Fiscal Barbosa explica idea de plebiscito: “Sí, ando en campaña, pero para que se respete la ley”

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa,expresó en Mañanas Blu su desacuerdo con la política de paz total, promovida por el presidente Gustavo Petro, y planteó interrogantes sobre las recientes acciones de grupos armados ilegales, como el ELN y las disidencias, con los que el Gobierno está llevando a cabo procesos de paz.

"Los criminales emplean conceptos filosóficos de paz sin sustento real", señaló el fiscal en diálogo con Néstor Morales.

Barbosa sugirió que, como hoy se habla de "lo popular" y si la razón detrás de esta política es satisfacer la voluntad del pueblo colombiano y buscar que estos grupos reconsideren sus acciones, se podría considerar la posibilidad de llevar a cabo un plebiscito en el que los ciudadanos decidan si desean mantener los procesos de paz con elELN y otros grupos delictivos.

“Aquí se habla de lo popular. Todo el día se habla de lo popular. Entonces, como existe una figura que es popular, que se llama el plebiscito, que es un mecanismo de participación ciudadana, pues que sea la gente la que determine si está o no está conforme con eso que está ocurriendo en el Estado. Como estamos en democracia, y la democracia, además, es la que determina de la existirán pronunciamientos en uno o en otro sentido”, dijo el fiscal.

Barbosa destacó que esta propuesta se basa en el artículo 51 de la Constitución colombiana, que establece la facultad del fiscal general de la Nación para participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal. A la pregunta sobre si está en campaña, el fiscal respondió que no. Que solo le interesa hacer cumplir la Constitución y la ley.

"Sí, ando en campaña para que se respete la Constitución y la ley en Colombia. Pues (soy) candidato al fiscal general de la Nación, esa es la candidatura que quiero y además porque me tengo que dedicar a trabajar y a desarrollar mis labores académicas. Además, de poder escribir y de seguir pensando en el país. A mí me interesa es que el país siga siendo un lugar vivible para todos nosotros", dijo el funcionario en Mañanas Blu.

Problema en la materialización de órdenes de captura

El fiscal señaló que el problema principal hoy para la Fiscalía reside en la materialización de las órdenes de captura. Según Barbosa, hay 3,324 órdenes pendientes de ejecución en Colombia, muchas por asesinatos de líderes sociales, reincorporados, defensores de derechos humanos y familiares de reincorporados. Esta situación, aclaró, se ha agravado debido a los ceses bilaterales de hostilidades con grupos armados ilegales, que han llevado a la retirada de la fuerza pública en muchas zonas rurales, lo que dificulta la ejecución de estas órdenes.

“A uno le puede gustar o no el proceso de paz de Santos con las FARC o el de Uribe con los paramilitares, o el de Belisario Betancourt de los años 80. Cada presidente hace y se siente autónomo para decidir de un proceso de paz. Lo que estamos viendo aquí es una pluralidad de iniciativas sin mayor contenido y sin mayor orden. Nunca se había abierto un boquete con tantos con el país. Es decir, aquí se habla desde el ELN hasta las disidencias, pero también además con los grupos delincuenciales urbanos que se encuentran por supuesto también haciendo acercamientos. Esto lleva a que la institucionalidad termina siendo afectada y afectada porque, como lo he dicho desde hace un año”, puntualizó

Desacuerdo con el diseño de la política de paz actual

Barbosa subrayó que su desacuerdo no radica en la facultad presidencial de llevar a cabo procesos de paz, sino en la falta de contenido y orden en la implementación de la política actual. Señaló que esta política ha abierto boquetes en todo el territorio nacional, afectando la seguridad y la justicia. En su opinión, la situación actual es diferente a los procesos de paz históricos en Colombia y requiere una revisión profunda.

El fiscal insistió en la importancia de un debate nacional sobre la situación. Argumentó que la ciudadanía debe estar informada sobre los desafíos que enfrenta el país en términos de justicia y seguridad.