Entre el 21 y el 22 de abril de 2025, un equipo de policía judicial realizó diligencias en varias dependencias oficiales como parte de la indagación que se adelanta contra la canciller, Laura Sarabia. El caso, liderado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, apunta a presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.Las actuaciones en este proceso han incluido visitas Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), donde Sarabia trabajó antes de asumir su cargo actual. Allí, los investigadores recopilaron documentación sobre sus ingresos, incluyendo salarios, viáticos, compensaciones y otros pagos que haya recibido en su paso por el cargo público.Se han dispuesto varios actos investigativos recientemente según una fuente en Fiscalía que agregó que el caso se encuentra en etapa preliminar, pero con órdenes específicas para recaudar pruebas documentales y testimoniales.En la denuncia penal también fue mencionado Andrés Sarabia, hermano de la funcionaria, quien figura como representante legal de la empresa ALA Consulting S.A.S., constituida el 29 de junio de 2023. La red de veeduría que presentó la denuncia solicitó que se investigue a los presuntos responsables materiales e intelectuales de los hechos, con especial atención al patrimonio de los señalados desde la posesión del presidente Gustavo Petro hasta la fecha.Además de la canciller y su hermano, la denuncia incluye a su esposo, Andrés Fernando Parra, por su presunta participación o beneficio en el entramado investigado.
La directora del Dapre, Laura Sarabia, respondió a la periodista María Jimena Duzan por los cuestionamientos en contra de su hermano, quien está señalado por un supuesto incremento ilegal de su patrimonio, apoyado en una empresa llamada ALA Consulting, que habría creado junto a la directora cuando está abandonó el Gobierno nacional por cuenta del escándalo de Marelbys Mesa.Se trata de un derecho de petición que hizo público Sarabia y que responde a 16 preguntas, entre ellas, si ha utilizado su cargo y las conversaciones con empresarios para remitirlos a su hermano Andrés Sarabia. La directora asegura que esto es falso, y que ella no recibe a empresarios para hacer negocios ni con el Gobierno ni con el Estado.En su respuesta también invita a que si estos hechos por los que se le señala pueden ser probados, sean denunciados ante las autoridades pertinentes. Se refiere además a Jaime Ramírez, su padrino de matrimonio y actual enlace de presidencia con el Congreso, quien es señalado de ser el "correo humano" para incidir ante las entidades por los contratos que supuestamente busca su hermano.Sobre esto, Sarabia escribió: "Las funciones de Jaime Ramírez no tienen nada que ver con temas contractuales".En otra de las preguntas habló de Armando Benedetti y aseguró que no es verdad que ella haya nombrado a Andrés Sarabia en la UTL de Benedetti sin que este se diera cuenta. "No sé si su pregunta insulta la inteligencia de Benedetti o la mía. De mi parte, jamás lo haría. Aunque tengo razones para no defender a Benedetti, que usted y todo el país conoce, si debo decir que una situación que duró 6 meses sin que el entonces congresista se diera cuenta seria un nivel de negligencia y de falta de decoro en el ámbito político. Usted, que lo conoce hace tiempo, pudo haberlo confirmado con el mismo", se lee en el documento.Por último, niega tener alguna injerencia en temas de nombramientos o remoción de ministros y directores de la dian en Barranquilla y Bucaramanga.
El pasado martes 23 de junio fue radicada en la Fiscalía una denuncia penal por Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia por el delito de injuria y calumnia contra el periodista Alejandro Villanueva tras la publicación de un reportaje que señalaba a Sarabia como una persona cercana al Gobierno realizando tráfico de influencias para beneficiarse económicamente por medio de una empresa que creó junto a su familia con el nombre de ALA Consulting S.A.S.En la denuncia aseguró el joven de 25 años que toda la información que ha sido divulgada no son más que rumores “No existe ni ha existido ninguna evidencia de mi intermediación en asuntos del Estado. Solo encontrarán registros de eventos sociales, que no indican nada más y nada menos. Las historietas que circulan en cadenas de WhatsApp durante meses son mentirosas, solo unos pocos mercenarios de la comunicación, sin una sola evidencia más allá de supuestas fuentes informadas", dice la denuncia penal.Asimismo, dice el documento que la empresa ALA Consulting S.A.S no ha tenido un movimiento comercial desde el año pasado y menos con el Gobierno. Además, dice que no existen evidencias concretas sobre un cambio drástico en su estilo de vida, refiriéndose a la lujosa casa que presuntamente habría adquirido en el parque de la 93 o los coches de alta gama que habría adquirido entre 2022 y 2023.“Mi estilo de vida no ha cambiado drásticamente, y mis ingresos provienen de mi trabajo en el sector privado, no de actividades ilícitas. Actualmente, vivo en un apartamento pequeño y no poseo carros de alta gama. Mis gastos, compras, viajes y demás son directamente proporcionales a mis ingresos actuales. No he realizado viajes lujosos ni poseo propiedades costosas”.Otro punto que se menciona en el documento son los nexos con los empresarios David Cure, y Carlos Niño quienes presuntamente se habrían beneficiado por el enlace con el Gobierno nacional a través de Jaime Ramírez Cobo, asesor de Laura Sarabia y el posible enlace en el Gobierno.“Nuestra relación es estrictamente profesional y basada en proyectos legales y transparentes. La oficina que frecuento en el norte de Bogotá es de Método y Derecho S.A.S, propiedad de Andrés Ávila, abogado del señor David Cure. En esa oficina no se hacen reuniones con contratistas o personas interesadas en contratar con el Estado, estas acusaciones son falsas. Lo que tengo lo he conseguido con mi capacidad para trabajar, la cual está siendo afectada por estas acusaciones infundadas", señaló. Las críticas alrededor de la empresa radican en un incremento exponencial en los últimos dos años tras su creación con un capital inicial de 6 millones de pesos.
Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) presento una denuncia ante la Fiscalía en Bogotá este martes 25 de junio. Esto surge como respuesta a acusaciones que cuestionan el aumento de su patrimonio en los últimos dos años, supuestamente vinculado a la empresa ALA Consulting S.A.S.Recientemente, Andrés Sarabia ha sido objeto de críticas por presuntamente facilitar una red de tráfico de influencias debido a su cercanía con el Gobierno. La controversia se intensificó tras la creación de ALA Consulting S.A.S. Poco después de que su hermana dejara el cargo de jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro.Las acusaciones apuntan a Juan Ramírez Cobo, amigo personal de Andrés Sarabia, quien se convirtió en asesor de Laura Sarabia y comenzó a actuar como intermediario entre la Presidencia y el Congreso, supuestamente facilitando negocios entre los empresarios Carlos Niño, David Cure y el Estado.Según los informes, Andrés Sarabia inició su carrera como asistente en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista Armando Benedetti, gracias a la influencia de su hermana. Posteriormente, utilizó métodos similares para acceder a la UTL del representante a la Cámara Santiago Osorio, miembro de la Alianza Verde y el Pacto Histórico, donde supuestamente recibía un salario mensual de aproximadamente cinco millones.La presentación de Sarabia ante la Fiscalía busca esclarecer estos señalamientos y defenderse ante las acusaciones que involucran el incremento de su patrimonio y su supuesta implicación en prácticas de tráfico de influencias. Se espera que acuda al medio día en compañía de su abogado.Diligencia de Andrés SarabiaEste martes, Sarabia instauró una denuncia por las acusaciones en su contra alrededor del aumento en su patrimonio. “Andrés Sarabia no tiene ningún vínculo con el Gobierno, ni ha usado de manera indebida el nombre de su hermana para gestionar o contratar algo. Tan es así que su derecho al trabajo lo ejerce en el sector privado, sin ningún nexo o intermediaciones con alguna agencia gubernamental, como lo han mencionado con mala fe”, afirmó el abogado por las acusaciones en su contra de aumentar su patrimonio por sus buenas relaciones con el Gobierno Petro.
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira sigue dejando escenas de angustia, mientras decenas de voluntarios intentan rescatar a personas atrapadas entre estructuras colapsadas y miles de habitantes enfrentan la pérdida de sus viviendas, la interrupción de servicios básicos y la incertidumbre sobre las próximas horas.Así lo describió el diputado venezolano Jhonny Rivas durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que aseguró que la situación sobre el terreno es más grave de lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.“La situación es peor de lo que ves en los videos, de lo que está en las redes sociales”, afirmó el legislador, quien se encuentra en la zona afectada. Según explicó, el paso del tiempo aumenta la preocupación de las familias que esperan noticias de personas atrapadas bajo los escombros, debido a que las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate.Los terremotos suelen generar el mayor número de rescates durante las primeras 24 a 72 horas. Organismos internacionales especializados en gestión de riesgos han señalado históricamente que este periodo resulta decisivo para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, especialmente cuando se cuenta con equipos técnicos, maquinaria pesada y personal entrenado. Sin embargo, Rivas sostuvo que gran parte de las labores que actualmente se desarrollan en La Guaira están siendo ejecutadas por ciudadanos y grupos de voluntarios.“De cada diez personas que están tratando de ayudar, un solo bombero oficial y nueve son voluntarios trabajando sin herramientas”, señaló.Uno de los episodios que relató involucra a vecinos que lograron sacar a dos menores de entre los restos de una estructura. Según dijo, todavía habría otros niños atrapados en el lugar.“Escuchan a los otros niños pedir ayuda y están tratando de sacarlos ellos mismos”, aseguró.Viviendas destruidas y familias desplazadasEl impacto de los movimientos telúricos también habría dejado una amplia destrucción residencial en distintos sectores de La Guaira.De acuerdo con el diputado, decenas de edificaciones colapsaron tanto en el este como en el oeste del estado. “Estamos hablando de más de cincuenta o sesenta residencias que se cayeron”, afirmó.La consecuencia inmediata, según explicó, ha sido el desplazamiento de numerosas familias que hoy permanecen en espacios abiertos o buscando refugio temporal con amigos y familiares.“Hay mucha gente deambulando en las calles que no tiene para dónde ir”, dijo Rivas, quien además aseguró haber perdido su propia vivienda durante la emergencia.El temor a posibles réplicas también ha llevado a que personas cuyas casas permanecen en pie opten por pasar las noches al aire libre ante el riesgo de nuevos daños estructurales.Servicios básicos bajo presiónMás allá de los rescates, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento de los servicios públicos.Rivas afirmó que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico y enfrentan dificultades para acceder al agua potable. También advirtió sobre la presión que soportan los centros asistenciales.“Los hospitales están colapsados”, aseguró, al describir una red sanitaria que ya enfrentaba limitaciones antes de la emergencia.Los desastres naturales de gran magnitud suelen generar riesgos sanitarios asociados a la interrupción de servicios esenciales, la acumulación de escombros, la escasez de agua segura y la saturación de los sistemas de salud. Por esta razón, organismos humanitarios priorizan el envío de medicamentos, materiales médicos y equipos de atención de emergencia durante las primeras etapas de respuesta.Donaciones y apoyo ciudadanoAnte la magnitud de la crisis, diversas organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela han comenzado campañas de recolección de ayuda.Rivas indicó que parte de los insumos están siendo canalizados a través de Cáritas de Venezuela con el objetivo de facilitar una distribución organizada. Asimismo, mencionó iniciativas impulsadas desde Colombia y otras regiones para reunir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a los afectados.“La preocupación nuestra en este momento es ayudar a nuestros hermanos guaireños y venezolanos que están viviendo esta tragedia”, expresó.Mientras continúan las labores de rescate, el llamado de las comunidades afectadas se centra en acelerar la llegada de equipos especializados, fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar la atención de miles de personas que enfrentan una de las emergencias más complejas registradas recientemente en esta zona costera de Venezuela.
