La sala plena de la Corte Suprema de Justicia hizo una modificación al artículo 10 que se refiere a medidas administrativas contra magistrados que estén investigados. Esto, con el objetivo de salvar el buen nombre de la corporación.
En ese sentido, la Corte estableció que cuando un magistrado este siendo investigado por delitos graves será relevado de sus funciones sin que esto afecte su salario.
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Para ello se tendrán las siguientes opciones:
A) Suspender el reparto de expedientes al despacho de dicho magistrado y reasignar los expedientes que estén a su cargo.
B) Proponer a la sala plena el encargo de funciones a otro magistrado.
En el caso Gustavo Malo, investigado por el escándalo del cartel de la toga, la Corte esperará si el magistrado decide reintegrarse el 1 de diciembre (fecha en la que se cumple la licencia no remunerada que solicitó mientras se defiende en el proceso) o si amplía esta licencia por un mes más.
Cuando Malo regrese al Alto Tribunal, para que se aplique esta medida administrativa en su contra y sea relevado de su cargo, deberá existir una solicitud por parte de al menos cinco magistrados o por parte de la Sala Plena. Posteriormente, se escuchará al implicado y se votará la decisión.