Las muertes de personas bajo custodia migratoria en Estados Unidos han encendido las alarmas sobre las condiciones de detención, la atención médica y los mecanismos de control sobre los procedimientos migratorios. El abogado Hain Vásquez, experto en migración y defensa penal, advirtió sobre la gravedad de esta situación durante una entrevista en Mañanas Blu, de Blu Radio.
Según Vásquez, durante la Administración de Donald Trump se ha registrado un incremento de fallecimientos, lesiones y presuntas fallas en la prestación de servicios médicos en los centros de detención migratoria. El abogado señaló que las condiciones en estas instalaciones y la actuación de las autoridades requieren especial atención.
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«Es una situación increíblemente grave. Estamos viendo un volumen de muertes que anteriormente no habíamos tenido», afirmó el fundador de Hain Vásquez, al referirse a los casos registrados bajo custodia migratoria en Estados Unidos.
Vásquez explicó que una parte importante de los centros de detención migratoria no está administrada directamente por el Gobierno federal, sino por entidades privadas que operan mediante contratos. En ese contexto, cuestionó las presuntas deficiencias en la atención médica y el suministro de medicamentos a las personas detenidas.
«Hemos visto un incremento no solamente de las lesiones, sino también de situaciones en las que no se les prestan los servicios médicos ni se les suministran los medicamentos necesarios a las personas que están en estos centros de detención», señaló el abogado en Blu Radio.
El experto también se refirió al fallecimiento de un residente permanente legal de Estados Unidos en el área de Laredo, Texas. Según explicó, en esa zona ya se habían registrado dos muertes, por lo que consideró importante examinar las circunstancias en las que permanecen detenidas las personas vinculadas a procesos migratorios.
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De acuerdo con Vásquez, el caso presenta una particularidad: la persona fallecida tenía residencia permanente legal en Estados Unidos y habría sido detenida por una presunta irregularidad relacionada con fraude, sin que hasta ese momento se le hubieran formulado cargos, según las declaraciones del abogado.
«Esta persona que acaba de fallecer no solamente era inmigrante, sino también residente permanente legal de Estados Unidos. Fue detenida bajo una alegación, pero todavía no se le habían presentado cargos», explicó.
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Otro de los puntos señalados por Vásquez es la dificultad para esclarecer posibles abusos o muertes relacionados con los procedimientos migratorios. El abogado sostuvo que las investigaciones pueden enfrentar obstáculos cuando las autoridades estatales o locales no cuentan con la colaboración del Gobierno federal.
En ese sentido, mencionó la inmunidad calificada que, según explicó, ha sido reconocida en determinadas circunstancias a agentes migratorios. Esta figura jurídica puede limitar la responsabilidad civil de funcionarios por determinadas actuaciones, aunque su aplicación depende de las circunstancias y de los criterios legales correspondientes.
«Aunque las fiscalías estatales o locales intenten investigar, no cuentan con la cooperación del Gobierno federal», afirmó Vásquez al referirse a las dificultades que, en su opinión, pueden enfrentar las investigaciones sobre muertes en centros de detención y durante operativos migratorios.
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El abogado también cuestionó el énfasis de la política migratoria del Gobierno de Trump en el aumento de las detenciones. A su juicio, la búsqueda de resultados en materia de control migratorio no debe dejar en segundo plano las garantías judiciales ni la protección de los derechos fundamentales.
«Este Gobierno ha puesto el énfasis de su política migratoria, en primer lugar, en las detenciones. Sin embargo, estamos viendo que el debido proceso y la protección de los derechos se han tomado un poco a la ligera», sostuvo durante la entrevista en Mañanas Blu.
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Vásquez también advirtió que el descontento por la implementación de las medidas migratorias podría tener repercusiones políticas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Según indicó, el debate ya no se limita a la oposición a las restricciones migratorias, sino que también incluye cuestionamientos sobre la manera en que se ejecutan.
El abogado mencionó el Valle del Río Grande, en Texas, como una de las regiones en las que podrían evidenciarse cambios en el comportamiento electoral de la población hispana. De acuerdo con su análisis, el descontento con las políticas migratorias podría afectar el respaldo a candidatos republicanos.
Asimismo, señaló que la discusión podría extenderse a contiendas electorales relevantes en Texas y Florida. En este último estado, mencionó a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien, según sus declaraciones, ha solicitado medidas de protección migratoria o una reducción de las detenciones y redadas.
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Para Vásquez, los resultados electorales podrían influir en las decisiones políticas relacionadas con la migración. No obstante, cualquier cambio en la estrategia del Gobierno dependerá de los resultados electorales y de las decisiones que adopten las autoridades.
Finalmente, el experto cuestionó las deportaciones de migrantes a terceros países cuando estas medidas implican barreras lingüísticas, dificultades para acceder a asesoría jurídica y permanencia en centros de detención sin claridad sobre su situación legal.
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Vásquez explicó que algunas personas enviadas a países con idiomas y culturas diferentes pueden quedar en condiciones de vulnerabilidad, especialmente cuando no tienen garantías claras sobre su libertad o las vías disponibles para impugnar las decisiones migratorias.
«Estas personas entran en un limbo legal», advirtió el abogado, quien también se refirió a los acuerdos suscritos por el Gobierno estadounidense con otros países para recibir migrantes deportados.
Según Vásquez, estas medidas pueden ir más allá del traslado de una persona fuera de Estados Unidos cuando su llegada al tercer país está acompañada de una detención prolongada. Por ello, insistió en la importancia de examinar las garantías del debido proceso y las condiciones en las que permanecen las personas afectadas.
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«Esta medida no consiste solamente en una deportación, sino en una deportación acompañada, en ocasiones, de una detención indefinida», concluyó el experto en declaraciones a Mañanas Blu, de Blu Radio.