El cartel de la toga es el escándalo de corrupción más grande en la historia de la rama judicial que consistió en la compra y venta de condenas y absoluciones por parte de una red delincuencial conformada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, altos funcionarios de la Fiscalía y de otras entidades estatales, abogados y dirigentes políticos.En el caso del cartel de la toga, no solamente estuvieron involucrados los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, también participaron otras personas como los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, el exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, el excongresista Musa Besaile y otro largo listado de excongresistas: los primeros cobrando millones de pesos a políticos para archivar o engavetar procesos en su contra en la Corte Suprema y los segundos, cediendo a la presión y pagando ese dinero.Ocho años después de haber estallado ese escándalo, se siguen conociendo sentencias relacionadas con el caso: en las últimas horas la Sala Penal de la Corte Suprema dejó en firme la condena de 16 años y medio de cárcel contra el expresidente de ese alto tribunal, el cartagenero Francisco Ricaurte por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y utilización indebida de información privilegiada.De igual forma, la Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 9 años de cárcel contra el exmagistrado Gustavo Malo por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y prevaricato por omisión.En el caso del magistrado Gustavo Malo, la Corte Suprema tomó dos decisiones importantes: le pidió a la Fiscalía que extinga dominio de los dineros y de los bienes adquiridos con los dineros producto de la compra y venta de decisiones judiciales y además, se tendrá que publicar un resumen de la condena en un medio de circulación nacional, cuyo costo tendrá que asumir directamente Malo Fernández.En la sentencia que hoy será leída a las 8 de la mañana contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, la Corte Suprema hace una profunda reflexión lamentando que uno de sus integrantes haya concebido y ejecutado la secuencia criminal del cartel de la Toga pero advierte que destaca que pese a que el condenado fue presidente de ese Alto tribunal, la justicia terminó actuando y “el Estado ha dado muestra de su fortaleza institucional: la Constitución y la ley vinculan a todos, indistintamente de la jerarquía institucional que lleguen a ostentar”. Dice que este caso es quizás el más reprochable en la historia republicana de nuestro país y alienta a que no se repita nunca más.
La Corte Suprema de Justicia aceptó los impedimentos de los magistrados Gerson Chaverra Castro, Fabio Ospitia Garzón y Hugo Quintero Bernate, en la apelación que presentó Gustavo Malo, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, por la condena de 9 años y 10 meses de prisión que le interpuso la misma corte por el escándalo de justicia conocido como el cartel de la toga.El impedimento que resolvió la Corte Suprema tras conocer la solicitud de los integrantes de la Sala de Casación Penal, de la Corte Suprema de Justicia, exponía que en la Sección Quinta del Consejo de Estado cursan varios procesos acumulados contra el acto de su elección como integrantes de la Sala de Casación Penal.En el recurso, uno de los demandantes es el abogado Iván Velásquez Gómez, quien dentro de ese proceso penal es el apoderado principal del exmagistrado José Reyes Rodríguez Casas, quien anteriormente se declaró víctima de su exjefe: el exmagistrado Gustavo Malo. En su nombre, presentó demanda de constitución civil, la cual fue admitida en primera instancia.Es por esa razón que el fallo de la Corte Suprema precisa: “La Corte ha precisado, de manera pacífica y reiterada, que cuando la oposición como contrapartes se da en un proceso diferente, el mismo tiene un carácter subjetivo y, en consecuencia, se hace necesario “(…) manifestar las circunstancias especiales surgidas entre ellos que convergen en la alteración del ánimo del juez”.Debido a que el abogado Iván Velásquez Gómez pide la nulidad de elección de estos tres magistrados y representa a José Reyes, quien ya demandó a Gustavo Malo, la Corte Suprema admitió el impedimento para que los magistrados que revisaron la apelación de Malo no participen en esta decisión.Siga y escuche Ser Campeón Viene con Manual
La Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado Gustavo Enrique Malo Fernández a la pena de nueve años, seis meses y 12 días de prisión, más el pago de una multa de 94 millones de pesos, por su responsabilidad en el denominado cartel de la toga, que consistió en vender fallos a excongresistas investigados por diferentes hechos delictivos.La Sala Especial de Primera Instancia lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión, y le negó la casa por cárcel.La Corte consideró que el exmagistrado Malo Fernández “se unió a un grupo delincuencial, con vocación de permanencia, para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades, especialmente aquellas que provienen del órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria”.Las pruebas recaudadas por la Corte permitieron establecer que por intermedio del exfiscal anticorrupción ya condenado, Luis Gustavo Moreno Rivera, y del exmagistrado también condenado, Francisco Javier Ricaurte Gómez, negoció su función como juez, recibiendo la contraprestación ilegal derivada de un acto de corrupción.En primera instancia, la Corte concluyó también que Malo Fernández cometió el delito de prevaricato por omisión, pues, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la organización delincuencial de la cual hacía parte, entre ellos, retirar del cargo al magistrado auxiliar que adelantaba la investigación contra Musa Besaile, dolosamente adoptó al interior del despacho a su cargo las medidas necesarias para retardar un acto propio de sus funciones, como lo era administrar justicia bajo los parámetros constitucionales y legales. En concreto, omitió tramitar de forma célere y eficiente las diligencias que se adelantaban contra el exsenador Musa Besaile, teniendo cabal capacidad de cumplir con su deber.A juicio de la Sala, quedó claro que el entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas, como los exsenadores Musa Abraham Besaile Fayad y Álvaro Ashton, contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas. Lo anterior, a cambio de coimas y dádivas.En esa tarea de acercamientos con los congresistas intervenían los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla Gómez, para lo cual Malo Fernández, por intermedio de Francisco Javier Ricaurte Gómez, exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, suministraba datos al grupo para que fueran utilizados al abordar a los citados congresistas.
Durante el juicio que se cumplió en la Corte Suprema, el procurador delegado José Fernando Ortega Cortés aseguró que, más allá de toda duda, el exmagistrado Gustavo Malo se concertó con los condenados Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte en una organización criminal para beneficiar a los que estaban siendo investigados en su despacho, como los congresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.El procurador basó su petición en el testimonio rendido por el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz quien dijo que, durante un cumpleaños de Francisco Ricaurte, le contó que los magistrados Ricaurte y Malo tenían interés para favorecer a los investigados para esa época Argenis Velásquez y Nilton Córdoba.Durante el juicio contra el exmagistrado, la Corte Suprema escuchó las declaraciones del exfiscal Luis Gustavo Moreno, el ex congresista Álvaro Ashton, quien reconoció la entrega de dineros para influir ilegalmente procesos ante la Corte Suprema de Justicia, que en las próximas semanas definirá si condena o no al ex magistrado Gustavo Malo Fernández.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al negar nuevamente la libertad al exmagistrado Gustavo Malo, implicado en el cartel de la toga, hizo fuertes cuestionamientos a su defensa por dilatar su juicio.El alto tribunal recordó que si la iniciación del juzgamiento se ha dilatado es exclusivamente por la cantidad de pruebas improcedentes que ha solicitado su defensa.En tal sentido recordó que fueron pedidas 22 pruebas fuera de término en abril de 2020 y en junio pidió 20, de las cuales solamente se decretaron 3, el resto fueron desestimadas ante su clara improcedencia, pues no versaban respecto hechos novedosos y resultaban impertinentes e inconducentes al no relacionarse con el marco objeto de acusación.“Lo anterior demuestra de manera incontrastable que la defensa ha venido dilatando la actuación, en particular, con las peticiones y recursos por medio de las cuales pretende ampliar el debate probatorio a través del decreto de pruebas sobrevinientes, con lo cual ha impedido que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dé traslado para alegar de conclusión y con ello, culmine la vista pública; pues de no ser así, desde el pasado 13 de julio de 2020, se habría finalizado la práctica probatoria”, puntualizó la Corte.
El exmagistrado Gustavo Malo pidió a la Corte Suprema de Justicia el cambio de dos de sus tres jueces de la sala especial de primera instancia, que lo juzga por el denominado cartel de la toga, porque considera que anteriormente conocieron y emitieron conceptos que prejuzgaron su conducta y no ofrecen imparcialidad en su juicio.La solicitud fue hecha en el marco de la audiencia que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia, específicamente por su presunta exigencia de 2.000 millones al exsenador Musa Besaile y de 1.200 al exsenador Álvaro Ashton.Malo acusó a los magistrados Blanca Barreto y Ariel Torres de no ser imparciales en su juicio.“Como claramente se evidencia de los antecedentes antes destacados, los magistrados ahora recusados, que tienen a su cargo el juzgamiento de este proceso en mi contra, emitieron conceptos extraprocesalmente cuando para entonces fungían como magistrados auxiliares dentro de la investigación previa, adelantada contra el senador Álvaro Ashton que tiene carácter sustancial", dice el magistrado."De ahí que, de manera respetuosa, solicito la separación del conocimiento de la presente actuación procesal de los doctores Ariel Torres y Blanca Barreto, en aras de garantizar la absoluta imparcialidad, la independencia de la administración de justicia y el derecho fundamental de los asociados y de los sujetos intervinientes a obtener un fallo protegido por un tribunal imparcial”, agregó Malo.La audiencia se suspendió para estudiar la solicitud hecha por el exmagistrado.
El cartel de la toga fue el nombre que se le dio a una de las peores estructuras criminales que se dedicaron a la compraventa de fallos y decisiones judiciales, conformada por magistrados, abogados, fiscales y políticos.Luego de la condena contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y de las múltiples sentencias contra el corrupto exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, todavía quedan algunas aristas pendientes por esclarecer.Casualmente, este miércoles comienza la recta final del juicio contra el exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández, quien según los documentos y testimonios, favoreció a varios políticos procesados por haber cometido presuntamente varios delitos.En el caso de quien algunos de los involucrados en el cartel de la toga identifican como el jefe de la organización, el también expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, exiliado en Canadá, se espera que en los próximos días el Senado defina si acepta la acusación que profirió en su contra la Cámara de Representantes.Luis Gustavo Moreno regresó a Colombia deportado de Estados Unidos y prometió ampliar su colaboración ante la justicia, en particular en relación con más nombres de políticos que pudieron haber pagado dinero a cambio de que engavetaran los procesos en su contra.Los casos confirmados de políticos que habrían participado en el cartel de la toga son los exsenadores Álvaro Ashton, Musa Besaile y Julio Manzur, además de los exgobernadores Alejandro Lyons y Juan Carlos Abadía.El socio de Moreno, Leonardo Luis Pinilla, ya fue condenado, al igual que el exfiscal Alfredo Bettín, adicional a las acusaciones que se adelantan contra otros dos políticos involucrados: Argenis Velásquez y Julio Gallardo.Todo el escándalo del cartel de la toga comenzó con la captura del exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Sería muy bueno para el país conocer la verdad sobre la llegada de Moreno a la cúpula directiva de la Fiscalía.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Fuentes de BLU Radio confirmaron que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno será traslado este viernes a primera hora a la Escuela de Artillería, donde permanecía antes de su extradición.En este lugar de reclusión está el exmagistrado Gustavo Malo, uno de los que enfrenta un proceso como presunto integrante del cartel de la toga por las declaraciones que ha dado Moreno a la justicia.Ya está en curso una tutela de la defensa de Moreno con la que se busca que el exfuncionario sea trasladado a Cespo por motivos de seguridad; recurso interpuesto ante la negativa de las autoridades.En el documento tutelan los derechos de Moreno a la vida, a la integridad personal, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.En su momento, el entonces director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que “la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, antes CESPO, cumple una misión especial en la capacitación, entrenamiento y formación del personal uniformado y no uniformado de la institución en diferentes ámbitos del saber y que la directora de la escuela indicó que no cuenta con la disponibilidad para recluir al Luis Gustavo Moreno Rivera, que la institución educativa se halla ocupada en un 100% de su capacidad instalada, en tal sentido la petición no puede ser atendida favorablemente por la imposibilidad planteada”.
El Consejo de Estado declaró improcedente y no concedió la libertad al exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, quien responde en el proceso por el cartel de la toga.La defensa de Malo pretendía que se le concediera la libertad provisional porque supuestamente se había prolongado de manera ilegal la privación de su libertad.Los abogados presentaron supuestas fechas en las que no se habría cumplido con los términos establecidos en la ley.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente el recurso y ahora hace lo mismo el Consejo de Estado.Luego de recordar las actuaciones de la defensa para prolongar la audiencia de juzgamiento, el alto tribunal dijo que el habeas corpus “no es una instancia adicional para obtener pronunciamiento de las partes”.Señaló que la defensa debe es interponer un recurso por vencimiento de términos, pero ante la misma Sala Especial de la Corte que impuso la medida de aseguramiento.“En todo caso, de existir una razón adicional a las ya estudiadas, el señor Mario Fernández deberá primero presentar una solicitud de libertad por vencimiento de términos, ante la sala especial de primera instancia de la corte suprema de justicia”, señaló el Consejo de Estado.
La Corte Suprema de Justicia, puntualmente la sala de Primera Instancia, aplazó una vez más la audiencia del exmagistrado Gustavo Malo en el marco de la investigación por el escándalo del Cartel de la toga.Dentro de las razones que tiene la Corte para aplazar la audiencia programada para este miércoles, se señala que para la diligencia estaba programada la declaración del exmagistrado José Leonidas Bustos y al no poderlo ubicar se decidió reprogramar para el 16 de abril.La situación jurídica del exmagistrado Bustos sigue siendo de total incertidumbre desde noviembre del 2019, cuando salió del país con rumbo, aparentemente, hacia Canadá.En su momento, tras el escrito presentado ante la Comisión de Acusación, se señaló que Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia recibió “la suma de $ 200 millones de pesos en efectivo, producto del dinero dado por el senador Álvaro Ashton como anticipo de la negociación con él adelantada”, esto, supuestamente, para afectar su proceso.Bustos en su momento también fue señalado de recibir como regalo un costoso reloj de referencia Ballon Blue de la marca Cartier de parte del exfiscal Luis Gustavo Moreno, testigo clave en este escándalo de corrupción.En agosto de 2019 se aceptó la acusación contra el exmagistrado por varios delitos como concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio, en calidad de coautor impropio.“Lo que buscamos es desmentir o desacreditar lo dicho por el testigo Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción. Vamos a solicitar pruebas como que tenemos que demostrar que Malo está vinculado a lo que se conoce como cartel de la toga por un supuesto de Moreno, una declaración sin sustento”, dijo Gustavo Malo a BLU Radio.La defensa de Malo insiste en varias tesis o argumentos:- Que nunca se perdió el expediente del cual se habló- Que Malo no habría participado en el escándalo del cartel de la toga como se señala- Insiste la defensa en que los procesos de Musa Besaile y Ashton estuvieron enmarcados en la ley y que no hubo irregularidadesVea aquí: Leonidas Bustos, dispuesto a declarar en juicio contra Gustavo Malo en Corte SupremaPor su parte, el abogado de Bustos le dijo a BLU Radio que su defendido, también en su momento señalado de pertenecer al denominado cartel de la toga, sí ha tenido intención de declarar, pero quiere hacerlo bajo certificación juramentada. Al no ser magistrado, no puede hacerlo bajo esas condiciones, sino que tiene que ser de manera presencial o por videollamada. Es decir, la Corte no acepta esa condición.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.
La Procuraduría lideró una mesa de trabajo con la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en la que se analizaron las principales dificultades que enfrentan las comunidades y las empresas en estos territorios. Con el fin de fortalecer los espacios de diálogo con el sector de hidrocarburos para prevenir y atender los conflictos que se presentan en las regiones donde operan estas empresas.El encuentro contó con la participación de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y de los procuradores regionales y provinciales de Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo y Santander.Uno de los puntos centrales fue la conflictividad relacionada con las demandas laborales, la contratación de bienes y servicios y el uso del territorio. A lo largo de los años, en distintas zonas con presencia de actividad petrolera se han registrado manifestaciones y reclamos de comunidades que buscan mayores oportunidades de empleo, participación en la contratación y beneficios asociados al desarrollo de estas actividades.Precisamente, estos reclamos están relacionados con una expectativa frecuente en los territorios: que la presencia de la industria de hidrocarburos se traduzca en desarrollo y oportunidades para las comunidades cercanas. Por esta razón, la Procuraduría busca que estas diferencias puedan ser atendidas mediante el diálogo y antes de que escalen a situaciones que afecten la convivencia o las actividades económicas.En la mesa también se abordaron las dificultades para manejar este tipo de situaciones y la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones. Por lo que, se acordó fortalecer el intercambio de información y gestionar de manera oportuna los asuntos que puedan generar conflictividad en las regiones.Con esta estrategia, la Procuraduría busca anticiparse a los conflictos, fortalecer el diálogo con las comunidades y mejorar la articulación institucional en los territorios donde está presente el sector de hidrocarburos.
Colombia continúa en riesgo de racionamiento eléctrico por cuenta del fenómeno de El Niño y del atraso en la construcción de proyectos de generación y transmisión eléctrica en el país, advirtió este jueves la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, en un discurso ante las compañías de servicios públicos.Oficialmente el sistema eléctrico del país está operando bajo un estatuto especial para evitar el racionamiento de electricidad y para cuidar el nivel de los embalses de las hidroeléctricas en medio de la escasez de lluvias."Estamos como en la cuerda floja, yo tengo que decírselos. Este Gobierno y con todos ustedes vamos a hacer hasta lo imposible por pasar esto sin ningún racionamiento, pero también quiero decirles que estamos muy vulnerables", aseguró la funcionaria.El Niño en curso, apodado SuperNiño por algunos expertos, podría ser uno de los más intensos de las últimas décadas y ya está llevando a temperaturas récord en varias regiones del país. Por ejemplo, los niveles de los ríos en la región de Antioquia ya están alcanzando bajos niveles que preocupan a las autoridades, y hay 558 municipios con riesgos para el suministro de agua.Aunque la idea del Gobierno es aumentar la generación de energía en plantas térmicas, el sistema todavía no alcanza las metas propuestas.Los riesgos para el sector se acentúan con el hecho de que la energía en firme (es decir, energía que debe ser garantizada por las empresas) está ya un 8,6% por debajo de la demanda en el país, y esa demanda está creciendo con fuerza en lugar de moderarse."La demanda es lo único que nos queda", explicó la ministra.Además, hay poco margen de maniobra ante imprevistos. La importación de gas, que ya es el 30% del consumo nacional, está operando al límite, al igual que la infraestructura de varias compañías. La situación es tan compleja que, según la ministra, un 'tubo' que se dañe podría poner a todo el país en serios aprietos.
Alerta ambiental en Santa Fe de Antioquia por la muerte de decenas de peces en el río Tonusco. Autoridades en el Occidente antioqueño investigan las causas de la mortandad que ha generado preocupación entre la comunidad.Las autoridades en el municipio de Santa Fe de Antioquia se encuentran en máxima alerta debido a la masiva mortandad de peces que se reportó en los últimos días en el río Tonusco en donde misteriosamente comenzaron a aparecer muertas algunas especies.Aunque aún no se conoce con exactitud qué ocurrió en el afluente y si la lamentable situación se reportó por los bajos niveles de agua o por la presencia de algunos elementos tóxicos en el río, avanza la investigación de los expertos para determinar qué pasó con exactitud.A la espera de los resultados exactos que arrojen las autoridades ambientales que están al frente del caso, los comerciantes y personas del común en Santa Fe de Antioquia han mostrado su preocupación por la muerte de los peces que en muchas ocasiones suelen ser el sustento de decenas de familias en esta zona del Occidente antioqueño.Sin embargo, no es la única situación que ocurre en el municipio con la fauna, ya que en articulación con la Inspección de Policía, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la Secretaría de Gobierno y el Cuerpo de Bomberos, se realizó la aprehensión preventiva de 18 semovientes en el sector Los Tendidos.Según se ha conocido, los animales quedaron bajo disposición y custodia de la Administración Municipal, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para determinar si se configura una conducta constitutiva de maltrato animal.
Las personas que buscan empleo en Bello y el norte del Valle de Aburrá tendrán una nueva oportunidad para acceder a ofertas laborales este jueves 24 de septiembre. La jornada se realizará en Parque Fabricato y reunirá a 20 empresas.La feria de empleo contará con más de 2.000 vacantes disponibles para diferentes áreas y perfiles. La actividad es organizada en alianza entre Parque Fabricato, el SENA y la Alcaldía de Bello, según la información suministrada por los organizadores.Durante la jornada, los asistentes podrán conocer las ofertas laborales disponibles, presentar su hoja de vida y establecer contacto directo con representantes de las empresas participantes. Esto les permitirá acercarse a los diferentes procesos de selección.¿Cuándo será la feria de empleo en Bello?La Feria de Empleo de Fin de Año se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.El evento tendrá como sede Parque Fabricato, en Bello, y contará con el acompañamiento del SENA y la Alcaldía de Bello. Los interesados podrán asistir durante el horario establecido para conocer las vacantes disponibles.¿Qué se necesita para participar?El principal requisito señalado por los organizadores para quienes quieran participar en esta jornada es llevar la hoja de vida actualizada.La recomendación es contar con el documento listo para presentarlo ante las empresas participantes, teniendo en cuenta que durante la feria se podrán establecer contactos relacionados con los procesos de contratación.Habrá nuevas jornadas de empleo en octubreLa actividad de este jueves no será la única jornada programada. De acuerdo con el comunicado, Parque Fabricato confirmó nuevas ferias de empleo para los días 8 y 22 de octubre.Estas jornadas hacen parte de un ciclo de actividades de empleabilidad previsto para el último trimestre del año, con el propósito de generar nuevos espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo.Datos de la feria de empleo en BelloFecha: jueves 24 de septiembre de 2026.Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.Lugar: Parque Fabricato, Bello.Vacantes: más de 2.000.Empresas: 20.Requisito: hoja de vida actualizada.Aliados: SENA y Alcaldía de Bello.
