Las primeras demoliciones de viviendas que resultaron afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto comenzaron este sábado en Buenaventura, Valle del Cauca. La primera intervención se realizó en el barrio La Comuna, donde está siendo demolida una edificación de tres pisos. Según la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, también se adelantarán trabajos en el sector del Eucarístico y en otras zonas del distrito, con tres frentes de trabajo simultáneos.Diana Vanesa Cabrera, jefa de esta dependencia, explicó que el propósito es avanzar en la intervención de los inmuebles que presentan daños y dar paso al proceso de reconstrucción."La primera vivienda va a ser en el barrio La Comuna, una vivienda de tres pisos; simultáneamente va a ser una vivienda en el Eucarístico y en otro sector. Van a haber tres frentes de trabajo y eso quiere decir que se van a demoler tres viviendas simultáneamente", señaló la funcionaria.En cuanto al bono de arrendamiento temporal para las familias que perdieron sus viviendas, la funcionaria indicó que están a la espera de un segundo corte por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de incluir a quienes todavía no han recibido este apoyo económico."La Unidad Nacional hizo un corte del 10 de agosto al 24 de agosto. Las personas que no han recibido el bono económico estamos esperando que la Unidad Nacional haga el segundo corte. La ayuda está prevista para que las familias cuyas viviendas tuvieron pérdida total puedan contar con un lugar provisional durante tres meses, mientras avanzan las acciones para recuperar sus hogares", precisó.La funcionaria agregó que ya están identificados los lotes necesarios para el proceso de reconstrucción y que se ha establecido una ruta de trabajo con acompañamiento departamental y empresarial.
María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró que entregó a la Fiscalía General de la Nación información que habría recibido antes del asesinato del dirigente político y que advertía sobre un posible atentado contra él y otros precandidatos del Centro Democrático. Según su relato, la información señalaba que la financiación habría salido de Venezuela y que la orden provendría del Congreso de la República.Tarazona explicó que una persona, cuya identidad continúa en reserva, le entregó la información antes del crimen. De acuerdo con su testimonio, la advertencia incluía los nombres de posibles víctimas y anticipaba un ataque contra el entonces candidato presidencial.La viuda de Uribe Turbay indicó que los datos llegaron a su teléfono celular y posteriormente fueron entregados a la Fiscalía con los protocolos correspondientes. Ahora, espera que el organismo investigador verifique el contenido y establezca su procedencia.“Y fue entregada con todos los protocolos necesarios a la Fiscalía y en este momento estamos esperando que se abra esa línea de investigación. La Fiscalía con su grupo especializado debe estar corroborando de dónde salió la información”, manifestó.Tarazona también sostuvo que la información contiene elementos que permitirían identificar a las personas mencionadas.En paralelo, fuentes de la Fiscalía confirmaron un cambio de fiscal del grupo de tareas especiales encargado de la línea de investigación sobre las posibles responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por una presunta falta de prevención y de garantías de seguridad para Miguel Uribe Turbay, pese a las solicitudes y alertas que se habían presentado. En esa línea, continúa pendiente la decisión sobre una eventual imputación contra Augusto Rodríguez, exdirector de la entidad.Además, para la próxima semana estaría prevista una nueva reunión con el propósito de conocer los avances en el análisis de las pruebas entregadas. Por ahora, se espera que la Fiscalía determine qué elementos pueden corroborarse y qué nuevas diligencias se desprenden de esa información.
La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, realizar una nueva valoración del riesgo de dos líderes indígenas, luego de determinar que la entidad no aplicó de manera efectiva el enfoque étnico al analizar las amenazas en su contra.La decisión, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, amparó los derechos fundamentales de los dos lideres y concluyó que la UNP incurrió en fallas por la insuficiente motivación de sus decisiones y por no tener en cuenta de manera concreta sus condiciones como integrantes de pueblos indígenas.Uno de los casos corresponde a un integrante del pueblo Nasa y rector de una institución educativa indígena. Aunque su labor como líder y educador estaba relacionada con el riesgo que enfrentaba en su territorio, la UNP calificó su situación como de riesgo ordinario y negó la asignación de medidas de protección.El segundo caso es de un integrante del pueblo Awá y concejal municipal. En su situación, la UNP sí reconoció un riesgo extraordinario, pero le asignó un esquema de seguridad que resultó insuficiente frente a las nuevas amenazas que había recibido en su región.Al estudiar ambos casos, la Corte aclaró que el enfoque diferencial no puede quedarse en mencionar que una persona pertenece a una comunidad indígena. Según el fallo, esa condición debe ser tenida en cuenta de manera concreta durante todo el proceso de evaluación del riesgo y al momento de definir las medidas de protección.Por esta razón, la primera regla que fijó la Corte es que la UNP debe partir de una presunción de riesgo a favor de los líderes y lideresas de comunidades étnicas. Esto significa que la entidad debe asumir inicialmente la existencia del peligro y, si considera que no existe, debe demostrarlo, sin trasladar toda la carga de la prueba a la persona amenazada.La segunda obligación es realizar una valoración con el contexto requerido y motivar de manera cualificada las decisiones. La UNP no podrá disminuir o negar la protección argumentando simplemente que la presencia de grupos armados es habitual en determinada región.Por lo que deberá analizar las condiciones geográficas, culturales y de violencia que pueden afectar tanto al líder como a la supervivencia de su comunidad.Como tercera medida, la Corte ordenó que los esquemas de seguridad sean idóneos, eficaces y acordes con la realidad territorial y cultural de cada protegido. Esto incluye la posibilidad de incorporar personas de confianza o integrantes de la propia comunidad cuando esa alternativa resulte necesaria para garantizar una protección adecuada.El cuarto principio establece que la protección no debe concentrarse únicamente en la persona amenazada. La UNP también debe reconocer al pueblo étnico como un sujeto colectivo de protección. Además, la entidad no puede restarle importancia al riesgo porque las investigaciones penales relacionadas con las amenazas estén estancadas o no hayan avanzado.Con este fallo, la Corte ordenó rehacer los estudios de seguridad los dos líderes bajo estas condiciones y estableció reglas que deberán ser tenidas en cuenta por la UNP en la protección de líderes y comunidades étnicas.
Un juez de control de garantías avaló la prórroga del principio de oportunidad concedido a Manuel Antonio Castañeda Bernal, conocido como ‘Narcochofer’, quien continúa colaborando con la Fiscalía en cinco líneas de investigación relacionadas con diferentes hechos delictivos.De acuerdo con la sustentación presentada por la Fiscalía, Castañeda Bernal es procesado por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cohecho por dar u ofrecer y uso de documento falso. Sin embargo, decidió colaborar con la administración de justicia y entregar información sobre organizaciones criminales y otros hechos que son objeto de investigación.La Fiscalía explicó que esa colaboración quedó materializada en una matriz de colaboración eficaz aprobada por la entidad, en la que Castañeda se comprometió a comparecer como testigo de cargo en varios procesos penales derivados de la información que aportó.La fiscal del caso solicitó la prórroga del caso sustentado que la mayoría de procesos están en etapa de juicio “el aspirante aún no ha rendido todas las declaraciones judiciales comprometidas. La Fiscalía no cuenta todavía con esos elementos completos para concluir si la colaboración fue realmente eficaz, útil, contundente e importante para las investigaciones y procesos correspondientes. Obviamente, se desprendieron varias líneas investigativas, que todas están en etapa de juicio.Simplemente, hay una que está en etapa de investigación y una en indagación. Por ello, pues, se mantiene o considera esta delegada y le solicita a su honorable despacho que mantenga la suspensión de la acción penal, pues resulta necesario para permitir que los juicios y las actuaciones en las cuales debe declarar el postulante, pues avancen y para que la fiscalía pueda exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.Entre las investigaciones se encuentran hechos relacionados con la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, de la cárcel La Picota; el presunto uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección para transportar sustancias estupefacientes; actuaciones de integrantes de la Fuerza Pública relacionadas con una incautación de cocaína; una presunta estructura dedicada al acopio, transporte y comercialización de estupefacientes; y hechos relacionados con esquemas de seguridad de la UNP.La fiscal encargada de sustentar la prórroga explicó que la cooperación de Castañeda todavía no ha terminado, debido a que varias de las declaraciones que debe rendir no han podido practicarse. Entre las razones expuestas están aplazamientos, reprogramaciones, recursos pendientes de resolver y el estado procesal de las diferentes investigaciones.Según la Fiscalía, de las cinco líneas en las que Castañeda está comprometido como testigo, dos se encuentran en etapa preparatoria, dos en etapa de juicio y una permanece en indagación.La primera línea de colaboración corresponde al caso de la fuga de alias ‘Matamba’. En este proceso, Castañeda se comprometió a declarar sobre los hechos relacionados con la camioneta Toyota que condujo y en la que se movilizaban Edgar Eliseo Munevar Castillo, alias ‘El Caballista’; Luis Eduardo Duque Casas, alias ‘El Capi’, y John Fredy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’. Según la investigación, ese vehículo fue abordado por alias ‘Matamba’ durante su fuga de La Picota. Los tres hombres mencionados se encuentran en etapa de juicio y avanza la audiencia de juicio oral. La Fiscalía los señala también de pertenecer a una estructura relacionada con actividades como tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, extorsiones, homicidios y fuga de presos, además de tener presuntos vínculos con otros grupos armados, información complementada por Castañeda que han dado con recientes capturas de eslabones.La segunda línea corresponde al proceso contra Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección. Castañeda se comprometió a declarar sobre el presunto uso de vehículos de esa entidad para transportar sustancias estupefacientes y sobre la manera en que esos automotores habrían sido facilitados para actividades ilícitas. Este proceso también se encuentra en etapa de juicio.La tercera investigación está relacionada con la propia captura de Castañeda, ocurrida el 10 de diciembre de 2022 en Cauca, cuando fue detenido mientras transportaba una cantidad de cocaína. El ‘Narcochofer’ se comprometió a declarar contra los policías José Ricardo Guerra Gómez, John Jairo Rivas Mosquera y Omar Hernández Santamaría, por hechos relacionados con la incautación de la droga y una diferencia entre la cantidad que, según su versión, fue incautada y la cantidad registrada posteriormente en el acta.La cuarta línea está relacionada con una presunta estructura dedicada al acopio, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes. En esta investigación aparecen, entre otros, Luis Carlos Vélez Romero, alias ‘El Mono’; recientemente judicializado por la fiscalía , y quien además fue designado facilitador de paz por el Gobierno Nacional, quien habría contratado a Manuel Antonio Castaña para transportar en el territorio nacional estupefacientes.También señalan a John Jairo Giraldo, alias ‘JJ’, Juan Sebastián Roa Sabogal, alias ‘Juan Roa’, además de Luis Orlando Beltrán León, José Rodrigo Beltrán León, Hugo Alexander Rico Lenis, Cristian Alexander Pérez Díaz y Jorge Alfonso Restrepo Mejía.Finalmente, Castañeda ha colaborado en una investigación relacionada con Wilson Javier Devia, exfuncionario de la UNP, por hechos asociados a esquemas de seguridad y presuntas solicitudes de dinero para garantizar acompañamientos irregulares. En esta línea se investiga, entre otros aspectos, la presunta gestión para conseguir alquiler o asignación de esquemas de seguridad sin el cumplimiento de los requisitos.El caso ha tenido aplazamiento en etapa de juicio.La Fiscalía sostuvo que las declaraciones pendientes son necesarias para avanzar en las investigaciones y procesos en los que fue ofrecido como testigo.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, entregó detalles sobre algunos de los esquemas de seguridad a cargo de la entidad. Uno de los casos mencionados fue el de Juliana Guerrero. Según aseguró, el esquema tuvo un costo de $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.El funcionario también se refirió al esquema de seguridad de Rodrigo Londoño, y reveló que actualmente cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección y que solicitó una extensión. Sin embargo, aseguró que, tras realizar un nuevo estudio, este determinó que no se le podía implementar más.“Ellos tienen una condición particular como firmantes del proceso de paz, que además está muy vigilada por la CIDH y, pues, muchas veces tenemos que regirnos a esa convención internacional”, afirmó Blanco durante un debate de control político en la Cámara de Representantes.Blanco reconoció que la transición también ha generado dificultades para completar la protección de algunos de los actuales congresistas.“La transición no fue fácil, algunos congresistas se llevaron los vehículos, no los han entregado. Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren”, señaló.El director explicó que algunas de estas personas pueden seguir enfrentando situaciones particulares de seguridad pese a haber dejado sus cargos. Sin embargo, señaló que ya estos no entrarían en la población de congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite, y mientras avanza, se quedarían sin el esquema.Durante el debate congresistas del Centro Democrático cuestionaron al director por un mensaje publicado antes de llegar a la entidad y en los que lanzó críticas contra esa colectividad.“Salieron fresas los del @CeDemocratico dizque "no nos ataquen", va a tocar no decirles nada, porque con lo tibios u badulaques que se volvieron, terminan votando por Cepeda... y no es chiste. Periodicazo por tibios”, escribió el director de la UNP.Ante esto, el representante del Centro Democrático, Manuel Alexander Pérez pidió una aclaración pública por la “manera tan despectiva” como se refirió al partido.“Es muy berraco para uno, señor director, escuchar, obviamente antes de que usted se posesionara, la manera tan despectiva como usted se refirió al partido que nosotros representamos”, señaló el representante.Ante esto, Blanco pidió disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hizo contra esa colectividad antes de asumir el cargo y aseguró que “nosotros no defendemos ni protegemos ideologías, nosotros protegemos vidas humanas”.“Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña. Obedecieron a temas de campaña, no es mi postura personal, no es mi postura profesional ni siquiera ideológica”, agregó.
El Gobierno anunció un nuevo plan de seguridad para el sur de Bolívar, una región afectada por la presencia de grupos armados y ataques contra la Fuerza Pública. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, denunció que ninguno de los alcaldes de esta zona contaba con un vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y anunció que se reforzarán sus esquemas de seguridad.“Ni uno solo de estos alcaldes de zona roja tenía vehículo blindado de la UNP. El gobierno anterior sí llenaba de camionetas y escoltas a influenciadores, amigos y frívolos que no los necesitaban. ¡Eso lo vamos a cambiar!”, afirmó Lara a través de su cuenta de X. El anuncio se hizo en Santa Rosa del Sur, luego de una reunión en la que participaron diez alcaldes, la Gobernación de Bolívar y la cúpula militar y policial, como seguimiento al consejo de seguridad que lideró el presidente en Cartagena. Entre las medidas anunciadas está la reconstrucción de las estaciones de Policía de Río Viejo, Norosí y Arenal, que fueron destruidas en ataques con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil. “Ha habido ataques contra estaciones de policía, y aquí estamos, Ministerio del Interior con Ministerio de Defensa para empezar la reconstrucción, la construcción de otras estaciones de policía, dotación de sistemas antidrones y de cámaras, porque la población no está sola”, afirmó Lara.Lara señaló que en el sur de Bolívar existe una disputa por las rentas ilegales asociadas a la explotación de oro, que, según sus cifras, representan cerca de cuatro billones de pesos al año. También mencionó la presencia del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, además de cultivos de coca en la serranía de San Lucas y el robo de combustible del poliducto en el sur del Cesar.Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, anunció que los ministerios del Interior, Justicia y Defensa revisarán algunas leyes, normas y procedimientos que, según dijo, requieren ajustes para responder a las necesidades de seguridad de esta región.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, luego de revisar sus condiciones de riesgo y determinar que no existen motivos suficientes para mantener las medidas.En el caso de Gabriela Muñoz, la información suministrada señala que recibió un esquema de seguridad antes de finalizar el gobierno anterior. Muñoz ha sido mencionada por presuntas influencias indebidas en la Aeronáutica Civil,El caso de Muñoz fue mencionado por el expresidente Gustavo Petro, quien se refirió a su situación a través de su cuenta de X. “La señorita Gabriela Muñoz efectivamente ha sido amenazada de muerte por núcleos al interior de su universidad, ha sido objeto de amenazas completamente injustas y desaforadas en las redes”, escribió el exmandatario.Otra de las personas a las que la UNP retiraría el esquema es Juliana Guerrero, quien irá a juicio por la presunta falsificación de un título universitario de la Fundación San José. De acuerdo con la información suministrada, Guerrero aseguró que está nuevamente en estudio de seguridad para revisar la pertinencia del esquema.En cuanto a Beto Coral, activista que fue deportado de Estados Unidos, la información señala que recibió un esquema de seguridad sin que se hubiera realizado el procedimiento correspondiente para establecer su nivel de riesgo.La decisión de la UNP se produce después de la revisión de las condiciones de seguridad de las tres personas. Según la información suministrada, el análisis concluyó que no se encontraban motivos suficientes para mantener los esquemas asignados.
Esta semana se conocieron nuevas indagaciones sobre una línea de trabajo en el proceso de investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se trata de una posible infiltración de su esquema de seguridad.La Fiscalía investiga reuniones que habrían sostenido dos de sus escoltas con alias ‘El Viejo’, señalado como uno de los organizadores materiales del crimen. La situación encendió las alarmas debido a que algunos de los integrantes del esquema que protegían al senador continúan encargados de la seguridad de su familia. Ante el temor expresado por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, el Gobierno Nacional adoptó medidas para reforzar su protección. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, informó que el director de la Policía, general Alejandro Barrera, visitó personalmente a Tarazona y que, posteriormente, se tomaron acciones inmediatas.Además, Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ordenó renovar el esquema de seguridad asignado a la familia.Lara Restrepo calificó como “muy preocupante” la información sobre una presunta complicidad o cercanía entre miembros del esquema de seguridad de Miguel Uribe y sus asesinos, y aseguró que el caso debe ser investigado “hasta las últimas consecuencias”.El ministro también manifestó la preocupación del Gobierno por una posible infiltración del crimen organizado en la UNP y reiteró a María Claudia Tarazona el respaldo del Ejecutivo y su compromiso con la lucha contra el crimen.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, será el director encargado de la Unidad Nacional de Protección, la entidad encargada de prestar la seguridad a quienes se encuentran en riesgo por sus actividades."Encargar a partir de la fecha, al señor Rodrigo Lara Restrepo, quien se desempeña como ministro del Interior, en el empleo de Director General código 0015, grado 24 de la Unidad Nacional de Protección - UNP, sin desvincularse de las funciones del empleo del cual es titular", señala el decreto firmado por el presidente De La Espriella. Es importante recordar que el presidente De La Espriella anunció hace algunos días que el director de la UNP sería Didier Blanco. Este nombramiento generó polémica por las publicaciones de Blanco en redes, en las cuales cuestionaba al Centro Democrático y al expresidente Petro."Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior comunicar el contenido de este decreto al señor Javier Francisco Rodríguez Moreno (funcionario actualmente encargado de la dirección de la UNP) y al señor Rodrigo Lara Restrepo", agrega el decreto firmado por De la Espriella.Es importante recordar que el 7 de agosto el ministro Lara, una vez se posesionó, asumió la presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM, una instancia importante para que la UNP tome decisiones sobre la asignación de esquemas de seguridad.
El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó reducir su esquema de seguridad, decisión que calificó como preocupante debido al riesgo que enfrenta tras el atentado del que fue víctima en el departamento del Huila.Según el congresista, la determinación implica una disminución de las medidas de protección que le fueron asignadas después del ataque armado ocurrido en agosto de 2025, cuando hombres armados dispararon con fusiles y armas cortas contra el vehículo blindado en el que se movilizaba. En ese hecho, atribuido a disidencias de las Farc, Triana salió ileso junto a su escolta y un asesor.“Hoy he sido notificado de que las medidas de reforzamiento de seguridad que me fueron otorgadas a mí y a mi familia, tras sufrir un atentado terrorista en agosto del año pasado, han sido retiradas, argumentando que era una medida transitoria por época electoral”, señaló el congresista por medio de su cuenta de X.El representante aseguró que la decisión de la UNP resulta contradictoria, teniendo en cuenta que continúa siendo objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales y recordó que su caso fue considerado de alto riesgo tras el atentado.“Solicitamos públicamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) que expliquen las razones que motivaron esta determinación”, añadió.El congresista cuestionó si la medida tendría alguna relación con la réplica hecha por él el pasado 20 de julio en el Congreso.Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia del congresista ni ha explicado las razones que motivaron la reducción de su esquema de seguridad.Cambio Radical pide las razones de la reducción del esquemaEl partido Cambió Radical calificó como inaceptable la reducción por parte de la UNP en el esquema de seguridad del congresista. Señalaron que a pesar de continuar recibiendo amenazas y luego d e haber sido víctima de este atentado es contradictorio que se desmonten las medidas de protección bajo el argumento de que eran transitorias por la época electoral.“Cambio Radical exige al Gobierno de Gustavo Petro, a la UNP y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO), que expliquen las razones por las cuales se redujo el esquema de seguridad de nuestro representante Julio César Triana, en el Huila”, aseguró el partido.Asimismo, la coalición calificó al Gobierno Nacional como el principal responsable por la integridad de representante y de su familia.“Responsabilizamos al Gobierno Nacional por la vida e integridad de Julio César Triana y de su familia. La protección de quienes ejercen la oposición es una obligación del Estado y no puede convertirse en un mecanismo de presión o retaliación política”, concluyó.
Continua la consternación en Resistencia, Argentina, por el asesinato de Matías Julián Álvarez, de 29 años, a manos, al parecer, de su novia, Victoria Luz Cantero, quien lo habría apuñalado en un ataque de celos y una discusión en el interior de la camioneta de este hombre.El caso sucedió a inicios de agosto de 2026, la mujer fue detenido y, hasta la fecha, sigue en marcha la investigación para determinar si fue o no culpable de este crimen. De hecho, esta mujer se encuentra recibiendo tratamiento psicológico y farmacológico luego de ser evaluada por especialistas del área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando.Sin embargo, nuevo material probatorio habría dado más fuerza a su culpabilidad, pues las autoridades hallaron en la camioneta donde murió varias cartas que habría escrito antes de morir en donde aseguraba que “se estaba alejando de todos por miedo”.“Hoy me levanté con ansiedad y depresión por la situación que estoy pasando. No saber qué va a pasar. Me queda poco por hace. No me conviene ella, pero bueno el corazón es así. La realidad es que me estoy aislando de todos”, fueron las palabras halladas en la carta de este joven, que, ahora, daría más fuerza a que ella seria la responsable de este crimen.Ante esto, han solicitado una autopsia psicológica para conocer en qué estado se encontraba su salud mental y así relacionar este material probatorio con la investigación en curso. Además, otro dato que surgió de los elementos encontrados en el vehículo es que Julián y Victoria habían ido al cine la noche anterior al crimen, según contó el medio local TN.El reporte, hasta ahora, indica que el joven no se esperaba este ataque y fue apuñalado por sorpresa, al parecer, tras una discusión en el interior de la camioneta de acuerdo con todo lo encontrado en el escena del crimen.
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:Néstor Lorenzo respondió a Lucas González por sus críticas a la convocatoria de jugadores de Atlético Nacional. El entrenador verdolaga cuestionó que Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo deban ausentarse en partidos decisivos de la Copa Colombia, mientras que otros futbolistas, como Álvaro Montero, permanecen con sus clubes. El técnico aseguró que la alternancia de Montero y Camilo Vargas estaba planificada desde la convocatoria anterior y recordó que los clubes deberían sentirse orgullosos de aportar jugadores a la Selección Colombia.El seleccionador nacional también desmintió los rumores de una supuesta pelea con Jorge Carrascal. El técnico explicó que el volante continúa dentro de sus planes y que su ausencia responde a la intención de probar otras alternativas. También aclaró que, después de un partido frente a Ghana, hubo un llamado de atención a varios futbolistas que no querían atender a la prensa, pero negó que se hubiera presentado un enfrentamiento personal con Carrascal.La lucha por los cuadrangulares de la Liga Colombiana quedó abierta con tres cupos todavía en disputa. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Bucaramanga e Independiente Santa Fe son los cinco equipos clasificados. Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta mantienen opciones de quedarse con las tres plazas restantes.Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto en un partido marcado por los problemas económicos del conjunto nariñense. Pasto presentó una nómina integrada principalmente por juveniles, situación que generó críticas sobre el manejo financiero de algunos clubes y la manera en que estas dificultades pueden alterar el campeonato. Hugo Rodallega marcó tres goles, mientras que el técnico Pablo Repetto reconoció que buscó recibir una quinta tarjeta amarilla para cumplir la suspensión antes de los cuadrangulares, aunque el árbitro no se la mostró.Andrés Gómez quedó en el centro de la polémica en Brasil después de fallar un penal decisivo frente a Palmeiras. El colombiano erró su cobro durante la definición que permitió al equipo de Jhon Arias avanzar a la final de la Copa de Brasil. Una publicación de la esposa de Gómez, en la que aseguró que otros compañeros evitaron cobrar, generó debate sobre las posibles consecuencias dentro del camerino. También se destacó el gesto de Arias, quien se acercó a consolar a su compatriota después de la eliminación.Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:
La inflación anual en Colombia se ubicó en 6,3 % para octubre de 2026, según el Dane. Con esto, son tres meses consecutivos al alza. Además, en octubre, la variación mensual del IPC fue de 0,20%, mientras que entre enero y octubre de este 2026 alcanzó 5,94%.La inflación anualizada en Colombia se ubicó en 6,3 % a octubre de 2026, lo que representa un incremento de 0,79 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. Por su parte, la variación acumulada en lo corrido del año alcanzó el 1,24 %, mientras que la inflación mensual, correspondiente a la comparación entre octubre y septiembre de 2026, fue de 0,02 %.
El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, explicó que el Gobierno recibió un presupuesto que ya llevaba ocho meses de ejecución, lo que limitó el margen para hacer los ajustes previstos. Por eso, aunque la meta inicial era recortar cerca de $20 billones, el decreto expedido el pasado 22 de octubre dejó el ajuste en $13,8 billones, de los cuales $6,8 billones serían en contratación, $4 billones en deuda y $3 billones en gastos de funcionamiento.Ahora, el Gobierno contempla un segundo recorte para acercarse lo más posible a la cifra inicial. “Teníamos una meta de hacer un recorte de alrededor de $20 billones, no lo logramos. Estamos contemplando la posibilidad de hacer un segundo recorte para acercarnos tanto como sea posible”, afirmó Betancur. Y agregó que “la política fiscal no se hace con anuncios, se hace con decisiones”.Durante la decimotercera edición del Congreso de Asofiduciarias, el funcionario también alertó sobre el peso que está teniendo la deuda en las finanzas públicas. Según explicó, uno de cada tres pesos que recauda el Estado se destina a pagarla, el doble de lo que ocurría hace diez años, cuando la proporción era de uno de cada seis. “Eso muestra que el espacio de gastos social o de gasto productivo es cada vez más bajo, y eso, además de ser un problema técnico, es un problema político. Aquí hay una bola de nieve y si nos quedamos cruzados de brazos en tres o cuatro años será uno de cada dos (el 50 % del recaudo)”, dijo.Betancur también sostuvo que, sin la Ley de Rescate Fiscal, el Gobierno tendría que conseguir cerca de 26.000 millones de dólares en los mercados internacionales durante 2027. Una cifra que contrasta con los cerca de 5.000 millones de dólares que Colombia ha obtenido, en promedio, mediante financiamiento externo durante los últimos diez años.En materia de inflación, el viceministro aseguró que el impulso fiscal está aportando más de dos puntos porcentuales a este indicador. Sin ese efecto, señaló, la inflación estaría cerca del 4 %, aunque todavía por encima de la meta del 3 % del Banco de la República. También atribuyó la falta de anclaje de las expectativas a la incertidumbre sobre el ajuste de las finanzas públicas y a lo que calificó como “decisiones desafortunadas sobre el salario mínimo”.Sobre el crecimiento económico, consideró que una expansión de entre 2,5 % y 2,9 % no representa una catástrofe frente al desempeño de otros países de la región, pero sí resulta “mediocre” para una economía emergente como la colombiana."Lo que sí es un desastre es ver qué ocurre con la economía. Cuando uno descuenta el aporte que le genera el sector público, eso sí es un desastre. Eso demuestra que la economía privada está creciendo a tasas del 1”, afirmó el viceministro técnico de Hacienda.Para Betancur, la salida es avanzar en un ajuste fiscal que permita recuperar la confianza de los mercados, reducir las primas de riesgo y abrir espacio para la inversión privada. Advirtió que no tomar decisiones tendría consecuencias mucho más graves, pues la deuda podría superar el 80 %, los intereses absorberían una proporción cada vez mayor del recaudo y el déficit primario alcanzaría niveles insostenibles. Además, aseguró que los mercados perderían la paciencia mucho antes de llegar a ese escenario.
El viernes, 11 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación continuará con la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que busca establecer su presunta vinculación con hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia, entre ellos el denominado Bloque Metro.La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y hace parte de un expediente en el que Uribe, quien también fue gobernador de Antioquia, es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado, además de hechos relacionados con la presunta conformación de organizaciones armadas paramilitares.La primera sesión de la indagatoria se realizó el pasado 4 de septiembre en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. En esa oportunidad, el expresidente se refirió a los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” y rechazó que existieran acuerdos o favorecimientos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.A su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de "Petro-uribismo" para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la nación. Al Gobierno Petro la combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.Durante esa primera jornada, el exmandatario también hizo referencia a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro y sostuvo que, frente a cualquier ciudadano, debía garantizarse el debido proceso.“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó Uribe.La investigación tiene antecedentes en denuncias iniciadas desde el año 2000 y en una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.Dentro del expediente también se analiza la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la administración de Uribe como gobernador de Antioquia. De igual manera, se investigan los señalamientos relacionados con un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.