Las cayuqueras son unas embarcaciones artesanales con motor que recorren parte del Río Ranchería entre Riohacha y Manaure en La Guajira. Una experiencia ofrecida por las comunidades indígenas que, además de sus prácticas ecoturísticas, también se encargan del cuidado ambiental del río que alberga a especies importantes de la región como el cangrejo azul, babillas y garzas.“Nuestras acciones van encaminadas a la protección, manutención y cuidado del delta del río Ranchería que tanto nos ha dado”, dijo Claudia Cotes Pushaina, lideresa indígena que participa del proyecto de ‘Las Cayuqueras’.Los planes en las cayuqueras, denominadas con los nombres de dos municipios representativos de La Guajira como ‘la sanjuanera’ y ‘la riohachera’, prometen un viaje inspirador, de conexión con la naturaleza y de contacto profundo con la comunidad indígena Wayúu.“Esta es una iniciativa ecoturística operada por comunidades indígenas que invita a descubrir los majestuosos paisajes del Río Ranchería y que tenemos en La Guajira. A esto le estamos apuntando a apoyar la protección descubrir estos ecosistemas hermosas de nuestro departamento y a que nuestra gente tenga su propio sustento”, dijo Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.Mientras los visitantes van conociendo las especies que abundan en este sendero del río, los miembros de la comunidad Wayúu del Pasito, en zona rural de Manaure, les comparten las experiencias que su etnia promete; un recorrido en la ranchería, conocer jagüeyes, interactuar con sus costumbres y venta de artesanías de todo tipo.Esta experiencia ecoturística apoya al autosostenimiento de las comunidades indígenas Wayuu y apoya con la preservación de las especies y zonas de manglar del río que son protegidos por las mismas comunidades étnicas con injerencia en estos espacios.
De los 120.430 usuarios que tiene Nueva EPS en La Guajira, cerca del 80% pertenece a la etnia wayuu y son ellos los que hoy expresan su preocupación frente a la posibilidad de que a partir de abril solo puedan ser atendidos en los 16 hospitales públicos del departamento y no en las 14 IPS indígenas que hace 20 años también han estado brindando sus servicios médicos a esta población.Laura Andriolis Freyle, autoridad tradicional del pueblo wayuu y usuaria de Nueva EPS, afirma que esta sería una decisión del agente interventor de la entidad, Luis Oscar Gálvez, y que pone en riesgo la atención en salud de su población, pues son las IPS indígenas las que “históricamente han identificado, ubicado y acompañado a estas comunidades en el territorio, muchas de las cuales no se encuentran plenamente georreferenciadas por la Nueva EPS”.Andriolis afirma que las autoridades wayuu conocieron esta medida hace una semana y desde entonces están pidiendo un espacio de concertación con el presidente Gustavo Petro y con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para advertirles que los hospitales públicos de La Guajira no darán abasto para atender a 120 mil pacientes adicionales y que eso ya quedó demostrado en el pasado."Antes había insuficiencia en la atención dentro de las comunidades indígenas y por eso nacen las IPS indígenas, para prestar ese servicio de salud en territorio y también en las zonas urbanas. Entonces, se hace necesario hacer un diálogo y una concertación con las autoridades tradicionales, pero no se nos ha dado respuesta de esa solicitud formal", expresó Andriolis.La Nueva EPS informó que todavía no hay una decisión oficial frente a la terminación unilateral de contratos con las IPS indígenas en La Guajira, pero las autoridades wayuu insisten en que, antes de que esto ocurra y dada la autonomía que tienen los pueblos indígenas, cualquier medida de esta índole debe ser concertada con ellos.Advierten que la liquidación de los contratos con las IPS indígenas también “afectaría la continuidad e integralidad de los servicios de salud, especialmente para los usuarios que actualmente se encuentran en tratamientos médicos, seguimientos clínicos o procesos de atención continuada”.
Un total de 86 comunidades wayúu en La Guajira ya cuentan con acceso seguro y continuo a agua potable, gracias a un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter, una iniciativa que a la fecha ha beneficiado a más de 30.000 habitantes y que, en su totalidad, impactará a más de 46.000 personas.El proyecto, liderado por el Ministerio de Vivienda con asistencia técnica de Findeter, busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua en el departamento y contribuir a la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, mediante la rehabilitación de pozos, molinos y sistemas de tratamiento, así como la implementación de soluciones sostenibles como plantas de tratamiento y sistemas de energía solar en zonas rurales dispersas.El convenio contempla 91 intervenciones en comunidades priorizadas, de las cuales 86 ya fueron entregadas. Adicionalmente, se firmó un nuevo contrato que iniciará su ejecución en 2026, orientado a la prestación de servicios especializados de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de 45 nuevas intervenciones, en el marco del Plan Wüin Ülees.La viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, destacó que el acceso al agua potable ha sido un eje central del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Este convenio con Findeter es un avance en la consolidación de proyectos sostenibles que se materializan en acceso real al agua como derecho humano y fortalecen la apropiación comunitaria de la infraestructura”, afirmó.Con el trabajo articulado entre ambas entidades, se proyecta alcanzar 136 rehabilitaciones en comunidades indígenas, consolidando una transformación estructural que apunta a la justicia social y la equidad territorial en el norte del país.Por su parte, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, señaló que la iniciativa refleja el compromiso del Gobierno nacional con la garantía de derechos fundamentales. “Donde antes había abandono y sed, hoy hay agua potable, infraestructura y dignidad”, aseguró.Las obras se desarrollan en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, territorios con una profunda deuda histórica en acceso al agua. Un componente clave del proyecto ha sido la vinculación de cinco asociaciones indígenas como ejecutoras de obra, una articulación que ha permitido integrar el conocimiento ancestral con la asistencia técnica especializada, garantizando pertinencia cultural, sostenibilidad y arraigo comunitario.Al cierre del proyecto, La Guajira marcará un hito en materia de justicia hídrica y desarrollo sostenible, al ampliar de manera significativa el acceso al agua potable para miles de familias wayúu.
La Red de Veedurías Ciudadanas, que representa a las víctimas de La Guajira dentro del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar que los dineros reintegrados por los vinculados al caso no ingresen a una bolsa general en la Unidad, sino que sean destinados a cumplir el propósito inicial de resolver la crisis de agua en el departamento.“Se adopten las medidas procesales y legales necesarias y suficientes, a que haya lugar, a efecto de que la totalidad de tales recursos se destinen y utilicen de manera específica al aprovisionamiento de agua potable a las víctimas directas de La Guajira, y en particular de la comunidad Wayúu. En consecuencia, que así se solicite y asegure dentro del resorte de sus competencias y facultades, en las distintas actuaciones que respecto de tales recursos se realicen”, describe el documento presentado por el apoderado de las víctimas.Actualmente, los recursos superan los $9.000 millones de pesos, entregados por los procesados dentro de los preacuerdos suscritos en la primera fase de la investigación del caso UNGRD, derivado del escándalo por la compra irregular de carrotanques.Según cifras oficiales de la Fiscalía General, se han recuperado $9.714’300.723 de recursos apropiados de manera ilegal, específicamente entregados así:Pedro Andrés Rodríguez Melo: $500’000.000Olmedo de Jesús López Martínez: $724’000.000Sneyder Augusto Pinilla Álvarez: $618’000.000Luis Eduardo López Rosero: $7.722’300.300Luis Carlos Barreto Gantiva: $150’000.000La solicitud se produce luego de que el apoderado de la UNGRD retirara la audiencia ante el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, en la que se definiría el traslado de esos recursos. Según explicó la entidad, la decisión obedeció a motivos procesales, pues el Centro de Servicios Judiciales había programado la diligencia bajo un radicado general, cuando cada preacuerdo tiene un radicado diferente. La Unidad asegura que optó por evitar el desgaste judicial, desistiendo de esa audiencia y solicitando tres audiencias separadas por los radicados con los que se identifican los depósitos.No obstante, para el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y apoderado de las víctimas, la medida genera preocupación por la falta de avance en el uso de los recursos. “Es para nosotros una extrañeza que una medida necesaria como esa de retraer los dineros depositados, que no están produciendo ningún beneficio, se haya frenado. Hemos solicitado que no vayan a una bolsa general, sino a una especial que cumpla el propósito inicial: conjurar el problema de falta de agua en La Guajira”, afirmó.El abogado asegura que se avecinan escenarios de incidentes de reparación; sin embargo, los mismos revisten una demora propia en su realización, “programación que hace más complejos por su carácter individual o personal, por lo que esperar a que dentro de los mismos se disponga la entrega terminaría dilatando el uso y goce del derecho fundamental al agua, y a la no revictimización, así como a la reparación de las víctimas”.Sobre los recursos pendientes, la Fiscalía asegura que las investigaciones contra el expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, se siguen ante la Corte Suprema de Justicia, con recursos comprometidos por $4.000 millones de pesos que corresponderían al pago de dádivas. A esa instancia le corresponde tramitar el eventual reintegro de esos recursos.En lo que respecta a la segunda fase de la investigación, en la que están vinculados César Manrique Soacha y otras personas, se tienen documentados dineros apropiados por $13.164’285.901.
La investigación por parte del Ministerio Público se da por el presunto incumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, el agua y la alimentación de los niños y niñas del pueblo Wayúu en La Guajira.Incluso el alto tribunal declaró el “bajo” el nivel de cumplimiento de la orden tercera de dicha sentencia, que exigía la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para atender la crisis humanitaria en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.Entre los nombres que resaltan en el auto de apertura de esta investigación de la Procuraduría están el del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el actual director de la UNGRD Carlos Carillo, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino y varios exfuncionarios como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz.Ahora, como el tema de las comunidades vulnerables en la Guajira no es nuevo, en esa investigación también aparecen exfuncionarios del Gobierno de Iván Duque como por ejemplo, el exministro de la Salud Fernando Ruiz, y es que la Procuraduría ve con preocupación que el presunto incumplimiento de esta sentencia proferida por la Corte Constitucional impidió asegurar el acceso de la población beneficiaria al agua, a la alimentación, la salud, la igualdad y la diversidad cultural.La investigación incluye a cinco exconsejeros presidenciales, tres ministros de Salud, cuatro de Vivienda, dos de Medio Ambiente, cuatro de Agricultura y Desarrollo Rural, cuatro exdirectores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, tres exdirectores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuatro directores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, tres superintendentes nacionales de Salud, tres gobernadores de La Guajira y dos alcaldes de Maicao, dos de Manaure, dos de Riohacha y dos de Uribia.La Procuraduría señala que, el cumplimiento de esa sentencia sigue siendo de carácter obligatorio y que el Estado debe cumplir a cabalidad la sentencia.
La Sala Especial de la Corte Constitucional, que le hace seguimiento a la sentencia T-302, que busca garantizar la vida de la población wayúu de La Guajira, le hizo reparos por bajo cumplimento a las acciones del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria de la niñez guajira."Muy pero muy corto, no han cumplido, esa es la palabra, no ha cumplido el Gobierno nacional, no ha solucionado el tema alimentario de fondo, los niños se siguen muriendo por desnutrición y el abandono sigue, es decir, le ha quedado corto al Estado esta problemática de la sentencia T-302", dijo Eudes Romero, líder social de la comunidad Villa Fátima, ubicada en zona rural de Riohacha.Lo que dice la CorteSegún la Corte Constitucional, hay desequilibrio entre las acciones del Gobierno nacional y los municipios para garantizar la seguridad alimentaria. No hay un plan para superar el asistencialismo y las inversiones hasta ahora reportadas no han garantizado la seguridad alimentaria de los niños."No es mentira que nuestros niños cada día se mueren de hambre y sed por el abandono estatal, no es mentira cuando la Corte Constitucional determina que estamos en una crisis humanitaria", explicó José Silva, director de la ONG de Derechos Humanos 'Nación Wayúu'.El gobernador de La Guajira creó el fondo de seguridad alimentaria con el que han entregado más 400 toneladas de alimentos en la alta Guajira, pero dice que necesita más apoyo del Gobierno nacional."El llamado es clave, es avanzar en temas estructurales, la importancia de las vías y fortalecer el fondo de seguridad alimentaria que el año pasado logramos constituir en el departamento, los esfuerzos son necesarios para atender en el menor tiempo posible las necesidades de nuestra gente", dijo Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.La Sala de la Corte calificó de "inadmisible" que, tras siete años de notificada la sentencia, todavía la cifras de niños con desnutrición y de mortalidad infantil no hayan cedido considerablemente.
Los rostros de carne y hueso de las mujeres policías wayúu inspiraron el monumento que ahora se devela ante la mirada de locales y turistas en el conocido parque de la India de Riohacha."Hemos sido un enlace entre la comunidad y la Policía Nacional. Hemos servido como enlace, como conciliadoras y palabreras entre la institución y nuestra cultura", dijo la mayor Katiuska Toncel, una mujer policía wayúu que ahora es jefe de derechos humanos en la regional ocho de la Policía.Sobre el monumentoEl artista que materializó esta idea explicó que el monumento está hecho en fibra de vidrio reforzado, con acabados en poliester metalizado y mide 3,80 metros de altura."Para nosotros los guajiros es un orgullo hoy en día. La mujer wayúu está incursionando en el campo policivo", dijo Javier Julio Mendoza, artista que realizó el monumento a petición de la Policía de La Guajira."Ellas tienen un despliegue como cualquier policía, en inteligencia, en apoyo a la Fiscalía, en apoyo comunitaria o en el servicio rutinario de vigilancia. Ellas tienen la capacidad de trabajar en cualquier parte", dijo el general Yecid Peña, comandante de la Regional 8 de la Policía.Nuevo atractivo turísticoEl monumento de la mujer wayúu, portando su manta verde y todos los accesorios de la Policía, se convirtió en un nuevo atractivo turístico para locales y visitantes."Muy representativo, sobre todo lo que tiene que ver con el sector turístico en La Guajira, darle identidad y reconocer la valentía de nuestras mujeres policías guajiras y el compromiso es seguir apoyando estas iniciativas", dijo el gobernador Jairo Aguilar Deluque.El mensaje es a cuidar este monumento artístico y a respetar a las mujeres policías wayúu, que son parte de la identidad de este departamento.Vea el video de cuando se devela el monumento aquí:
A Bogotá llegaron 49 personas, miembros de 15 núcleos familiares de las comunidades wayúu, que salieron desde Riohacha tras haber sido desplazados por amenazas de grupos armados, intimidaciones que el pasado 15 de julio los obligados a salir de su territorio en el departamento de La Guajira.Niños y adolescentes hacen parte de este grupo de personas que llegaron a la capital del país, hecho que fue rechazado públicamente por el procurador general, Gregorio Eljach.Las víctimas de desplazamiento fueron recibidas en el Centro de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la Nación CAV, en la capital del país, y atendidos por un equipo multidisciplinario, que tiene a su cargo la toma de declaración y activación de las rutas correspondientes.Ante estos hechos, el Procurador General realizó, además, un llamado urgente a las autoridades civiles, militares y policiales del Distrito de Riohacha, La Guajira, para que adopten las medidas necesarias para la prevención y protección de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la comunidad wayúu en esa zona del país.Isabella Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, indicó que este sería el tercer grupo de desplazados que llegan proveniente de La Guajira.
Las comunidades indígenas wayuu del municipio de Manaure, en La Guajira, finalmente contarán con acceso continuo y seguro al servicio de energía eléctrica. Esto, por una inversión de más de $52.000 millones por parte del Gobierno nacional, a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), se implementarán proyectos energéticos sostenibles que ampliarán la cobertura del servicio de energía en zonas rurales y dispersas del departamento.Con esta intervención, 1.334 usuarios pertenecientes a 59 comunidades indígenas wayuu accederán al servicio de energía eléctrica de manera continua las 24 horas del día, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su desarrollo comunitario. Los sistemas que implementa el IPSE corresponden a soluciones fotovoltaicas off-grid tipo microred y sistemas solares individuales fotovoltaicos, que permiten establecer un ecosistema energético compartido, resiliente y adaptado a las condiciones del territorio.Avance del proyecto en La GuajiraSegún el director del IPSE, Danny Fernando Ramírez, este esfuerzo marca un hito en la cobertura energética del municipio de Manaure, aportando de manera directa al cierre de brechas sociales y al desarrollo equitativo de la región. A la fecha, las soluciones solares fotovoltaicas para las viviendas presentan un avance del 20 %. Además, el 35 % de la mano de obra empleada es local, lo que garantiza el éxito del proyecto y dinamiza la economía en las comunidades beneficiadas.Con acceso a energía eléctrica continua y segura, estas comunidades podrán mejorar su calidad de vida, acceder a servicios básicos y oportunidades de educación y trabajo.
En La Guajira no cayó nada bien el anuncio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) sobre la solicitud que hará la entidad para suspender el contrato por más de $ 42.000 millones firmado para instalar tres plantas desalinizadoras en el extremo norte del país.Este proyecto hace parte de los polémicos contratos de la UNGRD que hoy son investigados por sobrecostos y, si bien los indígenas wayuu no se oponen a las investigaciones, afirman que tales procesos no deben paralizar planes como estos, con los que se busca solucionar la escasez de agua potable que afecta a las comunidades.José Silva, presidente del Movimiento Indígena Nación Wayuu, advirtió que por estas decisiones de la UNGRD, esta población buscará ser reconocida como víctima del Estado en los procesos legales que están en curso."Lo consideramos como un ataque más al pueblo wayuu por parte del Estado colombiano, que en una evidente confrontación política decide suspender la instalación de una planta, sabiendo que tanto nos hace falta tomar agua potable", expresó Silva."Y es por eso que a través de este proceso penal nos declaramos y nos constituimos en víctimas, para que el Estado colombiano responda por todos los daños y perjuicios que le han ocasionado al pueblo wayuu históricamente", agregó.Los problemas de agua potable en La Guajira se reflejan en las 79 muertes de niños entre 0 y 5 años que han confirmado este año las autoridades y cuyas causas están asociadas a desnutrición, enfermedad diarreica aguda o infecciones respiratorias.Esto, sin obviar otros 31 fallecimientos que están en estudio y con los que serían más de 100 las muertes de niños registradas por el Instituto Nacional de Salud este año en La Guajira y, aún así, los wayuu afirman que existe un subregistro y que las cifras oficiales ni siquiera se acercan a lo que día a día afrontan las comunidades."Sería un escándalo tremendo si se llegara a llevar una estadística real de cuántos niños mueren a diario (...) sin exagerar, podría decirte que son cinco o diez niños que mueren por día, pero aquella estadística que se da a conocer es meramente institucional y no obedece a la realidad", dijo Silva.Precisamente en los últimos días murió una niña wayuu, de 3 años, que había sido trasladada de urgencia a Barranquilla con secuelas de desnutrición y síntomas de infección respiratoria, debido a las precarias condiciones en materia de agua potable y salubridad que afronta su comunidad en Punta La Vela, sector de La Guajira.
Hechos violentos, en su mayoría asociados a disputas por el control de rentas ilegales entre grupos armados, siguen generando preocupación en el Oriente de Antioquia, donde en las últimas horas se registró una nueva masacre en el municipio de Marinilla.Los hechos ocurrieron en la vereda Alto del Mercado, donde las autoridades reportaron el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida ultimados con arma de fuego. Aunque hasta ahora no se conocen las identidades de las víctimas, preliminarmente el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que una de ellas tenía antecedentes asociados al porte de estupefacientes.En la mañana de este 17 de mayo en la localidad ya fue convocado un consejo extraordinario de seguridad para avanzar en las investigaciones que permitan establecer las causas del múltiple crimen, así como dar con el paradero de los responsables, por los que el secretario de Seguridad de Marinilla, Javier Mozo, anunció una millonaria recompensa."Estamos con las autoridades competentes, con la Sijin, con la Policía Nacional, y estamos coordinando un ofrecimiento de recompensa de hasta 100 millones de pesos para las personas que nos informen sobre los responsables de este lamentable hecho", destacó el funcionario.Este se trata de al menos el segundo hecho violento que en menos de 24 horas se registró en esa subregión de Antioquia luego que una mujer identificada como Valentina Cardona Henao, de 24 años, fuera asesinada por sicarios cuando se encontraba trabajando en un estación de gasolina en zona urbana del municipio de San Vicente Ferrer.Tras perpetrar el ataque con arma de fuego, los delincuentes huyeron en moto por la vía que conecta esta localidad con Concepción. Con cámaras de seguridad avanzan las investigaciones.
La jornada de sorteos de este sábado 16 de mayo de 2026 dejó nuevos millonarios en el país, con resultados destacados en la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y los juegos de Baloto y Revancha. Mientras algunos premios mayores cayeron, otros continúan acumulándose, lo que incrementa la expectativa entre los apostadores.Lotería de Boyacá: premio mayor y secosEn el sorteo 4616 de la Lotería de Boyacá, el premio mayor de $15.000 millones cayó en el número 0018 de la serie 419. Lotería del Cauca: resultado del premio mayorPor su parte, la Lotería del Cauca realizó el sorteo 2603, cuyo premio mayor de $8.000 millones fue para el número 2062 de la serie 116.Baloto y Revancha: resultados y acumuladosEn el sorteo 2.633 del Baloto, realizado el sábado 21 de marzo de 2026, los números ganadores fueron07 - 40 - 43 - 21 - 25 y la superbalota 11. De acuerdo con los resultados oficiales, no se registraron ganadores del premio mayor en esta modalidad.Por su parte, en la Revancha del mismo sorteo, los números seleccionados fueron 04 - 09 - 22 - 28 - 16 y la superbalota 15. Al igual que en el Baloto, no hubo acertantes del premio principal, por lo que el acumulado continúa en aumento para el siguiente sorteo.
Este sábado 16 de mayo de 2026, Travesía Blu propone un viaje sobre turismo, viajes y experiencias de hospedaje, comparando hoteles tradicionales con plataformas como Airbnb.Eduardo Pérez (actor y modelo):Habló sobre sus viajes favoritos, destacando a Italia como el país que más lo ha sorprendido y Medellín como su ciudad ideal. También contó experiencias de turismo en Colombia, gastronomía y sus sueños actorales.Walter Luengas (actor):Habló de las ventajas de Airbnb por su practicidad y precios, aunque resaltó la importancia de apoyar a los hoteles tradicionales y mejorar constantemente el servicio turístico.María Elena Döering (actriz):Dijo que, aunque entiende el auge de plataformas como Airbnb, personalmente sigue prefiriendo hospedarse en hoteles tradicionales.Susana Palazuelos y Eduardo Palazuelos (gastronomía de Acapulco):Conversaron sobre la cocina mexicana como una herramienta para promover el turismo y destacaron la gastronomía de Acapulco y Guerrero como parte esencial de la experiencia para los visitantes.Luis Carlos Rueda (Cinema Travel):Habló de la película Top Gun y aprovechó para recomendar San Diego, en California, como destino turístico por sus playas, el Comic-Con y el portaaviones USS Midway.Eduardo Klin (Ciclico):Explicó cómo su marca colombiana trabaja en moda sostenible mediante reciclaje textil, producción responsable y proyectos de impacto ambiental y social.Escuche el programa completo aquí:
Muchas veces, el miedo a una sanción o a enfrentar a la autoridad lleva a algunas personas a tomar decisiones impulsivas. Conductores sin licencia, con documentos vencidos o en situaciones irregulares pueden optar por huir de la policía, creyendo que así evitarán consecuencias legales.Sin embargo, este tipo de reacciones suele agravar la situación y, en casos extremos, poner vidas en riesgo.Ese fue precisamente el escenario que se vivió en Arkansas, Estados Unidos, donde una mujer protagonizó una peligrosa persecución policial mientras transportaba a su hijo.El hecho terminó en un accidente que, por fortuna, no dejó víctimas fatales, pero sí terribles daños al vehículo implicado.Niño resultó ileso tras volcarse el auto donde huía su madreUn niño resultó ileso luego de que el vehículo en el que viajaba junto a su madre se volcara durante la huida. La mujer intentó escapar de la policía y perdió el control del automóvil, desencadenando el siniestro.El video compartido en redes sociales muestra el momento en que un oficial persigue a una mujer que conducía un automóvil rojo. Durante la persecución, el policía golpea el vehículo por la parte trasera, pero la conductora acelera y pierde el control.El carro se desvió hacia el lado izquierdo de la vía y, al intentar regresar al carril, impactó contra lo que sería un buzón de correo. Después cruza nuevamente la carretera y, tras un movimiento brusco del volante, el vehículo terminó volcándose.Segundos más tarde, se observa al niño salir del automóvil visiblemente asustado, sin uno de sus zapatos, mientras corre hacia el oficial. Poco después, la mujer también logra salir del carro y se dirige hacia el menor aparentemente afectada por el accidente.Tras el accidente, un oficial confrontó a la conductora con evidente indignación por lo ocurrido y luego de conocer por qué huía la mujer le dijo: “¿Huiste de mí porque no tienes licencia?, casi matas a tu hijo, es la cosa más estúpida que has hecho en tu vida”, le reclamó el agente, indicando la gravedad de la decisión tomada.
En horas de la noche de este sábado, 16 de mayo, fue recibido Alex Saab por autoridades en Miami, en Estados Unidos, tras ser deportado por el Gobierno de Venezuela para que cumpla sus obligaciones pendientes con la ley en ese país, "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria"."El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana (...) La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América", indicaron en un comunicado.El colombo venezolano fue recibido por agentes de la DEA en Miami, en donde quedará a disposición de las autoridades. Lo curioso de su llegada fue que llevaba una sudadera gris, mismo color que usó Nicolás Maduro el día de su captura por parte del Ejército de Estados Unidos. El empresario estuvo preso en EE.UU. entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, cuando regresó a Venezuela tras recibir un indulto del Gobierno del entonces presidente Joe Biden.Fue catalogado en 2020 como un diplomático por el Gobierno de Maduro, que lo designó en enero de 2024 presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).En octubre de 2024 fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por Delcy Rodríguez dos semanas después de la captura de Maduro, en enero pasado.