BLU Radio conoció que la magistrada Ángela Hernández radicó ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) la ponencia mediante la cual pediría abrir investigación formal al presidente Juan Manuel Santos por la presunta financiación irregular que habría recibido su campaña presidencial del año 2014 por parte de la multinacional brasileña Odebrecht.
Frente a esto, Alfonso Portela, abogado del presidente Santos para los temas electorales, señaló en Mañanas BLU que no ha accedido al texto porque primero deberá pasar a la sala, donde se decide si se aprueba o no.
“El seguimiento que se le hace al proceso me permite decir que desde la última ponencia, que fue hace varios meses, hasta la actual no hay ningún elemento nuevo. Considero que los elementos para una apertura de investigación siguen siendo los mismos: el tema Bula y la famosa encuesta”, explicó.
Portela aseguró que, por esto, lo lógico sería que la sala desestime la solicitud de apertura de investigación, teniendo en cuenta que “no hay un solo elemento probatorio que indique que haya estrado dinero a la campaña del presidente Santos en 2014”.
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Precisó, además, que el Consejo Nacional Electoral podría incurrir en una falta si decide iniciar una investigación contra Santos porque esta ya caducó. “En la medida en que la Procuraduría se pronunció sobre los extremos de la caducidad y habló de tres años para la capacidad sansonatoria, el CNE podría incurrir en una falta si adelanta una investigación que ya caducó”, manifestó.
Fuentes consultadas por BLU Radio explicaron que el documento plantearía, además, que hay méritos para investigar al gerente de dicha campaña, Roberto Prieto; la auditora, Araceli Rojas Salinas; el tesorero, Gilberto Contreras Morales; así como los partidos de La U, Liberal y Cambio Radical, los cuales avalaron la reelección del hoy jefe de Estado.
El documento, que empezará a discutirse la próxima semana en la autoridad electoral, conserva en esencia los mismos aspectos que el que había sido radicado en agosto de 2017, pero cuya discusión se aplazó para, entre otras cosas, revisar nuevos hechos aportados por los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, sobre los cuales la magistrada Hernández no habría encontrado evidencias.
Pese a tesis como la de la Procuraduría General, según la cual la capacidad sancionatoria del CNE sobre la campaña habría caducado el pasado 24 de diciembre, día en que se cumplieron tres años de la expedición de la resolución de reposición de gastos, la consejera considera que la corporación mantiene su capacidad de investigar estos hechos.