En La Guajira, el Ministerio de Vivienda instaló 28 filtros de agua en dos comunidades indígenas wayuu que enfrentan dificultades para acceder a agua apta para el consumo humano.La entrega se distribuyó en 16 filtros para Wimpiraleim, en Uribia, con capacidad para beneficiar a más de 800 habitantes, y otros 12 para Perratpu, en Riohacha, donde se estima que 600 personas tendrán acceso a agua apta para el consumo humano. En total, los equipos tienen capacidad para beneficiar a cerca de 1.400 personas.Entre los beneficiarios se encuentran niños y niñas atendidos en tres Unidades Comunitarias de Atención (UCA) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Los equipos utilizan el sistema de ultrafiltración ORISA, una tecnología de funcionamiento mecánico que no necesita conexión eléctrica ni requiere la adición de productos químicos durante el proceso de filtración. Según las especificaciones del fabricante, cada unidad tiene una capacidad de tratamiento de hasta 20.000 litros de agua antes de necesitar el cambio de su membrana.La instalación estuvo acompañada de jornadas de capacitación para que los habitantes aprendan a utilizar y mantener los filtros. Estas actividades incluyen instrucciones sobre el montaje de los equipos, la limpieza de sus componentes y el almacenamiento adecuado del agua para evitar su contaminación.Una solución temporal ante la falta de acceso al aguaLa entrega de los filtros constituye una medida provisional para atender las dificultades de abastecimiento de agua que enfrentan estas comunidades, especialmente por las condiciones de sus fuentes inmediatas de suministro.De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la intervención también responde a las medidas cautelares ordenadas por la Corte Constitucional mediante el Auto 1201 del 2 de septiembre de 2026, en el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, relacionada con la protección de los derechos fundamentales de la niñez wayuu.Sin embargo, la instalación de los 28 equipos no reemplaza las soluciones estructurales de acueducto y saneamiento básico ordenadas por la Corte. Se trata de una respuesta de emergencia mientras las entidades responsables avanzan en la estructuración, financiación y ejecución de los proyectos definitivos.
La Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones disciplinarias por presuntos incumplimientos de la Sentencia T-302 de 2017 en Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira, municipios donde la Corte Constitucional ordenó proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo wayuu. El procurador general, Gregorio Eljach, informó que hay 25 funcionarios públicos bajo investigación formal por posibles incumplimientos de sus deberes.Además, explicó que, desde 2017, la Procuraduría ha iniciado 125 actuaciones relacionadas con el cumplimiento de esta sentencia. De ese total, 41 tienen apertura de investigación disciplinaria, cuatro fueron remitidas a otras autoridades por competencia y una está pendiente de apertura, procesos que continuarán avanzando para determinar las posibles responsabilidades.Frente a todo este panorama, hizo un llamado a las autoridades a cumplir los compromisos que asumieron al posesionarse en sus cargos y a garantizar los derechos constitucionales de la población wayuu.“Solo quiero hacer una sugerencia porque nosotros no participamos del Gobierno, no cogobernamos, pero sí acompañamos el buen propósito del fallo de la T302 y todo el desarrollo posterior y el cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales. No venimos a asustar a nadie, no venimos a meter miedo, venimos a decirle hay un Estado colombiano que nos pertenece a todos y al que todos debemos acatar”, señaló el procurador Gregorio Eljach.Durante una sesión técnica convocada por la Corte Constitucional en Riohacha, Eljach insistió en la necesidad de mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional, la Gobernación de La Guajira y las alcaldías. Aquí la labor también es de las entidades, quienes deben definir tareas concretas, trabajar de manera conjunta y responder por sus compromisos para evitar que las responsabilidades queden sin cumplir.El procurador también pidió buscar soluciones integrales para el departamento y no concentrarse únicamente en proyectos aislados de suministro de agua, como molinos o plantas desalinizadoras para determinadas comunidades. Como ejemplo, mencionó el trabajo articulado para el abastecimiento de agua a partir de la represa El Cercado y el río Ranchería, y propuso replicar ese modelo para atender las necesidades de la población wayuu.Además, planteó que la protección de esta comunidad se incluya en la planeación del próximo gobierno departamental, con la participación de las autoridades regionales, los organismos de control, la justicia y la dirigencia política.Por lo que desde la Procuraduría se busca trabajar en tres puntos fundamentales. Por un lado, se busca incluir en el Plan Nacional de Desarrollo una partida que podría ser de 300.000 millones de pesos anuales, provenientes del impuesto de renta que paga la explotación de carbón, para financiar las obligaciones pendientes; por otro lado, crear un grupo de trabajo integrado por miembros del pueblo wayuu que, desde la Procuraduría, coordine a las entidades del Estado para responder a las necesidades de esta comunidad; y de esta forma, transformar la Delegada para la Infancia en una dependencia enfocada en la familia integral, que tenga un papel clave en la atención de las particularidades culturales y sociales de las familias wayuu.Finalmente, reiteró que la Procuraduría acompañará el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 y destacó la importancia de comprender las particularidades culturales y sociales del pueblo wayuu.
La Corte Constitucional ordenó medidas cautelares de urgencia para proteger la salud y la vida digna de niñas, niños y adolescentes Wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira. La decisión se tomó después de que una visita judicial evidenciara fallas que requieren atención inmediata.La situación ya no se limita al histórico reclamo por el acceso al agua. La Corte intervino ahora de manera directa frente a la atención en salud, la prestación de los servicios médicos y los graves riesgos de salud mental que enfrentan menores Wayuu en varias comunidades.Uno de los problemas encontrados fue la falta de coordinación entre las EPS que atienden a integrantes de una misma comunidad. Por esta razón, el alto tribunal ordenó crear una estrategia para identificar los casos prioritarios y hacer seguimiento a cada niño, niña o adolescente que requiera atención, medicamentos, procedimientos, remisiones o transporte.Además, la Corte encontró comunidades dispersas donde los equipos médicos extramurales llegan de manera insuficiente o no llegan con continuidad. Por lo que ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira y a las secretarías de salud identificar, en un plazo de 15 días, las comunidades que llevan más tiempo sin recibir estas visitas y aquellas que enfrentan mayores dificultades para desplazarse hasta los servicios de salud.Como medida inicial, las autoridades deberán priorizar al menos 15 comunidades de cada municipio: Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, es decir, un mínimo de 60 comunidades. Allí deberán activar las rutas de atención y realizar una primera visita, teniendo en cuenta factores como desnutrición, enfermedades respiratorias y diarreicas, distancia, movilidad, acceso al agua y tiempo desde la última atención.La Corte también estableció que, máximo en seis meses, debe consolidarse un plan que garantice por lo menos una visita mensual a esas comunidades. La frecuencia tendrá que aumentar cuando el nivel de riesgo de los menores o de la población lo requiera.Pero uno de los puntos más delicados de la decisión está en la salud mental. La Corte encontró graves riesgos en comunidades de Maicao, incluidos reportes de posibles suicidios, y ordenó al Ministerio de Salud activar, en máximo ocho días hábiles, una respuesta psicosocial urgente para los niños, niñas, adolescentes y sus familias en Cantawamana y Majayupana.Esa atención deberá incluir valoración inmediata del riesgo, atención individual, manejo de crisis, seguimiento a los menores y sus familias y acciones de prevención comunitaria. También deberá contar con personal capacitado en enfoque intercultural y conocimiento del wayuunaiki, además de coordinarse con las autoridades tradicionales.El tribunal ordenó además realizar, en un plazo de tres meses, una caracterización de la salud mental de la niñez Wayuu en los cuatro municipios. El objetivo es establecer cuáles son los riesgos, las barreras para recibir atención y qué rutas existen para prevenir, atender y hacer seguimiento a las crisis.Otro problema identificado fue la falta de documentos de identidad. De esta forma, la Registraduría deberá realizar en dos meses una jornada de registro civil e identificación para los menores Wayuu de La Pista, en Maicao. Pero la Corte fue clara: no tener documento nunca puede convertirse en una barrera para recibir atención médica, de urgencias, salud pública o salud mental.Las órdenes son de obligatorio cumplimiento para los ministerios, autoridades territoriales, EPS y EPSI, IPS, ESE y demás entidades involucradas. Además, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría y la Defensoría deberán vigilar su cumplimiento, mientras el Ministerio del Interior tendrá que traducir la decisión al wayuunaiki y garantizar su divulgación en las comunidades.
La Corte Constitucional adoptó medidas cautelares de carácter urgente y transitorio para frenar el grave riesgo sanitario que amenaza a las niñas y niños Wayuu del corregimiento de Jojoncito, en el municipio de Uribia, La Guajira, tras constatar en terreno la contaminación de su principal fuente de agua.A través del Auto 1201 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 ordenó a la Alcaldía de Uribia y a ESEPGUA activar en un plazo máximo de 48 horas un esquema temporal de abastecimiento de agua potable mediante carrotanques y tanques de almacenamiento.Asimismo, dispuso que el Ministerio de Vivienda implemente filtros y purificadores en 15 días hábiles, instó a presentar una solución de infraestructura sostenible en 30 días y ordenó traducir la providencia al Wayuunaiki para garantizar el control directo de las autoridades tradicionales. La decisión se da luego de hallazgos registrados el pasado 27 de agosto durante una inspección en el territorio, en dónde la comisión de la Corte observó que la comunidad se abastecía de un reservorio con coloración verdosa y probable presencia de heces fecales animales.Frente a todo este panorama, el alto tribunal ordenó a la Alcaldía de Uribia y a ESEPGUA llevar agua potable urgente en un plazo de 48 horas a la comunidad. El reparto se hará con carrotanques de la alcaldía y tanques de almacenamiento de ESEPGUA. Para asegurar las rutas y frecuencias de entrega, las entidades deben entregar un primer plan en 24 horas y uno definitivo en 5 días.En un plazo de 15 días hábiles, el Ministerio de Vivienda deberá instalar purificadores o filtros de agua aptos para la zona, realizando primero una reunión técnica con la comunidad en 10 días.Además, las entidades deberán aplicar un protocolo escrito de limpieza y desinfección de los tanques. La Corte aclaró que este reparto de agua es una ayuda temporal y dio 30 días hábiles para que entreguen un proyecto de acueducto definitivo y sostenible.La Corte exhortó al Viceministerio de Agua a evaluar si este patrón de deterioro hídrico se repite en otras comunidades de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. La medida busca prevenir emergencias sanitarias similares en los cuatro municipios priorizados por la Sentencia T-302. La Procuraduría hará seguimiento al cumplimiento de estas órdenes.
La Procuraduría General de la Nación acompañará la inspección judicial ordenada por la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que busca garantizar los derechos de las niñas y niños Wayuu al agua, la salud, la seguridad alimentaria y la participación. La diligencia hace parte del seguimiento a las medidas establecidas para proteger a esta población.El Ministerio Público ha advertido ante la Corte Constitucional sobre la necesidad de fortalecer la articulación entre las entidades responsables de cumplir la sentencia. La Procuraduría considera que una mayor coordinación entre las autoridades es necesaria para avanzar en la garantía efectiva de los derechos de la niñez Wayuu.Como parte de este seguimiento, el ente de control ha liderado acciones en los territorios dispersos de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha. Estas labores se han desarrollado junto con entidades del orden nacional y territorial y buscan acercar a las comunidades servicios de salud, educación, seguridad alimentaria e identificación.Según la Procuraduría, las acciones adelantadas hasta la fecha han permitido la atención de más de 3.200 niñas y niños. El trabajo se ha concentrado en acercar servicios esenciales a las comunidades y avanzar en las medidas necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la sentencia.El Ministerio Público señaló que continuará durante la presente vigencia impulsando el cumplimiento de la sentencia y acompañando las acciones dirigidas a garantizar los derechos de la niñez Wayuu, también manteniendo el seguimiento a las entidades responsables.
Arrancó el camino de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA desde el pasado 18 mayo, día en que comenzó la concentración de la Tricolor en la sede de Atlético Nacional en donde han hecho presencia algunos futbolistas, a excepción de Néstor Lorenzo que se sumó hasta este miércoles a la concentración."Por el lado del seleccionado colombiano, el día de hoy entrenaron en las horas de la mañana, llegaron al sitio de entrenamiento en la sede deportiva de Guarne el día de hoy Richard Ríos y Deiver Machado. Los dos se integraron a los 3 jugadores que vienen realizando labores en el seleccionado colombiano, acompañados de Lorenzo, que fue el otro integrante nuevo en el equipo colombiano. Estaba su cuerpo técnico, pero no había llegado él", explicó el periodista Juan Pablo Hernández, de Gol Caracol y Blog Deportivo.Sin embargo, la razón de la ausencia de Néstor Lorenzo iba más allá de un tema personal, pues, según reveló Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo, el técnico argentino estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta con los 'mamos', conocidos chamanes o guías espirituales de la tribus indígenas de esta región."Le cuento, pues que estaba allá en la Sierra Nevada, en la Sierra Nevada, en un baño de espiritualidad con los mamos de la Sierra Nevada", dijo. Es importante recordar que los 'mamos' (o chamanes) hacen rituales y bendiciones, que, seguramente, Lorenzo fue a buscar para que le llegue buena energía a la Tricolor para la Copa Mundial de la FIFA, además de él mismo que busca hacer la mejor participación de la historia del equipo."Lo que nos han dicho fuera de micrófono que no creen que vaya a ser muy extenso el grupo aquí en la ciudad de Medellín. En este momento están los 5. Ya como les decía, Richard Ríos se encuentra en su casa. Deiber Machado llegó, tampoco estuvo en el sitio de concentración. Ahorita me dicen que tiene familia aquí en la ciudad de Medellín, por eso está compartiendo con ellos. Y James Rodríguez en su residencia con su familia. Los únicos que están es Álvaro Montero y Camilo Vargas en el hotel de concentración, acompañados porque vimos también a Luis Amaranto Perea y el resto de cuerpo técnico de la selección. Pero nos han dicho que entre 6 y 7 jugadores máximo van a estar llegando a la ciudad de Medellín", añadió Hernández.
Las cayuqueras son unas embarcaciones artesanales con motor que recorren parte del Río Ranchería entre Riohacha y Manaure en La Guajira. Una experiencia ofrecida por las comunidades indígenas que, además de sus prácticas ecoturísticas, también se encargan del cuidado ambiental del río que alberga a especies importantes de la región como el cangrejo azul, babillas y garzas.“Nuestras acciones van encaminadas a la protección, manutención y cuidado del delta del río Ranchería que tanto nos ha dado”, dijo Claudia Cotes Pushaina, lideresa indígena que participa del proyecto de ‘Las Cayuqueras’.Los planes en las cayuqueras, denominadas con los nombres de dos municipios representativos de La Guajira como ‘la sanjuanera’ y ‘la riohachera’, prometen un viaje inspirador, de conexión con la naturaleza y de contacto profundo con la comunidad indígena Wayúu.“Esta es una iniciativa ecoturística operada por comunidades indígenas que invita a descubrir los majestuosos paisajes del Río Ranchería y que tenemos en La Guajira. A esto le estamos apuntando a apoyar la protección descubrir estos ecosistemas hermosas de nuestro departamento y a que nuestra gente tenga su propio sustento”, dijo Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.Mientras los visitantes van conociendo las especies que abundan en este sendero del río, los miembros de la comunidad Wayúu del Pasito, en zona rural de Manaure, les comparten las experiencias que su etnia promete; un recorrido en la ranchería, conocer jagüeyes, interactuar con sus costumbres y venta de artesanías de todo tipo.Esta experiencia ecoturística apoya al autosostenimiento de las comunidades indígenas Wayuu y apoya con la preservación de las especies y zonas de manglar del río que son protegidos por las mismas comunidades étnicas con injerencia en estos espacios.
De los 120.430 usuarios que tiene Nueva EPS en La Guajira, cerca del 80% pertenece a la etnia wayuu y son ellos los que hoy expresan su preocupación frente a la posibilidad de que a partir de abril solo puedan ser atendidos en los 16 hospitales públicos del departamento y no en las 14 IPS indígenas que hace 20 años también han estado brindando sus servicios médicos a esta población.Laura Andriolis Freyle, autoridad tradicional del pueblo wayuu y usuaria de Nueva EPS, afirma que esta sería una decisión del agente interventor de la entidad, Luis Oscar Gálvez, y que pone en riesgo la atención en salud de su población, pues son las IPS indígenas las que “históricamente han identificado, ubicado y acompañado a estas comunidades en el territorio, muchas de las cuales no se encuentran plenamente georreferenciadas por la Nueva EPS”.Andriolis afirma que las autoridades wayuu conocieron esta medida hace una semana y desde entonces están pidiendo un espacio de concertación con el presidente Gustavo Petro y con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para advertirles que los hospitales públicos de La Guajira no darán abasto para atender a 120 mil pacientes adicionales y que eso ya quedó demostrado en el pasado."Antes había insuficiencia en la atención dentro de las comunidades indígenas y por eso nacen las IPS indígenas, para prestar ese servicio de salud en territorio y también en las zonas urbanas. Entonces, se hace necesario hacer un diálogo y una concertación con las autoridades tradicionales, pero no se nos ha dado respuesta de esa solicitud formal", expresó Andriolis.La Nueva EPS informó que todavía no hay una decisión oficial frente a la terminación unilateral de contratos con las IPS indígenas en La Guajira, pero las autoridades wayuu insisten en que, antes de que esto ocurra y dada la autonomía que tienen los pueblos indígenas, cualquier medida de esta índole debe ser concertada con ellos.Advierten que la liquidación de los contratos con las IPS indígenas también “afectaría la continuidad e integralidad de los servicios de salud, especialmente para los usuarios que actualmente se encuentran en tratamientos médicos, seguimientos clínicos o procesos de atención continuada”.
Un total de 86 comunidades wayúu en La Guajira ya cuentan con acceso seguro y continuo a agua potable, gracias a un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter, una iniciativa que a la fecha ha beneficiado a más de 30.000 habitantes y que, en su totalidad, impactará a más de 46.000 personas.El proyecto, liderado por el Ministerio de Vivienda con asistencia técnica de Findeter, busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua en el departamento y contribuir a la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, mediante la rehabilitación de pozos, molinos y sistemas de tratamiento, así como la implementación de soluciones sostenibles como plantas de tratamiento y sistemas de energía solar en zonas rurales dispersas.El convenio contempla 91 intervenciones en comunidades priorizadas, de las cuales 86 ya fueron entregadas. Adicionalmente, se firmó un nuevo contrato que iniciará su ejecución en 2026, orientado a la prestación de servicios especializados de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de 45 nuevas intervenciones, en el marco del Plan Wüin Ülees.La viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, destacó que el acceso al agua potable ha sido un eje central del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Este convenio con Findeter es un avance en la consolidación de proyectos sostenibles que se materializan en acceso real al agua como derecho humano y fortalecen la apropiación comunitaria de la infraestructura”, afirmó.Con el trabajo articulado entre ambas entidades, se proyecta alcanzar 136 rehabilitaciones en comunidades indígenas, consolidando una transformación estructural que apunta a la justicia social y la equidad territorial en el norte del país.Por su parte, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, señaló que la iniciativa refleja el compromiso del Gobierno nacional con la garantía de derechos fundamentales. “Donde antes había abandono y sed, hoy hay agua potable, infraestructura y dignidad”, aseguró.Las obras se desarrollan en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, territorios con una profunda deuda histórica en acceso al agua. Un componente clave del proyecto ha sido la vinculación de cinco asociaciones indígenas como ejecutoras de obra, una articulación que ha permitido integrar el conocimiento ancestral con la asistencia técnica especializada, garantizando pertinencia cultural, sostenibilidad y arraigo comunitario.Al cierre del proyecto, La Guajira marcará un hito en materia de justicia hídrica y desarrollo sostenible, al ampliar de manera significativa el acceso al agua potable para miles de familias wayúu.
La Red de Veedurías Ciudadanas, que representa a las víctimas de La Guajira dentro del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar que los dineros reintegrados por los vinculados al caso no ingresen a una bolsa general en la Unidad, sino que sean destinados a cumplir el propósito inicial de resolver la crisis de agua en el departamento.“Se adopten las medidas procesales y legales necesarias y suficientes, a que haya lugar, a efecto de que la totalidad de tales recursos se destinen y utilicen de manera específica al aprovisionamiento de agua potable a las víctimas directas de La Guajira, y en particular de la comunidad Wayúu. En consecuencia, que así se solicite y asegure dentro del resorte de sus competencias y facultades, en las distintas actuaciones que respecto de tales recursos se realicen”, describe el documento presentado por el apoderado de las víctimas.Actualmente, los recursos superan los $9.000 millones de pesos, entregados por los procesados dentro de los preacuerdos suscritos en la primera fase de la investigación del caso UNGRD, derivado del escándalo por la compra irregular de carrotanques.Según cifras oficiales de la Fiscalía General, se han recuperado $9.714’300.723 de recursos apropiados de manera ilegal, específicamente entregados así:Pedro Andrés Rodríguez Melo: $500’000.000Olmedo de Jesús López Martínez: $724’000.000Sneyder Augusto Pinilla Álvarez: $618’000.000Luis Eduardo López Rosero: $7.722’300.300Luis Carlos Barreto Gantiva: $150’000.000La solicitud se produce luego de que el apoderado de la UNGRD retirara la audiencia ante el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, en la que se definiría el traslado de esos recursos. Según explicó la entidad, la decisión obedeció a motivos procesales, pues el Centro de Servicios Judiciales había programado la diligencia bajo un radicado general, cuando cada preacuerdo tiene un radicado diferente. La Unidad asegura que optó por evitar el desgaste judicial, desistiendo de esa audiencia y solicitando tres audiencias separadas por los radicados con los que se identifican los depósitos.No obstante, para el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y apoderado de las víctimas, la medida genera preocupación por la falta de avance en el uso de los recursos. “Es para nosotros una extrañeza que una medida necesaria como esa de retraer los dineros depositados, que no están produciendo ningún beneficio, se haya frenado. Hemos solicitado que no vayan a una bolsa general, sino a una especial que cumpla el propósito inicial: conjurar el problema de falta de agua en La Guajira”, afirmó.El abogado asegura que se avecinan escenarios de incidentes de reparación; sin embargo, los mismos revisten una demora propia en su realización, “programación que hace más complejos por su carácter individual o personal, por lo que esperar a que dentro de los mismos se disponga la entrega terminaría dilatando el uso y goce del derecho fundamental al agua, y a la no revictimización, así como a la reparación de las víctimas”.Sobre los recursos pendientes, la Fiscalía asegura que las investigaciones contra el expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, se siguen ante la Corte Suprema de Justicia, con recursos comprometidos por $4.000 millones de pesos que corresponderían al pago de dádivas. A esa instancia le corresponde tramitar el eventual reintegro de esos recursos.En lo que respecta a la segunda fase de la investigación, en la que están vinculados César Manrique Soacha y otras personas, se tienen documentados dineros apropiados por $13.164’285.901.
El senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, arremetió contra el expresidente Santiago Peña, su compañero de partido, a quien calificó de “bandido” y acusó de haber traicionado al país en medio de la crisis de Ueno Bank, el escándalo financiero que dejó a cerca de 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero y que terminó con la destitución y captura del exmandatario. En diálogo con Mañanas Blu, el legislador afirmó que la ciudadanía exige ver a Peña en una cárcel común y que el proceso judicial “recién comienza”.“Nos traicionó a todos los paraguayos, y con más razón a nosotros”, afirmó Leite al explicar por qué cuestiona con dureza a un político de su misma colectividad. Según recordó, el Partido Colorado acogió a Peña en 2016, cuando provenía del partido tradicional de oposición.“Resultó ser un gran impostor. No sé si un caballo de Troya o un impostor”, sostuvo el senador, quien aseguró que en la sesión del Senado en la que se votó la destitución pidió que el exmandatario saliera del cargo “con deshonra”.Partido Colorado debe asumir “el error histórico”, según LeiteEl legislador insistió en que la filiación política no puede servir de escudo ante los hechos investigados. “Da igual que sea mi partido o no, cuando uno comete una traición no importa de qué partido sea”, declaró.Leite fue más allá y señaló la responsabilidad de su propia colectividad: “El Partido Colorado tiene que asumir históricamente el error de haber puesto a un bandido en la presidencia, que tenemos que tener el coraje para sacarlo y que la fiscalía tiene que tener el coraje para meterlo en la cárcel”.Peña fue enviado a prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrear hasta 10 años de cárcel. Además, los fiscales del caso allanaron su vivienda en la ciudad de San Bernardino.Para el senador, sin embargo, la situación de reclusión del expresidente no responde a lo que reclama la ciudadanía. “La gente quiere a Peña no en el regimiento escolta, lo quiere en la cárcel nacional donde van todos los delincuentes comunes”, dijo, y agregó: “La gente lo quiere a Peña sin sonrisa, lo quiere esposado como todos los delincuentes comunes”.Senador anticipa nuevas imputaciones contra Santiago PeñaDe acuerdo con Leite, el caso podría ampliarse en las próximas semanas. El senador afirmó que existen presunciones de que Peña era socio oculto del banco y que la entidad actuó “sin dudas en connivencia con el Ejecutivo”, señalamientos que forman parte de su versión y que deberán ser establecidos por la justicia.“Hay demasiados rastros que van a acelerar otras imputaciones. Aquí creo que no se va a salvar de lavado de dinero y de asociación ilícita”, aseguró.El legislador también se refirió al papel del ente acusador: “Yo dije en mi intervención en el Senado cuando el día de la destitución que el fiscal general del estado tiene la brillante ocasión de ser héroe o villano”.El juicio político que llevó a la salida de Peña se desarrolló en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país, cuando el mandatario había cumplido tres años de gobierno.Las alertas sobre Ueno Bank que no fueron atendidasLeite relató que su distanciamiento con Peña comenzó en marzo de este año, cuando, siendo aún embajador de Paraguay en Estados Unidos, denunció públicamente que durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, “no había olor a coima y los proveedores cobraban al día”. Tras esa ruptura, renunció a la embajada y regresó a Asunción.Según el senador, un grupo de legisladores colorados, entre ellos el actual vicepresidente Antonio Barrios, solicitó al Banco Central del Paraguay un informe de 31 puntos sobre la supervisión de la entidad. La respuesta, afirmó, se limitó a invocar el secreto bancario. “El Banco Central, por instrucciones de Peña, nos responde una estupidez, no nos responde nada”, aseguró.El congresista sostuvo que posteriormente se conocieron créditos que calificó de “absolutamente temerarios”, como préstamos de 40 millones de dólares a empresas relacionadas con el grupo del banco que facturaban 10.000 dólares al mes. “Eso ya era un indicio de vaciamiento”, dijo. Añadió que, aun con el banco sometido a un sumario público, la entidad siguió recibiendo fondos estatales, entre ellos recursos de Itaipú.Comisión bicameral para establecer “quién dio la orden”Frente al destino de los recursos públicos depositados en el banco, Leite anunció que impulsará este miércoles en el Senado una comisión bicameral de investigación. “Es para ir al fondo de la cuestión y entender quién dio la orden, y entender quién dio la orden de esconder el déficit, porque es un daño tremendo a la reputación de Paraguay”, explicó.El nuevo Gobierno también busca rastrear el dinero: el vicepresidente Barrios anunció que solicitará cooperación internacional, incluso a Estados Unidos, para establecer el paradero de los recursos y los bonos manejados por la entidad.Así avanza la devolución de ahorros en ParaguayLa crisis de Ueno Bank estalló luego de que la junta del Banco Central sometiera a la entidad a un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.Mediante una ley especial, el Banco Central reportó en apenas dos días pagos a 1.196.000 personas por unos 160 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Aún quedan pendientes 669.336 cuentas, y cerca de 32.000 pensionados serán trasladados a otras ocho entidades bancarias.Leite explicó que la ley garantiza la devolución de hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con recursos acumulados desde la última crisis financiera, y dimensionó el impacto: “3 millones de ahorristas para 6 millones de paraguayos, es la mitad del país damnificado”.Qué espera el senador del gobierno de Pedro AllianaSobre el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña y asumió tras la destitución, Leite expresó confianza en un cambio: “Porque o cambiamos o nos cambian”. A su juicio, Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, “sabrá entender que la gente quiere cambio de verdad”.Al cierre, el senador envió un mensaje de calma. Aseguró que la crisis afecta al 8 % del sistema financiero, que calificó de sólido, solvente y líquido. “Es un hecho aislado, tremendo pero aislado”, afirmó, y destacó que las instituciones dieron cuenta del caso en 72 horas “sin que haya un muerto”.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.
