Tras el pronunciamiento del alto tribunal que valida la necesidad de establecer una estructura judicial dedicada exclusivamente a los asuntos rurales, con el objetivo de atender disputas sobre propiedad, uso del suelo y producción agraria, se da inicio a este paso clave en la agenda institucional del país, diez años después de la firma del Acuerdo Final de Paz, que contemplaba la creación de estos mecanismos especializados para atender conflictos relacionados con la tierra.
Durante una rueda de prensa, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, señaló que el fallo también tendría efectos en la política de acceso a la tierra, al facilitar procesos que podrían incorporar hasta 112.000 hectáreas adicionales dentro de la reforma agraria. Este elemento se perfila como uno de los impactos más relevantes de la decisión, en un contexto donde la distribución de la tierra sigue siendo un tema central en la agenda nacional.
“Esta victoria judicial respalda el rumbo de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y envía un mensaje contundente sobre la urgencia de cerrar las brechas históricas en el acceso y uso de la tierra a campesinos, víctimas de la violencia, firmantes de paz y comunidades étnicas en Colombia”, puntualizó Luis Felipe Harman y agregó que actualmente están en curso 366 procesos que ya podrían llegar a la Jurisdicción Agraria.
Por otra parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respaldó la decisión y subrayó la importancia de contar con herramientas institucionales que permitan ordenar el territorio de manera más eficiente: “La indecisión sobre los problemas de administración de las tierras de la nación y sobre los procedimientos agrarios no lleva a otra cosa que a agudizar los conflictos. Hoy muchos de los conflictos entre particulares, de linderos, de ocupación, de posesión, se diluyen en los juzgados promiscuos municipales en procesos de única instancia con la presión política de los territorios”,
El desarrollo de esta jurisdicción requerirá una ley ordinaria que defina los procedimientos específicos, así como la implementación por parte del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de crear los despachos, asignar recursos técnicos y garantizar la capacitación de jueces y magistrados.
Finalmente, el director Juan Felipe Harman, quien ha defendido la aprobación y posterior sanción de la Jurisdicción Agraria, aseguró que “este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a tener un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas”.
A estas acciones se suman además espacios de participación comunitaria, como asambleas campesinas y étnicas desarrolladas en varios municipios, donde se han conformado comités de seguimiento para acompañar la ejecución de las medidas y fortalecer la articulación entre comunidades e instituciones.
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