El cartel de la toga es el escándalo de corrupción más grande en la historia de la rama judicial que consistió en la compra y venta de condenas y absoluciones por parte de una red delincuencial conformada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, altos funcionarios de la Fiscalía y de otras entidades estatales, abogados y dirigentes políticos.En el caso del cartel de la toga, no solamente estuvieron involucrados los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, también participaron otras personas como los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, el exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, el excongresista Musa Besaile y otro largo listado de excongresistas: los primeros cobrando millones de pesos a políticos para archivar o engavetar procesos en su contra en la Corte Suprema y los segundos, cediendo a la presión y pagando ese dinero.Ocho años después de haber estallado ese escándalo, se siguen conociendo sentencias relacionadas con el caso: en las últimas horas la Sala Penal de la Corte Suprema dejó en firme la condena de 16 años y medio de cárcel contra el expresidente de ese alto tribunal, el cartagenero Francisco Ricaurte por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y utilización indebida de información privilegiada.De igual forma, la Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 9 años de cárcel contra el exmagistrado Gustavo Malo por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y prevaricato por omisión.En el caso del magistrado Gustavo Malo, la Corte Suprema tomó dos decisiones importantes: le pidió a la Fiscalía que extinga dominio de los dineros y de los bienes adquiridos con los dineros producto de la compra y venta de decisiones judiciales y además, se tendrá que publicar un resumen de la condena en un medio de circulación nacional, cuyo costo tendrá que asumir directamente Malo Fernández.En la sentencia que hoy será leída a las 8 de la mañana contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, la Corte Suprema hace una profunda reflexión lamentando que uno de sus integrantes haya concebido y ejecutado la secuencia criminal del cartel de la Toga pero advierte que destaca que pese a que el condenado fue presidente de ese Alto tribunal, la justicia terminó actuando y “el Estado ha dado muestra de su fortaleza institucional: la Constitución y la ley vinculan a todos, indistintamente de la jerarquía institucional que lleguen a ostentar”. Dice que este caso es quizás el más reprochable en la historia republicana de nuestro país y alienta a que no se repita nunca más.
Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue condenado por pertenecer a una organización que recibió dineros para beneficiar a terceros en procesos que estaban a cargo del magistrado Gustavo Malo Fernández, entre los que se encontraban los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile en el entramado judicial conocido como el cartel de la toga.La Procuraduría General de la Nación se pronunció en este caso, y pide que se mantenga vigente la condena de 16 años y 5 meses de prisión impuesta al exmagistrado de la Corte Suprema.Durante la audiencia de sustentación del recurso de casación presentado por la defensa de Ricaurte ante el alto tribunal, el procurador segundo delegado para la casación penal destacó que la sentencia emitida, tanto en primera como en segunda instancia, está respaldada por testimonios y pruebas recopiladas durante el proceso penal, por lo que no existen fundamentos para su revocación.El procurador encargado del caso también fue enfático en afirmar que el objetivo es lograr una justicia efectiva para restaurar la imagen de la judicatura, afectada por las actividades delictivas en las que estuvieron involucradas diversas personas, incluidos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.Ricaurte fue hallado culpable de formar parte de una organización que recibía sobornos para favorecer a terceros en casos a cargo del magistrado Gustavo Malo Fernández, incluyendo a excongresistas y un exgobernador. El Juez Décimo Penal del Circuito de Bogotá dictó la condena inicial y luego la confirmó el Tribunal Superior de la capital.
La sala analizó los impedimentos presentados por los magistrados para conocer las demandas de casación presentadas por la defensa del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y el fiscal 3 delegado ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.Durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en procesos penales dirigidos contra Musa Abraham Besaile Fayad, Álvaro Antonio Ashton Giraldo y Juan Carlos Abadía Campo, en el escándalo judicial conocido como "El Cartel de la Toga".La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Entre los impedimentos, se encuentra el de la magistrada Myriam Ávila, porque en su anterior condición de procuradora delegada para la investigación y el juzgamiento penal, intervino dentro de las actuaciones que adelantó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, seguida en contra de los exmagistrados de este alto tribunal José Leonidas Bustos y Gustavo Malo.La magistrada agregó que "dentro de esos procesos se presentó alegato previo a la calificación del mérito del sumario y solicitó que se profiriera la resolución de acusación en contra de Bustos y Malo".Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia declaró fundados los impedimentos expresados por estos cuatro togados para intervenir en el trámite y decisión de este asunto.
Un juez rechazó la solicitud de nulidad que interpuso la defensa del expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, contra la acusación que le formuló la Fiscalía por el delito de cohecho dentro del caso del cartel de la togaEl expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue condenado hace dos años por corrupción, dentro del famoso caso conocido como el cartel de la toga; pero resulta que el exmagistrado tiene otro proceso en su contra dentro del mismo caso, esta vez como presunto responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer.Según la fiscalía, entre 2015 y 2016, el exmagistrado Ricaurte, presuntamente, recibió dinero por intervenir para frenar los procesos que se adelantaban en la Corte Suprema contra Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, los entonces representantes a la Cámara por Putumayo y Chocó, quienes tenían como abogado a Luis Gustavo Moreno Rivera, quien también fue condenado por el cartel de la toga.Según la Fiscalía, el exmagistrado Francisco Ricaurte contactó, a través de Luis Gustavo Moreno, al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, con el cual habrían acordado que, a cambio de dinero, se abriera investigación o incluso emitiera orden de captura contra los dos congresistas.Por estos hechos, la Fiscalía acusó recientemente al exmagistrado Ricaurte, pero este lunes, 31 de julio, un juez negó la petición de la defensa, quien pedía que se declarara nula la acusación que le hizo el ente acusador. Esto es importante porque ahora Ricaurte debe ir a juicio por el delito de cohecho.Finalizando la audiencia, el abogado de Ricaurte anunció que elevará una queja al Tribunal Superior de Bogotá porque para él sí había cabida a una nulidad porque la Fiscalía no demostró circunstancias de modo, tiempo y lugar que evidenciara que el exmagistrado sí cometió ese delito.Puede ver:
La Fiscalía General de la Nación imputó al exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte como presunto responsable del delito de cohecho, al parecer, por intervenir y favorecer en varios procesos en contra de Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, en ese entonces representantes a la Cámara por Putumayo y Chocó.“En la investigación se conoció que Francisco Ricaurte, al parecer, a través de Moreno Rivera quien era el abogado de Velásquez y Córdoba, contactó al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, adscrito en su momento al despacho de Gustavo Malo Fernández, y entre ellos acordaron que, a cambio de dádivas, impediría que se expidiera orden de captura o se emitiera cualquier decisión en contra de los dos congresistas”, estableció el comunicado de prensa de la Fiscalía General de la Nación.El exmagistrado, presuntamente, estableció “honorarios” y reajustó los valores de acuerdo con la complejidad de los señalamientos y pruebas en contra de los dos representantes a la Cámara. Debido al compromiso ilegal que adquirieron ambas partes, estas personas estuvieron en indagación preliminar durante dos años sin ningún avance, cabe recalcar que Francisco Ricaurte está involucrado en el Cartel de la Toga en el que magistrados, fiscales, jueces y abogados recibieron dineros por parte de congresistas con el fin de intervenir en procesos judiciales.
La ponencia del magistrado Alfonso Cajiao confirmó que Francisco Javier Ricaurte Gómez fue excluido de la profesión de abogado porque incurrió en actos fraudulentos al servir como intermediario para afectar decisiones judiciales.La investigación disciplinaria determinó que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte Gómez actuó de manera ilícita en favor de los aforados Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Musa Abraham Besaile Fayad, Nilton Córdoba Manyoma y Argenis Velásquez Ramírez.La defensa de Ricaurte Gómez apeló la decisión de primera instancia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá al considerar que las conductas del exmagistrado habían prescrito y se violó el debido proceso al desconocer elementos de prueba.Sin embargo, el despacho del magistrado Alfonso Cajiao decidió modificar la sanción contra Ricaurte Gómez y archivar el caso respecto a Julio Alberto Manzur Abdalá, per confirmó la sanción contra el exmagistrado por los demás caos mencionados.La decisión de la comisión unidad fue remitida al Registro Nacional de Abogados para que sea ejecutada con base en los elementos juzgados.Escuche y siga el podcast Lo más Viral
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte declaró como testigo ante ese organismo por el cartel de la toga y negó conocer a Nilton Córdoba en la investigación que se adelanta en contra del excongresista.Al excongresista, la Sala de Instrucción decidió llevarlo a juicio por los supuestos pagos que hizo Nilton Córdoba de 200 millones de pesos al ‘cartel’, para evitar una orden de captura en su contra en otro proceso sobre presunto lavado de dinero, que lleva la misma Corte Suprema, luego de que el excongresista rindiera indagación y tras evaluar las pruebas, la corte decidió acusarlo formalmente.Este miércoles, 26 de enero, arrancó el inicio del juicio ante la Corte Suprema contra Nilton Córdoba Manyoma.“Mi relación con el doctor Gustavo Moreno solo fue una relación laboral, donde lo busqué para que me defendiera en términos legales y producto de esa defensa que él me iba a hacer yo me comprometí a darle una suma de dinero. Eso quiero dejarlo totalmente claro a la luz que tengo aquí enfrente del computador y a la luz de cualquier ser humano. Lo único que hice con él fue tener una relación profesional y digamos que de trabajo”, señaló Nilton Córdoba en a la audiencia.El excongresista dijo que un senador de apellido Andrade fue quien le recomendó contactar a Gustavo Moreno para que lo defendiera en los procesos que tenía en esta corte, con quien se encontró y acordaron un pago de 50-50 de los procesos por un valor total de 800 millones de pesos.También aclaró que Gustavo Moreno nunca le garantizó que los procesos iban a salir a su favor, sino que lo contrataba únicamente para su defensa.Además, señaló que el único encuentro que tuvo con Francisco Ricaurte fue en medio de una reunión con Moreno, porque justamente el exmagistrado iba entrando a la oficina del exfiscal y como Nilton Córdoba estaba con él, Moreno aprovechó y los presentó.Asimismo, dijo en la audiencia que desconocía las amistades de Gustavo Moreno con magistrados de las altas cortes y que los interrogatorios que rindió ante la corte los hizo ante el magistrado auxiliar de Gustavo Malo, Camilo Ruíz. Entretanto, Nilton Córdoba reconoció que Gustavo Moreno le iba a dar unos puestos en la Fiscalía General de la Nación. "Yo le había pedido que me ayudara con unos cupitos en la Fiscalía, él quería ser Defensor del Pueblo y yo ayudar a unos amigos del Chocó". Escuche la noticia en el siguiente audio:
La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación contra la condena impuesta al exmagistrado Francisco Ricaurte por su participación en el denominado cartel de la toga, específicamente, por los delitos concierto para delinquir, cohecho, utilización indebida de información privilegiada, tráfico de influencias de particular.En la apelación, la Fiscalía insiste en aumentar la pena que se le impuso de 19 años de prisión a 23 años de cárcel, al considerar que la pena actual no se ajusta a los delitos cometidos.“Solicito se modifique la pena impuesta al sentenciado adicionando en la proporción señalada el delito de tráfico de influencias, lo cual, aunque no es la pena que pretendió la Fiscalía en su solicitud (23 años) en este caso particular sería más acorde a los argumentos y valoración desarrollados por el señor Juez en el acápite de dosificación punitiva”, dice el documento de la Fiscalía.En las próximas semanas, el Tribunal Superior de Bogotá deberá tomar la decisión sobre si mantiene la condena de 19 años, la aumenta a 23, o la tumba como pretende su abogado con una apelación que también interpuso en esa instancia.Es preciso recordar que en este caso la justicia demostró que Ricaurte era pieza fundamental en la organización porque era quien conseguía clientes y establecía el monto a cobrarles.“Francisco Ricaurte conseguía los llamados clientes, establecía las condiciones del precio, la forma de pago, distribución de dineros, como quería presentarse al margen de los hechos delictuosos, esto no fue posible porque sus mismos socios, clientes lo delataron acogiéndose al principio de oportunidad como Gustavo Moreno, Álvaro Ashton y Musa Besaile”, dijo el juez en la sentencia.
El exmagistrado Francisco Javier Ricaurte ingresó a la historia criminal del país, como el primer expresidente de la Corte Suprema, máximo tribunal de la justicia en Colombia, en ser condenado, en su caso, por ser uno de los cerebros delincuenciales del denominado cartel de la toga.Ricaurte, oriundo de Cartagena, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, fue condenado a 19 años de cárcel y al pago de una multa de más de 440 millones de pesos, por haber cometido cuatro delitos: concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y uso indebido de información privilegiada.En una larga providencia de 194 páginas, el juez Guillermo Adame dijo que Ricaurte “actuó con pleno conocimiento de las conductas prohibidas, actuó en contrario de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía mayor mesura en sus actos”.El juez señaló que la defensa de Ricaurte no logró desvirtuar las graves acusaciones que la Fiscalía sustentó con base en documentos y testimonios.Según los investigadores, desde el 2013 hasta el 2016 Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron a Luis Gustavo moreno, Leonardo Pinilla, Gustavo Malo, entre otros, dedicada a cometer delitos relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal.La forma en la que operaba esta red criminal, implicaba reuniones de sus integrantes en casa de Ricaurte, de Bustos y en hoteles, restaurantes y fuera del país.Según la Fiscalía, Ricaurte y Moreno se conocieron por medio de Leonidas Bustos en 2013 en el apartamento de Bustos, Ricaurte le indica a Moreno la forma en la que funciona la organización criminal, indicándole cómo manejarían los procesos y detallando la manera como en adelante procederían frente a lo que ellos llamaban clientes, que eran los beneficiarios del tráfico de influencias.Ricaurte y Bustos tenían los contactos, especialmente de políticos, congresistas y gobernadores, de quienes se supiera que tuvieran investigaciones, indagaciones o procesos en la Corte o en la Fiscalía.Los servicios criminales que ofrecían desde el cartel de la toga eran muy variados: Conseguían información privilegiada de procesosRetardaban los tramitesInstrumentalizaban medios de comunicación para desacreditar testigosAlteraban evidenciasLes pagaban a funcionarios del más alto nivel para que les dieran información, para que permitieran su actuación o para que engavetaran procesos.Según los testigos, Ricaurte recibió 400 millones del exsenador Álvaro Ashton- investigado por parapolítica desde 2017.Ricaurte pidió 2 mil millones de pesos contra el exsenador Musa Besaile – en cuyo caso se frenó una orden de captura por parapolítica que el propio expresidente de la Corte conocía.Ricaurte, vía el expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, habría buscado favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.Además, habría favorecido al exsenador Julio Manzur al haberle informado anticipadamente sobre una orden de captura en su contra.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Se conoció el documento definitivo que contiene el fallo condenatorio contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, uno de los cerebros del denominado 'cartel de la toga' que recibía sobornos por información privilegiada de procesos judiciales, incidir en fallos, entre otros. Por este delito, de cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada, Ricaurte fue condenado a 19 años de cárcel. En el fallo también se ordenó una multa contra el ex magistrado por 495 salarios mínimos legales vigentes, unos $440 millones de pesos. Este es el fallo completo de 194 páginas que detalla cómo la justicia llegó a la condena, los hechos punibles, la manera cómo se lucraron Ricaurte y otros miembros de los delitos, entre otros detalles:
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.