Seis días después de que la Corte Suprema de Justicia le otorgó la libertad condicional al ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien permanecía en prisión domiciliaria, ya se hizo efectiva la decisiónA menos de 3 años de cumplir la pena de 8 años en prisión que le impuso un juez por nexos con la parapolítica, el ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, ya se encuentra en libertad.Así lo confirmó por medio de su cuenta en X en la que publicó un comunicado: “Vuelvo a la libertad después de una injusta decisión propiciada por falsos testimonios de personas al margen de la ley. Sobre mi caso, la honorable Corte Constitucional, en dos ocasiones, sentenció que se me violó el Debido Proceso. En el mismo sentido se manifestó la oficina de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo", se lee en la misiva.De igual forma, el ex gobernador, quien permanecía en prisión domiciliaria, anunció que muy pronto publicará una biografía sobre Simón Bolívar que escribió durante el tiempo que estuvo privado de libertad.De igual forma, Ramos deberá informar todo cambio de residencia; comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello; y, no salir de país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.
A menos de tres años de cumplir la pena de 8 años en prisión que le impuso un juez por el delito de parapolítica, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos recuperó la libertad condicional por decisión de la Corte Suprema de Justicia.Respondiendo a un recurso de apelación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte decidió otorgarle la libertad considerando que Ramos se presentó ante las autoridades al momento de ser requerido y teniendo en cuenta, además, que “estuvo dispuesto a asumir sus obligaciones penitenciarias intramurales, observando en el lugar de reclusión y durante todo el tiempo una conducta en la mayoría de los casos ejemplar, y en otros buena, dedicado al estudio y a la creación literaria; lo que a juicio de la Sala revela un adecuado proceso de resocialización o reinserción social como función y fin último de la pena en su fase de ejecución.”Así las cosas, se revoca el auto recurrido proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, mediante el cual se le había negado la libertad condicional al sentenciado y se dispondrá librar la boleta de libertad correspondiente ante la Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bello (Antioquia)50, si es que no tiene pedido de otra autoridad.Ahora bien, para que dicha decisión quede en firme, el exgobernador deberá pagar un salario mínimo legal mensual vigente correspondiente a la caución prendaria y la suscripción del acta de compromiso, por un periodo de prueba equivalente al tiempo que resta para el cumplimiento de la pena.De igual forma, a la hora de recuperar su libertad, Ramos deberá informar todo cambio de residencia; comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello; y, no salir de país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.
Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al fiscal tercero delegado del Grupo de Falsos Testigos, José Ignacio Umbarila, el pasado 1 de junio, ahora un Juez en Medellín, tomó la misma decisión por el delito de cohecho con Esteban Ramos Maya, hijo del condenado exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.Esta historia comenzó hace siete años, en el año 2016, cuando el fiscal Umbarila fue señalado de, presuntamente, beneficiarse de recibir unos tiquetes que fueron comprados por Ramos Maya, supuestamente, para que estuviera a favor de su padre.Lo señalaron de recibir unos tiquetes por parte de Ramos hijo para que aparentemente favoreciera al papá en el caso en su contra.En su momento no solo se vinculó en el proceso judicial que duró cuatro años a Esteban Ramos Maya, si no a su esposa, Alejandra González por haberse comprado con una tarjeta de crédito a su nombre, el tiquete aéreo por $134.000 para el fiscal José Ignacio Umbarila desde Pereira a Medellín para asistir a la audiencia de verificación del preacuerdo que había hecho la Fiscalía con Juan Carlos Areiza, el testigo llamado a declarar contra el exgobernador de Antioquia condenado por parapolítica.Por el fallo en Bogotá de 67 páginas del Tribunal Superior de Bogotá, dejó sin efecto el proceso en Medellín en contra del hijo del ex senador Ramos Botero, debido a que el propósito de la compra del tiquete fue para cumplir con una audiencia previamente citada, dentro del marco de sus funciones legales y constitucionales.“Las pruebas muestran que eso no le trajo ninguna utilidad a Umbarila. La diligencia a la que se desplazó no le representó provecho alguno, en tanto la situación del procesado antes y después del viaje, continuó siendo la misma”, dictó el tribunal.Esteban Ramos Maya, celebró la decisión e insistió que nunca él o su esposa, Alejandra González, cometieron alguna irregularidad.
Para Daniel Quintero, la denuncia que hizo sobre las irregularidades de contratación en Hidroituango y la recuperación de los dineros perdidos entre aseguradores y malos manejos previos a su llegada a la alcaldía fueron como el trabajo de un cirujano que se enfrenta a un cáncer."Si nosotros no hacíamos las denuncias y no dábamos las batallas que había que dar, ese cáncer hubiera seguido ahí y si uno deja el cáncer ahí, sin tratarlo, pues termina llevándose todos los órganos; había que hacer una cirugía profunda en Medellín, a mí me tocó ser el cirujano que llegó a abrir la herida que estaba infectada, a meterme dentro del cuerpo, a sacar el tumor maligno", señaló Quintero durante su habitual consejo de Gobierno.El alcalde de Medellín se mostró de acuerdo con la citación que hizo la Corte Suprema de Justicia al exgobernador Luis Alfredo Ramos, para el 14 de junio a las 8:15 de la mañana, con el fin de realizar la acusación en su contra por el delito de interés indebido en la celebración de contratos tras haber, presuntamente, favorecido a EPM en la asignación del contrato de construcción de Hidroituango y así elegir a los constructores.Según Quintero, la determinación tomada por el exgobernador de Antioquia fue para favorecer al consorcio Consorcio CCC Ituango: "Por el direccionamiento del contrato de Hidroituango, con el ánimo que no se la ganaran ninguna de las empresas que estaban en proceso de licitación, sino que el proceso fuera de EPM, para que se lo ganaran los constructores Conconcreto, Coninsa y Camargo Correa", puntualizó el alcalde.De hecho, frente al tema reiteró algunas acusaciones que había hecho tiempo atrás en las que asegura que miembros del GEA se reunieron con él para elegir al gerente de EPM y alejarse de las decisiones de la compañía."A mí me sentaron los tres del GEA y me dijeron: sabe qué, hagamos las paces, nombre al gerente de nosotros de EPM y no hay ningún problema, no ponga la demanda para recuperar la plata, le ofrecemos esta vida tranquila, simplemente haga lo que han hecho todos los alcaldes anteriores, déjenos manejar EPM", comentó QuinteroEl escrito de acusación enviado a Luis Alfredo Ramos explica que el exgobernador “desvió el marco legal y actuó con propósitos ajenos a la entidad que representaba, se reprocha la inobservancia de los principios de imparcialidad, transparencia, buena fe, selección objetiva y responsabilidad que por virtud de la Constitución, de la ley y el reglamento estaba obligado a respetar”, posición con la que admitió estar de acuerdo el alcalde Daniel Quintero.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Blu Radio conoció el escrito de acusación de 87 páginas radicado por la Fiscalía General de la Nación contra Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, en el que lo señaló de celebrar contratos de manera directa entre EPM e Hidroituango en julio de 2010, con el propósito de favorecer a las Empresas Públicas de Medellín (EPM).Según la Fiscalía, Luis Alfredo Ramos avaló cuatro acuerdos, en los que los accionistas nombraron un nuevo gerente de Hidroituango y la junta directiva modificó el Manual de Contratación para permitir que uno de los socios, es decir, EPM, fuera designado como contratista.“El doctor Luis Alfredo Ramos intervino de manera indebida en el trámite del contrato BOOMT, dada su condición de Jefe y representante legal del ente territorial, departamento de Antioquia, y del establecimiento público descentralizado del departamento, el IDEA, que en conjunto constituían la mayor participación accionaria en la empresa de servicios públicos mixta Hidroituango SA ESP, dueña del proyecto", puntualizó el escrito de acusación conocido por Blu Radio.Dentro de la inferencia de responsabilidad descrita en el escrito de acusación, la Fiscalía reveló ocho puntuales actuaciones que involucran al exgobernador de Antioquia con las posibles irregularidades que se presentaron al contratar, presuntamente, de manera directa a EPM en un contrato celebrado con Hidroituango.Adicionalmente, se conoció que el exgobernador realizó varias visitas a la Presidencia de la República y a la Consejería de las Regiones, en mayo y junio de 2010, para recibir apoyo a la modalidad de contratación directa que fue escogida.“La acusación de la Fiscalía no solamente se encuentra plagada de errores e imprecisiones en el conocimiento de derecho administrativo, sino que les preocupa que la Fiscalía parecería haciendo un mandado a cuestionadas empresas extranjeras como Odebrecht. Igualmente, es importante recordar que los gerentes de la Sociedad Hidroituango y de EPM Ituango, que firmaron el contrato BOOMT, fueron absueltos en diciembre de 2022 por una acusación de la Fiscalía que fue ampliamente desmentida por el juez”, señalaron los abogados allegados al exgobernador de Antioquia.Por estos hechos, la Fiscalía confirmó que citó a audiencia para acusarlo formalmente el 14 de junio de 2023 a las 8:15 de la mañana.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, manifestó su frustración en redes sociales tras ser derrotado en el Concejo de la ciudad en su intención de vender las acciones de EPM en UNE.De acuerdo con el mandatario antioqueño, la decisión del Cabildo hizo que EPM perdiera 3 billones de pesos y culpó al uribismo y sus aliados de lo sucedido. Adicionalmente, pidió al Gobierno explorar la nacionalización de Tigo, con el fin, según su posición, “recuperar los recursos públicos robados”.“Centro Democrático y Fajardismo se unieron para tumbar a la ciudad. No les bastó con Hidroituango, Orbitel, Bonyic, y Antofagasta. Van por más”, escribió en sus redes antes de la votación el mandatario.Es importante recordar que actualmente EPM y el Inder son los propietarios del 51% de las acciones de Une y, a pesar de ser la Alcaldía el accionista mayoritario, es Millicom el socio que tiene el control sobre la empresa.Le puede interesar:Apelación derrotadaSe necesitaron más de 5 horas de sesión para que los concejales empezaran a votar la apelación interpuesta por la Alcaldía de Medellín para que se vendieran las acciones que tiene Empresas Públicas de Medellín en Une, siendo ese el cuarto intento por hacerlo, todos con el mismo resultado.Con tribuna llena y dividida entre quienes apoyaban la solicitud de Daniel Quintero y quienes se oponían a ella, los concejales de la ciudad tuvieron la oportunidad de escuchar las opiniones de la ciudadanía, empleados de EPM y Une y funcionarios de la Alcaldía, además de a sus compañeros, para tomar su decisión.Así fue como, después de que se enfrentaran a dos recusaciones contras los concejales Lucas Cañas y Alfredo Ramos, por tener conflictos de intereses, lo que les impediría votar y que solo se aceptara la del primero, la votación se dio en lo que el concejal Luis Bernardo Vélez llama una muestra de desconfianza hacia la gestión del alcalde Quintero.“Hay una desconfianza grande de un sector del Concejo, de un sector de la ciudad hacia el gobierno de Daniel Quintero”, explicó Vélez.Y mientras quienes dijeron no, atribuyen lo sucedido a la desconfianza, para algunos partidarios del sí, como el concejal Babinton Flórez Moreno, es evidente que la ciudad está polarizada.“Hay una polarización muy grande en la ciudad entre quienes siguen al alcalde y la oposición”, argumentó Flórez.Finalmente, la votación de 10 votos en contra y nueve a favor. Lo que generó la frustración del alcalde Quintero.Le puede interesar:
La Corte Suprema de Justicia negó la tutela del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, con la buscaba que revoquen la condena que lo mantiene privado de la libertad por supuestos nexos con grupos paramilitares entre 2001 y 2007.En la tutela, Ramos, quien había anunciado la acción durante la semana pasada en sus redes sociales, expuso que le fueron vulneradas las garantías fundamentales que terminaron en la condena.Ramos había sostenido en su condena que se basó en pruebas de contexto, apoyadas por generalidades y sin relación con responsabilidades penales individuales, violando la presunción de inocencia.Sin embargo, después de estudiarla, la Corte Suprema negó la salvaguardia reclamada.Le puede interesar:
La Corte Suprema de Justicia admitió la tutela de Luis Alfredo Ramos con la que el exgobernador de Antioquia busca que revoquen la condena que lo mantiene privado de la libertad, por supuestos nexos con grupos paramilitares entre 2001 y 2007.En la tutela, Ramos, quien había anunciado la acción durante la semanada pasada en sus redes sociales, expuso que le fueron vulneradas las garantías fundamentales que terminaron en la condena. Ramos también sostiene que su condena se basó en pruebas de contexto, apoyadas por generalidades y sin relación con responsabilidades penales individuales, violando la presunción de inocencia.Recordemos que el exfuncionario fue condenado a siete años y 11 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir por promover grupos paramilitares o 'parapolítica', pero el exgobernador desde el principio ha insistido en su inocencia y en dicha tutela señala que hubo una valoración irrazonable de testimonios en su contra y que la Corte no tuvo en cuenta retractaciones hechas por los testigos.Con esta respuesta, el exgobernador espera el fallo en primera instancia a más tardar en dos semanas. Escuche el podcast Sin Tabú:
El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero, instauró una acción de Tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia por violaciones a las garantías en su proceso por supuestos nexos con grupos paramilitares entre 2001 y 2007, por el que fue condenado a más de siete años de prisión.En un comunicado de seis puntos, Ramos señaló que que durante su proceso ha tenido múltiples y flagrantes violaciones a garantías plasmadas en la Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos, contra las sentencias dictadas en la Sala Penal, que busca nulidad de las mismas y que, según él, injustamente dieron lugar a la privación de su libertad.Según Ramos Botero, hubo condena a más de 11 años basadas en generalidades sin relación con responsabilidad penal individual, violando el principio de presunción de inocencia.Aseguró que se hizo una valoración irrazonable de testimonios que fueron incluidos como pruebas en la sentencia que no fueron presentadas en la etapa probatoria y desechando retractaciones hechas por testigos ante los propios magistrados de la Sala de Casación Penal.“Violación evidente del principio de imparcialidad por un magistrado que confesó tener alterado su ánimo en mi contra y, a pesar de ello, dictar sentencia”, señaló la misiva.Denunció que hubo filtración de dos proyectos de sentencia, lo cual es además un delito en la legislación colombiana, y que causó una “afectación grave, actual y cierta del debido proceso” de acuerdo con sentencia de unificación de la Corte Constitucional.Con esta tutela, Luis Alfredo Ramos espera que jueces constitucionales decidan en pleno Derecho con el fin de que se haga Justicia en su caso e insistió en que seguirá defendiendo su inocencia, libertad y honra hasta el último día de su vida.Escuche el podcast Sin Tabú:
Al salir en su defensa, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró que confía en que demostrarán su inocencia el exalcalde de Medellín Alonso Salazar y los otros tres imputados por presuntas irregularidades en contratos de Hidroituango.Esta defensa fue hecha por el mandatario regional luego de que la Fiscalía imputó, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, al exgobernador Luis Alfredo Ramos, al exgerente de EPM Federico Restrepo, al exgerente del Idea Álvaro Vásquez, y al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, por entregar presuntamente a dedo el contrato principal de Hidroituango a EPM.El gobernador hizo especial énfasis en Restrepo y Salazar, a quienes señaló de haber sido intachables en sus cargos públicos; el primero, como gerente de EPM y, el segundo, como alcalde.El gobernador Gaviria insistió que las decisiones en el proyecto fueron transparentes y que no hubo dolo ni culpa grave, pues se trató de una calamidad y, por eso, la aseguradora pagó 4.2 billones de pesos.Le puede interesar: escuche el podcast El Zuletazo
Momentos de pánico se vivieron en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo, en la comuna 6 de Barrancabermeja, tras la explosión de una granada de fragmentación que dejó personas heridas y obligó a las autoridades a acordonar el sector y militarizar la zona.El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó que la detonación fue causada por una granada de fragmentación de baja intensidad. A través de sus redes sociales, rechazó lo ocurrido y anunció medidas para reforzar la seguridad en el Distrito.De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde Jonathan Vásquez a través de sus redes sociales, el hecho dejó dos adultos lesionados y una adolescente de 17 años afectada por la onda explosiva. Los dos adultos fueron trasladados a la Clínica Magdalena. Gloria Santamaría Vargas presentaba lesiones en las piernas y la espalda, mientras que Grey Guillermo Moreno Manrique tenía heridas en las piernas. La menor fue remitida al Hospital Regional por aturdimiento.Tras la explosión, el mandatario rechazó el ataque y anunció medidas para reforzar la seguridad en el distrito. "No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja”, expresó Vásquez, quien confirmó la activación inmediata de un Plan Candado.Según el alcalde, se desplegaron unidades de la Policía, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad. Entretanto, el área donde ocurrió la detonación permanece acordonada y se adelantan protocolos antiexplosivos en el sector.La Administración distrital también anunció, en articulación con la Gobernación de Santander, una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. Las autoridades revisan además las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias del ataque.Una de las hipótesis que manejan las autoridades señala que hombres que se movilizaban en motocicleta estarían manipulando la granada, cuando esta cayó y se desprendió la espoleta, lo que habría provocado la detonación. Esta versión es preliminar y deberá ser establecida dentro de la investigación.La investigación deberá establecer las circunstancias exactas de la detonación, quiénes portaban el artefacto y si las personas que se movilizaban en motocicleta están relacionadas con lo ocurrido.
Estos fueron los temas tratados este 13 de octubre, en Recap Blu:Gustavo Bolívar, exsenador e integrante del Pacto Histórico, respondió a las denuncias de Eva Ferrer y Angie sobre presunto transporte de dinero y drogas por parte de Verónica Alcocer.Marta Alfonso, vocera de Fecode y defensora de derechos humanos, expuso las preocupaciones del sector sindical frente al decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella para regular la protesta social.El Gobierno ya tiene listo el nuevo decreto con el que pone el reglamento para actuar en las protestas y su accionar cuando se presenten hechos de violencia.El papa León XIV fue operado de un tumor cancerígeno en el pulmón. La cirugía fue exitosa.Balacera en el centro de Medellín dejó tres personas heridas. La Policía abatió al presunto señalado de iniciar los disparos.El partido entre Millonarios y Once Caldas fue cancelado en El Campín por el "lamentable estado" de la cancha luego del fallido intento de instalación de un nuevo campo de juego.
La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) lidera una nueva jornada de movilizaciones en el territorio nacional para manifestar su rechazo a las recientes decisiones de política educativa y al nuevo marco regulatorio sobre la protesta social. En Recap Blu Martha Alfonso, vocera del Comité Ejecutivo de Fecode y defensora de derechos humanos, detalló las motivaciones del magisterio para salir a las calles y expuso los reparos del gremio ante el decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella.Privatización de la educación y parálisis en la FiduprevisoraSegún explicó la dirigente sindical, el motivo central que unifica las demandas de los docentes es el freno al modelo de educación pública y el avance hacia esquemas de concesión privada. Alfonso denunció que, desde el Ministerio de Educación, se han publicado borradores de decretos que amenazan la naturaleza pública de las instituciones:"El Ministerio de Educación había publicado el borrador de decreto para entregar los colegios públicos en concesión, pero el problema más grave para nosotros es la privatización de la educación, que ya están todas las normas en proceso andando".Asimismo, la vocera señaló que, con la llegada del nuevo Gobierno, se presentaron cambios en la estructura de gobernanza que provocaron la cancelación de contratos clave e interrupciones en los servicios de salud y prestaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC):"Cambiaron absolutamente toda la estructura de gobernanza, pararon la contratación y lo que se había avanzado en los últimos seis meses se detuvo. Sacaron a más de 200 empleados de la Fiduprevisora y nos generó una situación bien compleja frente a la continuidad del servicio".Cuestionamientos al nuevo decreto de protesta socialEn relación con el decreto gubernamental destinado a regular las manifestaciones públicas, Alfonso criticó que la norma se expidiera pocas horas antes de su entrada en vigor, imposibilitando su socialización y la concertación de protocolos. De igual forma, cuestionó la falta de claridad en el funcionamiento de los Puestos de Mando Unificado (PMU) y la tipificación de los bloqueos viales:"Es un decreto que sale hoy para aplicar mañana sin previo conocimiento y difusión. Incluye el debate de cortes de carreteras o vías como si fueran acciones terroristas, los cuales no son eso; ya está definido por fallos constitucionales, nacionales e internacionales".La vocera argumentó además que la locución televisiva del jefe de Estado elevó la tensión de cara a las jornadas de marcha:"La forma como lo presentó en la locución presidencial el presidente de la República ya de hecho es una provocación, porque él entra amenazando y diciendo una serie de cosas de una manera que pone en cuestión cualquier forma de movilización".Gestores de diálogo y la independencia sindical frente a gobiernos anterioresAl evaluar el papel de los gestores de convivencia en las ciudades capitales, Alfonso expresó la desconfianza del movimiento social hacia el desempeño de esta figura en algunas regiones del país:"Lamentablemente los gestores de diálogo en varias partes, pero particularmente en Medellín, ha sido el peor ejemplo de garantías y de protección a los derechos humanos. Asumen tareas que son de la fuerza pública".Finalmente, ante los señalamientos de sectores de la oposición sobre la postura de Fecode durante el gobierno anterior de Gustavo Petro, la vocera desmintió que el gremio se hubiera abstenido de salir a las calles:"No es cierto [que no marcháramos]; sí se hicieron movilizaciones, paros regionales y nacionales exigiendo que se cumpliera la aplicación del acuerdo 03. Independiente de que hubiera afinidad en lo programático, también hubo exigencia de cumplimiento de varios de esos acuerdos", finalizó.Escuche la entrevista:
Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, aseguró que la exprimera dama usó naves oficiales del Goierno para transportar drogas, dinero y armas durante el periodo presidencial de Petro, hecho por el cual la Procuraduría y la Fiscalía abrieron una investigación formal para esclarecer los hechos.Ante esta situación, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, salió en defensa tanto del expresidente como todo su entorno frente a las denuncias de Ferrer y las plasmadas antes por Angie Rodríguez, además que cuestionó la falta de pruebas y pide que todo sea entregado a las autoridades pertinentes.“Porque si no tienen las pruebas, pues sencillamente están cayendo en un delito más grave, que es el de la calumnia y el de servirle a un gobierno para poner cortinas de humo en momentos en que el país está en crisis, en diferentes crisis: crisis económica, en crisis por el terremoto, la crisis por el presupuesto que acaba de presentar”, indicó.“Que muestren las pruebas”Bolívar cuestionó la decisión de hacer públicas las denuncias a través de medios de comunicación, en lugar de acudir, según dijo, a la Fiscalía General de la Nación con las pruebas correspondientes. Mencionó la existencia de procedimientos de control y registro relacionados con los vuelos de aeronaves oficiales. En su opinión, esos procedimientos hacen necesario contrastar las acusaciones con los registros correspondientes.“Entonces, y además con la gravedad que tienen esas afirmaciones, ella dice que hay unas fotos, muéstrenlas. Dice hay una foto, hay que, tienen que mostrarla. Ahora, así aparezca la foto, ¿quién le dice a usted que, porque una señora viene bajando con una bolsa, en esa bolsa qué hay dentro?”, puntualizó.Si se comprueba todo, él abandonaría el Pacto HistóricoPese a la postura de defensa del senador ante estas graves acusaciones, sí fue enfático que, en caso de que las autoridades demuestren que son ciertas, él daría un paso el costado del partido ya que esto no representa lo que tanto ha defendido a lo largo de su vida.Bolívar explicó que lleva más de una década compartiendo espacios políticos con integrantes del movimiento y que, según su experiencia, nunca tuvo indicios que le hicieran sospechar de la participación de miembros de la colectividad en ese tipo de actividades criminales.“Yo no vine a un partido donde ni siquiera en pensamientos pudiera pensarse en que aquí hay traficantes de armas y de drogas”, agregó.
Desde las 6:00 de la mañana de este miércoles, Bucaramanga tendrá un dispositivo de seguridad con 300 uniformados para acompañar la jornada de protestas convocada por docentes, sindicatos y organizaciones sociales.El anuncio lo hizo el alcalde Cristian Portilla al finalizar un consejo de seguridad en el que participaron la Policía Metropolitana, el Ejército y Migración Colombia. Según el mandatario, las capacidades de las autoridades estarán distribuidas en diferentes puntos de la ciudad para prevenir alteraciones del orden público y facilitar la movilidad.“Protestar es un derecho legítimo y constitucional”, afirmó Portilla, quien aseguró que le impartió instrucciones al general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, para garantizar el ejercicio de la manifestación dentro del marco legal y proteger la circulación de los ciudadanos.El alcalde también envió un mensaje a quienes participarán en las movilizaciones: "Bienvenida la protesta, pero no el vandalismo”, dijo el mandatario.Con esta declaración, el mandatario insistió en que se debe respetar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad, los bienes públicos y privados ni la movilidad de los demás ciudadanos.El dispositivo de seguridad contará con capacidades de la Policía, el Ejército y Migración Colombia.Los 300 uniformados estarán distribuidos en la ciudad desde las 6:00 de la mañana, de acuerdo con lo anunciado por el alcalde, para acompañar las manifestaciones y atender posibles situaciones que puedan alterar el orden público.La jornada está prevista desde las 9:00 de la mañana. Entre los recorridos anunciados se encuentra el trayecto desde la carrera 27 con calle 56 y la entrada principal de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con avance por la carrera 27 y la calle 36 hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.Se recomienda a los conductores prever posibles afectaciones en la movilidad, especialmente en los corredores por donde avanzarán los manifestantes, y estar atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito.Las autoridades reiteraron que el objetivo es permitir el desarrollo de las movilizaciones y, al mismo tiempo, proteger a quienes transitan por la capital santandereana.