La Procuraduría imputó dos cargos a Alejandro Lyons Muskus. El primero está relacionado con un posible incremento injustificado de su patrimonio.
Al parecer, habría permitido a la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S. que se beneficiara de la misma manera con la prestación de servicios para atender pacientes con hemofilia, que pagaba la Gobernación de Córdoba en los recobros de los medicamentos no POS de las vigencias 2013 – 2015.
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La tesis de la Procuraduría es que la gobernación y la Secretaría de Desarrollo de Salud perdieron la facultad de disponer de dichos recursos y estos quedaron bajo el control de terceros que no habían prestado el servicio.
En el segundo cargo, la Procuraduría le reprochó al entonces gobernador haber aceptado dinero, presuntamente, por realizar un acto propio de sus funciones, durante los años 2013 a 2015. La audiencia pública será este miércoles.