Colombia enfrenta un complejo panorama fiscal de cara a 2027, con un faltante cercano a los $200 billones entre los ingresos proyectados y los gastos previstos por el Gobierno nacional. En medio de este escenario, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, iniciaría conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para explorar alternativas de financiación que permitan atender las necesidades presupuestales del país.En entrevista con Mañanas Blu, Daniel Wills, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), explicó las implicaciones económicas de este eventual acercamiento, las posibles condiciones que podría establecer el organismo multilateral y los desafíos estructurales que enfrenta Colombia para equilibrar sus finanzas públicas.El funcionario señaló que, de acuerdo con las cifras fiscales expuestas durante la entrevista, para 2027 el país proyecta gastos por $530 billones, mientras que sus ingresos alcanzarían aproximadamente $330 billones. Esta diferencia representa un déficit de alrededor de $200 billones, que el Gobierno deberá financiar mediante distintas fuentes de recursos.«Planeamos gastarnos 530 billones de pesos y esperamos que ingresen 330. Entonces hay un faltante de 200 billones de pesos. Ese es el problema que tiene en este momento Colombia», explicó Wills.FMI: créditos con tasas de interés más bajas, pero con posibles compromisos fiscalesUno de los aspectos centrales del eventual acercamiento de Colombia al Fondo Monetario Internacional es la posibilidad de acceder a recursos de financiación en condiciones distintas a las que ofrecen los mercados financieros tradicionales.Según Wills, la principal diferencia entre acudir al FMI y solicitar préstamos a bancos u otros inversionistas radica en que el organismo multilateral puede ofrecer tasas de interés más bajas, aunque dependiendo del programa de crédito, podría exigir compromisos económicos y fiscales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.«El fondo suele poner condiciones y cobrar intereses más bajos. Te presto a unas tasas más bajas, pero te comprometes a hacer ciertas medidas que resuelvan el problema de fondo», indicó el director técnico del CARF. El funcionario aclaró que todavía no se conocen las condiciones específicas que podría solicitar el FMI, pues estas dependerán de las conversaciones que adelante el Gobierno nacional. Sin embargo, explicó que, en este tipo de acuerdos, suelen contemplarse medidas orientadas a reducir el gasto público y fortalecer la institucionalidad fiscal.En ese sentido, Wills enfatizó que el desafío de Colombia no consiste únicamente en conseguir recursos para cubrir el déficit presupuestal, sino en corregir el desequilibrio estructural entre los ingresos y los gastos del Estado.«El problema es que estamos gastando más de lo que nos ingresa, y el problema inmediato es quién nos presta la plata. Pero el problema de fondo es que no podemos gastar más de lo que nos ingresa de manera permanente, año tras año», sostuvo.¿Qué condiciones podría exigir el Fondo Monetario Internacional?Durante la entrevista, Wills explicó que existen diferentes programas y líneas de crédito del FMI, cada uno con características y requisitos particulares. Por esta razón, todavía no es posible determinar si un eventual acuerdo con Colombia implicaría una reforma tributaria integral, recortes presupuestales u otras medidas de ajuste fiscal. Como antecedente, recordó que Colombia contaba con una línea de crédito flexible del organismo, a la cual renunció, que no exigía condiciones específicas para acceder a los recursos. No obstante, existen otros mecanismos de financiación que sí contemplan compromisos por parte de los países beneficiarios.Entre las medidas que podrían considerarse en una negociación, el director técnico del CARF mencionó el fortalecimiento de los ingresos tributarios, la lucha contra la evasión y eventuales reformas fiscales. También señaló que podrían contemplarse ajustes al gasto público, modificaciones legales y restricciones al crecimiento de determinadas partidas presupuestales.«Puede ser aumentar los ingresos, y aumentar los ingresos puede ser compromisos de lucha contra la evasión, puede ser una reforma tributaria, puede ser otro tipo de medidas que aumenten los ingresos. O pueden ser medidas que apunten a recortar los gastos», explicó. No obstante, insistió en que anticipar medidas concretas sería especulativo mientras no se conozcan los términos de las conversaciones entre el Gobierno y el organismo internacional.Colombia y Venezuela: dos panoramas económicos diferentesAnte las inquietudes sobre si Colombia atraviesa una situación similar a la de Venezuela, país que ha recurrido al financiamiento internacional en medio de prolongadas dificultades económicas, Wills aclaró que existen diferencias importantes entre ambas economías.El director técnico del CARF explicó que Venezuela experimentó durante varios años un deterioro generalizado de su economía, con una reducción considerable de su producto interno bruto (PIB) frente a los niveles alcanzados décadas atrás. En contraste, señaló que Colombia mantiene una dinámica económica relativamente favorable, con crecimiento de la actividad productiva y disminución del desempleo, aunque presenta dificultades significativas en las finanzas del Gobierno.«La economía está marchando relativamente bien. La economía está creciendo, el desempleo está bajando. Donde hay un problema focalizado, pero importante, es en las finanzas del Gobierno», afirmó Wills. De esta manera, el funcionario diferenció la situación fiscal colombiana de una crisis económica generalizada como la experimentada por Venezuela, sin desconocer los desafíos que enfrenta el país para garantizar la sostenibilidad de sus cuentas públicas.El ajuste fiscal y una posible reforma tributariaOtro de los asuntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que las eventuales recomendaciones del FMI se incorporen a la ley de ajuste fiscal anunciada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, iniciativa que, según lo planteado por los entrevistadores, buscaría implementar recortes del gasto público.Wills consideró que las condiciones que eventualmente se acuerden con el organismo multilateral podrían traducirse en proyectos de ley o medidas gubernamentales, dependiendo de los resultados de las negociaciones. «Típicamente, dependiendo de cómo se den las conversaciones entre el fondo y el Gobierno, luego esas condiciones se tendrán que plasmar en leyes o en medidas que tome el Gobierno», explicó.Este escenario abriría la posibilidad de que las recomendaciones del FMI formen parte de las decisiones económicas y presupuestales que adopte el Ejecutivo, especialmente en materia de ingresos, gastos y sostenibilidad fiscal. Sin embargo, el director técnico del CARF reiteró que todavía no existe información suficiente para establecer cuáles serían los compromisos específicos que asumiría Colombia en caso de concretarse un acuerdo de financiación.El reto fiscal de Colombia: equilibrar ingresos y gastosMás allá de la posibilidad de acudir al Fondo Monetario Internacional, Wills insistió en que la prioridad debe ser corregir el desequilibrio estructural de las finanzas públicas. Desde la perspectiva del CARF, conseguir nuevos préstamos permitiría atender las necesidades inmediatas de financiación, pero no resolvería por sí solo el problema de fondo.El funcionario señaló que Colombia deberá encontrar un equilibrio entre sus ingresos y gastos, ya sea mediante el fortalecimiento de los recursos públicos o a través de una reducción de las obligaciones presupuestales. En ese contexto, el eventual acercamiento al FMI representa una alternativa que el Gobierno podría explorar para obtener financiación, aunque sus implicaciones dependerán de las condiciones pactadas y de las medidas que se adopten para garantizar la sostenibilidad fiscal.Wills reiteró que corresponde al Gobierno nacional determinar las fuentes de financiación más convenientes, mientras que el papel del Comité Autónomo de la Regla Fiscal consiste en advertir sobre la magnitud del déficit y la necesidad de adoptar soluciones estructurales.Así, la discusión sobre un posible préstamo del FMI trasciende la búsqueda de recursos para cubrir el presupuesto de 2027 y pone sobre la mesa el desafío de ajustar las finanzas públicas colombianas en el mediano y largo plazo.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un organismo independiente del gobierno que tiene la función legal de revisar el cumplimiento de las metas de déficit, advirtió que el faltante de recursos para cumplir con las metas de 2026 puede llegar a ser de por lo menos 31.1 billones de pesos.Aunque el gobierno dijo en enero que podríamos cerrar el año con un déficit estructural positivo, los análisis del comité apuntan en una dirección diferente. Para el Carf, los gastos de la nación podrían ser iguales o superiores a los del año pasado."En ausencia de medidas con efectos permanentes para aumentar ingresos o reducir gastos, la posición fiscal estructural del país seguiría deteriorándose y la deuda retomaría una senda alcista, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, el retorno al cumplimiento de la Regla Fiscal, y menoscabando la estabilidad macroeconómica como un todo. Es urgente que el Gobierno, el Congreso de la República y la sociedad civil en general acuerden medidas estructurales para revertir la crítica situación fiscal", señaló el Carf.El comité calcula que, como mínimo, se requiere un recorte al presupuesto de 16.8 billones de pesos y advierte que controlar la caja o simplemente congelar partidas es insuficiente. El congelamiento y el control de la caja han sido dos de las estrategias utilizadas por el gobierno desde 2024 para tratar de mantener el equilibrio de las cuentas.El deterioro de las cuentas fiscales ya llevó a que el país perdiera un grado adicional en sus calificaciones de riesgo por parte de Fitch Ratings a BB, lo que aleja aún más al país del grado de inversión.A mediano plazo, el reto es todavía mayor; a medida que nos alejamos de la 'senda' marcada por la ley, es más difícil volver a ella. El Comité sugiere que se requiere un paquete de medidas especiales para dar confianza a los mercados, entre ellas reformas al gasto público o el uso del 'aval fiscal' para atender la presión que crea la aprobación de nuevas leyes en el Congreso.Por ejemplo, en los próximos años las finanzas del gobierno se verán presionadas por el aumento del salario mínimo, la reforma laboral, la reforma pensional e incluso la reforma a las transferencias para las regiones (Sistema General de Participaciones).
El debate en torno a la modificación de la regla fiscal en Colombia ha cobrado relevancia en los últimos días, a medida que se aproxima una decisión crucial por parte del Consejo de Política Económica y Fiscal (Confis). Esta modificación implica la posibilidad de invocar una cláusula de escape que permitiría al Gobierno incumplir ciertas metas fiscales, a pesar de los riesgos inherentes que esto conlleva. En este contexto, Andrés Velasco, presidente de Asofondos y exdirector técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, advierte que esta cláusula debería ser utilizada como un recurso excepcional y sólo ante eventos extraordinarios que amenacen la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, las razones detrás de la justificación de tal decisión aún no están claras y generan incertidumbre.Habló de la situación y lo llevó a un ejemplo cotidiano: "Nos genera más incertidumbre en el sentido de que tenemos un papá cierto, que que maneja las cuentas de la casa, que está endeudado en la tienda, altamente endeudado en la tienda del barrio y esa deuda, si el papá no está, pues nos cae a los demás de la casa", explicó. ¿Más deuda?Señaló que esa es una de los puntos importantes que el Gobierno debe contar a los colombianos en el marco fiscal de mano plazo, que es este documento que publica el Gobierno todos los años. Consecuencias macroeconómicas El levantamiento de la regla fiscal y la generación de un mayor déficit fiscal tienen profundas implicaciones para la economía colombiana. Un incremento en el déficit podría llevar a un aumento en la deuda que el país tiene frente a los mercados financieros, y las condiciones de financiamiento podrían complicarse aún más, lo que aumentaría los costos de la deuda. Como menciona Velasco, activa un ciclo de incertidumbre para tanto los ciudadanos como para los mercados internacionales. Es crucial entender cómo el aumento de la deuda puede afectar a todos los colombianos, pues cada peso adicional que se pide prestado recae sobre la población, y esto puede traducirse en un aumento de tasas de interés, un debilitamiento de la moneda y una presión inflacionaria. La responsabilidad fiscal Enfatiza la importancia de la responsabilidad fiscal. Si bien algunos sectores del gobierno argumentan que el gasto público es inflexible, Velasco sugiere que siempre hay espacio para ajustar el gasto de manera responsable y que las decisiones de política pública son cruciales. Escuche aquí la entrevista:
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió un pronunciamiento alarmante sobre la situación fiscal del país y advirtió que el país enfrenta un riesgo muy alto de incumplir con la regla fiscal. Este diagnóstico se fundamenta en el significativo desbalance entre los ingresos tributarios y los gastos de la nación.Contexto y cifras preocupantesSegún el CARF, el recaudo tributario en 2024 será $15 billones inferior a la meta ajustada establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y $72 billones por debajo de los ingresos tributarios proyectados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de este año.A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional, que incluyeron ajustes en el gasto fiscal por más de $28 billones, la situación financiera sigue siendo crítica. El cumplimiento de la regla fiscal en 2024 requerirá medidas adicionales de $40 billones, equivalentes al 2,4 % del PIB, lo que pone de manifiesto la magnitud del desafío.Liquidez en mínimos históricosOtro de los puntos destacados por el CARF es el deterioro de los niveles de caja del gobierno, los cuales se encuentran en $6,4 billones, cerca de su mínimo histórico. Esta posición refleja una inconsistencia estructural entre el gasto programado y la capacidad del país para generar ingresos sostenibles.Perspectivas para 2025: un ajuste fiscal monumentalDe cara a 2025, las proyecciones no son más alentadoras. El CARF estima que será necesario un ajuste fiscal de $52 billones para cumplir con la regla fiscal. Esta cifra supera ampliamente las expectativas iniciales del gobierno y refleja la urgencia de adoptar medidas estructurales. Adicionalmente, la falta de aprobación de la Ley de Financiamiento ha reducido las expectativas de ingresos en $12 billones, complicando aún más el panorama.Pronunciamiento N°14 del Comité Autónomo de la Regla Fiscal El cumplimiento sostenido de la regla fiscal requiere medidas estructuralesComité Autónomo de la Regla Fiscal, CARFBogotá, diciembre 19 de 2024El CARF ha venido alertando sobre los requisitos del cumplimiento de la regla fiscal en 2024 (ver pronunciamientos 11, 12 y 13). El gobierno nacional enfrenta retos fiscales, presupuestales y de caja, en un contexto de recaudo tributario por debajo de los niveles programados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024.En 2024, el CARF estima que el recaudo tributario en 2024 se ubicará COP 15 billones por debajo de la meta actualizada en el MFMP publicado en junio, y COP 72 billones inferior a los ingresos tributarios programados en el PGN 2024.En respuesta al mal desempeño del recaudo en lo corrido del año, el gobierno nacional hizo ajustes importantes en el gasto fiscal, a través de decretos de aplazamiento y de recorte, y de un ajuste en el Plan Anual de Caja (PAC). En el agregado, las medidas de aplazamiento y recorte han contribuido a un ajuste de gasto fiscal de COP 20,6 billones frente al PGN 2024.Con la información a la fecha, el CARF estima que cumplir con el gasto fiscal consistente con el cumplimiento de la Regla Fiscal (COP 289 billones) requiere medidas adicionales por alrededor de COP 40 billones (2,4pp del PIB). Estas medidas incluyen no solamente un mayor recorte sino un manejo del PAC, dentro de la medida de lo posible, entre otras acciones posibles. En el Pronunciamiento 13 el CARF estimaba que se requería un ajuste fiscal adicional de COP 31 billones, sobre la base de que el recaudo tributario se ubicaría COP 10,4 billones por debajo de la meta y el decreto de recorte generaba un impacto fiscal adicional (frente al decreto de aplazamiento de junio) de COP 13 billones. Sin embargo, en anuncios posteriores del gobierno se confirmó que el decreto de recorte se ejecutaría por COP 28,4 billones, lo que implica una disminución adicional del gasto fiscal de COP 8,4 billones.Los datos de ejecución con corte a noviembre siguen reflejando un rezago frente al mismo periodo de 2023. En efecto, la relación entre obligaciones y apropiaciones entre enero y noviembre de 2024 se ubica en 71,1%, 8,3 puntos porcentuales (pp) por debajo del nivel observado en ese periodo 2023.No obstante, el CARF ha adelantado ejercicios que sugieren que alcanzar el gasto primario requerido para cumplir con la regla fiscal luce retador. Haciendo la conversión de ejecución de gasto del PGN a ejecución fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) se observa que el gasto fiscal primario a noviembre se ubicó en COP 283,6 billones. Eso implica que en diciembre el gasto primario deberá situarse en COP 5,4 billones para cumplir con la regla fiscal. Sin embargo, históricamente, el gasto fiscal primario en diciembre ha sido 32% superior al observado, en promedio, entre enero y noviembre y el gasto primario promedio mensual en 2024 ha sido cercano a COP 26 billones.El CARF advierte que los niveles actuales de caja en pesos suponen riesgos de liquidez. Con corte al 6 de diciembre, la caja se ubicó en COP 6,4 billones, cerca del mínimo histórico (entre 2012 y 2023) para ese mes. La débil posición de caja es un espejo de la inconsistencia entre la programación de gasto y la capacidad de generación de ingresos estructurales. Esta situación genera preocupaciones sobre la posición de caja para 2025 y, posiblemente, señala dificultades estructurales de liquidez.Para 2025, el CARF estima que se requiere un ajuste fiscal de COP 52 billones (2,9pp del PIB) para cumplir con la regla fiscal respecto del PGN 2025. Los indicadores fiscales finales de este año impactarán la situación de 2025. La brecha entre el recaudo previsto y la meta de ingresos tributarios de 2024, que fue utilizada para programar el PGN 2025, se traduce en una menor base de ingresos con respecto a lo que había sido proyectado. En concreto, el CARF estima que la menor base de recaudo de 2024 reducirá los ingresos de 2025 en COP 17 billones. A eso se le suma que el CARF estima que los ingresos por gestión de la DIAN serán inferiores en COP 22,6 billones a los incluidos en el PGN 2025; mientras que la no aprobación de la Ley de Financiamiento reduce la expectativa de recaudo en COP 12 billones frente al presupuesto que será decretado.Se espera que el gobierno realice el ajuste fiscal correspondiente a inicios de 2025. Una vez el gobierno actualice el Plan Financiero de 2025, momento en el que se prevé que también se publique el cierre fiscal de 2024, el CARF se pronunciará nuevamente sobre la situación fiscal y su implicación para la sostenibilidad de las finanzas públicas.Nota institucional: El marco normativo de la responsabilidad fiscal en Colombia se ha fortalecido en las últimas dos décadas con la inclusión del criterio de sostenibilidad fiscal en la Constitución, para que la dirección de la economía y la hacienda pública se haga en un marco de sostenibilidad fiscal. Este criterio aplica al Plan Nacional de Desarrollo y al Presupuesto General de la Nación, que deben orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público. Con la Ley 1473 de 2011, se introdujo una Regla Fiscal de balance estructural para el Gobierno Nacional Central. Esta regla se fortaleció con la Ley 2155 de 2021, que además modificó las metas cuantitativas y vinculó las a deuda neta; creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) como un organismo técnico permanente e independiente para realizar seguimiento a la Regla Fiscal buscando garantizar la sostenibilidad financiera.Entre las funciones del CARF se identifican cuatro principales responsabilidades:Pronunciarse sobre: El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el informe sobre cumplimiento; proyecciones macroeconómicas; sostenibilidad a largo plazo; seguimiento a cláusulas.Emitir concepto técnico sobre: MFMP; metodologías para indicadores fiscales; ciclos petrolero y económico.Efectuar análisis consistentes entre: metas fiscales; PGN; Plan Plurianual.Proveer insumos técnicos para calcular ciclo económico: PIB tendencial; elasticidades del recaudo al PIB.
Una vez más, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) le está advirtiendo al Gobierno Nacional serios problemas con el Presupuesto General de la Nación de 2025, que ya radicó en el Congreso Nacional.Una de las preocupaciones tiene que ver con los ingresos que proyecta el Gobierno y el recaudo a través de impuestos, pues para el Comité son ingresos inciertos.“El comité identifica riesgos sobre la expectativa del Gobierno en el recaudo esperado por gestión de la Dian, debido a que la incorporación de la planta de personal y las inversiones para la mejora de los sistemas de información tomará más tiempo del inicialmente previsto, según lo informado por la entidad”, explicó el comité como uno de los argumentos.Es decir que para el Comité el Gobierno está haciendo cuentas con dinero que no tiene asegurado si va a ingresar y que el desfinanciamiento del Presupuesto sería superior a los $12 billones que ha señalado el Ministerio de Hacienda, enfrentando la necesidad de un nuevo plan de austeridad como ocurrió en 2024.“El potencial de recaudo por gestión, calculado por el Carf en cerca de $6 billones, se ubica por debajo de los $28,6 billones incluidos en el PL del PGN 2025. (...) Lo anterior implica que se requeriría una reducción del gasto de alrededor de $ 22,6 billones para cumplir con la Regla Fiscal en 2025”, alertó el comité.El Carf finalmente emitió varias recomendaciones, además de revisar el proyecto presentado ante el Congreso: una de ellas es que el gobierno programe en 2025 el gasto por el déficit causado en 2024 por congelar la tarifa de los combustibles, es déficit estimado en cerca de $8 billones.La insistencia para que el Gobierno acelere la revisión de estas falencias es que aumentan las necesidades funcionamiento, pasando de $120 billones en 2024 a $140 billones en 2025.“El Carf encuentra que, al igual que en 2024, el Gobierno programa gastos con cargo a ingresos inciertos. Esta práctica implica riesgos sobre el cumplimiento de la meta de Balance Primario Neto Estructural, lo cual aumenta la incertidumbre, dificulta la programación fiscal y obligaría a realizar recortes de gasto posteriores para cumplir con la Regla Fiscal”, criticó el comité de expertos.
El recorte al presupuesto se quedó en pañales y hoy está en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal para 2024 y 2025, a menos que el Gobierno haga nuevos ajustes, advirtió el Comité Autónomo de la Regla fiscal (Carf).Solo para empezar, las propias cifras que ha entregado el Gobierno al país no cuadran. Mientras en el marco mediano plazo dice que se necesita un recorte 51 billones de pesos en gastos este año, el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro solamente aplaza, es decir, congela, 20 billones de pesos.Además, hay riesgos adicionales en el camino. Las cuentas que hoy tiene el Gobierno nacional podrían no cumplirse, porque existe el riesgo de que la Dian no logre una gestión tan eficiente y que no se recaude tanto dinero de las personas naturales. Si eso pasa, el Gobierno además tendría que recortar 5,3 billones de pesos adicionales.El panorama para 2025 no es mejor. Según los cálculos del comité, hay que hacer recortes importantes al gasto en 2025 (de unos 42 billones sin contar con el subsidio a los combustibles) pero además no se incluyeron todos los gastos.Por ejemplo, no aparece por ninguna parte la implementación de la reforma pensional que en 2025 le va a costar al país 4 billones de pesos."En este contexto, y dadas las crecientes presiones por elevar los gastos de la Nación, incluyendo los impactos de reformas aprobadas y en discusión por el Congreso de la República, el cumplimiento de la regla fiscal y el logro de su objetivo último, que es la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas, están en constante tensión. Desviaciones en la senda de gasto por presiones adicionales reducen el margen de maniobra del gobierno. Es indispensable que en el techo de gasto, se incluya explícitamente la totalidad de los efectos de la reforma pensional sobre las finanzas del GNC, así como identificar y mitigar otras presiones de gasto adicionales a futuro", advierte el informe.Según la Carf el "cumplimiento de la regla fiscal en 2024 y 2025 y la estabilización de la deuda en 55 % del PIB en el mediano plazo necesitarían ajustes adicionales" y sugirió que hoy el cumplimiento de la regla fiscal no está garantizado.¿Gobierno presentará un presupuesto desfinanciado en 2025?El Gobierno nacional ya había anunciado hace unas semanas que llevará al Congreso la tributaria 2.0 que incluye un paquete de medidas en materia de estímulos a la economía, pero también medidas tributarias como la rebaja del impuesto a la renta para las empresas.Sin embargo, el presidente Gustavo Petro dejó escapar un detalle adicional en su cuenta de X: la ley tendría forma de ley de financiamiento."Ahora presentaremos un plan de reactivación económica al Congreso y una ley de financiamiento para reponer lo perdido en la reforma tributaria. Espero que la bancada del doctor Uribe ayude al país y no sabotee las medidas", escribió Petro.Las leyes de financiamiento en Colombia típicamente se presentan cuando llega al Congreso un presupuesto sin los ingresos suficientes. Para efectos prácticos, al final del día estamos hablando de leyes que cambian los impuestos, igual que una reforma tributaria, pero hay dos sutilezas importantes: Si el Congreso no las aprueba, se recorta automáticamente el presupuesto y, además, son tramitadas por un mayor número de congresistas.En el pasado, ministros de hacienda como Mauricio Cárdenas y Alberto Carrasquilla usaron las leyes de financiamiento para cerrar sus presupuestos y conseguir impuestos adicionales.
No hay espacio para imprevistos el próximo año: así de compleja está la situación fiscal del país, según el Carf (Comité Autónomo de la Regla Fiscal), que es la entidad encargada de evaluar si el Gobierno cumple, o no, con las metas de déficit fiscal establecidas en la ley.“Para cumplir con los objetivos de la regla fiscal sería necesario hacer un ajuste de gasto de entre COP 23 y COP 24 billones”, señala el documento.El descuadre no viene de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la no deducibilidad de regalías, pues, según el comité, ese fallo no valdrá 6.8 billones, sino solamente 1.7 billones por cuenta de unos ajustes que puede hacer el Gobierno por el ciclo del petróleo y del hecho de que Ecopetrol podría terminar con mayores utilidades de las previstas.La mayor parte del faltante se centra en los litigios de la Dian. Según el Gobierno, con una mejor gestión de esos litigios va a recaudar 15 billones en 2024, pero para el Carf esos no son ingresos estructurales, sino plata que entra una sola vez.El lío es que las preocupaciones no paran ahí porque existe el riesgo de que los gastos sigan subiendo.“Este panorama se vuelve más complejo debido a que se identifican probables erogaciones que no estarían contenidas en el PGN, como los pasivos del sector salud, la presión de la inflación sobre los gastos de funcionamiento, y el gasto para atender las implicaciones de las decisiones tarifarias en lo relacionado con los peajes y la energía, entre otros”, agrega el Carf.Por poner un ejemplo, el presupuesto del año entrante no incluye todavía el gasto adicional por cuenta de la reforma al sistema de salud que se tramita en el Congreso.La preocupación sobre el recaudo de los litigios también la tiene el Gobierno nacional y por eso el Ministerio de Hacienda ya radicó ante el Congreso un proyecto de ley que permitiría agilizar los trámites de conciliación no solo en 2024, sino también hacia adelante. En varias oportunidades, el Gobierno ha dicho que considera que los ingresos por conciliaciones no son de única vez, sino que son recurrentes.El Carf espera que el Gobierno explique cómo abordará los desafíos en su revisión del Plan Financiero a finales del año. Por el momento, la entidad les dio el visto bueno a las cuentas de 2023 y concluyó que el país cumplirá sin inconvenientes la regla fiscal.De acuerdo Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), “la situación es que la deuda pública ha alcanzado unos niveles que necesitamos parar de bolas y necesitamos reducirla”.“El comentario que nosotros hacemos desde el Comité de la Regla Fiscal, es que esos recursos son de una sola vez y no servirían para ser recurrentes y para financiar ese gasto recurrente más adelante”, aseguró.“En la medida en que el gobierno sube los precios de los combustibles, cierra la brecha entre el precio de referencia, que es el precio internacional, y el precio regulado, y se disminuye la acumulación de ese déficit. En la medida en que ese déficit sea menor, las finanzas públicas claramente serían más sostenibles.”, explicó.Vea aquí la entrevista en Mañanas Blu:
La coyuntura económica del país es delicada después de los datos entregador por el Dane sobre crecimiento económico y de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro diera a conocer que está abierto a discutir la posibilidad de modificar la regla fiscal.“La gran duda es que, si uno se queda con ese aspecto de la regla fiscal, que es priorizar pagar la deuda pública, no recuperamos la economía”, explicó el ministro de Hacienda en diálogo con Mañanas Blu.En ese sentido y para referirse a esto que se propone el Gobierno y a la coyuntura económica que se vive en el país, se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la excodirectora del Banco de la República Carolina Soto.“El anuncio sobre una modificación a la regla fiscal es un anuncio desafortunado que genera ruido, que no va a poder materializarse ni alcanzar el propósito. En la coyuntura que vivimos es un anuncio que puede pesar más contra la percepción de riesgo que tiene el país”, inició expresando Soto.Después de que el Dane revelara que la economía colombiana se contrajo un 0.3 % en el tercer trimestre del año, el presidente Petro reaccionó a la noticia y habló sobre soluciones a la coyuntura del país, en las que volvió a pedir al Banco de la República que baje las tasas de interés.“El Banco de la República tiene la obligación, es su mandato único, de controlar la inflación, los demás autores y autoridades económicas tienen que contribuir desde su lado, la política fiscal, por ejemplo, a controlarla y reactivar la economía”, recordó Soto.Al respecto sobre si ve al Gobierno con el propósito de enviar señales de confianza a los gremios y a todos los protagonistas de la economía y de la política nacional, reconoció que han habido anuncios que generan temor, pero también hay otros de ministros o directores que tratan de dar confianza. "Muchos de los anuncios del señor presidente generan temor, incertidumbre y desconfianza. Cuando él anuncia que va a llevar este tipo de reformas, que va a hacer estos cambios, que va a modificar regla fiscal, que va a congelar tarifas, que va a regular precio, todos estos anuncios que por fortuna no los pueden materializar, generan incertidumbre y generan desconfianza", puntualizó.A principios de este año, el Fondo Monetario Internacional publicó un estudio que muestra las proyecciones económicas de América Latina y colocó a Colombia para el 2024 creciendo al 2.1 % y la inflación de en 3.2 %, por lo que la excodirectora habló sobre so coincide con esos números."Si continuamos con estos datos de desaceleración este año, o sea, si volvemos a decrecer en el último trimestre del año, es posible que la reactivación sea mayor el próximo. Si ya decrecimos tanto el tercer y cuarto trimestre, el 2024 podría acercarse al 2 %; es posible, pero hay que actuar; hay que tomar medidas", vaticinó."En cuanto a la inflación en 3.2 en el 2024 no lo veo. Vamos a cerrar este año con una inflación casi de 10 % y gradualmente va a ir disminuyendo el próximo año. Pero todas las expectativas y los analistas lo que esperan es que llegue alrededor de 6 %", sentenció.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está abierto a discutir la posibilidad de modificar la regla fiscal, que actualmente establece un tope máximo al pago de deuda pública.Bonilla explicó que la regla fiscal, tal como está diseñada, pone un énfasis excesivo en el pago de deuda y limita la capacidad del Gobierno para invertir en proyectos que impulsen la economía.“La gran duda es que, si uno se queda con ese aspecto de la regla fiscal, que es priorizar pagar la deuda pública, no recuperamos la economía”, dijo el ministro.En el presupuesto del 2024, el Gobierno redujo el pago previsto de deuda pública en 10 billones de pesos para destinarlos a inversión. Bonilla dijo que esta es una muestra de que el Gobierno está dispuesto a flexibilizar la regla fiscal.“La idea es que hay que generar un mecanismo que haga que sea, que flexibilice más el pago de la deuda pública y garantice mayor inversión”, dijo el ministro.Bonilla aclaró que el Gobierno no está planteando incumplir los pagos de deuda pública. Sin embargo, dijo que es necesario encontrar un equilibrio entre el pago de deuda y la inversión.“No estamos cambiando de parecer. Estamos diciendo: tenemos una inflexibilidad que tenemos que revisar y ese debate debemos hacerlo público, pero no estamos presentando ningún proyecto al Congreso para modificarlo”, dijo el ministro.El ministro agregó que, en este momento, no hay ningún proyecto de ley en curso para modificar la regla fiscal: “El presidente lo que dijo fue: esta discusión hay que abrirla”.¿Qué es la regla fiscal?La regla fiscal es un mecanismo que establece límites al gasto público y al déficit fiscal. Su objetivo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.La regla fiscal se puede definir como un conjunto de reglas o principios que deben cumplir los gobiernos en materia de gasto público y déficit fiscal. Estas reglas pueden ser de carácter legal o de carácter administrativo.La regla fiscal suele establecer límites al gasto público como porcentaje del PIB o al déficit fiscal. También puede establecer límites al crecimiento del gasto público o al aumento de la deuda pública.La regla fiscal puede tener un impacto positivo en la economía. Puede ayudar a reducir el riesgo de crisis financiera, a mantener la inflación bajo control y a fomentar el crecimiento económico.Beneficios de la regla fiscalLos beneficios de la regla fiscal incluyen los siguientes:Reducción del riesgo de crisis financiera: La regla fiscal puede ayudar a reducir el riesgo de crisis financiera al limitar el crecimiento del gasto público y el aumento de la deuda pública.Control de la inflación: La regla fiscal puede ayudar a controlar la inflación al limitar el crecimiento del gasto público.Fomento del crecimiento económico: La regla fiscal puede fomentar el crecimiento económico al garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.Desventajas de la regla fiscalLas desventajas de la regla fiscal incluyen los siguientes:Inflexibilidad: La regla fiscal puede ser inflexible y dificultar la respuesta del gobierno a situaciones imprevistas, como una crisis económica.Reducción de la inversión pública: La regla fiscal puede reducir la inversión pública al limitar el gasto público.Regla fiscal en ColombiaEn Colombia, la regla fiscal está establecida en la Ley 1473 de 2011. Esta ley establece que el déficit fiscal no debe superar el 3% del PIB. También establece que el crecimiento del gasto público no debe superar el 4 % del PIB.El gobierno del presidente Gustavo Petro ha propuesto modificar la regla fiscal para flexibilizarla. El gobierno argumenta que la regla fiscal actual pone un énfasis excesivo en el pago de deuda y limita la capacidad del Gobierno para invertir en proyectos que impulsen la economía.Vea la entrevista completa aquí:
El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una crítica contundente a la regla fiscal y propuso su eliminación. Esto tras las cifras negativas de la economía en el tercer trimestre del año.“El gobierno, que tiene la responsabilidad de bajar la inversión privada, debe crecer la inversión pública, con esto choco con que hay que reducir ambas, por eso el pensamiento neoliberal que tiene una estricta fórmula de marco fiscal que el que la construyó la violó, no debe mantenerse en Colombia, debe crecer la inversión pública y esa discusión la debe hacer el Congreso de la República aumenta la inversión pública ayudamos a crecer la economía”, expresó el jefe de Estado.Al respecto, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), expresó su desacuerdo con esta propuesta, argumentando que sería "una muy mala idea"."La regla fiscal es crucial para la estabilidad financiera"Según Mac Master, la regla fiscal es esencial para garantizar la estabilidad financiera del país."La regla fiscal no es otra cosa que una decisión propia de los países de comportarse de forma que uno le pueda garantizar a los financiadores que le va a pagar su deuda. Y eso hace que los financiadores le cobren una tasa u otra", dijo.Para él, eliminar esta regla sería enviar un mensaje negativo a los mercados financieros, encareciendo la deuda y desalentando la inversión."La reforma tributaria tuvo efectos devastadores"El presidente de la ANDI también señaló los efectos negativos de la reciente reforma tributaria propuesta por el gobierno de Petro, la cual, según Mac Master, ha tenido un impacto devastador en la inversión privada."Esa reforma fiscal realmente, y lo habíamos advertido, tuvo un efecto realmente devastador, por ejemplo, sobre la inversión", afirmó. Señaló que la inversión cayó un 11 % en el último trimestre y un 24 % en el primer semestre del año."Generar confianza es fundamental"En cuanto a la confianza en los mercados, Mac Master subrayó la importancia de que el Gobierno genere confianza en lugar de inestabilidad."Creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo importante por generar confianza. El esfuerzo, el gobierno se ha esforzado mucho por generar inestabilidad, por generar dudas, por generar discusiones y grandes debates, y ha sido muy exitoso en eso", afirmó. Destacó que la incertidumbre afecta tanto a los hogares como a las grandes empresas, y llamó a que el gobierno sea más confiable en sus acciones y decisiones.Vea la entrevista completa aquí:
La educación está cambiando y, con ella, los espacios donde se desarrolla el aprendizaje. Las aulas tradicionales comienzan a dar paso a ambientes flexibles que integran tecnología, creatividad y trabajo colaborativo, con el propósito de responder a las necesidades de las nuevas generaciones.Un ejemplo de esta transformación es el Colegio Santa María, que inauguró el pasado 16 de junio The Ignite Building, una construcción que articula arquitectura, innovación tecnológica y nuevas metodologías pedagógicas.La propuesta busca superar los modelos de enseñanza centrados en clases convencionales y asignaturas independientes. Para ello, adopta un enfoque socioconstructivista basado en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que promueve la investigación, la experimentación y la solución de problemas reales.El edificio dispone de aulas flexibles, zonas de encuentro y laboratorios que permiten desarrollar actividades individuales y grupales. La metodología busca fortalecer seis competencias: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, ciudadanía global y sostenibilidad, y autonomía.“Invertir en espacios para aprender es invertir en el futuro. Las nuevas generaciones necesitan ambientes que les permitan experimentar, crear, colaborar y desarrollar las competencias que les exigirá un mundo en constante transformación”, afirmó Hernando Rojas Leguízamo, rector del Colegio Santa María.Entre sus instalaciones se encuentran laboratorios de Química, Física y Biología, dotados con cámaras de flujo laminar, incubadoras, autoclaves y microscopios de nueva generación.También cuenta con cinco Makerspaces especializados en diseño, innovación, realidad virtual, inteligencia artificial, programación y robótica. Estos espacios incorporan herramientas como impresoras 3D, cortadoras láser, Arduino, Python y kits de Lego, que pueden utilizarse en proyectos de diferentes asignaturas.Otro punto destacado es el Ágora, un espacio con graderías que funciona como anfiteatro abierto y puede adaptarse para asambleas, debates, actividades grupales o zonas de descanso.La construcción también incorpora criterios bioclimáticos para favorecer la iluminación natural, la ventilación y el confort térmico y acústico. Sus jardines, zonas verdes y puntos de hidratación complementan la apuesta por el bienestar de las estudiantes.The Ignite Building es una de las intervenciones del Plan Maestro de Infraestructura, que también incluye la remodelación de los bloques 6 y 7, la renovación del Centro Francisco Spinelli y la intervención de los parques escolares.La estrategia contempla, además, iniciativas de sostenibilidad como el aprovechamiento de aguas lluvias y la incorporación de energía solar.Esta evolución refleja un cambio en la manera de entender la educación, en la que los espacios físicos, la tecnología y las metodologías de enseñanza deben avanzar de forma conjunta.
El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, respondió, por medio de un mensaje en la red social X, al expresidente Gustavo Petro, quien cuestionó, por ese mismo medio, que no se hayan comprado sistemas antidrones para proteger a las Fuerzas Militares, pese a que, según afirmó, se habían dejado los recursos para esa adquisición.El pronunciamiento del expresidente se produjo después del ataque terrorista con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, que dejó tres soldados asesinados y ocho heridos de gravedad. Frente a estos señalamientos, el ministro Mora aseguró que los registros oficiales desmienten que hubiera recursos apropiados para comprar los sistemas antidrones en 2026 o que se hubiera cancelado un contrato. “Los $800.000 millones de la primera fase nunca fueron apropiados ni recibidos para 2026. Confundir anuncios con disponibilidad presupuestal no convierte una expectativa en realidad financiera”, aseguró Mora.El ministro también indicó que, al asumir la administración, no existía un proceso contractual o precontractual por 6,2 billones de pesos.Mora también se refirió a las visitas realizadas por el exministro y la exviceministra de Estrategia y Planeación a países como India, República Checa, Turquía, Catar, Reino Unido y Estados Unidos. Sobre estas, señaló que “fueron exploraciones comerciales que no culminaron en un contrato”. Además, sostuvo que las ofertas de empresas extranjeras no cumplían con los requisitos de integración técnica e interoperabilidad exigidos por las Fuerzas Militares. El jefe de la cartera de Defensa afirmó que las dificultades vienen de años atrás: “Las deficiencias de planeación anteriores impidieron consolidar la capacidad desde 2023, cuando grupos ilegales intensificaron el uso de drones”. Sin embargo, aseguró que actualmente la Fuerza Pública adelanta procesos de compra con presupuesto ordinario, impulsa la producción propia de estos sistemas y prepara un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para garantizar su financiación.
Las prioridades de los trabajadores al momento de elegir y permanecer en un empleo han cambiado. Aunque el salario y la estabilidad continúan siendo factores importantes, cada vez cobran más relevancia las condiciones que permiten mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional.Según datos de Wellhub, el 86 % de los colaboradores considera que el bienestar laboral es tan importante como la remuneración económica. Esta cifra refleja una transformación en las expectativas de los empleados, quienes también buscan sentirse escuchados, reconocidos y respaldados por las organizaciones.Esta nueva dinámica se relaciona con el denominado contrato emocional, un vínculo que se construye a partir de las expectativas de los trabajadores y las experiencias que tienen dentro de una empresa.Lina Reyes, administradora de Desarrollo Empresarial Integral de Compensar, señala que esta relación depende de la coherencia entre lo que promete una compañía y lo que realmente ofrece, especialmente en aspectos como el liderazgo, la comunicación y la conciliación entre la vida laboral y personal.El agotamiento laboral preocupa a las empresasUno de los principales desafíos para las organizaciones es prevenir el burnout o agotamiento laboral. Una encuesta de miCVideal, realizada a más de 1.200 personas, encontró que el 88 % de los trabajadores se siente desgastado y que uno de cada cinco piensa diariamente en dejar su empleo.Entre las señales de alerta están la dificultad para recuperarse después del descanso, los problemas de concentración, el aislamiento, el aumento de errores y las alteraciones del sueño. Estas manifestaciones deben evaluarse integralmente y no constituyen por sí solas un diagnóstico médico.De acuerdo con Reyes, las empresas deben prestar atención no solo a las ausencias, sino también a la desconexión emocional y al presentismo, situaciones que pueden afectar el desempeño y el ambiente laboral.¿Qué pueden hacer las organizaciones?Las encuestas, entrevistas y grupos focales permiten identificar las necesidades de los equipos y evaluar si las estrategias de bienestar están funcionando. Estos procesos deben garantizar la privacidad y el manejo responsable de la información.En Colombia, Compensar ofrece el programa de Desarrollo Empresarial Integral, que incluye charlas, talleres y estrategias para acompañar a las empresas en la prevención y gestión del burnout.El bienestar dejó de ser un beneficio complementario y se convirtió en un aspecto relevante para fortalecer el compromiso, prevenir el agotamiento y favorecer la permanencia del talento humano.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, identificó el desarrollo territorial integral como una de las principales deudas del Estado con las víctimas del conflicto armado, al referirse a los resultados y desafíos del Acuerdo Final de Paz firmado con las antiguas FARC. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, la funcionaria reconoció avances en la implementación, pero advirtió que los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para transformar las condiciones de los territorios más afectados por la violencia.Marín explicó que el punto 1 del Acuerdo de Paz contemplaba los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), diseñados para reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Se trata de 16 regiones que agrupan 170 municipios priorizados por sus altos índices de pobreza, violencia y presencia de cultivos de uso ilícito.Aunque destacó la disminución de la pobreza multidimensional en estas zonas y algunos avances en el Catastro Multipropósito, advirtió que persisten importantes retrasos. “Para mí, igualdad territorial es superar esa brecha entre ciudad y ruralidad”, afirmó.La ausencia de una presencia integral del EstadoLa defensora coincidió en que la llegada del Estado a los territorios ha sido insuficiente y señaló que esta situación ha favorecido la persistencia de la violencia y el ingreso de nuevos grupos armados.Al referirse al Cauca, departamento que visitó recientemente, recordó que entre 2017 y 2019 hubo años de relativa paz. Por eso, aclaró que la situación actual no puede atribuirse directamente al Acuerdo de Paz, aunque sí relacionó el incumplimiento de sus compromisos territoriales con factores que han contribuido al agravamiento de la violencia.Las FARC y su deuda con las víctimasSobre la responsabilidad de los antiguos integrantes de las FARC, Marín reconoció que la mayoría del antiguo secretariado dejó las armas y compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, insistió en que deben demostrar mayor respeto por las víctimas y la justicia.“Ellos tienen que mostrarse más respetuosos de las víctimas, del dolor de las víctimas y de la justicia”, manifestó.Las sanciones de la JEP, otro desafío del acuerdoFinalmente, cuestionó que las sanciones restaurativas pierdan su carácter restrictivo. Según explicó, estas deben incluir limitaciones efectivas de derechos y supervisión.“Lo mínimo es que usen brazalete, lo mínimo es que tengan unos horarios, lo mínimo es que no puedan salir del país”, concluyó, al insistir en que el cumplimiento de las sanciones será determinante para responder a las víctimas del conflicto armado.Escuche la entrevista completa acá:
La Navidad es una de las temporadas del año que más viajeros moviliza en diferentes partes del mundo. Durante diciembre, ciudades y destinos turísticos adaptan sus espacios para recibir a visitantes con mercados tradicionales, espectáculos de luces, actividades culturales y celebraciones que reflejan sus costumbres.En ese contexto, la revista internacional Time Out publicó una selección de los 22 mejores lugares del mundo para pasar Navidad en 2026, una clasificación que reúne destinos de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Entre los lugares recomendados hay ciudades reconocidas por sus celebraciones tradicionales y otras que ofrecen alternativas para quienes prefieren pasar las fiestas en climas cálidos.La publicación destaca que la experiencia navideña cambia dependiendo del destino. Mientras algunas ciudades ofrecen paisajes cubiertos de nieve y mercados tradicionales, otras permiten disfrutar de las celebraciones al aire libre, en playas o en lugares con temperaturas más elevadas.El primer puesto de la clasificación es para Nueva York, Estados Unidos, que durante diciembre se convierte en uno de los principales referentes de la Navidad. La ciudad se caracteriza por las decoraciones de la Quinta Avenida, el árbol del Rockefeller Center y los mercados que reciben a miles de visitantes.En el segundo lugar aparece Londres, Reino Unido, donde las iluminaciones, los mercados navideños y las actividades especiales hacen parte de la programación de diciembre. Le sigue Laponia, Finlandia, uno de los destinos más asociados con estas festividades por albergar la aldea de Papá Noel, en Rovaniemi.El cuarto puesto es para Copenhague, Dinamarca, que se distingue por sus celebraciones tradicionales, las bebidas calientes y los espacios decorados con iluminación navideña. En la quinta posición está Edimburgo, Escocia, cuyos mercados y actividades culturales atraen a turistas durante la temporada.Zagreb, Croacia, ocupa el sexto lugar, con una programación que incluye mercados, música en vivo y decoraciones en sus principales espacios públicos. En el séptimo puesto está Reikiavik, Islandia, donde una de las tradiciones más particulares es la de los 13 Yule Lads, personajes del folclore local que dejan regalos en los zapatos de los niños.La octava posición corresponde a Brujas, Bélgica, reconocida por sus construcciones medievales, canales y mercados navideños. Sídney, Australia, aparece en el noveno lugar como una alternativa para quienes prefieren celebrar las fiestas durante el verano, con actividades al aire libre y encuentros en las playas.El décimo destino recomendado es Nuuk, Groenlandia, donde los paisajes árticos, la nieve y las posibilidades de observar auroras boreales hacen parte de la experiencia. La clasificación continúa con Viena, Austria; Praga, República Checa; y Núremberg, Alemania, tres ciudades europeas reconocidas por sus tradiciones y mercados navideños.En los siguientes puestos aparecen Funchal, Portugal; Colmar, Francia; Nueva Orleans, Estados Unidos; Tokio, Japón; Singapur; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Marrakech, Marruecos, y Phuket, Tailandia. Estos destinos ofrecen distintas experiencias, desde celebraciones culturales y recorridos urbanos hasta alternativas de descanso en lugares de clima cálido.El puesto 22 corresponde a Ciudad de Guatemala, Guatemala, que se convierte en el único destino de Latinoamérica incluido en la selección de Time Out. Su presencia destaca entre una clasificación en la que predominan las ciudades europeas y los destinos reconocidos por sus celebraciones durante el invierno."Cada año, el 7 de diciembre, el país celebra la Quema del Diablo, iniciando la temporada navideña exactamente a las 6 p.m. quemando figuras de diablos y piñatas de papel maché rojas. La idea es limpiar las casas de los malos espíritus del año antes de que llegue la Navidad", deataca Time Out de la ciudad guatemalteca.Destinos para pasar Navidad sin temperaturas bajasLa selección también incluye lugares para quienes buscan una experiencia diferente a la tradicional Navidad de invierno. Sídney, por ejemplo, coincide con la temporada de verano en diciembre, por lo que los visitantes pueden disfrutar de las playas y de actividades al aire libre durante las celebraciones.Una alternativa es Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que ocupa el puesto 19 de la clasificación. Sus playas, viñedos y condiciones climáticas durante diciembre permiten disfrutar de una temporada navideña con temperaturas más cálidas.Con esta selección, Time Out reúne alternativas para distintos tipos de viajeros y presupuestos. Desde los mercados navideños de Europa hasta los destinos tropicales de Asia, Oceanía y África, la lista ofrece opciones para quienes planean viajar durante las celebraciones de diciembre de 2026.