En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, el concejal de Medellín Alfredo Ramos hizo duros cuestionamientos al proceso para elegir al nuevo contralor de la capital de Antioquia. Advirtió que la universidad seleccionada para escoger la terna no era la más idónea.Para tener en contexto, el pasado 11 de octubre se abrió una convocatoria para que una universidad liderara el proceso de elección del contralor; es decir, seleccionará una terna para enviar Concejo. De allí salieron los cuestionamientos, pues ganó el Tecnológico de Antioquia, siendo la menos idónea porque tiene contratos con la Alcaldía y su rector está destituido."Eso no es un concurso de méritos, fue una pantomima que hicieron acá para buscar una institución para cuidar los puestos de muchos concejales”, aseguró el concejal Ramos.Además, advirtió: “Un abogado penalista muy prestigioso denunció que ya hay personas que dicen que pueden tener acceso a las preguntas del Tecnológico de Antioquia”.Por estas irregularidades, el concejal Ramos hizo un llamado para que las distintas autoridades de control actúen de forma preventiva.“Esperamos que entes de control actúen de forma preventiva. Ojalá un juez administrativo como la Procuraduría actúen rápidamente en este proceso de convocatoria del concurso de contralor de Medellín”, añadió.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo:
El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero, confirmó que presentó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia que lo condenó a 7 años y 11 meses de cárcel.De acuerdo con el alto tribunal Ramos se alió con grupos paramilitares, entre el año 2001 y 2007, para sacar provecho político y permitir su operación en el departamento de Antioquia.Por último, dijo que confía en que en segunda instancia prevalezcan la justicia, la valoración integral de la prueba y la verdad procesal.Siga y escuche la Intérprete en Spotify:¿A qué se va a dedicar Iván Duque después de ser presidente?
Seis testigos fueron fundamentales para que la Corte Suprema condenara, en primera instancia, al poderoso exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, a una pena de 7 años y 11 meses de cárcel y a una inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos. Esto, por haber favorecido los intereses de grupos paramilitares a cambio de dinero para financiar sus campañas entre 2001 y 2007.La Corte le dio credibilidad al testimonio del exparamilitar José Raúl Mira, quien dijo que Ramos tuvo vínculos entre el 2000 y el 2003 con el Bloque Metro de las Autodefensas y con el llamado “Cartel de la Gasolina” y se comprometió a permitir que esos grupos delinquieran de manera organizada en Medellín y Bello sin oposición de la Fuerza Pública. Esto, a cambio de que le consiguieran votos y financiaran sus campañas.Otro testigo clave fue Carlos Enrique Areiza, asesinado en 2018, quien aseguró que presenció una reunión en el 2005 en la finca Bellanita, en la que el sanguinario exjefe paramilitar Vicente Castaño le entregó 800 millones de pesos a Luis Alfredo Ramos para que financiara su campaña a la Gobernación de Antioquia.El exjefe paramilitar Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra también declaró ante la justicia que entre 1999 y 2000 hizo un aporte a Luis Alfredo Ramos de diez millones de pesos. Esto, por medio de un amigo suyo que tenía una oficina en el Centro Comercial Oviedo.En la sentencia, la Corte cita otros testimonios que demostrarían que las autodefensas consideraban a Luis Alfredo Ramos como uno de sus aliados en el Congreso, incluso para favorecerlos en el trámite de la ley de Justicia y Paz, que fue el marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares.La Corte concluyó la sentencia contra Ramos señalando que “como senador tenía el deber legal de proteger a los habitantes de los grupos armados ilegales y no terminar consintiendo reglas de los violentos”.Esta decisión de primera instancia fue respaldada por los magistrados Ariel Torres y Blanca Nélida Barreto y tuvo el voto en contra del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien explicó que en su opinión, Luis Alfredo Ramos debió ser absuelto porque los testimonios en su contra son de oídas y no se ordenaron pruebas para confirmar o desvirtuar las acusaciones en su contra.Ramos emitió un comunicado en el que insistió en su inocencia, dijo que es víctima de falsos testigos promovidos por intereses políticos y anunció que apelará la condena proferida en su contra.En materia política, esta sentencia es una nueva carga de profundidad en contra del uribismo, que incluso tuvo en la baraja de precandidatos presidenciales en 2014 a Luis Alfredo Ramos. En las últimas horas el Centro Democrático emitió un tímido comunicado solidarizándose con su familia y confiando en su inocencia en segunda instancia.Escuche más noticias de Colombia y el mundo:
Este domingo, en Sala de Prensa BLU hablamos con León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, quien realizó un análisis sobre la investigación y condena a Luis Alfredo Ramos.Fundación Paz y Reconciliación fue la primera en ponerle la lupa al tema de Luis Alfredo Ramos, en ese tiempo, con ayuda de un grupo de investigadores, afirmaron que fue una investigación "muy escabrosa" porque en ese momento tenían a 83 parlamentarios vinculados con actores ilegales.También afirmó que desde el principio, Luis Alfredo Ramos estaba vinculado en el proceso en Antioquia, "le habían puesto votos en los territorios donde pagó elecciones, era un político muy importante" y el caso fue muy exitoso, pero produjo cosas muy impresionantes."Luis Alfredo Ramos unía las líneas conservadoras con el Centro Democrático. Era un candidato de lujo y tenía una influencia grande en el país", afirmó.Agregó que a Ramos lo sacaron del juego para poner a Oscar Iván Zuluaga, porque era la sombra de la parapolítica y esto finalmente terminó llevando a la cárcel.Finalmente afirmó que esta es un "historia larga y muy interesante" de un político que venía del empresariado, hizo Senado, era inteligente, pero que esa sombra de la parapolítica terminó llevándolo a la cárcel.Recordemos que La Corte Suprema de Justicia condenó a 7 años y 11 meses de cárcel al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por vínculos con grupos paramilitares, según informó el pasado viernes el alto tribunal.De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Ramos se alió con grupos paramilitares, entre el año 2001 y 2007, para sacar provecho político y permitir su operación en el departamento de Antioquia.Escuche la entrevista completa de Sala de Prensa BLU en el audio adjunto:
La sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia encontró al exsenador Luis Alfredo Ramos de responsable del delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales, luego de verificar su apoyo a las Autodefensas cuando se desempeñó como Congresista y por eso lo condenó a 7 años y 11 meses de prisión y el pago de una millonaria multa, así como la inhabilidad vitalicia para ocupar cargos públicos.La decisión es susceptible de apelación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.“Para la Sala, la valoración conjunta de los medios de prueba efectuada evidencia sin lugar a dudas los acuerdos a que llegó con comandantes de grupos de autodefensa, para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado de la República y a la Gobernación del Departamento de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007”, determinó la sentencia.La decisión mayoritaria, con registro de un salvamento de voto, concluyó que el exsenador Ramos Botero “no fue un instrumento utilizado por otras personas para la obtención de los fines que tanto él como las organizaciones paramilitares perseguían, fueron actos planeados que se gestaron a través de las distintas reuniones consolidadas durante varios años a partir de 2001, conforme lo dieron a conocer los testigos de cargo analizados”.Para la Sala Especial de Primera Instancia, también quedó demostrado que el excongresista prestó “su concurso para que la Ley de Justicia y Paz fuera más benévola para los aludidos grupos ilegales, como se discutió en el legislativo para el año 2005. En ese orden, es claro que asistió conscientemente a la reunión de la finca Bellanita, pese a no contar con autorización legal del gobierno nacional para adelantar acercamiento, diálogos o negociaciones con grupos al margen de la ley”, indicó la Corte.Agregó la sentencia que fue probado el compromiso que adquirió Ramos con las autodefensas en la reunión de la finca y en esto el testigo Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez le dio a conocer el interés de Vicente Castaño en que hiciera uso de su liderazgo en el Congreso de la República para que la Ley de Justicia y Paz les fuera más favorable.Este testimonio fue corroborado por Pablo Hernán Sierra García, otro de los jefes paramilitares presentes, aseverando que se obligaron a trabajar el proyecto como se conoció posteriormente, y la Ley de Justicia y Paz efectivamente contribuyó a las pretensiones de las AUC, pero la Corte Constitución el 18 de mayo de 2006 tumbó la sedición.“Es incontrastable que la conducta llevada a cabo por Luis Alfredo Ramos Botero, además de típica es antijurídica formal y materialmente, como quiera que al asociarse con organizaciones paramilitares por varios años y colocar la función pública a su servicio, no solo puso en peligro sino que lesionó, sin causa justificada, el bien jurídico de la seguridad pública, al contribuir con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural en el que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado buscaba salvaguardar”, señaló la sentencia.Por otro lado, la sentencia desvirtuó los argumentos de la defensa del exgobernador sobre la acción de supuestos ‘testigos falsos’, puesto que no faltaron a la verdad teniendo en cuenta que “coinciden en lo fundamental en los señalamientos contra Ramos Botero por sus coaliciones con las organizaciones al margen de la ley, grupos de los que hicieron parte los testigos, con el fin de promocionarlas y asirse de ellas para obtener sus fines electorales”.La Sala de Primera Instancia de la Corte determinó que Ramos podrá seguir gozando de su libertad hasta que la Sala Penal de esta alta corporación decida el recurso de apelación que procede contra esta decisión.Escuche la noticia completa aquí:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
La Corte Suprema de Justicia condenó a 7 años y 11 meses de cárcel al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por vínculos con grupos paramilitares, según informó este viernes el alto tribunal.De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Ramos se alió con grupos paramilitares, entre el año 2001 y 2007, para sacar provecho político y permitir su operación en el departamento de Antioquia.La sentencia, que se produce tras 10 años de investigación, dice que el exgobernador terminó promocionando a las autodefensas, concretamente con pactos con los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil.La corte manifiesta que fue comprobada la relación de Ramos con el bloque Centauros y Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, de quienes recibió dinero y apoyo político.La determinación, tomada por mayoría, ya le fue notificada al político antioqueño. Luis Alfredo Ramos alcanzó a ser precandidato presidencial por el Centro Democrático en 2018.Escuche la noticia completa aquí:En desarrollo.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema declaró infundado el impedimento presentado por el magistrado Ariel Torres para presentar el escrito definitivo de su ponencia contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, que aún enfrenta un proceso en el alto tribunal.El impedimento del togado había sido presentado un mes atrás luego de que se conociera una ponencia suya en la que pedía la condena contra el también exsenador, lo que le obligaba a apartarse del proceso porque la Corte Constitucional ya había respondido una tutela que consideraba “vulnerada la presunción de inocencia del acusado “y en alto riesgo el principio de imparcialidad en este caso”.Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema obliga al magistrado a que continúe su proceso y tenga lista su ponencia para antes de marzo de 2022, cuando se cumplirían los 20 años de este proceso y tiempo máximo para evitar que prescriba el supuesto delito de vínculos con grupos paramilitares.El exgobernador Ramos está imputado desde hace más de siete años porque cuando fue senador por el partido Conservador, en 2005, se habría reunido con paramilitares en la finca de Hugo Albeiro Quintero, más conocido como 'El Patrón de Bello', para buscar alianzas y ayuda para llegar a la Gobernación de Antioquia entre 2007 y 2011.Este proceso tuvo detenido en la cárcel a Ramos entre agosto de 2013 y noviembre de 2016, pero luego fue dejado en libertad condicional mientras se condena o se absuelve de la acusación de parapolítica.
En febrero, la Fiscalía había anunciado la imputación de cargos contra Esteban Ramos, hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y el pasado lunes se llevó a cabo la diligencia. Esto, al ser señalado como presunto responsable del delito de cohecho por la compra de unos tiquetes.Todo inició cuando en el celular del abogado Leonardo Pinilla, salpicado en el cartel de la toga y quién representó al exgobernador, encontraron unas conversaciones con Esteban Ramos, hijo del exgobernador, en las cuales se envían fotos de un tiquete comprado a favor del fiscal tercero delegado del grupo de falsos testigos, José Ignacio Umbarila, para noviembre del 2016 y con la ruta Pereira - Medellín.La Fiscalía descubrió que quien compró ese tiquete fue Esteban Ramos y que el objetivo, presuntamente, fue que el fiscal asistiera a una audiencia de preacuerdo en Medellín, en la que el exparamilitar asesinado el año pasado, Carlos Areiza, aceptaba haber declarado falsamente en contra del exgobernador Ramos vinculándolo con paramilitares.Lo que más llamó la atención de los investigadores es que el fiscal Umbarila, sabiendo que lo que había hecho no estaba permitido por la ley porque no podía recibir tiquetes de familiares de procesados, radicó un oficio en la oficina de tiquetes del búnker de la Fiscalía diciendo que él había comprado el tiquete a Medellín, lo cual, configuraría una falsedad.En febrero, cuando se pretendía hacer la imputación, los abogados de Esteban Ramos plantearon un conflicto de competencias en contra del juez de garantías de Bogotá, argumentando que los hechos fueron en Medellín. Por esta razón, la diligencia quedó aplazada hasta que la Corte Suprema de Justicia defina en qué ciudad debe hacerse. Sin embargo, meses después la audiencia se realizó ante la juez cuarta de garantías de Bogotá.Sobre el tema, Esteban Ramos se pronunció en un comunicado en el que dijo que le imputaron cargos por la compra, supuestamente irregular, de un tiquete de 134.000 pesos, negó su responsabilidad y mantuvo su inocencia.
A través de un comunicado que tituló “siempre he respondido por nuestras actuaciones y lo seguiré haciendo”, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, reaccionó a la imputación de cargos por responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría en el caso del proyecto Hidroituango.En el comunicado, Sergio Fajardo explicó que, durante las reuniones que sostuvo con los delegados de su gobierno ante la junta directiva de Hidroituango, “no revisamos decisiones técnicas de construcción porque correspondían exclusivamente a EPM”.Dijo además que la junta se dedicaba exclusivamente a sus funciones de vigilancia y control de asuntos financieros y del cronograma de la obra pues el sonado contrato de construcción, mantenimiento y operación (BOOMT), fue asumido por la empresa en 2011, un año antes de llegar al cargo.Sergio Fajardo ampliará esta versión ante la Contraloría y todos los interesados dentro de la investigación. Este es el comunicado completo.Otras reacciones El también exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien se suma a la lista de 28 imputados por la Contraloría, dijo a través de sus redes sociales comentó "Siempre he estado listo a responder con total claridad y transparencia, los requerimientos de la Contraloría…” Aseguró que nunca fue miembro de la Junta Directiva de esa Sociedad Hidroituango ni participó en las decisiones de planeación y ejecución de la obra.Un pronunciamiento que se suma al del exgerente de EPM, Federico Restrepo, que ocupó el cargo entre 2008 y 2011. Aseguró Restrepo que está atento para colaborar con la Contraloría y que confía que en las autoridades encontrarán que sus actuaciones fueron “diligentes y considerando siempre los mejores intereses de EPM e Hidroituango”.
La Contraloría tiene lista imputación de cargos contra varios involucrados en la ejecución de Hidroituango. Los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria serán investigados por su posible responsabilidad fiscal en los problemas de la mega obra. En total, serán imputados 28 de 34 funcionarios y exfuncionarios que fueron investigados sobre la aparente cadena de irregularidades de Hidroituango. El detrimento patrimonial habría sido de $ 4,1 billones de pesos, mientras que la responsabilidad fiscal sumando personas alcanzaría los 500.000 millones de pesos. Esta es la lista completa de imputados por el ente de control fiscal: La Contraloría archivó las investigaciones al exgerente de EPM Jorge Londoño, Jesús Alfonso Jaramillo, Sebastián Álvarez Díaz, Wilson Chinchilla, Hugo Mora Tamayo y la firma Gestión y Auditoría Especializada. Hallazgos de la ContraloríaDe acuerdo con el informe de la actuación especial de la Contraloría General de la República, la ausencia de generación de energía del proyecto, tiene efectos en la atención de la demanda y en los precios. "Durante la ejecución del proyecto se ha destruido valor por $2.971,40 de miles de millones con respecto a la línea base, debido a mayores inversiones sin que el proyecto haya entrado en operación. Este valor aumenta diariamente en la medida en que, con posterioridad a la entrega del último 'modelo financiero estimado después de contingencia', se han causado costos adicionales que no están incorporados en la cuantificación", indica el reporte. El informe, además, acusó la falta de resultados esperados sin justificación en situaciones externas, lo que se evidencia en el el retraso de las obras civiles y vías de acceso al proyecto, entre otras fallas. "A pesar de las estrategias implementadas por EPM, como el plan de aceleración, no se llegó a desviar el Río Cauca o poner en marcha el proyecto hidroeléctrico, dentro de los cronogramas originales", cita la publicación. Revuelo políticoTras conocerse la decisión, se produjeron reacciones en lo político, puesto que uno de los investigados es Sergio Fajardo, a quien algunas encuestas señalan como uno de los favoritos en la carrera electoral a la Presidencia de Colombia en 2022. Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Gustavo Petro, quien se presentó en las elecciones de 2018 y ocupó el segundo lugar. El político acusó a Fajardo de ser "responsable fiscal de la pérdida de casi 9 billones de pesos" y aseguró que el exgobernador de Antioquia aceleró las obras y "produjo el desastre". El diputado atlanticense Nicolás Petro, hijo del senador Petro, hizo eco de los señalamientos y tildó a Fajardo de "corrupto". Aseguró que esa sería la razón por la que el exgobernador de Antioquia impulsó el voto en blanco en la segunda vuelta presidencial de 2018. La representante del partido Alianza Verde Juanita Goebertus respondió a los señalamientos y criticó la decisión del contralor general, Carlos Felipe Córdoba. Según la congresista, el funcionario fue montado por el Gobierno y partidos tradicionales interesados en "sacar del camino" a Sergio Fajardo de la carrera a la Casa de Nariño. Además, criticó los señalamientos del senador Gustavo Petro. Escuche esta noticia en Mañanas BLU:
La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que el cuerpo de un comerciante, identificado como Fernando Monsalve, fue encontrado sin vida cerca del puente hacia la vía a Zapatoca, Santander.Según las autoridades, la víctima habría sido asesinada por tres hombres que le robaron su camión cargado de café.“Estos bandidos llegan, retienen y capturan a una persona que se encontraba manejando este camión (…) Inmediatamente logramos encadenar el caso y verificar, se logra determinar que lamentablemente hay una persona fallecida entre Zapatoca y Girón, en lo cual Medicina Legal está determinando las causas de la muerte”, informó el coronel José Jaramillo, subcomandante de la Policía de Bucaramanga.Tras una persecución, tres personas fueron capturadas luego de que fueran señaladas como los responsables del hurto y el presunto asesinato del comerciante, quien era oriundo del municipio de Betulia.
Una persona que no se identifica ni con el sexo masculino, ni con el femenino acudió a la tutela para que la Registraduría Nacional le incluya en su registro civil de nacimiento y su cédula de ciudadanía la casilla No Binario o No Específico, el juez que conoció en primera instancia le dio la razón y ordenó al organismo electoral expedir nuevos documentos.El caso fue conocido por el Juez Cuarto Administrativo de Bogotá que reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que pese a varios requerimientos hechos al Congreso para que regule el tema, el legislativo no ha hecho caso.Señala la Corte Constitucional que la clasificación clásica de hombre o mujer “que plantea un código de identificación binario, en el cual solo se puede ser hombre o mujer, es anacrónico y propicia la discriminación de otras identidades”.El juez consideró este argumento y señaló que “Precisamente, aquellas personas que como el accionante de esta tutela, no se perciben o encuadran dentro del código de identificación binaria de “hombre” o “mujer”, se ven sometidas a la negativa de la autoridad registral de declarar dicha situación en sus documentos de identificación. Ante esta situación, el juez de tutela no puede desempeñar un papel pasivo, sino que está en la obligación de proveer la defensa de los derechos fundamentales eventualmente vulnerados, pues no podría aceptarse la existencia de derechos sin protección judicial”, indica el fallo.A pesar de que el organismo electoral contestó la tutela diciendo que no había una regulación legal en este sentido y no podía incluir una casilla adicional al género, el juez ordenó a la Registraduría hacerlo en un término máximo de tres meses.El fallo de primera instancia podrá ser impugnado por la Registraduría y eventualmente llegar a la Corte Constitucional para que en una revisión reafirme su jurisprudencia en este tema.Escuche y siga las noticias de Colombia y el mundo:
Este es el resultado del sorteo Dorado Tarde del lunes, 24 de enero, sorteo que se realizó a las 3:30 de la tarde.El número ganador de Dorado Tarde, fue 4800, según publicó el sorteo en Facebook.Resultados del chance del 24 de enero:Antioqueñita 2: 2096Dorado Tarde: 4800Motilon Tarde: 0867Caribeña Día: 2109Pick 4 Día: 9227Pick 3 Día: 333Sinuano Día: 9451Astro Sol: 2669 - VirgoCulona Día: 3534Pijao de Oro: 8575Paisita Día: 1304Chontico Día: 3229Fantastica Día: 7754Saman: 2515Cafeterito Tarde: 6571Dorado Mañana: 4613Antioqueñita 1: 4859Pick 4 Noche: 8612Pick 3 Noche: 007Cafeterito Noche: 2077Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La Policía italiana ha arrestado hoy a 16 personas en seis ciudades del país en una operación contra una red de tráfico de drogas que importaba ingentes cantidades de estupefacientes de Colombia, tras su paso por España, informaron los carabineros.La operación denominada "El Dorado", como el aeropuerto de Bogotá del que provenía la droga, se llevó a cabo desde primeras horas en las provincias de Cagliari, Turín, Roma, Pescara, Varese y Oristano después de que un juez de Cerdeña emitiese, a petición de la Fiscalía, 12 órdenes de detención y 4 de arresto domiciliario bajo la acusación de asociación criminal dirigida al tráfico ilegal de drogas.Los agentes también están ejecutando varias incautaciones preventivas de bienes, relativas, entre otras cosas, a numerosas cuentas corrientes, cajas de seguridad, numerosas propiedades y objetos de valor, todo ello en proceso de 24 registros domiciliarios de las principales personas identificadas en la investigación, explicaron los carabineros en un comunicado.La investigación tiene su origen en una gran incautación de cocaína con destino a Cerdeña que se produjo en el aeropuerto "El Dorado· en septiembre de 2016 y tras la que se reconstruyó la existencia de tres intermediarios residentes en la región italiana de Piamonte que iban conseguir que la cocaína llegase a la isla italiana desde España.Además de las detenciones de hoy, la investigación iniciada en 2016 ha permitido el arresto de otras 17 personas vinculadas a la red de traficantes, así como la incautación de 1.200 kilogramos de hachís, 6,5 de marihuana y 5,1 de cocaína.
