Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 5 de octubre de 2026:
- El presidente Abelardo De La Espriella reactivó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, que tendrá como prioridad combatir al ELN y golpear sus fuentes de financiación. El mandatario ordenó perseguir toda la cadena relacionada con el robo de hidrocarburos, desde quienes financian y transportan el combustible hasta quienes lo almacenan y reciben. Además, advirtió que quienes participen en esta actividad, aunque no pertenezcan a grupos armados, serán tratados como terroristas.
- Colombia comenzó a dar pasos para reactivar los contratos de exploración de petróleo y gas, después de cuatro años en los que no se firmaron nuevos acuerdos con la industria. La Agencia Nacional de Hidrocarburos está evaluando cerca de 19,8 millones de hectáreas que eventualmente podrían ser ofrecidas mediante procesos competitivos a compañías interesadas en exploración. Buena parte de las áreas analizadas están ubicadas costa afuera.
- Los ataques con drones cargados con explosivos se extienden a diferentes regiones del país. La amenaza ya se registra en Chocó, Huila, Tibú y El Peñón, Nariño, y dejó de estar concentrada en una sola zona. Según la Defensoría, entre enero y mayo los ataques con drones aumentaron 146 %, con 21 personas muertas y 145 heridas, mientras el Ministerio de Defensa trabaja en un Escudo Nacional Antidrones.
- La JEP respondió a las declaraciones que Timochenko entregó en 2019 sobre el supuesto “buen trato” a los secuestrados. La jurisdicción recordó que, aunque dentro de las Farc existían instrucciones para garantizar alimentación y evitar agresiones contra los cautivos, sus investigaciones establecieron que esas directrices no se cumplieron. La JEP señaló que las víctimas sufrieron tortura, tratos crueles, homicidios, desapariciones forzadas y violencia sexual.
- El exfiscal Francisco Barbosa presentó una denuncia penal por presuntas actividades de espionaje en su contra durante el gobierno de Gustavo Petro. Solicitó investigar posibles seguimientos, interceptaciones telefónicas sin orden judicial y búsquedas en bases de datos que también habrían afectado a otros exfuncionarios. Barbosa aseguró que ya hay información y equipos en poder de la Fiscalía para rastrear las posibles actuaciones irregulares.
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