La legalización de la captura de Yolima Yohana Murgas Guzmán, pareja sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), reactivó un expediente judicial relacionado con una investigación por presunto lavado de activos de aproximadamente 3 mil millones de pesos.
El caso se remonta a una investigación en la que la Fiscalía sostiene que Murgas habría administrado, entre 2007 y 2020, recursos que presuntamente provenían de actividades ilícitas relacionadas con su pareja. El expediente también contempla bienes y sociedades en Colombia y España. Entre los activos rastreados aparecen tres inmuebles en España y compañías vinculadas con actividades comerciales.
En una reciente audiencia reservada fue legalizada una incautación realizada durante el operativo que derivó en la captura. Entre los elementos encontrados estaban una maleta con cinco millones de pesos y otra con más de 15 millones de pesos. También fueron hallados elementos que serían lingotes de oro, aunque durante la diligencia todavía no se había practicado la prueba de espectrometría para determinar su composición y calidad. Por esta razón, quedó pendiente una nueva fecha para continuar con las actuaciones correspondientes.
La defensa explicó que parte del dinero incautado estaría destinado al pago de honorarios del abogado, en el proceso contra Murgas que avanza en etapa de juicio. Además, señaló que se estaría adelantando la búsqueda de un principio de oportunidad o negociación dentro de la investigación por lavado de activos.
El expediente tiene como antecedente, varias solicitudes ante la justicia para salir del país desde su imputación en marzo de 2024. Una de las más recientes,la decisión adoptada en marzo de 2025, cuando un juez de Barranquilla autorizó la sustitución de la medida de aseguramiento que pesaba sobre Murgas para permitirle salir del país, por la necesidad de asistencia a procesos médicos y circunstancias relacionadas con sus hijos.
En esa oportunidad, el juez estableció condiciones para la medida y señaló “donde se comprometa tanto a informar al juez de conocimiento como a la fiscalía que conozca del proceso, las entradas y salidas que tenga, y el lugar de ubicación a nivel país y a nivel donde se traslade con ocasión del permiso”.
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El funcionario también sostuvo que la decisión tenía en cuenta el derecho de los menores a no ser separados de su familia y agregó que Murgas había cumplido con la medida no privativa de la libertad y había observado, hasta ese momento, buena conducta. “Así el derecho de la familia no se pierde, que si bien es cierto el de los menores tiene mayor privilegio al punto que prevalece ante el de cualquier otro, tampoco se puede perder de vista que, si bien es cierto, para la época de la imposición de la medida de aseguramiento, el menor de 12 años vivía en Colombia”, señaló.
El juez también indicó que la procesada había cumplido con las condiciones impuestas y que, pese a la gravedad de la investigación, debía considerarse que “si esta señora ha cumplido yendo y viniendo, presentándose al llamado de la justicia, independiente de la gravedad”.
Sin embargo, días antes de su captura y desde agosto de 2026, un nuevo juez de garantías había recibido una solicitud de sustitución de la medida para permitirle nuevamente salir del país.
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En la audiencia de imputación, el fiscal del caso expuso la hipótesis sobre el origen de los recursos que son objeto de investigación y señaló que Murgas y Castillo estaban casados y tenían tres hijos. Según el delegado, ella habría creado empresas y adquirido bienes sin contar, presuntamente, con capacidad económica suficiente para justificar esas operaciones.
“Usted, sumando todos estas actividades, la Fiscalía tiene como punto de lavado de activos la suma de aproximadamente 3 mil millones de pesos”, afirmó el fiscal durante la diligencia. Añadió que, para la investigación, esos recursos tendrían un origen relacionado con un supuesto enriquecimiento ilícito y con el patrimonio de Castillo.
“Es importante hacer saber que los anteriores, tienen su origen inmediato en actividades derivadas del enriquecimiento ilícito entre particulares. Incremento patrimonial desproporcionado, el cual, al no poder ser justificado, nos lleva a concluir que, de acuerdo a los demás hechos, la condena que tuvo su señor esposo en los Estados Unidos por narcotráfico y la persecución que tiene en Colombia por otros delitos como narcotráfico, homicidios, extorsiones, hacen necesario mencionar cuál es el origen ilícito de ese dinero”
El fiscal también hizo referencia a las actividades comerciales registradas a nombre de Murgas, y sostuvo que el análisis de los bienes y operaciones llevó a la Fiscalía a considerar un incremento patrimonial que, según su hipótesis, no habría sido justificado.