El fiscal investigador delegado para la violencia contra los niños de la Fiscalía, Mario Gómez, habló en Mañanas BLU sobre el envío a la cárcel de los 10 trabajadores de la Fundación Peces Vivos de Ibagué por tortura a menores.
“Los niños y niñas no solo eran amarrados, sino que sus necesidades fisiológicas las tenían que hacer en las camas, eran sedados y quemados con la sopa”, narró el fiscal Gómez.
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Indicó que este tipo de prácticas delictivas se llevaron a cabo durante cerca de 1 año y medio a niños en condición de discapacidad y vulnerables, provenientes de zonas rurales.
“Cualquier práctica de esta naturaleza es la última posibilidad que se tiene. Hay que entender que las modalidades aplicadas como castigos configura el delito de tortura y lleva a pensar que son malas aplicaciones de las practicas medicas”, explicó.
El proceso de investigación continúa y las personas involucradas fueron presentadas ante los jueces para establecer los responsables de este delito que contempla penas entre 10 y 22 años de prisión.