Seis testigos fueron fundamentales para que la Corte Suprema condenara, en primera instancia, al poderoso exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos , a una pena de 7 años y 11 meses de cárcel y a una inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos. Esto, por haber favorecido los intereses de grupos paramilitares a cambio de dinero para financiar sus campañas entre 2001 y 2007.
La Corte le dio credibilidad al testimonio del exparamilitar José Raúl Mira, quien dijo que Ramos tuvo vínculos entre el 2000 y el 2003 con el Bloque Metro de las Autodefensas y con el llamado “Cartel de la Gasolina” y se comprometió a permitir que esos grupos delinquieran de manera organizada en Medellín y Bello sin oposición de la Fuerza Pública. Esto, a cambio de que le consiguieran votos y financiaran sus campañas.
Otro testigo clave fue Carlos Enrique Areiza, asesinado en 2018, quien aseguró que presenció una reunión en el 2005 en la finca Bellanita, en la que el sanguinario exjefe paramilitar Vicente Castaño le entregó 800 millones de pesos a Luis Alfredo Ramos para que financiara su campaña a la Gobernación de Antioquia.
El exjefe paramilitar Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra también declaró ante la justicia que entre 1999 y 2000 hizo un aporte a Luis Alfredo Ramos de diez millones de pesos. Esto, por medio de un amigo suyo que tenía una oficina en el Centro Comercial Oviedo.
En la sentencia, la Corte cita otros testimonios que demostrarían que las autodefensas consideraban a Luis Alfredo Ramos como uno de sus aliados en el Congreso, incluso para favorecerlos en el trámite de la ley de Justicia y Paz, que fue el marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares.
La Corte concluyó la sentencia contra Ramos señalando que “como senador tenía el deber legal de proteger a los habitantes de los grupos armados ilegales y no terminar consintiendo reglas de los violentos”.
Esta decisión de primera instancia fue respaldada por los magistrados Ariel Torres y Blanca Nélida Barreto y tuvo el voto en contra del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien explicó que en su opinión, Luis Alfredo Ramos debió ser absuelto porque los testimonios en su contra son de oídas y no se ordenaron pruebas para confirmar o desvirtuar las acusaciones en su contra.
Ramos emitió un comunicado en el que insistió en su inocencia, dijo que es víctima de falsos testigos promovidos por intereses políticos y anunció que apelará la condena proferida en su contra.
En materia política, esta sentencia es una nueva carga de profundidad en contra del uribismo, que incluso tuvo en la baraja de precandidatos presidenciales en 2014 a Luis Alfredo Ramos. En las últimas horas el Centro Democrático emitió un tímido comunicado solidarizándose con su familia y confiando en su inocencia en segunda instancia.
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