El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que no es un momento de discusiones normativas, sino de actuar en favor de los ciudadanos.
Explicó que gobernadores, alcaldes distritales y especiales, son responsables de la salud de sus territorios, y que de no adoptar las medidas sanitarias correspondientes, podrían incurrir en los delitos de prevaricato por omisión y omisión de socorro.
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Así mismo, agregó que las empresas prestadoras de salud son responsables de los protocolos de prevención y atención de sus afiliados, por lo que la Fiscalía imputaría delitos a los responsables penales de las EPS, sino dan una oportuna prestación de servicios relacionados con el coronavirus como ‘‘la entrega de diagnósticos médicos, el suministro de medicamentos y la atención de ambulancias’’.
Por otro lado, Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la Nación, pidió al Gobierno liberar los ‘‘recursos finales’’, que son casi 4 billones de pesos, necesarios para mejorar las condiciones en los hospitales y hacerles frente a los contagios.
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