Congresistas estadounidenses aumentan recursos para Colombia, pero piden que el Gobierno implemente lo pactado en los acuerdos de paz, demuestre avances en materia de derechos humanos y ejecute los programas de erradicación de acuerdo con los requerimientos de la Corte Constitucional de Colombia.
El Comité de Apropiaciones de la Cámara le aumentó en 9.5 por ciento los recursos de asistencia a la Colombia para la lucha contra las drogas y para la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc.
El presupuesto pasa de U$ 418 millones de dólares a U$ 457 millones de dólares. El comité, dominado por el partido demócrata, no atendió la propuesta de presupuesto de la administración Trump que en vez de aumentar los recursos para Colombia proponía un recorte. La propuesta del Gobierno era de U$ 344 millones de dólares.
El presupuesto para temas sociales en los que está la implementación de los acuerdos de paz es de 207 millones de dólares, cifra superior a los 189 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. El resto de los recursos son para programas de cooperación militar y lucha contra el terrorismo.
El Comité de Apropiaciones de la Cámara dice que con estos recursos busca continuar la alianza y el progreso alcanzado en los últimos años con la adopción de los acuerdos de paz. Los congresistas reconociendo la situación que se está presentando con la muerte de líderes sociales, incluye un partido de 6.5 millones de dólares para fortalecer las investigaciones por violaciones de derechos humanos a líderes sociales y pide una mayor protección para ellos.
En el tema de la lucha contra las drogas, los congresistas reconocen los esfuerzos del gobierno, pero si expresas preocupación por el aumento en los cultivos ilícitos y condicionan el 20 por ciento de los recursos de la lucha antinarcóticos a que se dé certificado del Departamento de Estado de que Colombia si ha logrado reducir el tráfico de drogas.
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El 20 por ciento de los recursos para asistencia militar se condicionan a que el Gobierno haya demostrado progreso en proteger a líderes sociales, comunidades indígenas, afrocolombianas y demuestre resultados en hacer responsables a oficiales involucrados en casos de falsos positivos.
Los congresistas no mencionan una estrategia especial como el uso del glifosato, por el contrario, piden que el secretario de Estado se asegure de que los programas de erradicación estén diseñados y se ejecuten de acuerdo con cualquier requerimiento de la Corte Constitucional de Colombia y en el marco y las provisiones de los acuerdos de paz, incluyendo las necesidades básicas de las comunidades como la titulación de la tierra, seguridad alimentaria y la presencia del estado en las zonas donde se siembra coca.
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