Procuraduría investiga funcionarios del Gobierno por incumplir sentencia que protege comunidad Wayuú

La investigación por parte del Ministerio Público se da por el presunto incumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, el agua y la alimentación de los niños y niñas del pueblo Wayúu en La Guajira.Incluso el alto tribunal declaró el “bajo” el nivel de cumplimiento de la orden tercera de dicha sentencia, que exigía la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para atender la crisis humanitaria en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.Entre los nombres que resaltan en el auto de apertura de esta investigación de la Procuraduría están el del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el actual director de la UNGRD Carlos Carillo, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino y varios exfuncionarios como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz.Ahora, como el tema de las comunidades vulnerables en la Guajira no es nuevo, en esa investigación también aparecen exfuncionarios del Gobierno de Iván Duque como por ejemplo, el exministro de la Salud Fernando Ruiz, y es que la Procuraduría ve con preocupación que el presunto incumplimiento de esta sentencia proferida por la Corte Constitucional impidió asegurar el acceso de la población beneficiaria al agua, a la alimentación, la salud, la igualdad y la diversidad cultural.La investigación incluye a cinco exconsejeros presidenciales, tres ministros de Salud, cuatro de Vivienda, dos de Medio Ambiente, cuatro de Agricultura y Desarrollo Rural, cuatro exdirectores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, tres exdirectores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuatro directores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, tres superintendentes nacionales de Salud, tres gobernadores de La Guajira y dos alcaldes de Maicao, dos de Manaure, dos de Riohacha y dos de Uribia.La Procuraduría señala que, el cumplimiento de esa sentencia sigue siendo de carácter obligatorio y que el Estado debe cumplir a cabalidad la sentencia.