El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá impartió legalidad a la aceptación de cargos realizada por los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, procesados por el secuestro extorsivo y hurto de Diana Ospina, ocurrido el pasado 22 de febrero en Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, en los hechos habrían participado al menos 10 personas.
Durante la presentación del escrito de acusación con allanamiento a cargos, la fiscal del caso explicó la forma en que se habría producido la retención de la víctima. Según la acusación, después de que Diana Ospina fuera transportada hacia su residencia en la localidad de Engativá, el conductor del taxi habría detenido el vehículo en un punto diferente al indicado.
“Al llegar a inmediaciones de la residencia de la víctima, el conductor de taxi detuvo el vehículo en un punto distinto al indicado y en ese momento 2 sujetos abordaron el automotor, quienes mediante violencia física y verbal redujeron a la víctima, la sometieron y la obligaron a mantenerse en posición que impedía su visibilidad, despojándola de sus pertenencias personales”, relató la fiscal.
Durante la investigación, se logró determinar que estos criminales realizaron diferentes acciones para evitar su captura, como cambiar de residencia hasta en cuatro oportunidades, evitar el uso de redes sociales y utilizar celulares con números internacionales.
La representante del ente investigador señaló que, a partir de ese momento, los sujetos, en presunto acuerdo con el conductor, retuvieron a Ospina contra su voluntad dentro del vehículo, mientras era trasladada por distintos sectores de Bogotá. Durante el recorrido, de acuerdo con la acusación, la mujer fue golpeada, le halaron el cabello y fue amenazada de muerte en reiteradas ocasiones.
La Fiscalía también sostuvo que los agresores la habrían obligado a entregar las claves de acceso a sus aplicaciones bancarias y la intimidaron para realizar transferencias y retiros de dinero. Además, habrían mantenido comunicación con terceros encargados de coordinar las operaciones financieras.
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“Durante el desplazamiento, la víctima fue agredida físicamente con golpes, jalones de cabello, amenazada de muerte de forma reiterada, constreñida a entregar claves de acceso a sus aplicaciones bancarias, intimidada con el fin de realizar transferencias y retiros de dinero de sus cuentas”, señaló la fiscal.
Posteriormente, según la acusación, Diana Ospina fue trasladada y entregada a otro hombre, quien la habría ingresado a un segundo vehículo. A través de las operaciones realizadas con sus cuentas bancarias, los responsables habrían logrado retirar aproximadamente 40 millones de pesos en cajeros electrónicos ubicados en el suroriente de Bogotá.
Después de varias horas de permanecer retenida, la víctima fue abandonada en un pasaje solitario de la vía que conduce de Bogotá a Choachí.
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Para la representación de víctimas, la aceptación de cargos de los hermanos Gómez Cardozo constituye un avance dentro del proceso. El abogado Felipe Peláez aseguró “Desde la representación judicial de víctimas de la señora Diana Ospina, recibimos con optimismo la decisión del juzgado 9º penal del circuito especializado, que impartió legalidad a la aceptación de cargos de los señores Juan Pablo y Diego Armando Gómez”.
El abogado agregó que la decisión representa “el inicio de la justicia” para su representada, quien, según explicó, fue víctima de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.
Peláez también hizo un llamado a la Fiscalía para que continúe con las actividades investigativas dirigidas a identificar y judicializar a los demás integrantes de la estructura que habría participado en los hechos.
“Recibimos esta decisión con mucha mesura, y aprovechamos este espacio para hacer un llamado a la Fiscalía con el propósito de que realice todas las actividades investigativas, como lo ha venido haciendo, para desarticular esta banda criminal que operó en este caso y, probablemente, en muchos otros”, afirmó.
La representación de víctimas también pidió que, al momento de establecerse la sanción correspondiente, se tengan en cuenta las consecuencias que los hechos habrían generado para Diana Ospina y su familia.
“Sin ningún lugar a dudas, debe enviarse un mensaje a la ciudadanía, y es que tiene que acabarse la zozobra de los ciudadanos que toman un taxi en la calle como transeúntes de cualquiera de las ciudades de nuestro país, y que cualquiera de estos hechos nefastos tiene las consecuencias jurídicas que impone la ley”, concluyó Peláez.