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Entre el 21 y el 22 de abril de 2025, un equipo de policía judicial realizó diligencias en varias dependencias oficiales como parte de la indagación que se adelanta contra la canciller, Laura Sarabia.
El caso, liderado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, apunta a presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Las actuaciones en este proceso han incluido visitas Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), donde Sarabia trabajó antes de asumir su cargo actual. Allí, los investigadores recopilaron documentación sobre sus ingresos, incluyendo salarios, viáticos, compensaciones y otros pagos que haya recibido en su paso por el cargo público.
Se han dispuesto varios actos investigativos recientemente según una fuente en Fiscalía que agregó que el caso se encuentra en etapa preliminar, pero con órdenes específicas para recaudar pruebas documentales y testimoniales.
En la denuncia penal también fue mencionado Andrés Sarabia, hermano de la funcionaria, quien figura como representante legal de la empresa ALA Consulting S.A.S., constituida el 29 de junio de 2023. La red de veeduría que presentó la denuncia solicitó que se investigue a los presuntos responsables materiales e intelectuales de los hechos, con especial atención al patrimonio de los señalados desde la posesión del presidente Gustavo Petro hasta la fecha.
Además de la canciller y su hermano, la denuncia incluye a su esposo, Andrés Fernando Parra, por su presunta participación o beneficio en el entramado investigado.
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