La Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones disciplinarias por presuntos incumplimientos de la Sentencia T-302 de 2017 en Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira, municipios donde la Corte Constitucional ordenó proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo wayuu. El procurador general, Gregorio Eljach, informó que hay 25 funcionarios públicos bajo investigación formal por posibles incumplimientos de sus deberes.
Además, explicó que, desde 2017, la Procuraduría ha iniciado 125 actuaciones relacionadas con el cumplimiento de esta sentencia. De ese total, 41 tienen apertura de investigación disciplinaria, cuatro fueron remitidas a otras autoridades por competencia y una está pendiente de apertura, procesos que continuarán avanzando para determinar las posibles responsabilidades.
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Frente a todo este panorama, hizo un llamado a las autoridades a cumplir los compromisos que asumieron al posesionarse en sus cargos y a garantizar los derechos constitucionales de la población wayuu.
“Solo quiero hacer una sugerencia porque nosotros no participamos del Gobierno, no cogobernamos, pero sí acompañamos el buen propósito del fallo de la T302 y todo el desarrollo posterior y el cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales. No venimos a asustar a nadie, no venimos a meter miedo, venimos a decirle hay un Estado colombiano que nos pertenece a todos y al que todos debemos acatar”, señaló el procurador Gregorio Eljach.
Durante una sesión técnica convocada por la Corte Constitucional en Riohacha, Eljach insistió en la necesidad de mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional, la Gobernación de La Guajira y las alcaldías. Aquí la labor también es de las entidades, quienes deben definir tareas concretas, trabajar de manera conjunta y responder por sus compromisos para evitar que las responsabilidades queden sin cumplir.
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El procurador también pidió buscar soluciones integrales para el departamento y no concentrarse únicamente en proyectos aislados de suministro de agua, como molinos o plantas desalinizadoras para determinadas comunidades. Como ejemplo, mencionó el trabajo articulado para el abastecimiento de agua a partir de la represa El Cercado y el río Ranchería, y propuso replicar ese modelo para atender las necesidades de la población wayuu.
Además, planteó que la protección de esta comunidad se incluya en la planeación del próximo gobierno departamental, con la participación de las autoridades regionales, los organismos de control, la justicia y la dirigencia política.
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Por lo que desde la Procuraduría se busca trabajar en tres puntos fundamentales. Por un lado, se busca incluir en el Plan Nacional de Desarrollo una partida que podría ser de 300.000 millones de pesos anuales, provenientes del impuesto de renta que paga la explotación de carbón, para financiar las obligaciones pendientes; por otro lado, crear un grupo de trabajo integrado por miembros del pueblo wayuu que, desde la Procuraduría, coordine a las entidades del Estado para responder a las necesidades de esta comunidad; y de esta forma, transformar la Delegada para la Infancia en una dependencia enfocada en la familia integral, que tenga un papel clave en la atención de las particularidades culturales y sociales de las familias wayuu.
Finalmente, reiteró que la Procuraduría acompañará el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 y destacó la importancia de comprender las particularidades culturales y sociales del pueblo wayuu.