección al privilegiar la experiencia sobre la formación técnica o tecnológica. Aunque reconoce la importancia de la experiencia en seguridad, ASEP pidió revisar si existieron intereses particulares detrás de esos cambios y reiteró la necesidad de construir un nuevo manual de funciones que combine mérito, experiencia y formación."Es absolutamente irresponsable dejar amarrados esos nombramientos al nuevo Gobierno. Cuando se improvisa en la selección del talento humano, el resultado no puede ser distinto que una entidad en mayor crisis. Lo que necesita la UNP es una reestructuración seria, transparente y una dirección con experiencia en seguridad", señaló Yesid Barragán, presidente de la ASEP.A las críticas por los nombramientos se suma la situación financiera de la entidad. Según el sindicato, la UNP enfrenta un déficit cercano a un billón de pesos para terminar la vigencia, después de haber ejecutado alrededor de 2,5 billones, situación que, a su juicio, evidencia un manejo ineficiente de los recursos públicos y afecta la capacidad de garantizar la protección de los beneficiarios.ASEP también responsabilizó a la administración saliente por la crisis institucional que atraviesa la entidad. Asegura que las reiteradas fallas en los esquemas de protección quedaron reflejadas en el asesinato de varios protegidos, entre ellos el senador Miguel Uribe Turbay, y reiteró su disposición para participar en una Mesa Nacional para la Transformación de la UNP y acompañar la revisión de los procesos de reestructuración y ampliación de la planta de personal.
El próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, lanzó una dura advertencia sobre el proceso de transición con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En entrevista con Mañanas Blu, Lara denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) pretende incorporar de manera intempestiva a 6.000 personas a su planta de personal a pocas semanas de finalizar el mandato, un movimiento que calificó como inaceptable y carente de planeación.El funcionario designado del gobierno entrante hizo un llamado urgente al actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, para que detenga los nombramientos. Asimismo, solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación para frenar un posible detrimento patrimonial.La denuncia sobre la UNP forma parte de un paquete de irregularidades en la contratación estatal de última hora detectadas por el equipo del gobierno electo. Lara detalló otros tres focos de alta preocupación fiscal:Ministerio de Defensa: se estima una proyección de contratos de última hora por montos que oscilan entre los 8 y 13 billones de pesos para equipamiento militar, bajo la figura de información reservada.Aeronáutica Civil: procesos de contratación en marcha por 75.000 millones de pesos destinados a ayudas aeronáuticas en el departamento de Arauca.Ministerio de la Igualdad: lara denunció el "reciclaje" de la planta de personal de esta cartera para trasladar a cerca de 100 funcionarios al Ministerio del Interior, calificándolo como una burla a los fallos de la Corte Constitucional y al Congreso."Falta un mes y están corriendo para contratar. No hay un criterio distinto al de afianzar y dejar nombradas a cuotas políticas. El Estado no puede tratarse como un receptáculo de nombramientos politiqueros", enfatizó el ministro entrante ante los argumentos de la administración saliente de que se gobernará hasta el último día.Un "empalme forense" anticorrupciónPara hacer frente a estas anomalías, Lara Restrepo confirmó que las reuniones de empalme que inician formalmente este martes contarán con un equipo de auditores especializados. El objetivo no será únicamente la recepción de la información pública, sino la ejecución de una auditoría forense prematura para detectar desvíos de recursos, sobrecostos y contratos inflados de manera inmediata.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.