Arrancó el camino de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA desde el pasado 18 mayo, día en que comenzó la concentración de la Tricolor en la sede de Atlético Nacional en donde han hecho presencia algunos futbolistas, a excepción de Néstor Lorenzo que se sumó hasta este miércoles a la concentración."Por el lado del seleccionado colombiano, el día de hoy entrenaron en las horas de la mañana, llegaron al sitio de entrenamiento en la sede deportiva de Guarne el día de hoy Richard Ríos y Deiver Machado. Los dos se integraron a los 3 jugadores que vienen realizando labores en el seleccionado colombiano, acompañados de Lorenzo, que fue el otro integrante nuevo en el equipo colombiano. Estaba su cuerpo técnico, pero no había llegado él", explicó el periodista Juan Pablo Hernández, de Gol Caracol y Blog Deportivo.Sin embargo, la razón de la ausencia de Néstor Lorenzo iba más allá de un tema personal, pues, según reveló Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo, el técnico argentino estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta con los 'mamos', conocidos chamanes o guías espirituales de la tribus indígenas de esta región."Le cuento, pues que estaba allá en la Sierra Nevada, en la Sierra Nevada, en un baño de espiritualidad con los mamos de la Sierra Nevada", dijo. Es importante recordar que los 'mamos' (o chamanes) hacen rituales y bendiciones, que, seguramente, Lorenzo fue a buscar para que le llegue buena energía a la Tricolor para la Copa Mundial de la FIFA, además de él mismo que busca hacer la mejor participación de la historia del equipo."Lo que nos han dicho fuera de micrófono que no creen que vaya a ser muy extenso el grupo aquí en la ciudad de Medellín. En este momento están los 5. Ya como les decía, Richard Ríos se encuentra en su casa. Deiber Machado llegó, tampoco estuvo en el sitio de concentración. Ahorita me dicen que tiene familia aquí en la ciudad de Medellín, por eso está compartiendo con ellos. Y James Rodríguez en su residencia con su familia. Los únicos que están es Álvaro Montero y Camilo Vargas en el hotel de concentración, acompañados porque vimos también a Luis Amaranto Perea y el resto de cuerpo técnico de la selección. Pero nos han dicho que entre 6 y 7 jugadores máximo van a estar llegando a la ciudad de Medellín", añadió Hernández.
Las cayuqueras son unas embarcaciones artesanales con motor que recorren parte del Río Ranchería entre Riohacha y Manaure en La Guajira. Una experiencia ofrecida por las comunidades indígenas que, además de sus prácticas ecoturísticas, también se encargan del cuidado ambiental del río que alberga a especies importantes de la región como el cangrejo azul, babillas y garzas.“Nuestras acciones van encaminadas a la protección, manutención y cuidado del delta del río Ranchería que tanto nos ha dado”, dijo Claudia Cotes Pushaina, lideresa indígena que participa del proyecto de ‘Las Cayuqueras’.Los planes en las cayuqueras, denominadas con los nombres de dos municipios representativos de La Guajira como ‘la sanjuanera’ y ‘la riohachera’, prometen un viaje inspirador, de conexión con la naturaleza y de contacto profundo con la comunidad indígena Wayúu.“Esta es una iniciativa ecoturística operada por comunidades indígenas que invita a descubrir los majestuosos paisajes del Río Ranchería y que tenemos en La Guajira. A esto le estamos apuntando a apoyar la protección descubrir estos ecosistemas hermosas de nuestro departamento y a que nuestra gente tenga su propio sustento”, dijo Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.Mientras los visitantes van conociendo las especies que abundan en este sendero del río, los miembros de la comunidad Wayúu del Pasito, en zona rural de Manaure, les comparten las experiencias que su etnia promete; un recorrido en la ranchería, conocer jagüeyes, interactuar con sus costumbres y venta de artesanías de todo tipo.Esta experiencia ecoturística apoya al autosostenimiento de las comunidades indígenas Wayuu y apoya con la preservación de las especies y zonas de manglar del río que son protegidos por las mismas comunidades étnicas con injerencia en estos espacios.
De los 120.430 usuarios que tiene Nueva EPS en La Guajira, cerca del 80% pertenece a la etnia wayuu y son ellos los que hoy expresan su preocupación frente a la posibilidad de que a partir de abril solo puedan ser atendidos en los 16 hospitales públicos del departamento y no en las 14 IPS indígenas que hace 20 años también han estado brindando sus servicios médicos a esta población.Laura Andriolis Freyle, autoridad tradicional del pueblo wayuu y usuaria de Nueva EPS, afirma que esta sería una decisión del agente interventor de la entidad, Luis Oscar Gálvez, y que pone en riesgo la atención en salud de su población, pues son las IPS indígenas las que “históricamente han identificado, ubicado y acompañado a estas comunidades en el territorio, muchas de las cuales no se encuentran plenamente georreferenciadas por la Nueva EPS”.Andriolis afirma que las autoridades wayuu conocieron esta medida hace una semana y desde entonces están pidiendo un espacio de concertación con el presidente Gustavo Petro y con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para advertirles que los hospitales públicos de La Guajira no darán abasto para atender a 120 mil pacientes adicionales y que eso ya quedó demostrado en el pasado."Antes había insuficiencia en la atención dentro de las comunidades indígenas y por eso nacen las IPS indígenas, para prestar ese servicio de salud en territorio y también en las zonas urbanas. Entonces, se hace necesario hacer un diálogo y una concertación con las autoridades tradicionales, pero no se nos ha dado respuesta de esa solicitud formal", expresó Andriolis.La Nueva EPS informó que todavía no hay una decisión oficial frente a la terminación unilateral de contratos con las IPS indígenas en La Guajira, pero las autoridades wayuu insisten en que, antes de que esto ocurra y dada la autonomía que tienen los pueblos indígenas, cualquier medida de esta índole debe ser concertada con ellos.Advierten que la liquidación de los contratos con las IPS indígenas también “afectaría la continuidad e integralidad de los servicios de salud, especialmente para los usuarios que actualmente se encuentran en tratamientos médicos, seguimientos clínicos o procesos de atención continuada”.
Un total de 86 comunidades wayúu en La Guajira ya cuentan con acceso seguro y continuo a agua potable, gracias a un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter, una iniciativa que a la fecha ha beneficiado a más de 30.000 habitantes y que, en su totalidad, impactará a más de 46.000 personas.El proyecto, liderado por el Ministerio de Vivienda con asistencia técnica de Findeter, busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua en el departamento y contribuir a la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, mediante la rehabilitación de pozos, molinos y sistemas de tratamiento, así como la implementación de soluciones sostenibles como plantas de tratamiento y sistemas de energía solar en zonas rurales dispersas.El convenio contempla 91 intervenciones en comunidades priorizadas, de las cuales 86 ya fueron entregadas. Adicionalmente, se firmó un nuevo contrato que iniciará su ejecución en 2026, orientado a la prestación de servicios especializados de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de 45 nuevas intervenciones, en el marco del Plan Wüin Ülees.La viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, destacó que el acceso al agua potable ha sido un eje central del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Este convenio con Findeter es un avance en la consolidación de proyectos sostenibles que se materializan en acceso real al agua como derecho humano y fortalecen la apropiación comunitaria de la infraestructura”, afirmó.Con el trabajo articulado entre ambas entidades, se proyecta alcanzar 136 rehabilitaciones en comunidades indígenas, consolidando una transformación estructural que apunta a la justicia social y la equidad territorial en el norte del país.Por su parte, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, señaló que la iniciativa refleja el compromiso del Gobierno nacional con la garantía de derechos fundamentales. “Donde antes había abandono y sed, hoy hay agua potable, infraestructura y dignidad”, aseguró.Las obras se desarrollan en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, territorios con una profunda deuda histórica en acceso al agua. Un componente clave del proyecto ha sido la vinculación de cinco asociaciones indígenas como ejecutoras de obra, una articulación que ha permitido integrar el conocimiento ancestral con la asistencia técnica especializada, garantizando pertinencia cultural, sostenibilidad y arraigo comunitario.Al cierre del proyecto, La Guajira marcará un hito en materia de justicia hídrica y desarrollo sostenible, al ampliar de manera significativa el acceso al agua potable para miles de familias wayúu.
La Red de Veedurías Ciudadanas, que representa a las víctimas de La Guajira dentro del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar que los dineros reintegrados por los vinculados al caso no ingresen a una bolsa general en la Unidad, sino que sean destinados a cumplir el propósito inicial de resolver la crisis de agua en el departamento.“Se adopten las medidas procesales y legales necesarias y suficientes, a que haya lugar, a efecto de que la totalidad de tales recursos se destinen y utilicen de manera específica al aprovisionamiento de agua potable a las víctimas directas de La Guajira, y en particular de la comunidad Wayúu. En consecuencia, que así se solicite y asegure dentro del resorte de sus competencias y facultades, en las distintas actuaciones que respecto de tales recursos se realicen”, describe el documento presentado por el apoderado de las víctimas.Actualmente, los recursos superan los $9.000 millones de pesos, entregados por los procesados dentro de los preacuerdos suscritos en la primera fase de la investigación del caso UNGRD, derivado del escándalo por la compra irregular de carrotanques.Según cifras oficiales de la Fiscalía General, se han recuperado $9.714’300.723 de recursos apropiados de manera ilegal, específicamente entregados así:Pedro Andrés Rodríguez Melo: $500’000.000Olmedo de Jesús López Martínez: $724’000.000Sneyder Augusto Pinilla Álvarez: $618’000.000Luis Eduardo López Rosero: $7.722’300.300Luis Carlos Barreto Gantiva: $150’000.000La solicitud se produce luego de que el apoderado de la UNGRD retirara la audiencia ante el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, en la que se definiría el traslado de esos recursos. Según explicó la entidad, la decisión obedeció a motivos procesales, pues el Centro de Servicios Judiciales había programado la diligencia bajo un radicado general, cuando cada preacuerdo tiene un radicado diferente. La Unidad asegura que optó por evitar el desgaste judicial, desistiendo de esa audiencia y solicitando tres audiencias separadas por los radicados con los que se identifican los depósitos.No obstante, para el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y apoderado de las víctimas, la medida genera preocupación por la falta de avance en el uso de los recursos. “Es para nosotros una extrañeza que una medida necesaria como esa de retraer los dineros depositados, que no están produciendo ningún beneficio, se haya frenado. Hemos solicitado que no vayan a una bolsa general, sino a una especial que cumpla el propósito inicial: conjurar el problema de falta de agua en La Guajira”, afirmó.El abogado asegura que se avecinan escenarios de incidentes de reparación; sin embargo, los mismos revisten una demora propia en su realización, “programación que hace más complejos por su carácter individual o personal, por lo que esperar a que dentro de los mismos se disponga la entrega terminaría dilatando el uso y goce del derecho fundamental al agua, y a la no revictimización, así como a la reparación de las víctimas”.Sobre los recursos pendientes, la Fiscalía asegura que las investigaciones contra el expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, se siguen ante la Corte Suprema de Justicia, con recursos comprometidos por $4.000 millones de pesos que corresponderían al pago de dádivas. A esa instancia le corresponde tramitar el eventual reintegro de esos recursos.En lo que respecta a la segunda fase de la investigación, en la que están vinculados César Manrique Soacha y otras personas, se tienen documentados dineros apropiados por $13.164’285.901.
La investigación por parte del Ministerio Público se da por el presunto incumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, el agua y la alimentación de los niños y niñas del pueblo Wayúu en La Guajira.Incluso el alto tribunal declaró el “bajo” el nivel de cumplimiento de la orden tercera de dicha sentencia, que exigía la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para atender la crisis humanitaria en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.Entre los nombres que resaltan en el auto de apertura de esta investigación de la Procuraduría están el del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el actual director de la UNGRD Carlos Carillo, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino y varios exfuncionarios como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz.Ahora, como el tema de las comunidades vulnerables en la Guajira no es nuevo, en esa investigación también aparecen exfuncionarios del Gobierno de Iván Duque como por ejemplo, el exministro de la Salud Fernando Ruiz, y es que la Procuraduría ve con preocupación que el presunto incumplimiento de esta sentencia proferida por la Corte Constitucional impidió asegurar el acceso de la población beneficiaria al agua, a la alimentación, la salud, la igualdad y la diversidad cultural.La investigación incluye a cinco exconsejeros presidenciales, tres ministros de Salud, cuatro de Vivienda, dos de Medio Ambiente, cuatro de Agricultura y Desarrollo Rural, cuatro exdirectores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, tres exdirectores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuatro directores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, tres superintendentes nacionales de Salud, tres gobernadores de La Guajira y dos alcaldes de Maicao, dos de Manaure, dos de Riohacha y dos de Uribia.La Procuraduría señala que, el cumplimiento de esa sentencia sigue siendo de carácter obligatorio y que el Estado debe cumplir a cabalidad la sentencia.
La Sala Especial de la Corte Constitucional, que le hace seguimiento a la sentencia T-302, que busca garantizar la vida de la población wayúu de La Guajira, le hizo reparos por bajo cumplimento a las acciones del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria de la niñez guajira."Muy pero muy corto, no han cumplido, esa es la palabra, no ha cumplido el Gobierno nacional, no ha solucionado el tema alimentario de fondo, los niños se siguen muriendo por desnutrición y el abandono sigue, es decir, le ha quedado corto al Estado esta problemática de la sentencia T-302", dijo Eudes Romero, líder social de la comunidad Villa Fátima, ubicada en zona rural de Riohacha.Lo que dice la CorteSegún la Corte Constitucional, hay desequilibrio entre las acciones del Gobierno nacional y los municipios para garantizar la seguridad alimentaria. No hay un plan para superar el asistencialismo y las inversiones hasta ahora reportadas no han garantizado la seguridad alimentaria de los niños."No es mentira que nuestros niños cada día se mueren de hambre y sed por el abandono estatal, no es mentira cuando la Corte Constitucional determina que estamos en una crisis humanitaria", explicó José Silva, director de la ONG de Derechos Humanos 'Nación Wayúu'.El gobernador de La Guajira creó el fondo de seguridad alimentaria con el que han entregado más 400 toneladas de alimentos en la alta Guajira, pero dice que necesita más apoyo del Gobierno nacional."El llamado es clave, es avanzar en temas estructurales, la importancia de las vías y fortalecer el fondo de seguridad alimentaria que el año pasado logramos constituir en el departamento, los esfuerzos son necesarios para atender en el menor tiempo posible las necesidades de nuestra gente", dijo Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.La Sala de la Corte calificó de "inadmisible" que, tras siete años de notificada la sentencia, todavía la cifras de niños con desnutrición y de mortalidad infantil no hayan cedido considerablemente.
Los rostros de carne y hueso de las mujeres policías wayúu inspiraron el monumento que ahora se devela ante la mirada de locales y turistas en el conocido parque de la India de Riohacha."Hemos sido un enlace entre la comunidad y la Policía Nacional. Hemos servido como enlace, como conciliadoras y palabreras entre la institución y nuestra cultura", dijo la mayor Katiuska Toncel, una mujer policía wayúu que ahora es jefe de derechos humanos en la regional ocho de la Policía.Sobre el monumentoEl artista que materializó esta idea explicó que el monumento está hecho en fibra de vidrio reforzado, con acabados en poliester metalizado y mide 3,80 metros de altura."Para nosotros los guajiros es un orgullo hoy en día. La mujer wayúu está incursionando en el campo policivo", dijo Javier Julio Mendoza, artista que realizó el monumento a petición de la Policía de La Guajira."Ellas tienen un despliegue como cualquier policía, en inteligencia, en apoyo a la Fiscalía, en apoyo comunitaria o en el servicio rutinario de vigilancia. Ellas tienen la capacidad de trabajar en cualquier parte", dijo el general Yecid Peña, comandante de la Regional 8 de la Policía.Nuevo atractivo turísticoEl monumento de la mujer wayúu, portando su manta verde y todos los accesorios de la Policía, se convirtió en un nuevo atractivo turístico para locales y visitantes."Muy representativo, sobre todo lo que tiene que ver con el sector turístico en La Guajira, darle identidad y reconocer la valentía de nuestras mujeres policías guajiras y el compromiso es seguir apoyando estas iniciativas", dijo el gobernador Jairo Aguilar Deluque.El mensaje es a cuidar este monumento artístico y a respetar a las mujeres policías wayúu, que son parte de la identidad de este departamento.Vea el video de cuando se devela el monumento aquí:
A Bogotá llegaron 49 personas, miembros de 15 núcleos familiares de las comunidades wayúu, que salieron desde Riohacha tras haber sido desplazados por amenazas de grupos armados, intimidaciones que el pasado 15 de julio los obligados a salir de su territorio en el departamento de La Guajira.Niños y adolescentes hacen parte de este grupo de personas que llegaron a la capital del país, hecho que fue rechazado públicamente por el procurador general, Gregorio Eljach.Las víctimas de desplazamiento fueron recibidas en el Centro de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la Nación CAV, en la capital del país, y atendidos por un equipo multidisciplinario, que tiene a su cargo la toma de declaración y activación de las rutas correspondientes.Ante estos hechos, el Procurador General realizó, además, un llamado urgente a las autoridades civiles, militares y policiales del Distrito de Riohacha, La Guajira, para que adopten las medidas necesarias para la prevención y protección de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la comunidad wayúu en esa zona del país.Isabella Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, indicó que este sería el tercer grupo de desplazados que llegan proveniente de La Guajira.
Las comunidades indígenas wayuu del municipio de Manaure, en La Guajira, finalmente contarán con acceso continuo y seguro al servicio de energía eléctrica. Esto, por una inversión de más de $52.000 millones por parte del Gobierno nacional, a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), se implementarán proyectos energéticos sostenibles que ampliarán la cobertura del servicio de energía en zonas rurales y dispersas del departamento.Con esta intervención, 1.334 usuarios pertenecientes a 59 comunidades indígenas wayuu accederán al servicio de energía eléctrica de manera continua las 24 horas del día, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su desarrollo comunitario. Los sistemas que implementa el IPSE corresponden a soluciones fotovoltaicas off-grid tipo microred y sistemas solares individuales fotovoltaicos, que permiten establecer un ecosistema energético compartido, resiliente y adaptado a las condiciones del territorio.Avance del proyecto en La GuajiraSegún el director del IPSE, Danny Fernando Ramírez, este esfuerzo marca un hito en la cobertura energética del municipio de Manaure, aportando de manera directa al cierre de brechas sociales y al desarrollo equitativo de la región. A la fecha, las soluciones solares fotovoltaicas para las viviendas presentan un avance del 20 %. Además, el 35 % de la mano de obra empleada es local, lo que garantiza el éxito del proyecto y dinamiza la economía en las comunidades beneficiadas.Con acceso a energía eléctrica continua y segura, estas comunidades podrán mejorar su calidad de vida, acceder a servicios básicos y oportunidades de educación y trabajo.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
