La Secretaría Distrital de Salud anunció el fortalecimiento de las medidas de vigilancia epidemiológica en Bogotá ante el incremento de casos de sarampión en el continente y el regreso de miles de viajeros internacionales tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. La estrategia busca detectar oportunamente posibles casos importados, evitar cadenas de transmisión y mantener a la ciudad libre de contagios autóctonos.De acuerdo con la entidad, durante 2026 la Región de las Américas ha confirmado 43.356 casos de sarampión y 42 fallecimientos. En Colombia, con corte al 4 de julio, se han notificado 1.390 casos sospechosos, de los cuales 13 fueron confirmados: siete importados y seis asociados a la importación. En Bogotá se han registrado siete casos confirmados, cinco importados y dos relacionados con estos, sin evidencia de transmisión local.Las autoridades explicaron que cada caso sospechoso activa un protocolo que incluye investigación epidemiológica, toma de muestras, identificación y seguimiento de contactos, aislamiento de los pacientes y cercos vacunales para contener la propagación del virus. La Secretaría de Salud señaló que estas acciones, junto con las coberturas de inmunización, han permitido evitar brotes en la capital.La entidad también advirtió que el sarampión puede presentarse con síntomas atípicos, por lo que recomendó buscar atención médica ante la presencia de fiebre y brote o erupción en la piel, especialmente si la persona viajó recientemente al exterior o tuvo contacto con viajeros internacionales. En estos casos, la recomendación es permanecer aislado, usar tapabocas, evitar asistir a lugares públicos y comunicarse previamente con la EPS o con la Línea 137 para recibir orientación.Como medida de prevención, la Secretaría recordó que la vacuna triple viral debe aplicarse a los 12 meses de edad y reforzarse a los 18 meses. Además, todos los menores de 10 años deben contar con dos dosis, mientras que las personas nacidas entre 2010 y 2019 deben recibir una dosis adicional contra el sarampión. Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación y mantendrá el seguimiento a viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en las terminales terrestres para reducir el riesgo de nuevos casos.
Una ambulancia fue sellada en Floridablanca durante un operativo de inspección realizado por la Secretaría de Salud, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y la Dirección de Tránsito y Transporte para verificar que los vehículos destinados al traslado de pacientes cumplan con las condiciones técnicas y legales exigidas para operar.Durante la jornada, las autoridades revisaron la documentación, la dotación, los equipos biomédicos, los insumos y las condiciones generales de las ambulancias de atención básica y medicalizada que prestan servicio o circulan por el municipio.Como resultado de las inspecciones, una de las ambulancias, procedente de Barrancabermeja con un paciente de ese municipio, fue suspendida temporalmente al detectarse que no contaba con los insumos mínimos requeridos para garantizar una atención segura a los pacientes. Según el reporte oficial, no tenía infraestructura adecuada, el desfibrilador externo automático y tampoco concepto sanitario. La Secretaría de Salud de Floridablanca hizo las observaciones y fue direccionado el caso a la Secretaría de Salud de Barrancabermeja.Además, otros vehículos presentaron observaciones y deberán subsanar las inconsistencias encontradas por las autoridades sanitarias.La secretaria de Salud de Floridablanca, Alexandra García, explicó que este tipo de operativos busca verificar que todas las ambulancias cumplan con los estándares establecidos en la Resolución 3100 de 2019, norma que regula las condiciones de habilitación de los servicios de salud en el país.La funcionaria indicó que “cuando se detectan incumplimientos se realizan los requerimientos correspondientes y, dependiendo de la gravedad de las fallas, pueden adoptarse medidas como el sellamiento temporal del servicio o la inmovilización del vehículo con el apoyo de las autoridades de tránsito”.Por su parte, la coordinadora del Sistema de Emergencias Médicas de Floridablanca, Mónica Córdoba Monsalve, advirtió que una ambulancia que no cuente con la dotación e insumos exigidos representa un riesgo para la atención de pacientes en situaciones de emergencia, por lo que insistió en la importancia de que los prestadores cumplan con todos los requisitos técnicos y operativos.La Secretaría de Salud anunció que estos operativos continuarán realizándose de manera periódica con el propósito de fortalecer el control sobre el transporte asistencial y garantizar que los usuarios reciban un servicio seguro y con las condiciones exigidas por la normatividad vigente.
En un esfuerzo por descentralizar y fortalecer el sistema de salud en el oriente colombiano, el departamento de Santander asumió el liderazgo de la Coordinación Regional No. 4 de la Red de Donación y Trasplantes. Esta alianza estratégica, operada a través de la Secretaría de Salud departamental, unifica las acciones de cuatro departamentos (Arauca, Cesar, Norte de Santander y Santander) con un objetivo claro: derribar las barreras de acceso a los trasplantes y optimizar la respuesta ante potenciales donantes.El impacto de este trabajo articulado entre autoridades sanitarias, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y bancos de tejidos ya se refleja en las cifras de la actual vigencia. De acuerdo con el balance oficial, se han identificado y atendido 121 alertas de posibles donantes en la región. El despliegue operativo ha permitido canalizar estas alertas con alta efectividad, consolidando un total de 20 donantes efectivos de órganos y tejidos, sumados a 24 donantes efectivos de tejidos. Estas cifras se traducen directamente en nuevas oportunidades de vida y tratamientos médicos para decenas de pacientes que permanecen en las listas de espera del país.El éxito de la gestión radica en el acompañamiento técnico directo a las IPS generadoras. La estrategia se ha centrado en optimizar la identificación temprana y notificación oportuna de los donantes, además de garantizar el estricto cumplimiento de la legislación que regula esta actividad en Colombia.“La articulación entre las instituciones de salud, las entidades territoriales y la Red de Donación y Trasplantes es fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema y garantizar que cada oportunidad de donación pueda convertirse en esperanza para quienes esperan un trasplante”, explicó Gilma Yaneth Alba Guio, Referente de la Regional No. 4 de la Red de Donación y Trasplantes.A pesar de los avances técnicos, las autoridades recuerdan que el factor humano sigue siendo el eslabón más importante de la cadena. Desde la Regional No. 4 se hace un llamado vehemente a la comunidad para romper mitos, informarse y, sobre todo, manifestar la voluntad de ser donantes en el núcleo familiar.“Donar es un acto de generosidad”, enfatizó la funcionaria, quien además recordó los canales oficiales para que los ciudadanos formalicen su decisión. Los interesados pueden realizar el registro oficial de forma digital a través de la página web del Instituto Nacional de Salud (INS), o bien tramitarlo de manera presencial en las oficinas de la Regional Número 4 de trasplantes, ubicadas en Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, ubicada en Floridablanca.Las personas interesadas en conocer más acerca de la donación de órganos pueden escribir al correo electrónico donacionytrasplantes@santander.gov.co o pueden comunicarse al celular 300-9165070.
La Superintendencia Nacional de Salud identificó 48 presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud de Santander tras una auditoría realizada por un equipo técnico liderado por el Superintendente Delegado (E) para Entidades Territoriales y Generadores, Juan Duque.De acuerdo con los resultados preliminares del proceso de inspección, vigilancia y control, se evidenciaron fallas en diferentes procedimientos que son responsabilidad de la autoridad sanitaria departamental, especialmente en labores relacionadas con la habilitación y supervisión de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).Entre los principales hallazgos reportados por la Supersalud se encuentran retrasos en la realización de visitas de habilitación a centros asistenciales, falta de seguimiento a algunos prestadores de servicios de salud y omisiones frente a situaciones que podrían comprometer la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.La entidad nacional señaló que estas situaciones podrían afectar la capacidad de vigilancia y control sobre los servicios de salud que se prestan en el departamento, por lo que los hallazgos serán objeto de evaluación para determinar las acciones administrativas a que haya lugar.La auditoría hace parte de las funciones de inspección y control que ejerce la Superintendencia Nacional de Salud sobre las entidades territoriales encargadas de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de salud en las regiones.La supervisión de las IPS, los procesos de habilitación y el seguimiento permanente a la prestación de los servicios son considerados aspectos fundamentales para asegurar que los usuarios reciban atención en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.Los hallazgos conocidos se producen en un momento en el que el sistema de salud enfrenta múltiples desafíos relacionados con la capacidad de atención, el acceso a los servicios y la sostenibilidad financiera de las instituciones prestadoras.La Superintendencia continuará con la revisión de la información recopilada durante la auditoría para establecer las medidas correctivas necesarias y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Secretaría de Salud de Santander.Entretanto, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la administración departamental frente a las observaciones realizadas por el organismo de control y las acciones que serán implementadas para subsanar las presuntas irregularidades detectadas.
La Secretaría Distrital de Salud declaró la alerta amarilla en toda la red hospitalaria pública y privada de Bogotá con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La medida comenzará a regir desde las 6:00 de la tarde del viernes 19 de junio y se extenderá hasta la misma hora del lunes 22 de junio, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios médicos y una respuesta oportuna ante posibles emergencias durante la jornada electoral.La declaratoria establece que las instituciones prestadoras de salud deberán reforzar su capacidad operativa, disponer de personal adicional ante posibles ausencias o aumento en la demanda, asegurar medicamentos e insumos suficientes y mantener activos los sistemas de referencia y contrarreferencia para facilitar la atención de pacientes. Además, se pidió agilizar la recepción de personas trasladadas en ambulancias para permitir que estos vehículos regresen rápidamente al servicio.Desde la Secretaría de Salud se indicó que toda la capacidad hospitalaria de la capital estará coordinada para atender cualquier situación que pueda presentarse durante el proceso electoral. José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres, hizo un llamado a los gerentes y directores de las IPS para cumplir las directrices de la alerta, optimizar los tiempos de atención en urgencias y mantener comunicación permanente con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).Como parte del despliegue preventivo, el Distrito contará con presencia institucional en el Comité Operativo de Emergencias (COE) del C4 y acompañamiento directivo en el CRUE. También se dispondrán ambulancias médicas en puntos de alta concentración de ciudadanos: una Unidad de Transporte Asistencial Medicalizada (TAM) en la Plaza de Bolívar, otra en Corferias y una Unidad de Transporte Asistencial Básica (TAB) en Unicentro.Adicionalmente, la Cruz Roja dispondrá cinco ambulancias de apoyo logístico y habrá un equipo de respuesta a emergencias disponible las 24 horas, junto con personal encargado del seguimiento al transporte externo y la operación de las IPS. La Secretaría recordó a los ciudadanos que, ante cualquier urgencia en salud, está habilitada la línea 137, disponible todos los días de la semana.Con esta medida, las autoridades buscan fortalecer la capacidad de reacción del sistema de salud de Bogotá durante una jornada de alta movilización ciudadana y garantizar atención oportuna ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante las elecciones.
Bogotá sumó un nuevo punto de atención especializada en salud este 2 de junio. El Distrito puso en funcionamiento el octavo Servicio Especializado Resolutivo (SER) de la ciudad, ubicado en la localidad de Chapinero, que tendrá atención integral para mujeres, población diversa y pacientes con dolores crónicos.El nuevo centro hace parte de la implementación del Modelo Distrital de Salud MAS Bienestar. De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estos servicios buscan evitar que los pacientes tengan que recorrer largas distancias o enfrentar trámites prolongados para acceder a especialistas. La apuesta, explicó, es que las personas encuentren atención integral cerca de sus viviendas y puedan resolver sus necesidades médicas de manera más rápida.Al SER Chapinero podrán acceder pacientes afiliados a Capital Salud y usuarios de EPS con contratos vigentes con las subredes públicas. Además, el Distrito busca ampliar acuerdos con otras entidades para facilitar la atención de personas que vivan cerca de este nuevo punto de salud.Uno de los componentes principales del SER Chapinero es la Ruta Mujer, una estrategia diseñada para brindar atención integral a mujeres desde la adolescencia hasta la vejez.El programa incluye servicios de medicina general, enfermería, salud mental, salud sexual y reproductiva, controles prenatales, planificación familiar, vacunación, citologías, pruebas de ADN para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH), mamografías y evaluaciones de riesgo cardiovascular.Además, incorpora un enfoque diferencial dirigido a mujeres pertenecientes a comunidades étnicas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y población con necesidades específicas relacionadas con género y diversidad.La estrategia también se articulará con entidades distritales como la Secretaría de la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), comisarías de familia, casas de justicia y universidades, con el propósito de ofrecer una atención más integral.Clínica de Género para atención libre de barrerasEl nuevo SER también fortalecerá la Clínica de Género de la Subred Norte, un servicio orientado a personas mayores de edad con identidades y expresiones de género diversas que desean iniciar procesos de afirmación de género.La atención será interdisciplinaria e incluirá medicina general, endocrinología, ginecología, psiquiatría, psicología, trabajo social, urología y cirugía plástica, además de acompañamiento psicosocial y seguimiento durante procesos de hormonización y adecuación corporal.Cifras del Distrito indican que entre 2023 y 2025 se realizaron 1.411 atenciones en esta clínica, mientras que durante 2026 ya se registran 929 adicionales, para un total acumulado de 2.340 servicios prestados.Medicina alternativa para pacientes con dolor crónicoEl SER Chapinero también incorporará terapias complementarias dirigidas a personas con dolor crónico y enfermedades osteomusculares. Dentro de la oferta estarán servicios como acupuntura, terapia neural y otras prácticas asociadas a la medicina tradicional china, articuladas con tratamientos clínicos especializados.Estos servicios estarán enfocados en pacientes con enfermedades como fibromialgia, migraña, dolor neuropático, enfermedades degenerativas osteoarticulares y secuelas funcionales persistentes.
La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) y la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología (SCA) manifestaron su preocupación por la realización de tatuajes bajo sedación en establecimientos que no cuentan con habilitación como servicios de salud, y advirtieron sobre los riesgos que esta práctica puede representar para la seguridad de las personas.A través de un comunicado, las organizaciones respaldaron las acciones de verificación adelantadas por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en establecimientos donde presuntamente se estarían realizando procedimientos de tatuaje con sedación sin cumplir con los requisitos técnicos y sanitarios exigidos por la normatividad vigente.Las entidades recordaron que la sedación constituye una modalidad de anestesia que puede generar alteraciones en el nivel de conciencia, compromiso de la vía aérea, depresión respiratoria e incluso la necesidad de procedimientos más complejos, como la intubación. Por esta razón, indicaron que su administración requiere valoración médica previa, monitoreo continuo, capacidad de respuesta ante emergencias y la intervención de médicos especialistas en anestesiología.Según la S.C.A.R.E. y la SCA, los estudios de tatuaje y otros espacios no habilitados como servicios de salud no reúnen las condiciones necesarias para realizar este tipo de procedimientos de manera segura. En consecuencia, insistieron en que la sedación para tatuajes debe efectuarse únicamente en entornos autorizados y bajo los estándares técnicos establecidos.Las organizaciones también solicitaron a la Secretaría Distrital de Salud revisar posibles reportes relacionados con esta práctica y abordar el tema en el Comité Seccional para el Control del Ejercicio de la Anestesiología del Distrito, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 6ª de 1991 y su reglamentación.Finalmente, hicieron un llamado a los profesionales de la salud, a los anestesiólogos y a la ciudadanía para que cualquier procedimiento que implique sedación se realice exclusivamente en escenarios habilitados, con personal idóneo y bajo condiciones que garanticen la seguridad de los pacientes.
La Secretaría de Salud de Bogotá aseguró que mantiene activo el monitoreo epidemiológico y los protocolos de vigilancia sanitaria frente al brote del virus del Ébola Bundibugyo reportado en la República Democrática del Congo y Uganda, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.Según la Secretaría, aunque el brote ha generado alerta global por tratarse de una variante poco frecuente del virus, el riesgo actual para la capital continúa siendo bajo y no existen restricciones para viajeros, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS.La enfermedad por el virus del Ébola es una infección zoonótica grave que inicialmente se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos frugívoros, y posteriormente puede propagarse entre personas mediante contacto con fluidos corporales o superficies contaminadas.Desde el Distrito señalaron que el brote actual preocupa especialmente porque corresponde a la variante Bundibugyo, para la cual actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados. De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo, ya se registran más de 650 casos sospechosos y al menos 160 muertes por este virus.El subsecretario de Salud Pública de Bogotá, Julián Fernández, aseguró que la ciudad mantiene fortalecidas las capacidades de respuesta del sistema de salud.“En Bogotá estamos fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y las capacidades de respuesta del sistema de salud. Hoy el riesgo para la ciudad es bajo, pero seguimos monitoreando permanentemente la evolución internacional del brote y fortaleciendo las capacidades de preparación y respuesta”, afirmó Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública.Además, explicó que, aunque Bogotá no tiene vuelos directos desde África, sí existen conexiones indirectas a través de ciudades como Madrid, París, Estambul y Addis Abeba, razón por la cual se mantienen protocolos de vigilancia en el Aeropuerto El Dorado para viajeros provenientes de estas zonas de riesgo.Actualmente, en Bogotá se adelantan acciones de preparación institucional, entre ellas la actualización del plan distrital de respuesta frente al Ébola, capacitaciones al personal médico y fortalecimiento del uso de elementos de protección personal.
Las autoridades de salud en Santander encendieron las alarmas por el funcionamiento de centros estéticos y spas que estarían realizando procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos legales y sanitarios exigidos para la prestación de servicios de salud.El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, informó que en lo corrido de 2026 se han impuesto siete medidas sanitarias de sellamiento a establecimientos que presuntamente operaban de manera irregular. De esos casos, cuatro corresponden a centros estéticos o spas ubicados en Bucaramanga.Según explicó el funcionario, algunos de estos lugares realizaban procedimientos que no estaban autorizados, otros contaban con personal que no tenía la formación médica requerida y varios incumplían las condiciones mínimas de asepsia y seguridad necesarias para atender pacientes.“Estamos haciendo inspecciones, vigilancia y control a instituciones que posiblemente no están habilitadas para prestar servicios de salud. Algunos de estos centros estéticos se camuflan bajo la figura de spa y hacen procedimientos de intervención sin cumplir con la normatividad”, aseguró Prada.El secretario hizo un llamado a la ciudadanía para verificar antes de cualquier procedimiento si el establecimiento aparece inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y si el personal cuenta con los permisos y certificaciones exigidas.“Cuando una persona vaya a hacerse algún procedimiento invasivo debe revisar si la institución está habilitada y qué servicios tiene autorizados. También es importante verificar si el profesional está inscrito en el ReTHUS y cuenta con las especializaciones requeridas”, indicó.Prada además pidió a las secretarías de salud municipales realizar barridos e identificar posibles establecimientos clandestinos o “de garaje” para adelantar las respectivas investigaciones.Denuncia por presunto mal procedimientoEn medio de las acciones de control conocidas por la Secretaría de Salud, salió a la luz el caso de María Fernanda Alfonso, una mujer de 27 años, que denuncia haber sufrido complicaciones de salud tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que funciona en un apartamento del barrio San Francisco de Bucaramanga.La afectada aseguró que acudió al lugar el pasado 6 de mayo para realizarse una rinomodelación y aumento de labios, luego de conocer promociones difundidas en redes sociales.“Hace poco me enteré de que ella no es doctora, sino auxiliar de enfermería. Uno entra a la página y jamás cree que pueda ser una estafa”, relató.Según su denuncia, antes del procedimiento pidió verificar el producto que le sería aplicado y consultar el registro Invima, pero le respondieron que se trataba de una marca propia.“Al tercer día mi cuerpo empezó a reaccionar. La nariz olía mal, tenía los conductos nasales inflamados y los labios morados con vejigas. Me decían que era normal y que debía esperar ocho días”, contó.La mujer aseguró que el procedimiento fue realizado en un apartamento acondicionado como supuesto centro estético y que, tras empeorar su estado de salud, acudió a especialistas particulares y a urgencias.De acuerdo con la denuncia, médicos que la valoraron le indicaron que la sustancia aplicada sería desconocida y actualmente se encuentra en análisis de laboratorio.“Me dijeron que no era ácido hialurónico y que mi cuerpo reaccionó a una sustancia extraña”, afirmó María Fernanda Alfonso, quien además señaló que la persona responsable dejó de responderle y la bloqueó de sus canales de contacto.Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de casos y a verificar siempre la legalidad y habilitación de los establecimientos antes de realizarse procedimientos médicos o estéticos invasivos.
La Superintendencia Nacional de Salud solicitó información a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá tras el caso de Yulixa Tolosa, una mujer de 52 años reportada como desaparecida luego de someterse a una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.Según el comunicado de la Superintendencia de Salud, el requerimiento busca establecer cuáles han sido las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas frente al establecimiento donde presuntamente fue realizado el procedimiento. Además, anunció que se hará una mesa técnica nacional junto al Ministerio de Salud, secretarías territoriales, asociaciones científicas y otras autoridades competentes para revisar medidas de prevención, identificar riesgos y fortalecer acciones de protección a la ciudadanía.La Superintendencia de Salud hizo también hizo un llamado a intensificar las labores de búsqueda activa, verificación, seguimiento, inspección y control sobre establecimientos que no estén habilitados como prestadores de servicios de salud y que, aun así, ofrecen este tipo de procedimientos.Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, informó, en medio de la petición de la Superintendencia de Salud, haber recibido 282 quejas relacionadas con presuntas irregularidades en servicios estéticos entre enero de 2025 y mayo de 2026. Según la entidad, 194 de esos casos corresponden a sitios clandestinos o no habilitados.La Secretaría detalló además que 58 denuncias involucran Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 23 corresponden a prestadores independientes y 7 a establecimientos cuya actividad no está relacionada con la prestación de servicios de salud.Las autoridades distritales advirtieron que varios pacientes han llegado a servicios de urgencias con complicaciones graves como infecciones severas, necrosis y afectaciones permanentes, luego de someterse a procedimientos realizados por personal no capacitado y en lugares ilegales.También señalaron que durante los operativos de inspección han identificado y cerrado quirófanos clandestinos que funcionaban en casas y apartamentos sin condiciones mínimas de seguridad, higiene ni habilitación exigidas por la ley.Como parte de las acciones de control, la Secretaría de Salud informó que durante 2025 realizó 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad. En lo corrido de 2026 se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar que las instituciones estén habilitadas y que los profesionales se encuentren registrados en plataformas oficiales como REPS y RETHUS antes de realizarse cualquier procedimiento médico-estético invasivo.
Trabajadores de la salud anunciaron una jornada de protesta para este miércoles en varios municipios del norte del Valle del Cauca, con la que buscan reclamar el pago de las millonarias deudas que las EPS Emssanar y Coosalud mantienen con hospitales públicos de la región. La movilización podría generar bloqueos y afectaciones a la movilidad en municipios como Zarzal, Roldanillo, Sevilla, Caicedonia y Bugalagrande.Los manifestantes aseguran que la falta de pago de las obligaciones pendientes ha provocado una grave crisis financiera en las instituciones de salud y advierten que, de no encontrarse una solución, podrían presentarse dificultades para garantizar la continuidad de algunos servicios.“El motivo de la movilización es el no pago de las EPS. Se hará una marcha pacífica y haremos taponamiento de la vía. La exigencia es que venga el superintendente de salud, Daniel Quintero o que nos atienda con sus interventores y tengamos solución a esta situación” manifestó Rodolfo Borja, líder del sindicato nacional de la salud y la seguridad social .Las deudas ascienden a millonarias cifras y la situación también ha afectado directamente a los trabajadores del sector, quienes llevan más de dos meses sin recibir el pago de sus salarios.“Las deudas con el hospital de Zarzal ascienden a alrededor de 12.000 millones de pesos; en el Hospital Centenario de Sevilla, a cerca de 16.000 millones; en el hospital de Roldanillo, a casi 12.000 millones; en el Hospital San Bernabé de Bugalagrande, a alrededor de 4.000 millones, y en el hospital de Caicedonia, a cerca de 2.000 millones de pesos. Los más afectados son los trabajadores, quienes llevan más de dos meses sin recibir su salario”, añadió el líder sindical.Ante la jornada de protesta, las autoridades recomendaron a conductores y viajeros mantenerse atentos a la evolución de las movilizaciones, programar sus desplazamientos y tomar vías alternas en caso de que se presenten cierres. Se espera que durante el transcurso del día se conozca el impacto de las manifestaciones sobre la movilidad en el norte del Valle del Cauca.
La Cancillería colombiana pidió este miércoles la renuncia de los embajadores del país a dos semanas del cambio de Gobierno entre el mandatario colombiano saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que será el próximo 7 de agosto.La instrucción fue emitida por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en cumplimiento del artículo 91 del decreto Ley 274, que establece que "los jefes titulares de las misiones diplomáticas deberán presentar su renuncia a sus cargos" al concluir el periodo del Gobierno en el que fueron designados.En el mensaje interno, se establece que el plazo máximo para enviar las cartas de renuncia a la Cancillería es hasta este jueves 23 de julio.El texto precisó, además, que la disposición tiene carácter obligatorio y detalló que los embajadores pertenecientes a la carrera diplomática y consular no serán afectados ni perderán los beneficios laborales especiales contemplados en la legislación.Le puede interesar: De La Espriella anuncia a los futuros embajadores de Colombia en España y VenezuelaLa Cancillería pidió a los jefes de misión enviar la carta al presidente saliente, con copia a la ministra de Relaciones Exteriores y otros responsables de hacer cumplir la disposición legal.Villavicencio, que será sustituida por Omar Bula Escobar, canciller designado por De la Espriella, agradeció a los funcionarios que ya cumplieron con ese trámite y pidió a quienes faltan agilizar el envío de la carta.Asimismo, la ministra destacó "el valioso apoyo, compromiso y labor desarrollada" de los embajadores durante su gestión al frente de las diferentes representaciones diplomáticas de Colombia.Solicitud dos semanas antes de cambio de Gobierno La noticia de este pedido se dio a solo dos semanas de la conclusión del mandato de Petro y forma parte del procedimiento previsto en la normativa que regula el servicio exterior colombiano para los embajadores al finalizar un periodo presidencial.
El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene fecha de inicio. Una corte estadounidense fijó para el 1 de junio de 2027 el comienzo del proceso penal contra el mandatario venezolano, quien enfrenta cuatro cargos relacionados con presuntos delitos de narcotráfico y armas.Maduro, quien se ha autodenominado como un "prisionero de guerra", se declaró no culpable de todas las acusaciones formuladas en su contra.Los cargos que enfrenta son:Conspiración para cometer narcoterrorismo.Conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos.Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.La decisión de fijar la fecha del juicio marca un nuevo avance en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión internacional contra un jefe de Estado venezolano.
Un presunto intento de asalto al centinela que estaba en guardia en el Batallón Vergara y Velasco, en el municipio de Malambo, terminó con un hombre muerto y otro capturado, luego de que, según las primeras versiones de autoridades, ambos ingresaran durante la noche y sorprendieran al soldado que se encontraba en la garita.El caso que apenas sale a la luz este miércoles, ocurrió la noche del lunes 20 de julio. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, los sujetos lograron entrar al batallón trepando por una pared que tiene unos huecos y luego sigilosamente uno de ellos llegó hasta la garita del centinela donde se registró un forcejeo con el uniformado, presuntamente, en un intento por robarle su arma de dotación.Durante el enfrentamiento, ambos cayeron al suelo. El soldado llevaba su fusil terciado en el pecho, pero inicialmente el arma presentó fallas al momento de ser cargada, situación que los agresores aprovecharon para lanzarse sobre él.Finalmente, el centinela logró poner en funcionamiento el arma y disparó contra los atacantes. Uno de ellos fue capturado, mientras que el otro resultó herido y murió en el lugar. Sin embargo, su cuerpo solo fue encontrado en la mañana del día siguiente, es decir, de ayer martes.Le puede interesar: Max, el centinela de cuatro patas que custodia los mares a bordo del ARC Gloria: esta es su historiaPor estos hechos, la Segunda Brigada del Ejército indicó que abrió una investigación para esclarecer la muerte del hombre dentro de sus instalaciones. “De igual forma manifestaron que el hombre capturado no portaba documentos de identidad al momento de la verificación requerida y se negó a suministrar sus datos personales”.Blu radio también conoció que al parecer uno de los hombres que ingresó al batallón había prestado su servicio militar en ese mismo sitio por lo que conocía bien sus instalaciones.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer señalada de, presuntamente, estafar a ocho personas en Santander mediante un esquema de comercialización de vehículos que habría dejado pérdidas superiores a los 600 millones de pesos.Se trata de Diana Yusmery Castellanos Lemus, quien, según la investigación, habría aprovechado su condición de representante legal y vendedora de un concesionario de vehículos en Bucaramanga para ganarse la confianza de los propietarios de automotores entre julio y noviembre de 2025.De acuerdo con el ente acusador, las víctimas, procedentes de Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja, entregaron sus vehículos con la expectativa de que fueran vendidos por el establecimiento. Sin embargo, una vez concretadas las negociaciones, nunca recibieron el dinero producto de las ventas ni les fueron devueltos los automotores.Las investigaciones permitieron establecer que ocho personas habrían resultado afectadas económicamente por un monto superior a los 600 millones de pesos. Según la Fiscalía, la procesada presuntamente aprovechó la tenencia de los vehículos para traspasarlos a terceros sin entregar los recursos obtenidos a sus legítimos propietarios.Con base en el material probatorio y las denuncias presentadas por las víctimas, un fiscal de la Seccional Santander imputó a Castellanos Lemus el delito de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo en ocho eventos.Durante las audiencias preliminares, la mujer no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.La Fiscalía indicó que la investigación permitió reconstruir el presunto esquema fraudulento gracias a la articulación de las denuncias de las ocho víctimas afectadas por la comercialización irregular de sus vehículos.
