La Corte Constitucional ordenó medidas cautelares de urgencia para proteger la salud y la vida digna de niñas, niños y adolescentes Wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira. La decisión se tomó después de que una visita judicial evidenciara fallas que requieren atención inmediata.
La situación ya no se limita al histórico reclamo por el acceso al agua. La Corte intervino ahora de manera directa frente a la atención en salud, la prestación de los servicios médicos y los graves riesgos de salud mental que enfrentan menores Wayuu en varias comunidades.
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Uno de los problemas encontrados fue la falta de coordinación entre las EPS que atienden a integrantes de una misma comunidad. Por esta razón, el alto tribunal ordenó crear una estrategia para identificar los casos prioritarios y hacer seguimiento a cada niño, niña o adolescente que requiera atención, medicamentos, procedimientos, remisiones o transporte.
Además, la Corte encontró comunidades dispersas donde los equipos médicos extramurales llegan de manera insuficiente o no llegan con continuidad. Por lo que ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira y a las secretarías de salud identificar, en un plazo de 15 días, las comunidades que llevan más tiempo sin recibir estas visitas y aquellas que enfrentan mayores dificultades para desplazarse hasta los servicios de salud.
Como medida inicial, las autoridades deberán priorizar al menos 15 comunidades de cada municipio: Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, es decir, un mínimo de 60 comunidades. Allí deberán activar las rutas de atención y realizar una primera visita, teniendo en cuenta factores como desnutrición, enfermedades respiratorias y diarreicas, distancia, movilidad, acceso al agua y tiempo desde la última atención.
La Corte también estableció que, máximo en seis meses, debe consolidarse un plan que garantice por lo menos una visita mensual a esas comunidades. La frecuencia tendrá que aumentar cuando el nivel de riesgo de los menores o de la población lo requiera.
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Pero uno de los puntos más delicados de la decisión está en la salud mental. La Corte encontró graves riesgos en comunidades de Maicao, incluidos reportes de posibles suicidios, y ordenó al Ministerio de Salud activar, en máximo ocho días hábiles, una respuesta psicosocial urgente para los niños, niñas, adolescentes y sus familias en Cantawamana y Majayupana.
Esa atención deberá incluir valoración inmediata del riesgo, atención individual, manejo de crisis, seguimiento a los menores y sus familias y acciones de prevención comunitaria. También deberá contar con personal capacitado en enfoque intercultural y conocimiento del wayuunaiki, además de coordinarse con las autoridades tradicionales.
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El tribunal ordenó además realizar, en un plazo de tres meses, una caracterización de la salud mental de la niñez Wayuu en los cuatro municipios. El objetivo es establecer cuáles son los riesgos, las barreras para recibir atención y qué rutas existen para prevenir, atender y hacer seguimiento a las crisis.
Otro problema identificado fue la falta de documentos de identidad. De esta forma, la Registraduría deberá realizar en dos meses una jornada de registro civil e identificación para los menores Wayuu de La Pista, en Maicao. Pero la Corte fue clara: no tener documento nunca puede convertirse en una barrera para recibir atención médica, de urgencias, salud pública o salud mental.
Las órdenes son de obligatorio cumplimiento para los ministerios, autoridades territoriales, EPS y EPSI, IPS, ESE y demás entidades involucradas. Además, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría y la Defensoría deberán vigilar su cumplimiento, mientras el Ministerio del Interior tendrá que traducir la decisión al wayuunaiki y garantizar su divulgación en las comunidades.