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¿Pedir ayuda al FMI? Comité Autónomo de la Regla Fiscal responde a anuncio de De La Espriella

Colombia enfrenta un déficit fiscal cercano a los $200 billones para 2027 y que un eventual crédito del FMI podría implicar compromisos de ajuste en el gasto público y los ingresos tributarios.

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Abelardo De La Espriella y el Fondo Monetario Internacional
Foto: AFP

Colombia enfrenta un complejo panorama fiscal de cara a 2027, con un faltante cercano a los $200 billones entre los ingresos proyectados y los gastos previstos por el Gobierno nacional. En medio de este escenario, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, iniciaría conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para explorar alternativas de financiación que permitan atender las necesidades presupuestales del país.

En entrevista con Mañanas Blu, Daniel Wills, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), explicó las implicaciones económicas de este eventual acercamiento, las posibles condiciones que podría establecer el organismo multilateral y los desafíos estructurales que enfrenta Colombia para equilibrar sus finanzas públicas.

El funcionario señaló que, de acuerdo con las cifras fiscales expuestas durante la entrevista, para 2027 el país proyecta gastos por $530 billones, mientras que sus ingresos alcanzarían aproximadamente $330 billones. Esta diferencia representa un déficit de alrededor de $200 billones, que el Gobierno deberá financiar mediante distintas fuentes de recursos.

«Planeamos gastarnos 530 billones de pesos y esperamos que ingresen 330. Entonces hay un faltante de 200 billones de pesos. Ese es el problema que tiene en este momento Colombia», explicó Wills.

FMI: créditos con tasas de interés más bajas, pero con posibles compromisos fiscales

Uno de los aspectos centrales del eventual acercamiento de Colombia al Fondo Monetario Internacional es la posibilidad de acceder a recursos de financiación en condiciones distintas a las que ofrecen los mercados financieros tradicionales.

Según Wills, la principal diferencia entre acudir al FMI y solicitar préstamos a bancos u otros inversionistas radica en que el organismo multilateral puede ofrecer tasas de interés más bajas, aunque dependiendo del programa de crédito, podría exigir compromisos económicos y fiscales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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«El fondo suele poner condiciones y cobrar intereses más bajos. Te presto a unas tasas más bajas, pero te comprometes a hacer ciertas medidas que resuelvan el problema de fondo», indicó el director técnico del CARF. El funcionario aclaró que todavía no se conocen las condiciones específicas que podría solicitar el FMI, pues estas dependerán de las conversaciones que adelante el Gobierno nacional. Sin embargo, explicó que, en este tipo de acuerdos, suelen contemplarse medidas orientadas a reducir el gasto público y fortalecer la institucionalidad fiscal.

En ese sentido, Wills enfatizó que el desafío de Colombia no consiste únicamente en conseguir recursos para cubrir el déficit presupuestal, sino en corregir el desequilibrio estructural entre los ingresos y los gastos del Estado.

«El problema es que estamos gastando más de lo que nos ingresa, y el problema inmediato es quién nos presta la plata. Pero el problema de fondo es que no podemos gastar más de lo que nos ingresa de manera permanente, año tras año», sostuvo.

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¿Qué condiciones podría exigir el Fondo Monetario Internacional?

Durante la entrevista, Wills explicó que existen diferentes programas y líneas de crédito del FMI, cada uno con características y requisitos particulares. Por esta razón, todavía no es posible determinar si un eventual acuerdo con Colombia implicaría una reforma tributaria integral, recortes presupuestales u otras medidas de ajuste fiscal. Como antecedente, recordó que Colombia contaba con una línea de crédito flexible del organismo, a la cual renunció, que no exigía condiciones específicas para acceder a los recursos. No obstante, existen otros mecanismos de financiación que sí contemplan compromisos por parte de los países beneficiarios.

Entre las medidas que podrían considerarse en una negociación, el director técnico del CARF mencionó el fortalecimiento de los ingresos tributarios, la lucha contra la evasión y eventuales reformas fiscales. También señaló que podrían contemplarse ajustes al gasto público, modificaciones legales y restricciones al crecimiento de determinadas partidas presupuestales.

«Puede ser aumentar los ingresos, y aumentar los ingresos puede ser compromisos de lucha contra la evasión, puede ser una reforma tributaria, puede ser otro tipo de medidas que aumenten los ingresos. O pueden ser medidas que apunten a recortar los gastos», explicó. No obstante, insistió en que anticipar medidas concretas sería especulativo mientras no se conozcan los términos de las conversaciones entre el Gobierno y el organismo internacional.

Colombia y Venezuela: dos panoramas económicos diferentes

Ante las inquietudes sobre si Colombia atraviesa una situación similar a la de Venezuela, país que ha recurrido al financiamiento internacional en medio de prolongadas dificultades económicas, Wills aclaró que existen diferencias importantes entre ambas economías.

El director técnico del CARF explicó que Venezuela experimentó durante varios años un deterioro generalizado de su economía, con una reducción considerable de su producto interno bruto (PIB) frente a los niveles alcanzados décadas atrás. En contraste, señaló que Colombia mantiene una dinámica económica relativamente favorable, con crecimiento de la actividad productiva y disminución del desempleo, aunque presenta dificultades significativas en las finanzas del Gobierno.

«La economía está marchando relativamente bien. La economía está creciendo, el desempleo está bajando. Donde hay un problema focalizado, pero importante, es en las finanzas del Gobierno», afirmó Wills. De esta manera, el funcionario diferenció la situación fiscal colombiana de una crisis económica generalizada como la experimentada por Venezuela, sin desconocer los desafíos que enfrenta el país para garantizar la sostenibilidad de sus cuentas públicas.

El ajuste fiscal y una posible reforma tributaria

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que las eventuales recomendaciones del FMI se incorporen a la ley de ajuste fiscal anunciada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, iniciativa que, según lo planteado por los entrevistadores, buscaría implementar recortes del gasto público.

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Wills consideró que las condiciones que eventualmente se acuerden con el organismo multilateral podrían traducirse en proyectos de ley o medidas gubernamentales, dependiendo de los resultados de las negociaciones. «Típicamente, dependiendo de cómo se den las conversaciones entre el fondo y el Gobierno, luego esas condiciones se tendrán que plasmar en leyes o en medidas que tome el Gobierno», explicó.

Este escenario abriría la posibilidad de que las recomendaciones del FMI formen parte de las decisiones económicas y presupuestales que adopte el Ejecutivo, especialmente en materia de ingresos, gastos y sostenibilidad fiscal. Sin embargo, el director técnico del CARF reiteró que todavía no existe información suficiente para establecer cuáles serían los compromisos específicos que asumiría Colombia en caso de concretarse un acuerdo de financiación.

El reto fiscal de Colombia: equilibrar ingresos y gastos

Más allá de la posibilidad de acudir al Fondo Monetario Internacional, Wills insistió en que la prioridad debe ser corregir el desequilibrio estructural de las finanzas públicas. Desde la perspectiva del CARF, conseguir nuevos préstamos permitiría atender las necesidades inmediatas de financiación, pero no resolvería por sí solo el problema de fondo.

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El funcionario señaló que Colombia deberá encontrar un equilibrio entre sus ingresos y gastos, ya sea mediante el fortalecimiento de los recursos públicos o a través de una reducción de las obligaciones presupuestales. En ese contexto, el eventual acercamiento al FMI representa una alternativa que el Gobierno podría explorar para obtener financiación, aunque sus implicaciones dependerán de las condiciones pactadas y de las medidas que se adopten para garantizar la sostenibilidad fiscal.

Wills reiteró que corresponde al Gobierno nacional determinar las fuentes de financiación más convenientes, mientras que el papel del Comité Autónomo de la Regla Fiscal consiste en advertir sobre la magnitud del déficit y la necesidad de adoptar soluciones estructurales.

Así, la discusión sobre un posible préstamo del FMI trasciende la búsqueda de recursos para cubrir el presupuesto de 2027 y pone sobre la mesa el desafío de ajustar las finanzas públicas colombianas en el mediano y largo plazo.

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