La magia de La Guajira es innegable. No solo se encuentra en sus deslumbrantes paisajes naturales, sino también en sus ricas manifestaciones culturales, siempre sorprendentes. He tenido el privilegio de visitar esta hermosa región en múltiples ocasiones, y aunque sus desafíos son evidentes, conozco de cerca la complejidad de sus problemas. El abandono estatal, sumado a la diversidad de cosmovisiones presentes, dificulta encontrar soluciones rápidas. Además, la corrupción, como un cáncer, sigue carcomiendo las raíces de esta tierra.Lamentablemente, quienes pagan el precio más alto en este drama son los niños. He presenciado su sufrimiento: desnutridos, mal vestidos, mendigando en los polvorientos senderos de la región. He sido testigo de las desgarradoras cifras de mortalidad infantil. Por eso, la noticia de que las muertes por desnutrición infantil en La Guajira disminuyeron un 45% durante el primer trimestre del 2024 es motivo de esperanza y celebración. Según las cifras oficiales, solo dos niños perdieron la vida por esta causa, en comparación con los diez casos del trimestre anterior.Se reduce un 45% muertes de niños por desnutrición en La Guajira durante primer trimestre del 2024Aunque nos alegra ver una mejora, debemos aspirar a un ideal donde ningún niño muera por desnutrición. Estas estadísticas reflejan la necesidad de prestar atención a los problemas reales, implementar programas efectivos y, sobre todo, actuar con honestidad en la búsqueda de soluciones. Aunque algunas ONG wayuú han cuestionado las cifras, argumentando subregistros y falsedad en la noticia, hoy me baso en la información oficial para afirmar que, con atención y acciones coherentes, podemos resolver estos problemas.Como nación, deberíamos avergonzarnos de la situación que enfrentan los niños de La Guajira. La repetición constante de estas tragedias solo encuentra en la indiferencia una respuesta cruel. Una sociedad que permite la muerte de sus niños de esta manera no puede considerarse sana. Es hora de tomar responsabilidad y trabajar unidos para garantizar un futuro mejor para los más vulnerables de nuestra tierra.
Se llevó a cabo en la Corte Constitucional una audiencia de sesión técnica en cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017 respecto a la protección a la niñez wayúu.En medio de la diligencia, el presidente de esta alta corte, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, hizo alusión a la asignación de los recursos públicos del departamento de La Guajira, y a cómo se están cumpliendo las contrataciones e incluso fue enfático en asegurar que “este tema es de total importancia debido a que los posibles niveles de corrupción son muy altos”.Además, el presidente de la Corte hizo un fuerte llamado de atención para que se cuiden los recursos públicos invertidos en este departamento y fue allí donde dijo que “El drama de La Guajira no admite más aplazamientos”.En medio de esta diligencia se resalta el deber de asegurar el agua potable, la alimentación escolar y el saneamiento básico en La Guajira para darle continuidad, cobertura y calidad a estos servicios.Entre los interventores, estaba el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, quien afirmó que “la falta de inventario de infraestructura en agua, educación y atención a la niñez hacía difícil evitar que una inversión no se repitiera”.La sentencia, que habla respecto a la protección de esta comunidad, dice concretamente que se encontró una vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños del pueblo Wayúu.Además, constató que las vulneraciones a los derechos fundamentales son causadas por múltiples causas, dentro de las cuales se destacan fallas estructurales del Gobierno nacional, del departamento de La Guajira, de los municipios demandados y de algunas de las autoridades tradicionales Wayúu.En esta diligencia judicial también estuvieron presentes: Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, Jairo Aguila, gobernador de La Guajira, John Pimienta, alcalde de Manaure y el viceministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara.
La Procuraduría en seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, le pidió este domingo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres que tengan respuesta, pero a la falta de acciones articuladas que han estado realizando para llevar y suministrar agua potable a las comunidades Wayuu en La Guajira, exactamente en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure, y Uribia.“El ente de control pidió a esa entidad el estudio y los conceptos técnicos que determinaron como la mejor solución de corto plazo para el abastecimiento de agua en La Guajira, la adquisición de los carrotanques, así como la constancia de la participación de las entidades competentes para el desarrollo de programas y proyectos para el acceso de la población a agua potable”, señaló la Procuraduría.La petición del control seda en medio del fenómeno de el Niño, donde también piden que se entregue información sobre la distribución y frecuencia de entregas específicas por parte de los carrotanques, a cada uno de los municipios en donde se encuentran las comunidades Wayuu en La Guajira, esto junto con la información de los puntos de captación de agua que ya habían sido identificados por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, para abastecer estos carrotanques.¿Cuál es la polémica por los carrotanques en La Guajira?La unidad nacional de gestión de riesgos y desastres había contratado 40 carrotanques, los cuales estuvieron por un par de semanas sin funcionar y no fue sino, hasta que el mismo Olmedo López exdirector de la UNGRD viajó a La Guajira para que se pusieran a circular estos carrotanques, aunque no todos iniciaron su trabajo de inmediato, sino progresivamente de 10 en 10 hasta que todos iniciaron su labor.Esta polémica provocó que Olmedo López tuviera que presentar su carta de renuncia al cargo como un director de la UNGRD, a la fecha que ya fue publicada, por parte de la presidencia, la hoja de vida de el exconcejal de Bogotá por el Polo Democrático, Carlos Carrillo, para hacerse cargo de esta entidad.
El Gobierno nacional beneficiará a 21,371 personas de la comunidad wayúu en La Guajira, quienes no contaban con una fuente de agua potable en sus hogares. Se realizaron 39 rehabilitaciones de infraestructuras que ahora contarán con fuentes hídricas. Estas instalaciones no estaban en funcionamiento desde hace 5 años debido a la falta de mantenimiento.La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, mencionó que la inversión en la rehabilitación de los estanques de agua fue de $5.399 millones de pesos. Además, los aliados que formaron parte del proyecto fueron del sector público y privado, incluyendo fundaciones, gobiernos extranjeros y ONG.El Ministerio de Vivienda llegó al corregimiento de Camarones en Riohacha para anunciar: "Existen otras 561 obras de este tipo en proceso de adecuación en La Guajira, que serán terminadas para el 2024. Serán más de 1,300 rehabilitaciones que llegarán a calmar la sed de este amado departamento", destacó la ministra Velasco.Los líderes sociales de la comunidad wayúu también se pronunciaron. "Nos sentimos orgullosos como comunidad y como líderes. Gracias por darnos apoyo. Esto cambió nuestra vida, ya que no tenemos que caminar tan lejos para conseguir agua", dijo José Ipuana, líder de la comunidad El Estero.A esto se sumó la empresa de servicios públicos Esepgua, señalando: "Los recursos que ejecutamos son del Gobierno Nacional. Tenemos más de $130,000 millones del Presupuesto General de la Nación en ejecución para proyectos que beneficien a La Guajira y a las comunidades".
La fundación Wayuuda tiene el proyecto Wüii Wayaa, que es un sistema de bombeo solar para llevar agua potable a las comunidades wayú en el departamento de La Guajira. De esta manera, más de 10.000 personas se han visto beneficiadas.Lemnec Tiller, fundador y CEO de Wayuuda, quien es considerado uno de los 100 innovadores latinoamericanos, según Bloomberg Línea, detalló en los micrófonos de La Nube cómo este proyecto cambia la vida de las personas de la comunidad wayúu.Tiller tiene familia paterna wayúu por lo que conoce cuáles son las necesidades de esta comunidad, cómo es su diario vivir y la forma en la que puede ayudarlos. Recalcó la importancia de trabajar con las mujeres, quienes, por medio de sus sueños, indican dónde están los acuíferos para así captar el agua."En estas comunidades que viven en el desierto, básicamente en el bosque tropical seco, el acceso al agua es bastante precario. Y nosotros hacemos una sinergia entre los conocimientos ancestrales de las comunidades y los mezclamos con tecnología de última gama. Entonces es como un tejido social entre los sueños de las mujeres, quienes son las cabezas de las comunidades indígenas y nosotros colocamos tecnología que extrae agua del subsuelo con esos sueños que las mujeres localizan en donde están estos acuíferos, en la mitad del desierto", detalló Tiller.La fundación Wayuuda tiene más de 1.000 voluntarios que trabajan en sinergia con los conocimientos ancestrales de las mujeres wayúu, quienes también informan cuándo llegará la temporada de lluvias."Ellas son las que localizan el agua con los sueños. Nosotros, con estudios geofísicos, podemos determinar las probabilidades de que en ese lugar pueda haber un recurso hídrico bastante prometedor. Los hombres de las comunidades son los que se encargan de excavar los pozos que, muchas veces, lo hacen a mano; son de tres a 12 meses de arduo trabajo hasta que encuentran el recurso hídrico. Y ahí nosotros colocamos la tecnología, que consiste básicamente en bombas sumergibles que extraen el agua de manera totalmente automatizada y utilizamos paneles solares, aprovechando la irradiación solar de La Guajira, que es la mejor de Sudamérica", añadió el ingeniero. Por ahora, la fundación tiene tres sistemas de bombeo solar, lo que significa más de 20 millones de litros de agua. Si las personas desean ayudar a Wayuuda o ser parte de su voluntariado, lo pueden hacer al escribirlo en sus redes sociales.
Después de que la Corte Constitucional le tumbará casi que el ciento por ciento del decreto de Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental al Gobierno Petro en La Guajira, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, no considera una derrota que el alto tribunal haya suprimido en su totalidad la iniciativa con la que se pretendía atender la crisis en el departamento.Ante la pregunta de si veía como una equivocación el camino que tomó el Gobierno para solucionar el problema en La Guajira, el ministro Osuna aseguró que no cree que todo lo haga “por resolver ese dramático problema humanitario de falta de agua, de desnutrición, de exclusión social es bienvenido y es loable que todos los gobiernos lo hagan. Dicho eso, por supuesto que respetamos, acatamos y obedecemos los fallos de la Corte Constitucional”.Frente a ese panorama, el minjusticia anunció que los decretos que se han caído serán presentados ante el Congreso como leyes para que puedan tener un efecto permanente.Cabe recordar que la propia Corte Constitucional ha asegurado que el estado de emergencia en La Guajira, se cayó casi que en su totalidad porque la iniciativa se debió presentar ante el Congreso para que se analice de manera estructural, más no especial.En los últimos días la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto en materia ambiental y desarrollo sostenible de la Emergencia Económica, Social y Ambiental en el departamento de La Guajira.Con ese decreto se ponía fecha de caducidad a la minería a cielo abierto y atendía la solicitud de los Wayúu para devolver el cauce del arroyo Bruno, un tema que tiene en la mitad de la controversia a la minera Cerrejón.Le puede interesar:
Comunidades indígenas adelantan cinco bloqueos en vías de La Guajira. Uno de los bloqueos protagonizados se registra en Troncal del Caribe en el kilómetro 42 de la vía, que de Riohacha conduce a Maicao. Allí, los indígenas piden la posesión de la autoridad tradicional wayúu.La vía hacia Manaure también está bloqueada por conductores que piden mejorar las condiciones de seguridad sobre esos tramos, debido a que, con frecuencia, son objetos de atracos.En el sector de Carraipía, entre los municipios de Maicao y Albania y en el kilómetro 12 entre Distracción y Cuestecitas, también está cerrado por protesta de conductores que piden el pago por prestar el servicio de transporte escolar.Por su parte, la empresa Cerrejón notificó que también está bloqueada la vía férrea por parte de varias comunidades en el kilómetro 47 entre la mina carbonífera y Puerto Bolívar.
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto en materia ambiental y desarrollo sostenible de la Emergencia Económica, Social y Ambiental en el departamento de La Guajira.Con ese decreto se ponía fecha de caducidad a la minería a cielo abierto y atendía la solicitud de los Wayúu para devolver el cauce del arroyo Bruno, un tema que tiene en la mitad de la controversia a la minera Cerrejón.Ese decreto detallaba que “las autoridades ambientales del departamento de La Guajira deberán priorizar y dar trámite inmediato a las solicitudes de permisos, concesiones o autorizaciones ambientales conforme a la normativa vigente, con el objeto de garantizar el acceso al agua para usos de agricultura y acuicultura de subsistencia”.El Alto Tribunal determinó que los artículos que no superaron dicho escrutinio y aquellos que no tienen relación con el objeto de diferimiento debían ser declarados inexequibles con efectos inmediatos. Ello, al estimar que no se justificaba modular con efectos retroactivos la inexequibilidad.Con este decreto ya son 12 normas de la emergencia económica en La Guajira, las que se quedaron sin piso jurídico. En las últimas horas la Corte Constitucional también declaró inexequible el que creó las transferencias a familias en estado de desnutrición o riesgo inminente en el departamento.Le puede interesar:
Blu Radio conoció la resolución que alista el Departamento de Prosperidad Social en el que establece el procedimiento para la inclusión de familias de la comunidad Wayúu en el programa Familias en Acción que sigue vigente en este 2023.Y es que las cifras que advierte la propia documentación oficial conocida por Blu es alarmante:“A partir de los censos aportados por las comunidades, se identificaron 21.328 registros de niños y niñas, de los cuales, 9.363 están siendo atendidos por el ICBF o por el Ministerio de Educación Nacional. De los 11.965 restantes, mediante la búsqueda activa de Unidades Móviles del ICBF se ha logrado verificar y ubicar a 2.454 niños y niñas sin atención, entre los que se encontraron 309 con riesgo de desnutrición o desnutrición aguda”, señala el documento.Allí mismo se señala que el costo de la entrega de dicho subsidio será de 24.012 millones de pesos que salen del presupuesto de Prosperidad.Así las cosas, la resolución que se firmará en los próximos días establece las condiciones para determinar las familias beneficiarse las cuales son:Familias con niños y niñas en primera infancia, conforme a los registros administrativos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.Pertenezcan al Pueblo Wayúu según los listados censales reportados por las autoridades indígenas ante el Ministerio del Interior.Residan en el departamento de La Guajira conforme los registros administrativos señalados en el artículo 3 de la Resolución 542 de 2023.Posean documento de identidad expedido por autoridades colombianas, según los registros administrativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.La vinculación de las familias, así como la liquidación de la única transferencia monetaria del presente procedimiento especial se realizará en el quinto ciclo de operación de la vigencia 2023, determina el documento.Le puede interesar:
Dos bloqueos sobre la línea férrea mantienen detenidas las operaciones de transporte y cargue de carbón de Cerrejón en La Guajira, debido a una serie de protestas que protagonizan unas comunidades indígenas wayúu.Los bloqueos se registran sobre el kilómetro 67 de la línea férrea en jurisdicción de Uribia y sobre el kilómetro 6 en Albania."Esto es por una compensación por los daños y perjuicios que ha hecho Cerrejón con nosotros durante 30 años que hemos aguantado de estar aquí dentro de la zona de influencia", dijo Francisco Gómez, cabildo gobernador del resguardo indígena Provincial.Mientras los bloqueos persisten, Cerrejón manifestó su intención de solucionar la situación con las comunidades, con la finalidad de restaurar sus operaciones de transporte de carbón hacia Puerto Bolívar."La empresa solicita a las personas que realizan estos bloqueos remitir a las autoridades competentes sus inquietudes sobre los procesos consultivos y hacer uso de los espacios de consulta para gestionar sus peticiones asociadas a la misma. Asimismo, hace un llamado a las autoridades para que adopten las medidas legales que permitan poner fin a estos bloqueos", manifestó Cerrejón a través de un comunicado.Le puede interesar:
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.