Emilio Traslaviña Cruz, de 44 años, presentó síntomas de gripe, fiebre y decaimiento, por lo que inicialmente se sospechó de una infección viral común. Sin embargo, al no mostrar mejoría, fue remitido a un centro asistencial en Bucaramanga ante la posibilidad de dengue.El paciente sufrió complicaciones y falleció, lo que llevó a las autoridades sanitarias de Santander a implementar de inmediato medidas preventivas ante la sospecha de meningitis, mientras se confirma el diagnóstico definitivo. “A la Secretaría de Salud nos informan sobre un hombre remitido desde un centro reclusorio, quien posteriormente falleció en el Hospital Universitario. Ante la posible sospecha de meningitis, se activaron los protocolos respectivos y se envió la necropsia para su análisis”, informó Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.Prada también señaló que “se tienen alrededor de 76 posibles casos de contagio debido al traslado del paciente y su contacto con los internos, por lo que es necesario evitar la propagación de la enfermedad”. Como medida preventiva, se realizó un cerco epidemiológico en la estación de policía del municipio de Cimitarra, donde se encontraba Traslaviña antes de ser trasladado, y se vacunó a todas las personas en riesgo.Los resultados de la necropsia estarán disponibles en aproximadamente 15 días. Aunque las autoridades sanitarias no han confirmado un brote de meningitis, no se descarta una posible situación de contagio.
A través de un comunicado, la Secretaría de Educación y de Salud de Bogotá confirmaron que este miércoles, 29 de enero, fue encontrado un feto humano en uno de los baños de un colegio distrital. De inmediato, según informaron, el equipo del plantel estableció un protocolo de salida regulada por salones y todas las áreas.Con esta medida, aclararon, pretendían identificar si algún estudiante, docente o miembros del personal administrativo presentaba signos que “evidenciaran un compromiso en su salud física o emocional”.“Luego de observar con absoluta rigurosidad si alguna persona requería ayuda o acompañamiento, no se detectó a nadie con signos del impacto físico o emocional que una situación de estas puede acarrear”, precisaron.Asimismo, recalcaron que ninguna persona, en ese momento o durante el día, solicitó ayuda o acompañamiento.Por eso, desde le Distrito hicieron un llamado para que la persona se acerque y así poder brindarle apoyo en una “circunstancia difícil” como esta. En el comunicado pidieron que acuda con “tranquilidad y confianza” al centro de salud más cercano o se comunique a la línea 123 para recibir la atención necesaria.Incluso, aseguraron que se garantizará total confidencialidad del caso.Por otra parte, indicaron que la Secretaría de Educación articuló con la Secretaría de Salud y con las autoridades correspondientes una ruta de atención, esto, para “asegurar el bienestar de la comunidad educativa” de la institución.“El Distrito trabaja para encontrar a la persona, que por circunstancias difíciles como esta necesita ayuda”, se lee en la masiva publicada este miércoles en horas de la tarde, tras conocerse el caso.Más temprano, la Secretaría de Educación de la ciudad alertó sobre “una difícil situación”. Expresaron que se trataba de un feto humano.“La Secretarías de Educación y Salud están articuladas con la Fiscalía para atender esta difícil situación. La prioridad es encontrar a la madre para brindarle todo el acompañamiento y la atención. Una vez las autoridades permitan suministrar información detallada, comunicaremos oportunamente", señalaron.
En alerta se encuentran las autoridades de salud de Santander tras la confirmación de la muerte de una persona por tuberculosis, quien permanecía detenida en la estación norte de Policía en Bucaramanga.La muerte por esta enfermedad fue confirmada por la secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya. “El pasado 6 de enero se confirma la muerte de una persona por tuberculosis que esta detenida en la Estación Norte de Policía”, dijo la funcionaria.Expresó la funcionaria que este lunes fue enviado un equipo técnico a la Estación Norte de Policía donde permanecen 149 personas y se notificó a la institución sobre la causa del fallecimiento del detenido. “Se ordena establecer un aislamiento preventivo y la intensificación de la búsqueda de sintomáticos respiratorios por el hacinamiento que registra la estación que supera el 800%”, señaló Amaya.Asimismo, indicó que en la celda tres donde permanecía la víctima de tuberculosis, estaban 38 reclusos más.“Se identificaron siete casos de personas asintomáticas propensas a contraer tuberculosis quienes fueron remitidas para estudios detallados. En el proceso se identificó que dos reclusos entraron ya con el diagnóstico de tuberculosis, pero que se encuentran con tratamiento en segunda fase y los nuevos exámenes realizados para establecer si la enfermedad sigue en su cuerpo dieron negativo”, explicó la funcionaria.Este lunes, un grupo de familiares de personas detenidas en la Estación de Policía del Norte protagonizó una protesta para denunciar las precarias condiciones de salud que, según ellos, enfrentan los capturados en ese centro de reclusión transitoria.Las manifestantes, en su mayoría madres de los detenidos, afirmaron que hay al menos dos casos confirmados de tuberculosis entre los internos, lo que ha generado preocupación por un posible brote de esta enfermedad contagiosa.La muerte de esta persona se suma a la confirmada en Barrancabermeja de una adolescente de 16 años que murió el pasado 18 de enero por causa de esta enfermedad y un caso positivo que está siendo tratado también en el batallón en el puerto petrolero.
La Secretaría de Salud de Barrancabermeja confirmó el fallecimiento de una joven de 16 años debido a complicaciones asociadas a la tuberculosis. La paciente, quien fue diagnosticada con la enfermedad el pasado 13 de enero, ingresó a un centro asistencial en la ciudad, donde recibió tratamiento médico, pero lamentablemente no logró superar su estado crítico.El secretario de Salud Municipal, Andrés Monsalve, explicó que la menor fue diagnosticada el 13 de enero y se notificó al sistema de vigilancia epidemiológica el 14 del mismo mes."La Secretaría de Salud, en coordinación con el departamento de Santander, realizó la entrega oportuna de tratamiento para el manejo de la paciente", indicó Monsalve. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, la joven falleció el 18 de enero en el centro de salud de Barrancabermeja.Monsalve también destacó que la secretaría está realizando un análisis para determinar las condiciones que rodearon su muerte. "Nos encontramos en análisis por parte de nuestra Secretaría para determinar diversas condiciones que estuvieron alrededor de esta mortalidad que lamentamos profundamente", comentó.El secretario de Salud aprovechó la ocasión para responder a rumores sobre un posible brote de tuberculosis en el Batallón Nueva Granada, una situación que ha generado preocupación entre los ciudadanos. Sin embargo, Monsalve aclaró que, según el sistema de vigilancia epidemiológica, solo se ha reportado un caso positivo y activo de tuberculosis en la ciudad. "Se descarta un brote tanto en el Batallón como en cualquier otro lugar de Barrancabermeja", aseguró.
Al menos cuatro sindicatos del Hospital Francisco Valderrama de Turbo se encuentran protestando y en cese de actividades porque no solo se les adeuda el salario, sino que presuntamente, y según informa el personal de planta, también se les debe la prima, las vacaciones y al menos tres meses de salud.Según explicó, Tomás Herrera, presidente de SintraEstado, uno de los sindicatos, la situación viene presentándose desde el año pasado, pero solo fue a partir de inicio de este año, que se agudizó, pues al parecer, se le adeuda al personal, al menos 8 mil millones de pesos."En el momento al personal de planta, nos deben 4 meses de salario, tenemos 3 meses sin salud, nos deben prima, vacaciones. Al personal tercerizado también se le debe, prácticamente, alrededor de 8.000 millones de pesos, de todo lo que le decía, pues del personal de planta, de tercerizado asciende más", explicó el presidente.Asimismo, desde el sindicato realizaron una petición al Ministerio de Salud para que se ponga al frente de la situación, pues indican, que el panorama se ha vuelto critico porque algunas EPS no ha efectuado pagos al hospital, lo que también ha desencadenado, según estos, en que se afecte la atención de pacientes."Las EPS que también, si es verdad que nos deben mucho dinero al hospital, entonces eso también hace que la crisis sea más grande. La que más nos debe es la Nueva EPS, nos debe alrededor de 12.000 millones de pesos. Carecemos de insumos, no tenemos reactivos, entonces está afectando mucho en la atención a los usuarios", indicó Herrera.Por el momento, el sindicato mencionó que seguirá en cese de actividades hasta una pronta solución, además indicaron, al parecer, que van aproximadamente 18 personas que han renunciado producto de la situación.Blu Radio, se intentó comunicar con el Hospital Francisco Valderrama de Turbo, y por el momento, no ha recibido su versión sobre los hechos.
Desde la Secretaría de Salud del Valle emitieron una alerta por el riesgo al que se están enfrentando los profesionales del sector de la salud en los hospitales por cuenta de amenazas en su contra, las cuales han ido en aumento en los últimos días.Ante estos casos, María Cristina Lesmes, secretaria de la dependencia, solicitó urgente a la comunidad del departamento proteger la vida de médicos, enfermeras y demás profesionales de los centros hospitalarios.“Le pido a toda la población de todos los municipios del departamento del Valle, rodear la misión médica, entender que el personal de salud está para atender y facilitar la salud, la recuperación de la salud de todos los vallecaucanos. Que, a veces, hay situaciones que se nos salen de las manos, hay enfermedades que son irreversibles y las personas fallecen, no por un deseo propio del personal de salud, sino porque las enfermedades y los ciclos de vida así lo indican”, dijo Lesmes.El hecho más reciente ocurrió a inicios de este 2025 en el corregimiento de Salónica, en Riofrío. Algunos profesionales tuvieron que abandonar las instalaciones del puesto de salud porque sus vidas se encontraban en riesgo por amenazas de familiares por la muerte de un adulto mayor.“Este incidente pone en riesgo la misión médica, el personal de salud, específicamente, quienes estaban de turno esa noche y eso ha obligado al recorte de servicios. Todo esto ocurre por el inconformismo de la muerte de un familiar muy querido y muy importante para la comunidad, además, era una persona adulta mayor y que tenía cáncer”, explicó la funcionaria pública.Por estos hechos, se están evaluando otros casos en el departamento de profesionales que han recibido amenazas en medio de sus actividades en los hospitales; con esto buscan activar una primera ruta de atención para evitar situaciones lamentables
Ante la amenaza de un posible brote de tosferina en las comunidades indígenas de Betulia y Urrao, la Gobernación de Antioquia desplegó equipos de respuesta inmediata para atender a 215 personas, de las cuales 170 son niños. La intervención se centra en las comunidades de Canchas y Nocondó, en la zona selvática del municipio de Urrao, donde habitan indígenas Emberá nómadas.Desde hace más de dos semanas, un equipo compuesto por médicos, enfermeros, vacunadores, nutricionistas y traductores trabaja en el resguardo Valle de Pérdidas, brindando atención integral a la población más vulnerable. Las labores incluyen vacunación puerta a puerta y actividades en los cascos urbanos de Betulia y Urrao, para reforzar los esquemas de inmunización.Además, se están llevando a cabo campañas educativas a través de emisoras locales, perifoneo y material informativo, con el fin de promover el autocuidado y prevenir la propagación de la tosferina, que afecta especialmente a niños y mujeres embarazadas.La intervención es parte de un esfuerzo conjunto entre autoridades departamentales y locales para mitigar el impacto de este evento epidemiológico, fortaleciendo las condiciones de salud y bienestar de la población indígena.
Desde la administración distrital de Bogotá se manifestaron en rechazo al porcentaje que anunció el Gobierno Nacional que se daría para el aumento a la UPC para el 2025, según manifestó Gerson Bermont, secretario de Salud de la ciudad, el país lleva 3 años con una UPC que está por debajo del porcentaje que debería estar.“En el año 2022 hubo un déficit de más de un 3%, en el año 2024 hubo un déficit de más de un 4% y calculamos que el déficit que se va a generar este año puede llegar a más de 6 puntos, esto sumado le genera un lastre al sistema que se va a ver directamente impactado en la entrega de medicamentos y en la atención a usuarios.”, expresó Bermont.Para el secretario de salud de Bogotá, este aumento fue calculado de una manera antitécnica y no se hizo de la forma que se ha hecho históricamente en el país, por lo que sería una muy mala noticia para los pacientes y usuarios.“La UPC es el contrato social más importante que tenemos para garantizar el aseguramiento de los colombianos, es la estrategia más importante y que ha ayudado a reducir el gasto de bolsillo de los hogares colombianos en los últimos 30 años”, agregó.A las voces de rechazo al porcentaje de incremento de la UPC se han sumado las de las asociaciones de usuarios y pacientes, los gremios de trabajadores de la salud, las EPS e IPS y algunos líderes de oposición desde el Congreso.
Las fiestas de Fin de Año están cada vez más cerca y, por eso, la red pública hospitalaria de Bogotá ya está lista para atender a todo aquel que lo necesite en medio de la temporada. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, son 1.501 personas las que están desplegadas en los hospitales de la capital para prestar los servicios médicos.“Ese grupo de personas, de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, está compuesto por médicos, especialistas en todas las áreas, profesionales y auxiliares de enfermería, camilleros y urgenciólogos”, afirmaron desde el Distrito.A esto se suma que para los días 24 y 31 de diciembre, así como los festivos del 25 de diciembre y 1 de enero, serán 219 personas adicionales. Este grupo tendrá una dedicación exclusiva a atender los pacientes que puedan sufrir cualquier tipo de quemaduras.“De igual manera se contará con la articulación con el sistema de urgencias y emergencias de la ciudad y disponibilidad de los recursos del Programa de Atención Prehospitalaria – APH: ambulancias, talento humano, equipos, insumos y suministros”, continúa el comunicado de la Secretaría de Salud.Cabe recordar que, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud (INS), Bogotá se encuentra encabezando la lista, junto Antioquia, como las zonas con más casos de quemados a la fecha (76 registros, con corte a este lunes, 23 de diciembre, a las 8:00 de la mañana).Por lo mismo, desde el Distrito recomendaron a los ciudadanos que eviten el uso de pirotecnia. “No suministre pólvora a menores de edad y tampoco permita que estos manipulen pirotecnia para evitar lesiones o intoxicaciones. En caso de lesión por pólvora, consulte de inmediato al centro médico más cercano. Aplique únicamente agua fría en la zona afectada, no use cremas o ungüentos”, finalizaron.
‘Un balance desafortunado’, así describió Dora Raquel Arcia, subsecretaria de Salud Pública, los 21 casos de niños quemados con pólvora, de los cuales la mayoría se encontraban manipulándola. Sin embargo, la verdadera preocupación recae en que según la funcionaria hay casos de niños quemados con pólvora en rangos de edad desde 1 año, como el ocurrido en Copacabana hasta los 17 años, como el último ocurrido en Necoclí.Adicionalmente, la subsecretaria de Salud Pública de Antioquia, Dora Raquel Arcia, explicó que desde el ICBF van varios casos de verificación de derechos a menores de edad por el uso de pólvora."En este momento tenemos entonces 5 casos aperturados, 6 casos cerrados y 9 casos en verificación de derechos. Además de eso, también es importante indicar que desafortunadamente, de los 21 casos que tenemos, 11 casos se presentaron en niños en el momento en el cual estaban manipulando pólvora", explicó la funcionaria.Adicionalmente, la funcionaria hizo un llamado a los padres de familia, entidades territoriales, alcaldes y a la ciudadanía en general, sobre los riesgos y las sanciones que implica la manipulación de elementos pirotécnicos, pues reiteró que, en el departamento, son varios los municipios que aún no tienen decretos antipólvora, o no cuentan con una prohibición fuerte que ayude a frenar la venta o comercialización de la misma.