El gerente de Fedesarrollo e integrante de la Comisión de Gasto, Leonardo Villar, explicó en BLU Radio la propuesta de elevar la edad de pensión por encima de los 62 años. Para el experto, es necesario ir haciendo un ajuste gradual para las personas que se pensionarán en los siguientes 20 años.
“De tal forma que sus edades de pensiones vayan aumentando gradualmente y que vayan convergiendo a edades del orden de 65 años, pero que estas edades se gradúen conforme a la expectativa de vida”, dijo.
De acuerdo con Villar, las mujeres que conforman la comisión estuvieron de acuerdo con que la edad sea la misma para mujeres y hombres e incluso que estuvieron en desacuerdo en dar bonos especiales para ellas y que las condiciones son iguales.
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Estas fueron las principales propuestas de estos expertos
1. El proceso presupuestal:
La comisión señaló que se requiere facultar al Gobierno en el Estatuto Orgánico de Presupuesto para que pueda actuar sobre las rentas de destinación específica y los gastos determinados por leyes a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo.
Así mismo, se debe unificar el proceso presupuestal de funcionamiento e inversión en una sola entidad, que puede ser entre el ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Dentro de estas propuestas del manejo del presupuesto, se recomendó también una reforma al Sistema General de Regalías (SGR) tendiente a eliminar las inflexibilidades provenientes de los porcentajes de destinación específica establecidos en las normas constitucionales.
Por otra parte, se propone la creación de un consejo y de un comité económico en la corte constitucional, independiente, que analice y cuantifique los costos de iniciativas de gasto contenidas en los proyectos de ley y las demandas en estudio de las Cortes y de los jueces, y dé cuenta de ello a la sociedad.
Este Consejo también estaría encargado de hacer un juicio y seguimiento crítico del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y de la política fiscal y presupuestal.
2. El empleo público:
La comisión recomendó implementar un sistema integrado de información del empleo público, modificar la estructura institucional del sistema de administración pública, limitar las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a regulación, inspección y vigilancia de la carrera administrativa y hacer más exigente perfil y mecanismo de selección de los comisionados.
Estrechar vínculo entre remuneración y el rendimiento, consolidando carrera de ingreso y ascenso, basado en mérito e igualdad (evaluaciones de desempeño), con movilidad vertical y horizontal y con flexibilidad en la desvinculación. Reducir el número de grados salariales.
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3. El sistema de compras y contratación pública:
Simplificar y estandarizar las normas en materia de contratación.
Aplicar el principio de competencia como regla general y definir en forma taxativa en ley lo que puede hacerse por contratación directa.
Aplicar los mismos requisitos y procedimientos en contrataciones del sector público con las entidades sin ánimo de lucro (ESAL).
Modificar la ley para que selección de mecanismos de contratación dependa del valor del contrato (no de la participación en presupuesto de la entidad).
La contratación de obras públicas debe estar precedida de estudios detallados y completos y, costeados en el presupuesto.
4. El costo fiscal de los litigios contra el Estado y opciones de política:
Según el Gobierno, a junio de 2017, se tenían cerca de 230.000 litigios en curso contra 160 entidades del orden nacional, cuyas pretensiones se acercaban a $17.7 billones para el período 2017-2028.
Se recomienda entonces realizar el estudio y promulgación de una ley que reglamente el artículo 90 de la Constitución Política (El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas).
Sobre los aspectos sustanciales, se recomienda reglamentar la aplicación de la indemnización por pérdida de una oportunidad y la extensión en el tiempo del lucro cesante, establecer una tipología única de daños no pecuniarios o inmateriales y fijar una suma de dinero para su reparación.
5. El gasto público en salud:
Estimular políticas de prevención y gestión integral de riesgo tanto a nivel del gobierno nacional y los gobiernos territoriales como a nivel de las EPS.
“Para esto último, debe avanzarse en la incorporación de elementos de prevención y de calidad del servicio como factores de remuneración de las EPS a través de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC). Específicamente, resulta deseable incluir el estímulo a mecanismos de atención que incorporen sistemáticamente el médico de entrada al sistema, tal como se ha implantado con éxito en varios países desarrollados”.
Utilizar de manera intensa sistemas de información que permitan hacer permanente evaluación de las decisiones de los actores involucrados en el sistema, incluidos los médicos y las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS.
Ampliar el uso de mecanismos tales como copagos y cuotas moderadoras, sin disminuir la capacidad de acceso a los servicios del sistema para las personas de menores recursos económicos, para ampliar las fuentes de ingreso del sistema.
6. El gasto público en pensiones y apoyo económico a la vejez:
La comisión plantea una reforma pensional con el aumento de edad para hombres y mujeres, así como el aumento de los aportes del 16 al 18%.
“Aumentar la edad de jubilación, vinculándola de manera sistemática y periódica (cada cinco años) a parámetros demográficos”.
Así mismo, utilizar el promedio del salario de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años (en vez de los últimos 10 que se utilizan actualmente) para calcular el ingreso base de liquidación, con el fin de reducir la magnitud de los subsidios.
También se plantea aumentar los porcentajes de cotización del 16 a 18% para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. Esto quiere decir que se aumentaría en dos puntos los aportes a pensión, recursos que deberán ser adoptados por el empleador o el empleado.
Finalmente, establecer un impuesto las pensiones altas.
En cuanto a regímenes especiales, para los maestros, se plantea eliminar la diferencia frente a la edad de jubilación del régimen general de pensiones y que la administración de los pasivos pensionales de los maestros debería pasar del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (Fomag) a Colpensiones.
Pata las Fuerzas Militares y de la Policía, la comisión señala que, aunque las consideraciones del sector pueden justificar diferencias en las condiciones con respecto al régimen general, hay un margen importante de racionalización de estos beneficios especiales y de ajuste a las cotizaciones
7. El gasto público en educación:
Para educación primaria, se recomendó garantizar con cargo a los recursos del Presupuesto la financiación del gasto para la Educación Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia (EIAIPI) y desligar dicha financiación de la evolución de cualquier impuesto, de manera que se evite su volatilidad y se posibilite la mejora en la cobertura y la calidad.
Ofrecer más estructura curricular a los programas, así como capacitación, acompañamiento y desarrollo profesional continuo a los proveedores de los programas.
Encargar al Ministerio de Educación (MEN) de la política de educación inicial, mientras que el ICBF se enfoque en las políticas de familia y la atención de los niños menores de 3 años.
Para educación básica y secundaria, la Comisión recomienda que el Gobierno reconozca el descalce entre los costos reales de la nómina docente y la asignación que resulta de un pago de capitación por niño, y asigne cada año de manera directa a cada contrato la porción de los recursos del Sistema General de Participaciones necesaria para pagar los costos de la nómina
Por su parte, para educación superior, en lo relacionado con la financiación a la demanda a través de los créditos del ICETEX, una proporción importante de los créditos se dirige a estudiantes en programas o instituciones que no cuentan con acreditación de calidad. Ello resulta aún más preocupante dada la ralentización que ha reflejado el proceso de acreditación de instituciones y programas de educación superior
En cuanto al Programa Ser Pilo Paga, se propone avanzar hacia el establecimiento de un esquema de matrículas de referencia que tenga en cuenta distinciones por calidad.
Estudiar formas alternativas para que los estudiantes que han recibido ayudas del Estado la retribuyan de alguna manera en su posterior carrera profesional en función de sus ingresos.
La Comisión recomienda también que el Ministerio de Educación (MEN) asuma el monopolio del diseño de las políticas para la educación inicial y la atención integral a la primera infancia y para la formación para el trabajo. Esto pondría al SENA bajo su sombrilla y por tanto se recomienda también que deje de estar adscrito al Ministerio de Trabajo y pase a estar adscrito al MEN.
Finalmente, la Comisión recomienda la creación de una Superintendencia de Educación que tenga la capacidad de intervenir las secretarías de educación y las instituciones educativas, para asegurar el buen uso de los recursos de la educación, en todos sus niveles, en línea con los objetivos de cobertura y calidad.
8. El gasto en subsidios a personas, hogares, empresas y productores:
Establecer un proceso estandarizado que asegure que el subsidio tenga la justificación económica, sea costo-efectivo y no tenga efecto indeseado en otras decisiones de individuos o empresas.
Revisar subsidios actuales, prioritariamente los que se entregan mediante exenciones tributarias al impuesto corporativo de renta y los subsidios a productores agrícolas.
Someter los programas a evaluaciones de impacto rigurosas Consolidación y focalización.
Concentrar los recursos disponibles en unos pocos programas e integrar programas que involucran subsidios con mismo objetivo en cabeza de una sola entidad
9. El gasto en defensa y seguridad:
El 66% del total de los gastos del sector defensa y Policía se concentra en el pago de salarios y pensiones o asignaciones de retiro, por ello, la comisión recomendó recomponer el gasto del sector en línea con las necesidades actuales del país, reconociendo que en el corto y mediano plazo no se ve posible una reducción del gasto militar.
También simplificar y hacer más transparentes los sistemas de remuneración de todos los miembros.