Exjugadores de más de 80 años están esperando que se le reconozcan sus derechos y así acceder a una pensión. Desde la década de los 60 y antes de los 2000, hay al menos 1.000 futbolistas que no han podido acceder a este dinero, pese a que fueron figuras y referentes de diferentes clubes del FPC.El exjugador Hugo Galeano expresó en Blog Deportivo que espera que las autoridades competentes los ayuden, pues es "un derecho que nunca a presidir". Además, recordó que ya algunos exfutbolistas fallecieron esperando su pensión."Que se den cuenta de que la problemática no es solamente de un solo jugador, sino de muchos. Son más de 1000, somos más de 1000", afirmó.Galeano, quien lidera esta iniciativa junto con un grupo de abogados y la asociación de exfutbolistas creada en 2020, explicó que la lucha busca que los clubes reconozcan las semanas laborales que, según afirma, nunca fueron reportadas a los sistemas de pensiones. El exjugador aseguró que el caso ya llegó a la Comisión Séptima del Senado, donde fue catalogado como un trámite de urgencia, y que también han presentado solicitudes ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo, Colpensiones, la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, además de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la FIFA y FIFPRO.El exjugador de la Selección Colombia insistió en que no buscan confrontar a los clubes, sino que estos reconozcan una obligación laboral. "No estamos pidiendo limosna, estamos reclamando un derecho que adquirimos como trabajadores", afirmó, al señalar que en las historias laborales de muchos exjugadores aparecen vacíos que hoy les impiden completar las semanas necesarias para pensionarse.Galeano también recordó casos de reconocidos futbolistas que continúan esperando una solución, como Luis Carlos Perea, Bendito Fajardo, Arturo Segovia y otros exprofesionales que atraviesan difíciles condiciones de salud. Incluso mencionó que algunos, como el recordado 'Pocillo' López, fallecieron sin haber recibido el reconocimiento de las semanas trabajadas.El 11 de agosto la Defensoría del Pueblo espera recibir una respuesta de la Dimayor en una mesa de trabajo junto con el Ministerio del Trabajo, Colpensiones y la Federación Colombiana de Fútbol.
El Congreso de la República comenzó el trámite de un proyecto de ley que propone modificaciones en el régimen civil de los divorcios en Colombia.La iniciativa contempla que un juez de la República ordene el pago de una cuota de sostenimiento de hasta el 50 % de la mesada pensional del cónyuge culpable a favor del cónyuge inocente.El descuento aplicaría sobre pensiones de vejez, invalidez o asignaciones de retiro, y busca amparar a las personas que quedaron en desventaja económica tras años de dedicación al trabajo doméstico no remunerado.¿En qué consiste la medida sobre la mesada pensional?La propuesta legislativa no crea un nuevo tipo de pensión ni afecta los recursos del Estado.En términos sencillos, el proyecto plantea un mecanismo de protección donde el cónyuge que provocó el divorcio comparte una parte de sus ingresos pensionales con su expareja.El porcentaje del descuento, que no podrá superar la mitad del valor mensual del beneficio, será determinado por el juez encargado de resolver el proceso de divorcio según las pruebas del caso.Requisitos para acceder a la cuota pensional tras el divorcioLa asignación de estos recursos no funcionará de forma automática. El proyecto estipula que el beneficiario deberá acreditar de manera obligatoria las siguientes condiciones:Ausencia de culpa: no haber incurrido en ninguna de las causales de divorcio estipuladas en la ley.Tiempo dedicado al hogar: haber permanecido mínimo 20 años dedicado a las labores domésticas o al cuidado de los hijos.Falta de pensión propia: no haber realizado aportes suficientes para obtener una mesada o contar con una que resulte insuficiente.Límite de ingresos: no percibir rentas, ayudas o ingresos superiores a un salario mínimo mensual legal vigente.Liquidación insuficiente: demostrar que los bienes recibidos en la liquidación de la sociedad conyugal no garantizan ingresos por encima de la línea de pobreza.¿Cómo se pagará el beneficio y qué pasa en caso de muerte?Una vez dictada y ejecutoriada la sentencia firme del divorcio, el juez emitirá una orden directa a la administradora de fondos de pensiones o a la entidad pagadora.La institución deberá descontar mes a mes el porcentaje fijado por el despacho judicial y realizar el giro inmediato a la cuenta del beneficiario.Frente a la duración del recurso, la iniciativa establece límites claros:Muerte del cónyuge culpable: la cuota se extingue automáticamente al desaparecer la pensión de la cual se genera el descuento.Muerte del cónyuge beneficiario: el dinero no se transmite ni se hereda. Los recursos retornan de manera íntegra al titular de la mesada.El documento fue radicado el 28 de julio de 2026 en la Secretaría General del Senado de la República bajo el radicado de Proyecto de Ley 102 de 2026.La autoría principal es del presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, acompañado por congresistas del Centro Democrático como Juan Fernando Caicedo, Daruin Castellanos, Óscar Darío Pérez, Enrique Cabrales y Esteban Quintero, junto al representante Juan Felipe Corzo.En la exposición de motivos, los autores sostienen que el objetivo central es proteger a las mujeres que sacrificaron su trayectoria laboral para cuidar a sus familias y quedaron expuestas a la pobreza tras una ruptura matrimonial.Para convertirse en ley de la República, la iniciativa deberá superar cuatro debates formales en las comisiones y plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
Quedarse sin empleo cuando se está a pocos años de pensionarse puede afectar directamente la estabilidad económica de una familia. Precisamente por ello, la Corte Suprema de Justicia estableció un nuevo criterio que fortalece la protección de los trabajadores prepensionados y, de esa manera, limita los despidos sin justa causa durante la etapa previa a la jubilación.La decisión quedó consignada en la Sentencia SL2600-2025 de la Sala de Casación Laboral, la cual amplió el alcance del fuero de estabilidad laboral reforzada. Con este fallo, la protección no dependerá únicamente de las semanas cotizadas, sino también de la cercanía del trabajador a la edad exigida para pensionarse.¿Qué trabajadores no pueden ser despedidos sin justa causa?La Corte señaló que la estabilidad laboral reforzada cobija a los trabajadores del sector privado que estén a tres años o menos de cumplir la edad para acceder a la pensión, incluso si ya reunieron el número mínimo de semanas exigidas por el sistema.Es decir, la protección aplica cuando el empleado está próximo a alcanzar la edad legal para pensionarse.De acuerdo con el alto tribunal, este periodo representa una etapa de especial vulnerabilidad, ya que perder el trabajo puede afectar el sustento del trabajador y de su familia. Por ello, consideró necesario garantizar la continuidad laboral hasta que se consolide el derecho pensional.¿Qué pasa si despiden a un trabajador cerca de pensionarse?La decisión no significa que estos empleados sean intocables. Según la Corte, las empresas pueden terminar el contrato si existe una justa causa debidamente justificada o alguna otra causal prevista por la legislación laboral.Pero si un trabajador protegido por este fuero es despedido sin causa legal, podrá acudir ante la justicia laboral y solicitar:El reintegro a su cargo.El pago de los salarios dejados de percibir.El reconocimiento de las prestaciones sociales correspondientes al tiempo que estuvo desvinculado.Será un juez quien determine si el despido vulneró la estabilidad laboral reforzada y si procede ordenar esas medidas.Sentencia cambia la protección para prepensionadosAntes de este fallo existían interpretaciones según las cuales el fuero solo protegía a quienes todavía les faltaban semanas para pensionarse.Con la Sentencia SL2600-2025, la Sala Laboral modificó ese criterio y concluyó que estar próximo a cumplir la edad de jubilación también justifica la protección especial.Para la Corte, afirmar que una persona puede esperar la pensión mientras permanece desempleada desconoce la realidad económica de quienes dependen de su salario para cubrir sus necesidades básicas. Además, mantener el vínculo laboral hasta que se consolide el derecho pensional facilita una transición más estable hacia la jubilación.
El Tribunal Superior de Medellín concedió la pensión de sobreviviente vitalicia a una madre tras la muerte de su hijo, eliminando la exigencia tradicional de probar con "pesos y centavos" o recibos y exactos cuánto le aportaba económicamente. Decisión irá a casación en la Corte Suprema de JusticiaEsta decisión podría marcar un precedente para cientos de familias que buscan el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en Colombia. En un fallo de segunda instancia, esa corporación revocó la negativa emitida por un juzgado laboral de la ciudad y ordenó reconocer una pensión vitalicia a favor de María Genoveva Bravo Bedoya, madre de Mauricio Tabares, quien falleció el 6 de junio de 2020.El caso está relacionado con uno de los aspectos más debatidos sobre este tipo de procesos: la acreditación de la dependencia económica. Durante años, en numerosos litigios se ha exigido a quienes reclaman este derecho demostrar con precisión cuánto dinero recibían del familiar fallecido, incluso estableciendo porcentajes o montos específicos del aporte económico.En este expediente quedó acreditado que Mauricio Tabares contribuía mensualmente con sumas entre 400.000 y 500.000 pesos para cubrir gastos esenciales de su madre, entre ellos alimentación y arriendo. Tras su fallecimiento, ese ingreso desapareció, afectando de manera directa las condiciones materiales de vida de María Genoveva Bravo Bedoya.Pese a ello, un juzgado laboral de Medellín en primera instancia negó la demanda al considerar que no existía prueba suficiente para determinar exactamente cuál era el monto o porcentaje del aporte realizado por el hijo y, en consecuencia, establecer si este constituía una ayuda significativa para el sostenimiento de su madre.Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín llegó a una conclusión distinta. Al resolver la apelación, la corporación señaló que el juzgado hizo una valoración equivocada de las pruebas y, además, el fondo de pensiones en la pruebas presentadas tergiversó el contenido del informe investigativo.Esteban Manco, abogado defensor de la demandante expuso que es muy poco probable que los aportes de este tipo puedan ser probados, además que en el caso particular se demostró que la ausencia del hijo sí produjo una disminución real en las condiciones materiales de subsistencia de su madre."Eso fue realmente un argumento absurdo por las dinámicas familiares de el aporte de un hijo a su padre o a su madre no queda consignado en un pagaré, en un cheque, en recibo de pago, en un aporte por consignación", señaló Manco.Como consecuencia, el Tribunal ordenó reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes de manera vitalicia a favor de María Genoveva Bravo Bedoya. No obstante, el proceso no ha concluido.El fondo de pensiones demandado interpuso recurso extraordinario, por lo que el expediente será revisado por la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá la última palabra sobre el caso, aunque todo apunta a que el alto tribunal mantendría la línea jurisprudencial que prioriza la comprobación de la afectación económica real sobre la exigencia de cuantificar con exactitud el dinero que aportaba el familiar fallecido.
Los pensionados de Colombia normalmente no están obligados a realizar trámites para recibir su mesada. Sin embargo, existe un grupo específico que sí debe acreditar periódicamente que continúa con vida. De no hacerlo dentro de los plazos establecidos, podrían quedarse sin su mesada, pues esta sería suspendida de manera preventiva.La medida aplica exclusivamente para quienes viven fuera de Colombia, debido a que las entidades pensionales no pueden actualizar de manera automática la información de los fallecidos registrados en otros países. Por tal motivo, la norma obliga a que los beneficiarios presenten un certificado de supervivencia de manera periódica.Pensionados deben presentar certificado de supervivenciaLa legislación colombiana establece que los jubilados que viven fuera del país deben reportar su condición de supervivencia cada seis meses ante la entidad que administra su pensión.Por lo tanto, si el fondo de pensiones no recibe este documento dentro del plazo correspondiente, la consecuencia será la suspensión preventiva del pago de la mesada hasta que el pensionado entregue la certificación exigida.En caso de que el beneficiario se encuentre en Colombia cuando deba realizar el trámite, tiene la posibilidad de acercarse a cualquier oficina de su fondo de pensiones con su cédula de ciudadanía y acreditar su supervivencia.¿Quiénes no necesitan acreditar su supervivencia?Para los pensionados que viven en Colombia, el procedimiento no es obligatorio. La Ley 019 de 2012 puso fin a la exigencia de presentarse personalmente para certificar que se encuentran vivos.De hecho, entidades como Colpensiones y las administradoras privadas de fondos de pensiones verifican esta información mediante el cruce de datos con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Salud y Protección Social, lo que evita que las personas deban realizar este trámite.Qué deben tener en cuenta los pensionados para evitar la suspensión del pagoLos jubilados que residen en el exterior deben estar atentos al cumplimiento de esta obligación para evitar contratiempos con el pago de su pensión. En términos generales, es importante recordar que:El certificado de supervivencia debe presentarse cada seis meses.Si no se entrega oportunamente, la entidad podrá suspender preventivamente la mesada.El pago se reanudará una vez el pensionado complete el trámite exigido.Quienes viven en Colombia no deben presentar fe de vida, gracias al sistema de verificación automática implementado por las autoridades.La recomendación para los pensionados que residen fuera del país es mantener actualizada su información ante el fondo de pensiones y cumplir oportunamente con este requisito para garantizar la continuidad del pago de su mesada.
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) lanzó una advertencia sobre las interpretaciones equivocadas que pueden surgir al comparar directamente las cifras de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), dos herramientas que cumplen funciones distintas dentro del análisis del mercado laboral colombiano.La entidad respondió a un estudio académico de la Universidad de Antioquia y explicó que la PILA no fue diseñada para medir la formalidad laboral del país, sino para registrar los aportes efectivamente realizados al Sistema de Protección Social. Por esta razón, sus cifras reflejan el comportamiento de las cotizaciones a salud, pensión y otros subsistemas, bajo criterios operativos específicos.En contraste, la GEIH, elaborada por el DANE, recopila información a partir de las respuestas de los ciudadanos sobre su situación laboral en un momento determinado. Esto significa que mientras la encuesta muestra cómo las personas perciben y reportan su empleo, la PILA registra pagos reales efectuados al sistema, lo que genera diferencias metodológicas naturales entre ambas fuentes.La UGPP enfatizó que estas diferencias no representan inconsistencias ni errores en los datos. Por el contrario, señaló que se trata de herramientas complementarias que ofrecen perspectivas distintas sobre el mercado laboral. Una permite conocer las características del empleo y la otra monitorea el comportamiento de los aportes a la seguridad social.Ante el debate generado, la entidad hizo un llamado a interpretar las estadísticas con rigor técnico y a reconocer el alcance de cada fuente de información. Según la UGPP, comparar sin contexto los registros de la PILA y la GEIH puede conducir a conclusiones erróneas sobre la formalidad laboral en Colombia y generar alertas que no cuentan con el respaldo metodológico necesario.
Miles de pensionados en Colombia ya empiezan a revisar el calendario para conocer cuándo recibirán la anhelada mesada 14, un beneficio económico adicional que solamente recibirán algunos jubilados del país.Aunque muchas personas creen que este pago llegará al bolsillo de todos los pensionados, lo cierto es que no. De acuerdo con la legislación colombiana, solo algunos grupos de pensionados conservan este derecho, especialmente quienes pertenecen a regímenes especiales o porque alcanzaron su pensión antes de determinados cambios de la ley.De acuerdo con lo revelado por Colpensiones, los pagos se llevarán a cabo entre el 15 y 30 de junio de 2026, fecha que coincide con el pago de la prima de servicios de los trabajadores en Colombia.Mesada 14 en Colombia: quiénes recibirán el pago adicional en junioLa mesada 14 corresponde a un pago adicional que equivale al valor completo de la pensión mensual que recibe el trabajador ya jubilado. Es decir, si un pensionado recibe $3 millones de mesada al mes, esa misma suma la recibirá como beneficio adicional durante junio.Sin embargo, este pago no será para todos los pensionados del sistema colombiano. La norma indica que el beneficio se mantiene solo para ciertos sectores y personas que adquirieron el derecho antes de las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 01 de 2005.Por lo tanto, entre quienes conservan el beneficio aparecen integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y docentes del sector público.Colpensiones confirmó fechas de pago de mesada 14Según lo reveló Colpensiones, los pagos se realizarán desde la segunda mitad de junio y se extenderán hasta finalizar el mes.La entidad recordó que los pensionados no deben realizar trámites adicionales para recibir el dinero, solo deben cumplir las condiciones que exige la ley.Eso sí, la entidad destacó que el pago se verá reflejado en el cronograma habitual de consignaciones, por lo que los beneficiarios podrán revisar sus cuentas bancarias o canales oficiales de consulta para confirmar la fecha del desembolso.Quiénes son los beneficiados con la mesada 14La mesada 14 fue limitada desde hace varios años tras cambios constitucionales que eliminaron progresivamente el beneficio para nuevos jubilados.Las personas del régimen común solo pueden recibirla si obtuvieron su pensión antes del 25 de julio de 2011 y siempre que el valor de la jubilación no supere los tres salarios mínimos mensuales.Una medida que ha generado molestia en gran parte de los beneficiados, quienes no consideran equitativa la norma, pues los pensionados posteriores a esa fecha solo reciben la mesada 13 en diciembre, así como todos los jubilados que disfrutan de la llamada prima de Navidad.
Los ministros de Trabajo y Hacienda le acaban de pedir a la Superfinanciera que establezca si las AFP le trasladaron a Colpensiones los recursos correspondientes a los afiliados de manera suficiente, íntegra y completa.“Se solicita adoptar las medidas necesarias que permitan establecer con claridad la suficiencia, integridad y completitud de los recursos trasladados, por trasladar a la fecha o que deban trasladarse, en atención a que dicha información resulta esencial para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y de Colpensiones”, señala la comunicación.Según el Gobierno, existe un riesgo financiero derivado de la incertidumbre generada por las discrepancias en las cifras y en el número de afiliados reportados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en relación con los traslados de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones.Sin embargo, la petición tiene como telón de fondo una disputa de varias semanas entre el Gobierno de Gustavo Petro y el régimen privado de pensiones por 25 billones de pesos.En varias declaraciones, el Gobierno ha sugerido que el no traslado de recursos pone en aprietos las finanzas públicas, aunque descartó que se vayan a suspender los pagos a unas 20 mil personas que se trasladaron y ya están tramitando o cobrando la pensión.El Gobierno estima que unas 132 mil personas se han trasladado desde fondos privados hacia Colpensiones y que esos ahorros siguen en manos del sistema privado.¿En qué va la disputa entre los fondos privados de pensiones y el Gobierno nacional?Hace unas semanas, el Gobierno emitió un decreto que daba a los fondos de pensiones 15 días para entregarle a Colpensiones 25 billones de pesos correspondientes a los ahorros de afiliados al sistema de pensiones que se trasladaron desde el régimen privado hacia Colpensiones. Sin embargo, el decreto terminó demandado ante el Consejo de Estado y ese tribunal suspendió el traslado de los recursos mientras la Corte Constitucional decide si la reforma pensional puede regir o no como ley de la República.La decisión del Consejo de Estado provocó la molestia del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a su Gobierno “investigar” a los fondos privados de pensiones por apropiarse de los recursos del público. La investigación fue abierta de inmediato y está en curso.Los fondos privados de pensiones deben reportar información al regulador con una base prácticamente diaria, pero además el Gobierno conserva la facultad de hacer visitas de inspección, aprobar reglamentos de inversión, entre otras funciones.El Gobierno también elevó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica, pidiéndole que reconsidere su decisión, y aún no hay una respuesta a ese pedido.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró este jueves que el Gobierno Nacional contempla “todas las medidas que sean necesarias” frente a la negativa de los fondos privados de pensiones de trasladar recursos a Colpensiones, en medio de la controversia jurídica que rodea la implementación parcial de la reforma pensional.Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Hacienda defendió la posición del Ejecutivo frente al traslado de 6,6 billones de pesos correspondientes a afiliados que ya consolidaron su derecho pensional y que actualmente reciben mesadas por parte de Colpensiones. Sus declaraciones se producen luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que reglamentaba dichos traslados.“Están consideradas todas las medidas que sean necesarias. Creemos que hay una obligación de parte de los fondos privados de cumplir con estos traslados”, afirmó Ávila.El choque entre Colpensiones y las AFPEl debate gira en torno al artículo 76 de la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque la iniciativa permanece bajo revisión de la Corte Constitucional, ese apartado sigue vigente y permitió que miles de afiliados solicitaran el traslado desde los fondos privados hacia Colpensiones.Según cifras entregadas por el ministro, en los últimos meses se han registrado más de 132.000 solicitudes de traslado, lo que equivale a “una persona cada dos minutos” pidiendo pasar al régimen público. De ese total, alrededor de 24.000 ciudadanos ya estarían siendo atendidos por Colpensiones, mientras que otros 8.000 habrían cumplido los requisitos para pensionarse.Ávila cuestionó duramente la postura de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), señalando que mantienen retenidos recursos que pertenecen a ciudadanos que ya no hacen parte de ese régimen.“¿Cómo es posible que se trasladen las personas, lleguen a Colpensiones, Colpensiones atienda el cumplimiento de su mesada pensional y los fondos privados se queden con los recursos de sus propios ahorradores?”, cuestionó.Posible intervención y revisión administrativaAunque el ministro evitó confirmar una decisión concreta, dejó abierta la posibilidad de medidas extraordinarias respecto a los fondos de pensiones. “No es necesario anticiparnos a situaciones excepcionales”, respondió inicialmente, aunque reiteró que tanto el Ministerio de Hacienda como la Superintendencia Financiera adelantan revisiones detalladas sobre el manejo de los recursos pensionales por parte de las administradoras privadas.La declaración ocurre días después de que la Superfinanciera anunciara investigaciones administrativas relacionadas con el traslado de afiliados y los recursos correspondientes. El organismo informó que más de 32.800 afiliados ya consolidaron su derecho pensional, mientras que más de 24.000 reciben actualmente sus pagos desde Colpensiones.El tamaño del sistema pensionalDurante la entrevista, Ávila insistió en que los fondos privados administran actualmente cerca de 551 billones de pesos, una cifra superior incluso al Presupuesto General de la Nación para este año, calculado en 546 billones.“El Gobierno está pidiendo que trasladen apenas el 1,2 % de los recursos administrados”, señaló el ministro, quien calificó de “desproporcionada” la reacción de las AFP frente al requerimiento estatal.Asimismo, defendió el papel financiero del Estado en el sostenimiento del sistema público de pensiones. Según explicó, el Gobierno destina anualmente cerca de 33 billones de pesos para cubrir las obligaciones de Colpensiones, cuyo costo total ronda los 70 billones. “El Estado está colocando una cantidad muy grande de recursos para atender el sistema pensional”, enfatizó.La incertidumbre jurídica de la reforma pensionalEl panorama sigue marcado por la incertidumbre legal. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que ordenaba los traslados de recursos, mientras la Corte Constitucional aún no emite una decisión definitiva sobre la reforma pensional aprobada por el Congreso.Pese a ello, el ministro defendió que actualmente la Ley 100 continúa vigente y que esa norma establece claramente que una persona no puede estar afiliada a un régimen mientras sus recursos permanecen en otro.Crece la presión sobre el sistema privadoLas declaraciones del ministro se producen en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las AFP. Desde sectores cercanos al Ejecutivo se insiste en que los fondos privados estarían generando un ambiente de desconfianza dentro del sistema pensional. Ávila incluso aseguró que la postura de las administradoras podría incentivar nuevos traslados hacia Colpensiones.“Están acumulando razones para que los cotizantes del sistema pensional tengan mayores motivos para hacer el traslado al sistema público”, advirtió. Mientras tanto, el Gobierno mantiene garantizado el pago de las mesadas para los pensionados ya trasladados, aun si persiste el bloqueo judicial sobre los recursos reclamados a las AFP.
El presidente Gustavo Petro anunció nuevas medidas regulatorias y posibles acciones penales contra los fondos privados de pensiones, luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el traslado de cerca de $25 billones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.Durante el más reciente Consejo de Ministros, el mandatario aseguró que el Gobierno expedirá nuevos decretos y resoluciones para proteger los recursos pensionales y defender lo que calificó como el ahorro público administrado por entidades privadas.“Voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público”, afirmó el jefe de Estado durante la reunión ministerial.Petro cuestiona decisión del Consejo de EstadoEl Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0415 de 2026, norma que ordenaba el traslado de recursos desde las AFP hacia Colpensiones para afiliados que cambiaron de régimen tras la reforma pensional. El alto tribunal argumentó que el Gobierno habría excedido sus competencias al definir el destino de esos recursos sin autorización expresa del Congreso.Frente a esa decisión, el presidente Petro sostuvo que el tribunal “prejuzgó” el decreto antes de estudiarlo a fondo y aseguró que hubo actuaciones por fuera de la ley. Las declaraciones del mandatario generaron reacciones dentro de la rama judicial. Según se conoció, distintos tribunales acusaron al presidente de descontextualizar las decisiones judiciales y de deteriorar la confianza institucional mediante sus pronunciamientos públicos.Además, las altas cortes advirtieron que ese tipo de mensajes pueden derivar en señalamientos y hostigamientos contra jueces y magistrados que actúan conforme a la ley.Gobierno anuncia acciones administrativas y penalesEl presidente también lanzó fuertes advertencias contra los fondos privados de pensiones. Petro aseguró que las AFP incumplieron el traslado de recursos correspondientes a pensionados que cambiaron de régimen y afirmó que el Ejecutivo actuará si no se realizan los giros.“Si los fondos privados no devuelven los ahorros conforme a las sentencias de la Corte Suprema, se iniciarán acciones administrativas y penales”, indicó el mandatario.El jefe de Estado también le pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia actuar contra funcionarios de las tres ramas del poder público que, según dijo, hayan violado el artículo 76 de la reforma pensional. Petro sostuvo que ese artículo sigue vigente y ordenó a la Superintendencia Financiera adoptar medidas inmediatas frente al caso.En ese contexto, la SuperFinanciera abrió investigaciones contra varios fondos privados por el presunto incumplimiento en el traslado de $8,7 billones correspondientes a 32.803 afiliados que debían pasar a Colpensiones.Las fechas y montos del traslado suspendidoEl Decreto 0415 de 2026 establecía que las AFP debían trasladar aproximadamente $25 billones correspondientes a unos 120.000 afiliados que cambiaron de régimen con la reforma pensional.Según la reglamentación suspendida, las personas que aún no tenían consolidada su pensión debían recibir el traslado del 50 % de los recursos antes del 10 de mayo de 2026 y el restante 50 % antes del 20 de mayo.Para quienes ya tenían consolidado el derecho pensional, el plazo máximo para transferir la totalidad de los recursos vencía el pasado 5 de mayo. Petro aseguró que los fondos privados ya habían anunciado transferencias por cerca de $5 billones, pero sostuvo que esos recursos finalmente no fueron consignados debido a la medida cautelar del Consejo de Estado.Petro advierte que los fondos privados “van a quebrar”Durante el mismo Consejo de Ministros, el presidente lanzó nuevas críticas contra el sistema privado de pensiones y afirmó que las AFP enfrentan una crisis financiera.Según Petro, cálculos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla indican que los egresos de recursos de los fondos privados ya superan los ingresos desde la aprobación de la reforma pensional. El mandatario aseguró además que las utilidades de las administradoras privadas han disminuido y afirmó que estas entidades buscan “sobrevivir” frente al impacto que tendría la reforma sobre el modelo actual.Incluso, el presidente advirtió que si la Corte Constitucional tumba la reforma pensional aprobada por el Congreso, los fondos privados “quiebran de una vez”. Finalmente, el mandatario comparó la situación de las AFP con la crisis financiera que atraviesan las EPS y aseguró que el Gobierno prepara nuevos controles y medidas sustentadas en el mismo artículo constitucional que, según él, continúa vigente.Escuche aquí el informe:
La situación en el departamento de Risaralda es sumamente crítica tras el reciente movimiento telúrico. El gobernador del departamento, Juan Diego Patiño, calificó las horas posteriores al sismo como un escenario devastador que afecta no solo a la capital, Pereira, sino a la totalidad de los 14 municipios de la región, con especial gravedad en el municipio vecino de Dosquebradas. Las afectaciones incluyen colapsos residenciales, daños severos en sedes institucionales y una saturación sin precedentes de la red hospitalaria.Devastación sin distinción de estratos y colapso institucionalA diferencia de otras emergencias, los daños estructurales se registraron de manera generalizada en toda la escala socioeconómica, debido a la antigüedad de las construcciones y a los nulos refuerzos aplicados tras el histórico terremoto de 1999.Al respecto, el gobernador Patiño detalló el impacto en las zonas residenciales: "Todo todos los estratos socioeconómicos, le quiero decir, incluso el estrato 6 de Pereira, que hablamos de los barrios Álamos, Pinares, tuvo colapso de estructuras completas y los barrios también populares". El mandatario también describió la destrucción de fachadas y viviendas enteras en sectores populares como la comuna Cuba y Perla del Sur.La magnitud del sismo no dio tregua a las sedes de gobierno, obligando a la evacuación inmediata de los funcionarios públicos. El mandatario relató que "infraestructuras como la gobernación de Risaralda, en este momento se encuentra eh impedido el el acceso a la gente. Nosotros tenemos que desde el primer día tuvimos que sacar a toda la gente y estamos atendiendo la administración departamental en entidades descentralizadas".Asimismo, la infraestructura de la Alcaldía de Pereira sufrió daños estructurales significativos.Alerta roja en la red hospitalaria y parálisis de serviciosLa emergencia sanitaria es uno de los frentes más complejos. El municipio de Dos Quebradas, habitado por más de 200,000 personas, reporta ya más de ocho fallecidos, cientos de heridos atendidos en el Hospital Santa Mónica y la pérdida total de servicios esenciales como gas, agua y electricidad en gran parte del territorio durante las primeras 24 horas. Para evitar un colapso inminente de la capacidad médica regional, la administración departamental ha tenido que tomar medidas de choque: "Hemos tenido en el municipio de Pereira que evacuar dos infraestructuras hospitalarias privadas... Estamos con alerta roja hospitalaria atendiendo solamente... urgencias vitales en los hospitales públicos y privados de todo el departamento de Risaralda".A raíz de esto, todos los procedimientos médicos programados han sido suspendidos temporalmente.Búsqueda implacable de sobrevivientesA pesar de las dificultades operativas y las réplicas, la prioridad absoluta sigue concentrada en rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Equipos especializados de rescate de los cuerpos de bomberos de Bogotá, Envigado y otras regiones se han movilizado hacia el departamento. "En este momento hay un despliegue de más de 400 hombres y mujeres que están rescatando vidas todavía", destacó Patiño, compartiendo un mensaje de esperanza tras el rescate con vida de Daniela Largo, una joven de 32 años extraída de los escombros en Pereira al finalizar la jornada previa.
En medio de la compleja situación que viven miles de personas en varias regiones del país tras el fuerte terremoto, los paisas han dicho presentes con donaciones monetarias y físicas que ayudarán a miles de familias que hoy lo necesitan más que nunca.Uno de los anuncios más recientes es un concierto solidario que se hará en La Macarena y en donde el valor de la boleta, que la podrá adquirir en la página web de la Corporación Presentes, irá a los más necesitados en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.Entre los artistas invitados están Luis Alfonso, Pipe Bueno, Felipe Peláez, Kapo, Andy Rivera, Pasabordo, Heberth Vargas y muchos más. Además, harán presencia diferentes influencers como Westcol o Pelicanger, entre otros.Pero hablando de ayudas, una de las opciones que más facilidades le da a las personas es a través de la Corporación Presentes en donde se pueden hacer transferencias usadas para ayudar a los más afectados.“Nuevamente hago ese llamado a la solidaridad. Gracias a todas las personas que se han activado alrededor de la campaña Colombia se levanta. Nuestra plataforma de donaciones individuales ya superó las 5000 donaciones de personas naturales. Esto es un número récord en nuestra historia además de 60 campañas de solidaridad. Sobre las cifras hasta este momento la directora Ana Cristina Moreno.Hay que mencionar que en Medellín hay decenas de puestos de recolección dispuestos en diferentes partes de la ciudad como lo son las bibliotecas públicas en donde llegan alimentos y kits de aseo para enviar a Quibdó, Pereira, Manizales o Cali.El director de Cáritas Arquidiocesana de Medellín, Edwin Ruiz, le pidió a la ciudadanía ponerse la mano en el corazón para poder recoger las ayudas humanitarias que terminarán beneficiando a miles de personas necesitadas.
En la noche de este martes 11 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto 1171 de 2026, declarando oficialmente la Situación de Desastre de Carácter Nacional tras el potente sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.La medida busca activar un régimen especial para atender la emergencia que, según informes técnicos, ha superado la capacidad de respuesta de las administraciones locales y departamentales.“En este momento, aquí, en la sede de la UNGRD en Bogotá, estoy firmando el decreto a través del cual se declara el desastre de carácter nacional. Me encuentro acompañado por el secretario jurídico de la Presidencia y el señor ministro de Hacienda. Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, dijo el presidente De La Espriella en un video publicado en sus redes sociales.Con este decreto, el Gobierno podrá adoptar diferentes medidas entre las que está la redistribución de partidas presupuestales, adoptar un plan de acción, canalizar recursos mediante la subcuenta SISMO 2026, realizar contratación directa para la rehabilitación y reconstrucción, habilitar medidas de protección a usuarios del sistema financiero, permitiendo alivios en créditos y suspensión de procesos ejecutivos para los damnificados registrados, entre otros.
El padre Napoleón García, conocido afectuosamente como el padre “Napo”, compartió en Mañanas Blu un balance de las primeras 48 horas tras el terremoto que sacudió al Chocó. "Fue un momento estremecedor y de esas circunstancias únicas que tal vez solo se presentan en una ocasión”, destacó el religioso en Blu radio.Víctimas y destrucción materialEl párroco confirmó que, hasta el momento, se reportan 14 víctimas mortales en el departamento: 11 en Quibdó y tres en el municipio de Unión Panamericana. No obstante, advirtió que la cifra podría aumentar.Le puede interesar: Sobreocupación supera el 245% tras temblor: agente Hospital San Francisco de Asis en Quibdó"Se espera que haya todavía de pronto una media docena de cuerpos entre los restos y escombros que no se han terminado de mover”, afirmó García. Sobre los daños estructurales, el párroco señaló que el colapso más grave fue un edificio de cuatro pisos en el barrio Medrano, el cual presentaba una “construcción muy deficiente"."Fue un lugar al que le fueron añadiendo pisos y habitaciones, no resistió”, relató. El sacerdote fue enfático en que gran parte del problema radica en que “la vivienda popular no sigue normas técnicas"."La hacen albañiles, maestros de obras, sin suficiente formación técnica”, lo que provocó que decenas de casas en barrios humildes se desplomaran totalmente.Una crisis silenciosa: La salud mentalMás allá de los escombros, al padre García le preocupa la “gran afectación mental y psicológica” de los sobrevivientes. Según su relato, el nerviosismo persiste debido a las réplicas: "Una gran cantidad todavía en los barrios populares no entran a dormir en sus casas, duermen afuera, porque temen lo peor”, dijo.El vicario lamentó la falta de preparación para atender este trauma:"Tal vez no existen, en primer lugar en nuestra gente, en Chocó y en Colombia en general, mucha tradición de atención profesional para la salud mental”, dijo. Ayudas y coordinaciónActualmente, la atención se centraliza a través del Puesto de Mando Unificado y la Pastoral Social. El párroco confirmó que los heridos graves han sido trasladados a Medellín y que se están recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, colchonetas e insumos médicos. Asimismo, mencionó que esperan los recursos anunciados por el Vaticano: “estoy seguro de que la Conferencia Episcopal enviará algunos de sus recursos a Chocó”.Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad nacional, destacando que lo que la gente necesita con más prontitud para recuperar sus hogares son materiales de construcción.Escuche la entrevista:
El Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela en contra el Acuducto Metropolitano de Bucaramanga y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), por el incremento de las tarifas del servicio de acueducto que comenzará a reflejarse en los recibos de los usuarios en los próximos meses.La acción judicial cuestiona la legalidad y proporcionalidad del aumento y sostiene que el ajuste podría afectar derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la dignidad humana, el mínimo vital y el acceso a un servicio esencial como el agua potable.Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el incremento del componente de consumo, que, de acuerdo con la información presentada en la tutela, alcanza cerca del 37 %, mientras que el aumento promedio proyectado en la factura sería del 25,2 %. El proceso también cuestiona que los usuarios terminen asumiendo costos que, según el accionante, estarían relacionados con gastos administrativos y de funcionamiento de la empresa.La tutela además señala que el aumento podría resultar desproporcionado frente a los ingresos de los hogares y advierte sobre una eventual afectación al mínimo vital, particularmente en familias con menores ingresos.¿Por qué aumentará el agua en Bucaramanga?El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha explicado que el incremento no corresponde a una decisión unilateral de la empresa ni de la administración local, sino a la aplicación del nuevo marco tarifario establecido por la CRA mediante la Resolución 1032 de 2026.El gerente del Acueducto, Juan Carlos Suárez, ha señalado que la nueva metodología busca reconocer inversiones realizadas por la empresa que, bajo el esquema tarifario anterior, no habían sido remuneradas completamente a través de las tarifas. Según la información entregada por la entidad, el Acueducto invirtió cerca de 380.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 110.000 millones habían sido cubiertos mediante tarifa.La empresa proyecta que el nuevo marco tarifario genere un incremento promedio de 25,2 %. Sin embargo, el aumento será aplicado de manera gradual entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 para evitar que el impacto llegue de una sola vez a los hogares.Según el Acueducto, mientras el cargo fijo tendrá una reducción del 22,6 %, el componente asociado al consumo tendrá un incremento del 37 %. Al combinar ambos factores se obtiene el aumento promedio proyectado en la factura.Ahora será el juez quien deberá analizar los argumentos presentados en la tutela y determinar si existe una vulneración de derechos fundamentales con la aplicación del nuevo esquema tarifario. La admisión de la acción no significa que el incremento haya sido suspendido ni que el juez haya determinado que sea ilegal.Por ahora, los usuarios deberán esperar el avance del proceso judicial mientras el nuevo esquema tarifario continúa con su aplicación gradual, salvo que dentro del trámite de la tutela se adopte alguna medida que modifique o suspenda su implementación.
