Luego de que este martes un juez de segunda instancia decidiera dejar en libertad, por vencimiento de términos, al exmagistrado Francisco Ricaurte capturado como presunto miembro del ‘cartel de la toga’, la Fiscalía aseguró que no se le puede atribuir “un solo día de demora” en el proceso.
El organismo explicó que, entre el 22 y 23 de septiembre del 2017, se hicieron las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento contra el exmagistrado y que 15 días antes del vencimiento de términos, específicamente, el 12 de diciembre del 2017, la Fiscalía presentó el escrito de acusación.
Dice el ente acusador que esas son las “únicas fechas que dependen de la Fiscalía”.
Finalmente, asegura que, a partir de esa audiencia de acusación, la Fiscalía ha asistido a todas las audiencias programadas, no ha solicitado ningún aplazamiento, no ha interpuesto ningún recurso autónomo y sus intervenciones han sido breves.
La pregunta entonces sería a quién o quiénes se les atribuye las demoras en las audiencias, los aplazamientos y los recursos que, de apelación en apelación, han llegado hasta el Tribunal Superior de Bogotá.
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