El inversionista italiano Alessandro Corridori demandó al Estado por 166 millones de pesos debido a la supuesta afectación que sufrió su patrimonio cuando la Superintendencia de Sociedades liquidó varias firmas adscritas a InterBolsa.
Según Corridori, no se respetaron las normas establecidas por la Bolsa de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera, previstas para este tipo de operaciones, vulnerando el debido proceso.
El empresario es investigado por los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir por los movimientos de las acciones de Fabricato en Interbolsa, que terminó con el descalabro de la comisionista.
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