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La Red de Veedurías Ciudadanas, que representa a las víctimas de La Guajira dentro del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar que los dineros reintegrados por los vinculados al caso no ingresen a una bolsa general en la Unidad, sino que sean destinados a cumplir el propósito inicial de resolver la crisis de agua en el departamento.
“Se adopten las medidas procesales y legales necesarias y suficientes, a que haya lugar, a efecto de que la totalidad de tales recursos se destinen y utilicen de manera específica al aprovisionamiento de agua potable a las víctimas directas de La Guajira, y en particular de la comunidad Wayúu. En consecuencia, que así se solicite y asegure dentro del resorte de sus competencias y facultades, en las distintas actuaciones que respecto de tales recursos se realicen”, describe el documento presentado por el apoderado de las víctimas.
Actualmente, los recursos superan los $9.000 millones de pesos, entregados por los procesados dentro de los preacuerdos suscritos en la primera fase de la investigación del caso UNGRD, derivado del escándalo por la compra irregular de carrotanques.
Según cifras oficiales de la Fiscalía General, se han recuperado $9.714’300.723 de recursos apropiados de manera ilegal, específicamente entregados así:
La solicitud se produce luego de que el apoderado de la UNGRD retirara la audiencia ante el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, en la que se definiría el traslado de esos recursos.
Según explicó la entidad, la decisión obedeció a motivos procesales, pues el Centro de Servicios Judiciales había programado la diligencia bajo un radicado general, cuando cada preacuerdo tiene un radicado diferente. La Unidad asegura que optó por evitar el desgaste judicial, desistiendo de esa audiencia y solicitando tres audiencias separadas por los radicados con los que se identifican los depósitos.
No obstante, para el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y apoderado de las víctimas, la medida genera preocupación por la falta de avance en el uso de los recursos. “Es para nosotros una extrañeza que una medida necesaria como esa de retraer los dineros depositados, que no están produciendo ningún beneficio, se haya frenado. Hemos solicitado que no vayan a una bolsa general, sino a una especial que cumpla el propósito inicial: conjurar el problema de falta de agua en La Guajira”, afirmó.
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El abogado asegura que se avecinan escenarios de incidentes de reparación; sin embargo, los mismos revisten una demora propia en su realización, “programación que hace más complejos por su carácter individual o personal, por lo que esperar a que dentro de los mismos se disponga la entrega terminaría dilatando el uso y goce del derecho fundamental al agua, y a la no revictimización, así como a la reparación de las víctimas”.
Sobre los recursos pendientes, la Fiscalía asegura que las investigaciones contra el expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, se siguen ante la Corte Suprema de Justicia, con recursos comprometidos por $4.000 millones de pesos que corresponderían al pago de dádivas. A esa instancia le corresponde tramitar el eventual reintegro de esos recursos.
En lo que respecta a la segunda fase de la investigación, en la que están vinculados César Manrique Soacha y otras personas, se tienen documentados dineros apropiados por $13.164’285.901.
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