El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó reducir su esquema de seguridad, decisión que calificó como preocupante debido al riesgo que enfrenta tras el atentado del que fue víctima en el departamento del Huila.Según el congresista, la determinación implica una disminución de las medidas de protección que le fueron asignadas después del ataque armado ocurrido en agosto de 2025, cuando hombres armados dispararon con fusiles y armas cortas contra el vehículo blindado en el que se movilizaba. En ese hecho, atribuido a disidencias de las Farc, Triana salió ileso junto a su escolta y un asesor.“Hoy he sido notificado de que las medidas de reforzamiento de seguridad que me fueron otorgadas a mí y a mi familia, tras sufrir un atentado terrorista en agosto del año pasado, han sido retiradas, argumentando que era una medida transitoria por época electoral”, señaló el congresista por medio de su cuenta de X.El representante aseguró que la decisión de la UNP resulta contradictoria, teniendo en cuenta que continúa siendo objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales y recordó que su caso fue considerado de alto riesgo tras el atentado.“Solicitamos públicamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) que expliquen las razones que motivaron esta determinación”, añadió.El congresista cuestionó si la medida tendría alguna relación con la réplica hecha por él el pasado 20 de julio en el Congreso.Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia del congresista ni ha explicado las razones que motivaron la reducción de su esquema de seguridad.Cambio Radical pide las razones de la reducción del esquemaEl partido Cambió Radical calificó como inaceptable la reducción por parte de la UNP en el esquema de seguridad del congresista. Señalaron que a pesar de continuar recibiendo amenazas y luego d e haber sido víctima de este atentado es contradictorio que se desmonten las medidas de protección bajo el argumento de que eran transitorias por la época electoral.“Cambio Radical exige al Gobierno de Gustavo Petro, a la UNP y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO), que expliquen las razones por las cuales se redujo el esquema de seguridad de nuestro representante Julio César Triana, en el Huila”, aseguró el partido.Asimismo, la coalición calificó al Gobierno Nacional como el principal responsable por la integridad de representante y de su familia.“Responsabilizamos al Gobierno Nacional por la vida e integridad de Julio César Triana y de su familia. La protección de quienes ejercen la oposición es una obligación del Estado y no puede convertirse en un mecanismo de presión o retaliación política”, concluyó.
Trabajadores y escoltas sindicalizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) completaron más de 24 horas concentrados frente a la sede principal de la entidad en el sector de Puente Aranda, en Bogotá. La manifestación, que incluyó la instalación de campamentos y una tarima, busca exigir respuestas sobre el proceso de provisión de 6.000 cargos de planta y la garantía de presupuesto para la continuidad laboral del personal de seguridad.La jornada de protesta ha estado marcada por tensiones tras las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, y la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional para despejar los accesos a la institución.Modificación de requisitos e ingreso de personalEl punto central del reclamo de los sindicatos radica en las modificaciones normativas aplicadas al perfil de los aspirantes a los cargos de oficial de protección en la entidad. Según las organizaciones de trabajadores, los cambios en las exigencias académicas abren la puerta a nombramientos discrecionales.Al respecto, Wilson Devia, presidente del sindicato mayoritario de la UNP —que agrupa a 3.000 escoltas— y funcionario de planta de la entidad, explicó en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio los motivos de la movilización.“El motivo de la protesta tiene dos puntos. El primer punto, en efecto, son los 6.000 cargos que creó el gobierno (...) de manera expedita, el 19 de enero de este año sacó un decreto ampliando la planta de personal para 6.000 cargos de oficial de protección, escoltas en grado 18 y grado 15 (...) modificaron el decreto de 83 con el fin de modificarle los requisitos del cargo oficial de protección grado 18 y grado 15. ¿Y qué requisitos? Los requisitos de estudio. Ese cargo exigía una tecnología y obtener un título profesional, y de manera expedita, en casi 15 días exprés, modificaron el decreto para quitar ese requisito de escolaridad y ponerle solamente una experiencia de 36 a 60 meses”, dijo.Devia sostuvo que la inquietud central del sindicato no se opone a la incorporación de personal, sino al procedimiento administrativo adoptado por la dirección de la entidad, a cargo de Augusto Rodríguez: “Lo que estamos peleando es que crearon 6.000 cargos, pero la entidad, el director de la UNP, tiene amarrados esos cargos para nombrar gente de confianza de él y dejar nombrar gente del M-19 al interior de la UNP. Esa es nuestra pelea, es si queremos transparencia en el proceso”.Sobre las evidencias de la supuesta vinculación preferencial de exintegrantes de grupos armados, el dirigente sindical señaló: “Lo que nosotros estamos denunciando, las pruebas que tenemos, que son audios, es donde este gobierno, voceros de este gobierno al interior de la presidencia, la vicepresidencia, le han enviado audios a los trabajadores del M-19 que tienen en este gobierno diciéndoles que van a priorizar la entrada de ellos antes de que salga este gobierno, y que en efecto están recogiendo ya las hojas de vida del mismo”.Intervención policial y señalamientos del EjecutivoLa movilización pacífica derivó en enfrentamientos tras la orden del Ejecutivo de despejar las entradas del edificio institucional. De acuerdo con el reporte del dirigente sindical Timoteo, integrante del Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero en la concentración, los manifestantes exigen una mesa de negociación directa con las autoridades.Por su parte, Wilson Devia relató los hechos ocurridos durante la intervención de la fuerza pública: “A pesar de que de manera voluntaria nosotros abrimos la entidad cuando recibimos la información del Ministerio del Interior diciendo nos van a agredir (...) nos metieron todo el demo a pelear con los trabajadores, cuando nosotros en todo momento hablamos de una protesta pacífica. Nosotros no somos, no somos gamines, no somos de primera línea, todos son profesionales, son trabajadores, son personas de bien”.Frente a los calificativos emitidos desde la Presidencia, donde se le ha señalado de pertenecer a corrientes de extrema derecha y de tener supuestos vínculos con redes al margen de la ley, Devia rechazó tales imputaciones: “Desde que llegaron a este gobierno han querido señalarme de delincuente, de corrupto, me vincularon con el narcochofer. Yo demostré los estrados judiciales y en la Procuraduría, en efecto, que no tengo ningún vínculo ni responsabilidad frente a los señalamientos que hizo el director de la entidad. Y en efecto, hemos demostrado en esos 4 años que no hago parte de ninguna banda delincuencial”.Presupuesto y continuidad de los esquemas de protecciónAdemás de la controversia por la selección de personal, la representación sindical advirtió sobre el vencimiento de los contratos que sustentan los esquemas de seguridad de más de 15.000 personas protegidas en el país.Según las declaraciones de Devia, la vigencia contractual de aproximadamente 16.000 escoltas finalizó el 21 de julio de 2026, lo que genera incertidumbre sobre los recursos para operar en lo que resta del año: “Hay 14 zonas del país que recogen 16.000 escoltas pagados por la UNP, y en efecto todos los contratos se vencían ayer 21 de julio, estaban en ejecución el 95%, es decir, el 5% de presupuesto para terminar los contratos, pero la unidad de manera oscura trató de hacer un proceso licitatorio, primero publicando 10 zonas, luego disminuyó a 2 zonas”.Estado actual de la movilizaciónPese a la intervención del Undmo, los voceros de la concentración manifestaron que mantendrán la presencia frente a las instalaciones administrativas de la Unidad Nacional de Protección mientras buscan una mesa de concertación con los voceros gubernamentales. Devia confirmó que se habilitó el ingreso de funcionarios públicos para no paralisar totalmente la operación administrativa, aunque ratificó la continuidad de la asamblea permanente:“Vamos a permanecer. Ayer, para evitar las agresiones a los trabajadores, decidimos activar la entrada de los funcionarios a la entidad, pero vamos a permanecer lo más que podamos resistir si no nos agreden y si no nos maltratan”.Hasta la emisión del reporte, el Gobierno Nacional y la dirección general de la entidad mantenían la orden de despeje vial y la ratificación del esquema formal de provisión de plazas conforme a los decretos vigentes.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, descartó la posibilidad de instalar una mesa de diálogo con los sindicatos que mantienen bloqueado el acceso a las instalaciones de la entidad en Bogotá desde la noche del 20 de julio. El funcionario afirmó que la UNP está ejecutando decretos presidenciales ya expedidos y que, por esa razón, no se encuentra en una etapa de negociación.El director de la UNP respondió así a uno de los principales reclamos de los sindicatos, que denuncian el supuesto nombramiento "a dedo" de cerca de 6.000 cargos operativos. En enero fueron creados 6.876 cargos mediante decreto, decisión que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, pidió a la Procuraduría investigar, al señalar que sólo alrededor de 900 vacantes serían provistas mediante concurso de méritos.En medio de la protesta, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional desalojar las instalaciones y, en la tarde de este martes, uniformados rodearon el edificio para cumplir la instrucción. Sobre esta medida, Rodríguez aseguró que "la Policía permanecerá un tiempo en la entidad para garantizar que no haya un nuevo intento de toma de las instalaciones". Entretanto, los líderes sindicales afirmaron que permanecerán en el lugar y que no responderán de manera violenta ante una eventual intervención.“Nosotros no vamos a arriesgar la vida de ninguna persona. Aquí nos toca acudir a los jueces para que, así sea por medio de una tutela, se suspendan estos procesos. No entendemos cuál es el afán si en cuatro años no hicieron esa normalización de cargos y ahora la quieren hacer en quince días”, afirmó Gilberto Escalante, integrante de la junta directiva del sindicato Sinproseg.Los sindicatos también cuestionan un proceso de licitación relacionado con los esquemas de protección. Se trata de un contrato por más de 78.000 millones de pesos para la prestación del servicio de escoltas a personas protegidas por la entidad. Según los manifestantes, mientras el esquema anterior cubría diez zonas del país, el proceso actual solo contempla dos, que incluyen Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander.Sobre esta decisión, el subdirector de Asuntos Institucionales de la UNP, Juan Camilo Chavarro, explicó que la medida responde a las restricciones presupuestales de la entidad. Según indicó, para 2026 la UNP solicitó un presupuesto de cuatro billones de pesos, pero recibió 2,7 billones, lo que dejó un déficit de 1,3 billones. Agregó que, tras una adición de 260.000 millones de pesos, el faltante quedó en 1,1 billones, por lo que se priorizaron las zonas 1 y 2 para garantizar la operación hasta septiembre y evitar que la próxima administración tenga que declarar una urgencia manifiesta.Las organizaciones sindicales insisten en que la dirección de la UNP revise los procesos de provisión de cargos y abra un espacio de concertación. Sin embargo, Augusto Rodríguez reiteró que la entidad no suspenderá las decisiones administrativas cuestionadas por los trabajadores.
El proceso de selección para contratar nuevos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, quedó suspendido temporalmente por orden judicial. La contratación tiene un presupuesto superior a los 78.000 millones de pesos.La decisión se produjo luego de la presentación de seis acciones de tutela contra el proceso, en las que se solicitó como medida provisional suspender la contratación. El caso que dio lugar a la decisión judicial fue promovido por un escolta que cuestionó una modificación en el alcance del proceso. Según el accionante, la contratación habría quedado limitada a las zonas 1 y 2, mientras se excluyeron las zonas 3 a 10, pese a que, según su argumento, todas tendrían condiciones técnicas y jurídicas equivalentes. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira consideró que esta modificación podría generar un riesgo para la estabilidad laboral de los escoltas de las zonas incluidas en el proceso de contratación.De acuerdo con la decisión, mientras los trabajadores de otras zonas mantendrían su continuidad mediante mecanismos diferentes, los escoltas de las zonas 1 y 2 quedarían expuestos a la posibilidad de perder sus empleos ante la llegada de un nuevo operador.El juzgado señaló que esta situación podría afectar la confianza legítima, el sustento familiar y el mínimo vital de los trabajadores involucrados. Por esta razón, se ordenó suspender temporalmente el proceso de selección y se pidió a la UNP remitir los correos de notificación de las uniones temporales vinculadas a la contratación. También se ordenó publicar el auto judicial que establece la suspensión.La contratación ya estaba bajo la lupa del equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que había solicitado la intervención preventiva de la Procuraduría. La preocupación del Gobierno entrante estaba relacionada con la posibilidad de que la adjudicación se produjera antes del cambio de administración. También se había solicitado revisar la provisión de más de 5.000 cargos antes de que terminara el Gobierno saliente.En un comunicado divulgado este sábado, el equipo de De La Espriella consideró pertinente la suspensión provisional del proceso y aseguró que el mandatario electo había advertido sobre los posibles riesgos de adjudicar el contrato antes del cambio de Gobierno.El Gobierno entrante afirmó que respeta la independencia judicial y que no anticipa conclusiones sobre el fondo de las acciones de tutela. Sin embargo, pidió a la UNP cumplir integralmente la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira y garantizar el acceso a la información relacionada con la contratación.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, le está pidiendo a su ministro del Interior, Rodrigo Lara, que le solicite a la Procuraduría una vigilancia sobre los procesos de contratación que haga el Gobierno actual en la Unidad Nacional de Protección durante los últimos días.“La principal preocupación del Gobierno electo se centra en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones, mediante el cual se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial”, señala el comunicado del presidente electo.Es importante recordar que De la Espriella se reunió en las últimas horas con el procurador, Gregorio Eljach, en Barranquilla. En este documento, De La Espriella pide que el Ministerio Público asuma una función de vigilancia preventiva sobre el proceso; además, que pueda requerir el expediente contractual y evaluar la conveniencia de recomendar o solicitar su suspensión preventiva hasta que el nuevo Gobierno pueda revisar la necesidad y conveniencia de la contratación.“La adjudicación de este contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, situación que impediría a la administración entrante participar en la revisión de los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes tendrán a su cargo la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros”, se lee en el comunicado del equipo de De La Espriella.
Luego de que el vicepresidente electo y coordinador del empalme, José Manuel Restrepo, solicitara suspender los nombramientos que adelanta la administración saliente, el sindicato de trabajadores de la entidad respaldó esa decisión y pidió que sea el próximo Gobierno el que revise de fondo la reestructuración de la UNP.La Asociación Sindical de Empleados de la Protección, ASEP, aseguró que no se opone a la ampliación de la planta de personal ni a la vinculación de los 6.870 nuevos cargos previstos, entre ellos oficiales de protección, analistas de riesgo y personal administrativo. Sin embargo, insistió en que ese proceso debe adelantarse con transparencia y por la nueva administración, evitando decisiones de última hora que comprometan al próximo gobierno.En un comunicado, el sindicato sostuvo que el proceso va más allá de los nombramientos y debe garantizar tanto la prestación del servicio de protección como el respeto por la experiencia de los funcionarios. En ese sentido afirmó que "este proceso trasciende los simples nombramientos y debe garantizar un servicio de protección eficaz para los beneficiarios, así como el respeto por la experiencia, la estabilidad y la igualdad de oportunidades de quienes durante años han arriesgado su vida protegiendo a miles de colombianos".El sindicato también cuestionó el Decreto 0670 de 2026, que modificó los requisitos para acceder al cargo de Oficial de Protección al privilegiar la experiencia sobre la formación técnica o tecnológica. Aunque reconoce la importancia de la experiencia en seguridad, ASEP pidió revisar si existieron intereses particulares detrás de esos cambios y reiteró la necesidad de construir un nuevo manual de funciones que combine mérito, experiencia y formación."Es absolutamente irresponsable dejar amarrados esos nombramientos al nuevo Gobierno. Cuando se improvisa en la selección del talento humano, el resultado no puede ser distinto que una entidad en mayor crisis. Lo que necesita la UNP es una reestructuración seria, transparente y una dirección con experiencia en seguridad", señaló Yesid Barragán, presidente de la ASEP.A las críticas por los nombramientos se suma la situación financiera de la entidad. Según el sindicato, la UNP enfrenta un déficit cercano a un billón de pesos para terminar la vigencia, después de haber ejecutado alrededor de 2,5 billones, situación que, a su juicio, evidencia un manejo ineficiente de los recursos públicos y afecta la capacidad de garantizar la protección de los beneficiarios.ASEP también responsabilizó a la administración saliente por la crisis institucional que atraviesa la entidad. Asegura que las reiteradas fallas en los esquemas de protección quedaron reflejadas en el asesinato de varios protegidos, entre ellos el senador Miguel Uribe Turbay, y reiteró su disposición para participar en una Mesa Nacional para la Transformación de la UNP y acompañar la revisión de los procesos de reestructuración y ampliación de la planta de personal.
El próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, lanzó una dura advertencia sobre el proceso de transición con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En entrevista con Mañanas Blu, Lara denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) pretende incorporar de manera intempestiva a 6.000 personas a su planta de personal a pocas semanas de finalizar el mandato, un movimiento que calificó como inaceptable y carente de planeación.El funcionario designado del gobierno entrante hizo un llamado urgente al actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, para que detenga los nombramientos. Asimismo, solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación para frenar un posible detrimento patrimonial.La denuncia sobre la UNP forma parte de un paquete de irregularidades en la contratación estatal de última hora detectadas por el equipo del gobierno electo. Lara detalló otros tres focos de alta preocupación fiscal:Ministerio de Defensa: se estima una proyección de contratos de última hora por montos que oscilan entre los 8 y 13 billones de pesos para equipamiento militar, bajo la figura de información reservada.Aeronáutica Civil: procesos de contratación en marcha por 75.000 millones de pesos destinados a ayudas aeronáuticas en el departamento de Arauca.Ministerio de la Igualdad: lara denunció el "reciclaje" de la planta de personal de esta cartera para trasladar a cerca de 100 funcionarios al Ministerio del Interior, calificándolo como una burla a los fallos de la Corte Constitucional y al Congreso."Falta un mes y están corriendo para contratar. No hay un criterio distinto al de afianzar y dejar nombradas a cuotas políticas. El Estado no puede tratarse como un receptáculo de nombramientos politiqueros", enfatizó el ministro entrante ante los argumentos de la administración saliente de que se gobernará hasta el último día.Un "empalme forense" anticorrupciónPara hacer frente a estas anomalías, Lara Restrepo confirmó que las reuniones de empalme que inician formalmente este martes contarán con un equipo de auditores especializados. El objetivo no será únicamente la recepción de la información pública, sino la ejecución de una auditoría forense prematura para detectar desvíos de recursos, sobrecostos y contratos inflados de manera inmediata.
A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X, le ordenó a la fuerza pública duplicar el cuidado de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, esto teniendo en cuenta diferentes hechos que denunció.En su mensaje dijo: “Yo mismo he pedido no ponerme blindaje en mis actos públicos para hablarle con todo mi cuerpo corazón y cerebro a mi pueblo, pero blinden a los candidatos”Una de estas se dio luego de que la representante a la Cámara, Claudia Romero, denunciara amenazas en su contra, tras recibir una corona fúnebre en su casa.“Claudia Romero, detrás del CAI, Claudia ya ha recibido coronas fúnebres en su casa, el de la foto es probablemente un sicario, y han sido amenazados activistas progresistas en Zipaquirá. La simple constricción al voto ciudadano es un delito”, señaló el mandatario por medio de su cuenta de X.En su mensaje, el presidente Gustavo Petro también habló sobre una persona que mostró un arma a activistas políticos progresistas en el Parkway de Bogotá durante esta semana, y señaló que, pese a que la persona contaba con permiso legal para tener el arma, en esta época electoral el porte de estas está prohibido para toda la ciudadanía, por lo que le pidió a la Fiscalía investigar este hecho.“La persona que sacó una pistola a activistas políticas del progresismo en el Parkway de Bogotá ya está identificada, su arma es legal, pero debe ser investigada el ¿por qué?, en esta época electoral está prohibido el porte de armas para toda la ciudadanía. Esa persona cometió un delito y debe ser investigada por la fiscalía”, agregó.Asimismo, aseguró que por redes sociales están circulando amenazas a nombre de una campaña contra sindicalistas y maestros.“Está avalancha de amenazas debe suspenderse porque anuncia asesinatos masivos en Colombia”, aseguró el mandatario.El presidente Petro señaló que la Fiscalía cuenta con los elementos informáticos suficientes para identificar los orígenes de las amenazas en todo el país.”Hago denuncia pública de está propaganda como la de señalar a un candidato presidencial de guerrillero cuando nunca perteneció a insurgencia armada alguna ni su padre. No promuevan, criminales, el asesinato de ningún candidato presidencial, la fiscalía debe investigar si hay autoatentados artificiales con pruebas y la masiva campaña de amenazas generalizadas”, dijo.Frente a esto, de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará en el país el próximo 21 de junio, el presidente hizo un llamado a las autoridades a duplicar sus esfuerzos en el cuidado de ambos candidatos presidenciales.
A un año del atentado que acabó con la vida del líder político Miguel Uribe Turbay, su viuda, María Claudia Tarazona, lanzó duras críticas en Mañanas Blu contra la política insignia del Gobierno nacional, calificándola como una "falsa paz total". Tarazona vinculó el activismo de su esposo contra este proyecto con el ambiente de hostilidad que rodeó su magnicidio. "Paz total como salvoconducto para el crimen"Para Tarazona, la estrategia gubernamental no ha traído tranquilidad al país, sino que ha servido como herramienta para grupos armados ilegales. "Esta fallida paz total, como siempre lo he dicho, es una máscara para el crimen, para tener salvoconducto y delinquir a lo largo y ancho del país", dijo Tarazona. Según su relato, esta política permitió el fortalecimiento de estructuras como la Segunda Marquetalia, la cual figura en las investigaciones de la Fiscalía como uno de los eslabones clave en el asesinato de su esposo. "Miguel hacía una oposición muy fuerte a la falsa paz total. Él estaba retando a todos los sectores criminales del país", indicó Tarazona. Finalmente, María Claudia Tarazona manifestó que no puede respaldar el proyecto político del Pacto Histórico, al cual vincula directamente con los creadores de esta política de seguridad."Yo no puedo votar por los socios de los que mandaron a matar a Miguel, por los artífices de la paz total", afirmó. Escuche la entrevista:
Tras multa, juzgado de Medellín abrió incidente de desacato al director de la UNP por incumplimiento de orden de protección al activista político, Santiago Alvarán. El afectado reiteró la falta de garantías por parte del Gobierno nacional para la oposición en el país.Más de 20 días después que un juzgado administrativo de la capital antioqueña multará al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por negligencia para atender una tutela que lo obligaba a tomar medidas para proteger a un activista político, poco o nada se han cumplido estas disposiciones.Por eso, en las últimas horas el mismo despacho abrió un incidente de desacato contra el funcionario del Gobierno nacional, tras probarse un incumplimiento al fallo de tutela del 13 de marzo de 2026, modulado mediante Auto del 19 de marzo de 2026 y confirmado en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 14 de abril.En las decisiones se ordenó amparar el derecho fundamental a la seguridad personal de Santiago Alvarán, reconocido por sus posturas críticas frente al Gobierno nacional y que en los últimos meses ha denunciado atentados en su contra.La acción judicial que sigue sin cumplirse nuevamente generó cuestionamientos por parte de Alvarán frente al papel de las entidades nacionales para proteger a la oposición y evitar que se vuelvan a repetir hechos como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.“Evidencia en la falta de garantías plenas para nosotros, artistas, sindicales individuales, pero incluso también para activistas o militantes de colectividades en oposición al gobierno de la nación. La criminalidad ha sido la benefactora de las garantías institucionales”, afirmó.En la reciente decisión, el juzgado otorgó el término de tres días hábiles para que tanto el director de la UNP como otros dos directivos de la entidad se pronuncien respecto al incumplimiento de la orden, soliciten las pruebas que pretendan hacer valer y acompañen los documentos que se encuentren en su poder.Alvarán denunció un ataque armado a finales de junio de 2025 en la vía Medellín - Urabá, donde resultó herido, y más recientemente, en noviembre de 2025, aseguró haber sido retenido por hombres armados en el municipio de San Pedro de Urabá.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
Saber qué hacer y cómo reacciona el cuerpo tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia es clave para recuperar la tranquilidad. El evento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Frente a sensaciones físicas persistentes como la percepción de que el suelo se sigue moviendo, Denisse Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, explicó las causas médicas de este fenómeno y estructuró pautas de manejo emocional.Qué es el síndrome de mareo postsismoLa especialista señaló que manifestaciones como mareo, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o temor a ingresar a edificios responden a una activación del sistema de alarma del cuerpo para protegerse.De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por la revista científica PLOS ONE sobre los terremotos de Kumamoto (Japón, 2016) citado por la institución, de 4.231 personas encuestadas, 1.543 mantuvieron la sensación de mareo posterior al evento. Este fenómeno combina la respuesta del oído interno, encargado del equilibrio, el sistema nervioso y factores emocionales como la ansiedad.Las réplicas del movimiento telúrico reactivan temporalmente la vigilancia del organismo, por lo que la calma suele retornar de forma paulatina.Cinco consejos psicológicos tras el temblor de 7.4Para controlar la respuesta de alerta sin descuidar las medidas de prevención ante posibles réplicas, Morales entregó cinco recomendaciones prácticas:Anclar el cuerpo: sentarse con ambos pies apoyados firmemente en el piso, fijar la vista en un punto fijo de la pared y nombrar en voz alta cinco objetos a su alrededor para devolver estabilidad al cerebro.Alargar la exhalación: inhalar contando hasta cuatro y expulsar el aire lentamente contando hasta seis. Repetir la secuencia durante dos minutos para bajar las pulsaciones del corazón.Limitar el uso del teléfono celular: revisar de forma puntual las fuentes oficiales del SGC y la UNGRD, evitando la sobreexposición a imágenes o videos de la emergencia que incrementen la ansiedad.Hablar con claridad a los niños: explicarles con palabras sencillas lo ocurrido y las acciones a seguir si vuelve a temblar, manteniendo las rutinas habituales de alimentación y sueño.Estructurar un plan de acción: Definir un punto de encuentro familiar, despejar las vías de evacuación de la vivienda y alistar una maleta de emergencia con agua, botiquín, linterna, radio y documentos.¿Cuándo solicitar atención médica o psicológica?El análisis académico establece que se debe buscar ayuda profesional si los síntomas no ceden al cabo de una semana; si la persona no logra dormir, comer o laborar; si existe evasión a ingresar a inmuebles o si un menor de edad registra regresiones conductuales.Asimismo, si el mareo se acompaña de vómito intenso, zumbidos constantes o pérdida de audición, la recomendación es acudir a valoración médica para descartar cuadros de vértigo y evitar la automedicación.El Ministerio de Salud cuenta con la línea gratuita 106 para atención en salud mental las 24 horas, mientras que las emergencias inmediatas se atienden a través del número 123.
Como consecuencia del terremoto registrado en Colombia y con el propósito de proteger la integridad de colaboradores, empresarios y usuarios, las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura modificaron temporalmente la atención presencial en sus sedes. La medida se mantendrá mientras se adelantan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las reparaciones locativas que sean necesarias.La decisión fue adoptada en el marco de lo establecido por la Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que permite a las cámaras de comercio modificar temporalmente la atención presencial cuando se presentan circunstancias extraordinarias o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, la normativa establece que estas entidades deben garantizar la continuidad de los servicios mediante sus canales virtuales e informar oportunamente a los usuarios y a la autoridad de supervisión sobre cualquier modificación en la prestación del servicio.Por esta razón, los servicios registrales y demás trámites a cargo de las Cámaras de Comercio no quedan suspendidos. Los empresarios y ciudadanos podrán continuar realizando sus diligencias a través de los canales virtuales habilitados por cada entidad, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.La modificación temporal de la atención presencial aplica para las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura. En cada una de estas ciudades se adelantan las respectivas verificaciones técnicas para establecer si las instalaciones presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico y determinar las condiciones necesarias para retomar la atención al público de manera segura.De acuerdo con la información suministrada por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, la atención presencial será restablecida una vez finalicen las inspecciones y se compruebe que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cualquier cambio en los horarios o en las condiciones de atención será comunicado por cada Cámara de Comercio mediante sus canales oficiales.Finalmente, la Red de Cámaras de Comercio recomendó consultar los sitios web y las redes sociales oficiales de cada entidad para conocer el estado de la atención presencial y acceder a los canales virtuales disponibles para realizar trámites y servicios mientras se normaliza la atención en las sedes físicas.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este lunes, 10 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19.Super Balota: 14.Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09.Super Balota: 03.¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este lunes, 10 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el miércoles, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
El sorteo número 586 de MiLoto, jugado este lunes, 10 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $450 millones de pesos.A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores de MiLoto 10 de agosto (Sorteo 586)La combinación ganadora del sorteo 586 de este lunes 10 de agosto de 2026 fue: 02 - 19 - 14 - 29 - 08.¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.