Entre el 21 y el 22 de abril de 2025, un equipo de policía judicial realizó diligencias en varias dependencias oficiales como parte de la indagación que se adelanta contra la canciller, Laura Sarabia. El caso, liderado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, apunta a presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.Las actuaciones en este proceso han incluido visitas Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), donde Sarabia trabajó antes de asumir su cargo actual. Allí, los investigadores recopilaron documentación sobre sus ingresos, incluyendo salarios, viáticos, compensaciones y otros pagos que haya recibido en su paso por el cargo público.Se han dispuesto varios actos investigativos recientemente según una fuente en Fiscalía que agregó que el caso se encuentra en etapa preliminar, pero con órdenes específicas para recaudar pruebas documentales y testimoniales.En la denuncia penal también fue mencionado Andrés Sarabia, hermano de la funcionaria, quien figura como representante legal de la empresa ALA Consulting S.A.S., constituida el 29 de junio de 2023. La red de veeduría que presentó la denuncia solicitó que se investigue a los presuntos responsables materiales e intelectuales de los hechos, con especial atención al patrimonio de los señalados desde la posesión del presidente Gustavo Petro hasta la fecha.Además de la canciller y su hermano, la denuncia incluye a su esposo, Andrés Fernando Parra, por su presunta participación o beneficio en el entramado investigado.
La directora del Dapre, Laura Sarabia, respondió a la periodista María Jimena Duzan por los cuestionamientos en contra de su hermano, quien está señalado por un supuesto incremento ilegal de su patrimonio, apoyado en una empresa llamada ALA Consulting, que habría creado junto a la directora cuando está abandonó el Gobierno nacional por cuenta del escándalo de Marelbys Mesa.Se trata de un derecho de petición que hizo público Sarabia y que responde a 16 preguntas, entre ellas, si ha utilizado su cargo y las conversaciones con empresarios para remitirlos a su hermano Andrés Sarabia. La directora asegura que esto es falso, y que ella no recibe a empresarios para hacer negocios ni con el Gobierno ni con el Estado.En su respuesta también invita a que si estos hechos por los que se le señala pueden ser probados, sean denunciados ante las autoridades pertinentes. Se refiere además a Jaime Ramírez, su padrino de matrimonio y actual enlace de presidencia con el Congreso, quien es señalado de ser el "correo humano" para incidir ante las entidades por los contratos que supuestamente busca su hermano.Sobre esto, Sarabia escribió: "Las funciones de Jaime Ramírez no tienen nada que ver con temas contractuales".En otra de las preguntas habló de Armando Benedetti y aseguró que no es verdad que ella haya nombrado a Andrés Sarabia en la UTL de Benedetti sin que este se diera cuenta. "No sé si su pregunta insulta la inteligencia de Benedetti o la mía. De mi parte, jamás lo haría. Aunque tengo razones para no defender a Benedetti, que usted y todo el país conoce, si debo decir que una situación que duró 6 meses sin que el entonces congresista se diera cuenta seria un nivel de negligencia y de falta de decoro en el ámbito político. Usted, que lo conoce hace tiempo, pudo haberlo confirmado con el mismo", se lee en el documento.Por último, niega tener alguna injerencia en temas de nombramientos o remoción de ministros y directores de la dian en Barranquilla y Bucaramanga.
El pasado martes 23 de junio fue radicada en la Fiscalía una denuncia penal por Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia por el delito de injuria y calumnia contra el periodista Alejandro Villanueva tras la publicación de un reportaje que señalaba a Sarabia como una persona cercana al Gobierno realizando tráfico de influencias para beneficiarse económicamente por medio de una empresa que creó junto a su familia con el nombre de ALA Consulting S.A.S.En la denuncia aseguró el joven de 25 años que toda la información que ha sido divulgada no son más que rumores “No existe ni ha existido ninguna evidencia de mi intermediación en asuntos del Estado. Solo encontrarán registros de eventos sociales, que no indican nada más y nada menos. Las historietas que circulan en cadenas de WhatsApp durante meses son mentirosas, solo unos pocos mercenarios de la comunicación, sin una sola evidencia más allá de supuestas fuentes informadas", dice la denuncia penal.Asimismo, dice el documento que la empresa ALA Consulting S.A.S no ha tenido un movimiento comercial desde el año pasado y menos con el Gobierno. Además, dice que no existen evidencias concretas sobre un cambio drástico en su estilo de vida, refiriéndose a la lujosa casa que presuntamente habría adquirido en el parque de la 93 o los coches de alta gama que habría adquirido entre 2022 y 2023.“Mi estilo de vida no ha cambiado drásticamente, y mis ingresos provienen de mi trabajo en el sector privado, no de actividades ilícitas. Actualmente, vivo en un apartamento pequeño y no poseo carros de alta gama. Mis gastos, compras, viajes y demás son directamente proporcionales a mis ingresos actuales. No he realizado viajes lujosos ni poseo propiedades costosas”.Otro punto que se menciona en el documento son los nexos con los empresarios David Cure, y Carlos Niño quienes presuntamente se habrían beneficiado por el enlace con el Gobierno nacional a través de Jaime Ramírez Cobo, asesor de Laura Sarabia y el posible enlace en el Gobierno.“Nuestra relación es estrictamente profesional y basada en proyectos legales y transparentes. La oficina que frecuento en el norte de Bogotá es de Método y Derecho S.A.S, propiedad de Andrés Ávila, abogado del señor David Cure. En esa oficina no se hacen reuniones con contratistas o personas interesadas en contratar con el Estado, estas acusaciones son falsas. Lo que tengo lo he conseguido con mi capacidad para trabajar, la cual está siendo afectada por estas acusaciones infundadas", señaló. Las críticas alrededor de la empresa radican en un incremento exponencial en los últimos dos años tras su creación con un capital inicial de 6 millones de pesos.
Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) presento una denuncia ante la Fiscalía en Bogotá este martes 25 de junio. Esto surge como respuesta a acusaciones que cuestionan el aumento de su patrimonio en los últimos dos años, supuestamente vinculado a la empresa ALA Consulting S.A.S.Recientemente, Andrés Sarabia ha sido objeto de críticas por presuntamente facilitar una red de tráfico de influencias debido a su cercanía con el Gobierno. La controversia se intensificó tras la creación de ALA Consulting S.A.S. Poco después de que su hermana dejara el cargo de jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro.Las acusaciones apuntan a Juan Ramírez Cobo, amigo personal de Andrés Sarabia, quien se convirtió en asesor de Laura Sarabia y comenzó a actuar como intermediario entre la Presidencia y el Congreso, supuestamente facilitando negocios entre los empresarios Carlos Niño, David Cure y el Estado.Según los informes, Andrés Sarabia inició su carrera como asistente en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista Armando Benedetti, gracias a la influencia de su hermana. Posteriormente, utilizó métodos similares para acceder a la UTL del representante a la Cámara Santiago Osorio, miembro de la Alianza Verde y el Pacto Histórico, donde supuestamente recibía un salario mensual de aproximadamente cinco millones.La presentación de Sarabia ante la Fiscalía busca esclarecer estos señalamientos y defenderse ante las acusaciones que involucran el incremento de su patrimonio y su supuesta implicación en prácticas de tráfico de influencias. Se espera que acuda al medio día en compañía de su abogado.Diligencia de Andrés SarabiaEste martes, Sarabia instauró una denuncia por las acusaciones en su contra alrededor del aumento en su patrimonio. “Andrés Sarabia no tiene ningún vínculo con el Gobierno, ni ha usado de manera indebida el nombre de su hermana para gestionar o contratar algo. Tan es así que su derecho al trabajo lo ejerce en el sector privado, sin ningún nexo o intermediaciones con alguna agencia gubernamental, como lo han mencionado con mala fe”, afirmó el abogado por las acusaciones en su contra de aumentar su patrimonio por sus buenas relaciones con el Gobierno Petro.
La tensión aumenta en el municipio de Dagua luego de la difusión de un panfleto atribuido a disidencias de las Farc, en el que se amenaza a la gestora social Ceneibe Jaramillo Correa, señalándola como supuesto objetivo militar. En el documento, se le acusa de presuntos hechos de corrupción y se le exige abandonar el territorio en un plazo de 24 horas, bajo amenazas de posibles represalias violentas.La situación encendió las alarmas entre las autoridades y la comunidad, debido al temor de un nuevo incremento de la violencia en la región. Tras conocerse el contenido del panfleto, Ana María San Clemente, hija de la gestora social y actual alcaldesa del municipio, rechazó categóricamente las intimidaciones.“Es momento de exigirle a las autoridades celeridad en estos procesos, a la Fiscalía, a la Policía y sobre todo a la UNP y a la Gobernación del Valle para que activen las rutas de protección inmediata, se adelanten las investigaciones y se determinen los responsables de estos panfletos intimidatorios”, dijo Sanclemente.Sanclemente recordó, además, que el panorama de seguridad en la zona continúa siendo complejo, especialmente después del reciente asesinato de una concejal en el municipio de Obando, hecho que ha aumentado la preocupación frente a este nuevo caso.A su vez, la alcaldesa Karol Villarejo confirmó que, tras la aparición de las amenazas, se realizará un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y coordinar medidas de respuesta. Mientras tanto, habitantes del municipio permanecen en estado de alerta ante el riesgo de nuevos hechos violentos.
Dentro de los elementos considerados clave por la Fiscalía figuran audios y capturas de pantalla aportados por María Victoria Solarte, del grupo Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S., en los que presuntamente el mandatario solicitaría el pago de una coima equivalente al 20 % del valor de una licencia urbanística.Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, las partes debatieron sobre la legalidad y autenticidad de esas pruebas.En entrevista con Blu Radio, El abogado defensor del alcalde, Ricardo Burgos, aseguró que un peritazgo informático contratado por la defensa habría encontrado presuntas alteraciones en los audios y mensajes entregados dentro de la denuncia.“Efectivamente hicimos un peritazgo con una empresa muy reconocida también, de peritos informáticos, y lo que nos manifiestan es, primero, que toda la extracción tiene manipulación, ha sido alterada”, afirmó Burgos.La defensa también cuestionó la forma en que se realizó la extracción del material digital entregado a la Fiscalía “Resulta que en un peritazgo no pasa los parámetros legales establecidos para tal hecho” .Según su versión, el informe técnico ”advertiría que los audios no provienen de un dispositivo móvil nativo original, es decir, que fueron aportados o pasados o manipulados por varios programas”.Frente a esos cuestionamientos, el abogado Alejandro Cadena, quien representa a las presuntas víctimas y denunciantes del caso, rechazó las afirmaciones de la defensa y defendió la legalidad del material entregado.“Confiamos en la administración de justicia y en la señora Juez que es la única que conoce la gran cantidad de elementos de prueba que soportan la denuncia y la legalidad de las grabaciones.Hemos sido tan rigurosos con el manejo y cadena de custodia de las grabaciones que al día de hoy no las conoce la opinión pública, como para que la defensa diga que han sido alteradas. Es una acusación muy grave que tendría que haber probado en la audiencia y no lo hizo”, manifestó.También afirmó que “cuando se conozcan los audios no quedará duda alguna sobre su autenticidad”.Sobre el origen del conflicto, la defensa del alcalde explicó que inicialmente existía una licencia urbanística para una construcción aproximada de 600 metros cuadrados, pero posteriormente se habría solicitado una ampliación y modificaciones que, según Burgos, no fueron aprobadas porque no cumplían con requisitos.“En la alcaldía anterior a la de Víctor Gamboa les niegan una ampliación porque afectan fuentes hídricas. Entonces, estaban construyendo, al parecer, una piscina dentro de una quebrada”, afirmó.Por su parte, el abogado Cadena negó dicha versión y aseguró que la licencia inicial era válida, posteriormente se solicitó una modificación para ampliar algunos espacios del proyecto.Según explicó, al no obtener respuesta de la administración dentro de los tiempos legales, acudieron a la figura del silencio administrativo positivo, protocolizando el trámite mediante escritura pública con el objetivo de tener avances en el proyecto bajo la norma. Cuando un Tribunal suspendió ese acto, aseguran que pararon la obra y solo hicieron reparaciones menores.El representante de las víctimas también sostuvo que la denuncia señala que el alcalde habría exigido la contratación de una persona cercana e intentado pedir dinero a cambio de facilitar el licenciamiento del proyecto.De acuerdo con esa versión, tras negarse a esas supuestas exigencias, la administración habría rechazado pruebas, declarado desistida la solicitud y posteriormente emitido actos administrativos que ordenaban la demolición.Durante la diligencia, la representación de víctimas solicitó que el alcalde sea enviado a prisión argumentando presunto riesgo de reincidencia, posible obstrucción a la justicia y antecedentes relacionados con delitos contra la administración pública.Por ahora, se definirá la próxima semana si el Alcalde continuará vinculado al proceso en libertad o con una medida de aseguramiento, mientras que estas versiones opuestas deberán ser debatidas en un futuro llamado a juicio por parte de la Fiscalía.
En una operación de inteligencia considerada de alto impacto, la Policía Nacional desmanteló una red criminal dedicada a fabricar y suministrar drones acondicionados con explosivos, material bélico y tecnología de guerra al servicio de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.La ofensiva, denominada “CERCO”, fue ejecutada de manera simultánea en Bogotá, Madrid (Cundinamarca), Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá), Carmen del Chucurí y Lebrija (Santander), donde las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de esta estructura ilegal.Según la investigación adelantada por la Dirección de Inteligencia Policial, la red era la principal conexión para el aprovisionamiento y desarrollo tecnológico de drones letales utilizados en acciones terroristas en departamentos como Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá y Casanare.Entre los capturados figura alias ‘Dron’, señalado de modificar aeronaves no tripuladas, adaptar sistemas de lanzamiento de explosivos y entrenar a integrantes armados en el manejo táctico de drones para ejecutar ataques contra tropas de la Fuerza Pública y civiles.Las autoridades también establecieron que los integrantes de esta organización realizaban labores de inteligencia criminal para identificar víctimas de extorsión y secuestro, además de ubicar posibles objetivos para atentados terroristas. De acuerdo con el informe oficial, también coordinaban el traslado de personas secuestradas hacia campamentos ilegales bajo órdenes de alias ‘Antonio Medina’ y alias ‘Ruso’, cabecillas del denominado Comando Conjunto de Oriente.Durante los allanamientos, la Policía incautó más de 95 millones de pesos en efectivo, tres drones de última generación, cinco controles remotos, ochenta piezas de repuesto para aeronaves no tripuladas, un kit de gafas FPV, un sistema GPS, una antena satelital, dos antenas de largo alcance, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento digital y material propagandístico relacionado con las Farc.El director de la Policía Nacional, William Rincón Zambrano, aseguró que este resultado representa un golpe contundente contra las capacidades terroristas de las disidencias. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.
Al menos seis trabajadores resultaron heridos este viernes por un incendio en una plataforma petrolera ubicada en el Lago de Maracaibo (noroeste), el más grande de Venezuela, operada de forma conjunta por la estatal PDVSA y la firma China Concord Resources Corp (CCRC), dijo a EFE una fuente vinculada al sector.Dos de los heridos fueron trasladados hasta un hospital en la ciudad de Maracaibo (la capital del estado Zulia), mientras que otros cuatro fueron enviados a un muelle en una embarcación, sin que se conozca hasta el momento sus condiciones de salud.El incendio tuvo lugar en la planta lacustre Lamargas, ubicada en el bloque 5, donde hubo un "desperfecto en una válvula de cierre" del paso del gas, aseguró la fuente, quien pidió no ser identificada.De momento, se desconoce el número de personas que estaban en la instalación. Tampoco se ha precisado si el fuego ya fue controlado y extinguido por completo por los bomberos.Varios videos grabados por personas que se encontraban en el lugar y que fueron difundidos en redes sociales muestran el incendio que se generó en la instalación y una embarcación en labores de extinción.Además, en las imágenes difundidas se observan las quemaduras que sufrió en el torso un trabajador que se despojó de su uniforme de CCRC, mientras esperaba para ser trasladado a tierra.Hasta las 14:30 hora local (18:30 GMT), ni PDVSA ni el Ministerio de Hidrocarburos u otra fuente gubernamental se habían pronunciado sobre el accidente. Tampoco las autoridades locales.El martes, medios locales informaron de la explosión de un tramo del gasoducto principal de PDVSA en el estado Falcón (noroeste, vecino de Zulia) por una acumulación excesiva de presión en la tubería. En el hecho no se reportaron heridos o fallecidos.Los medios aseguraron que las autoridades activaron los protocolos de emergencia. La petrolera no ha reportado oficialmente este incidente.
Tres mineros fueron sacados de sus viviendas y asesinados en zona rural. Las autoridades confirmaron que dos de los cuerpos fueron hallados en el municipio de Andes y otro en la vecina localidad de Jardín. Al parecer, los responsables serían miembros del Clan del Golfo.Las autoridades confirmaron un triple homicidio registrado en las últimas horas en el corregimiento Santa Rita, zona rural del municipio de Andes.Según información preliminar, las tres víctimas, que desarrollaban labores en la mina San Miguel, fueron sacadas de sus viviendas en la madrugada por al menos cuatro hombres que pertenecerían al Clan del Golfo. El socavón está ubicado sobre la vía que conecta el casco urbano de Andes con Santa Rita.La primera víctima fue identificada como Daniel de Jesús Mazo Rivera, oriundo del municipio de Andes, cuyo cuerpo fue encontrado sobre la vía, atado de pies y manos y con impactos de arma de fuego.Los otros dos hombres también fueron ultimados con arma de fuego y abandonados varios kilómetros más adelante, uno de ellos ya en jurisdicción de la vecina localidad de Jardín.Blu Radio conoció que la principal hipótesis de las autoridades apunta a que los responsables serían miembros del Clan del Golfo por el no pago de extorsiones; sin embargo, la investigación deberá esclarecer los hechos.
